“Han creído que la impunidad es eterna… se equivocan, los pueblos saben hacer justicia”. Berta Cáceres
Nosotras y nosotros, pertenecientes a organizaciones populares, indígenas y campesinas, ubicadas en distintas zonas del país, ante la entrada en vigencia del decreto 93-2021 el 01 de noviembre de 2021, que contiene reformas al Código Penal vigente que perjudica de manera directa las legítimas acciones de resistencia y soberanía comunitaria, ante la comunidad nacional e internacional nos pronunciamos:
- La tierra constituye para nosotros y nosotras un elemento clave para nuestra supervivencia. El Derecho al Territorio es un derecho colectivo que reconoce la especial relación que tenemos los Pueblos Indígenas y campesinos con la tierra y los recursos naturales, con la cual hemos desarrollado un vínculo que comprende desde la satisfacción de nuestras necesidades básicas hasta la construcción de nuestra cultura, identidad y espiritualidad.
- Las organizaciones suscritas nos encontramos luchando y resistiendo en contra de la desigual tenencia de la tierra y la expropiación por despojo, ejecutada por empresarios nacionales e internacionales que pretenden acaparar nuestras tierras para construir sus proyectos ilegales que solo traen muerte, violencia y miseria.
- A partir de la implementación de políticas agrarias y con el reimpulso del modelo extractivo en el contexto post golpe, la persecución y criminalización a los y las principales lideres de nuestras organizaciones se ha incrementado, utilizando figuras penales como el de la usurpación para desmovilizar e intimidarnos.
- Denunciamos que las reformas realizadas al tipo penal de usurpación atentan directamente contra las luchas populares y el ejercicio de reivindicación de derechos a través de medios legítimos como la protesta pública y pacífica, que ahora se considera delito grave si se realiza en contra de proyectos extractivistas aprobados por el gobierno.
- Condenamos la criminalización contra los líderes y lideresas de las luchas indígenas y campesinas por el derecho a la tenencia de la tierra, que cada vez es más sofisticada a partir del uso indebido del derecho penal, utilizado de manera histórica para frenar las resistencias de los territorios y favorecer a una élite empresarial corrupta
- Exigimos a la Sala de lo Constitucional que admita y declare inconstitucionales las reformas que modifican el tipo penal de usurpación, por violentar preceptos constitucionales y convencionales como la libertad de expresión, la libre asociación, la reunión pública y pacífica, el derecho a la defensa y el debido proceso.
- Reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando y ejerciendo soberanía comunitaria, y hacemos un llamado a la población hondureña y demás organizaciones hermanas a articular acciones de lucha en contra del régimen mafioso que nos oprime.
19 de noviembre del 2021.
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras.
Suscriben:
Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia
Bufete Estudios para la Dignidad
Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígena de Honduras
Plataforma Agraria del Bajo Aguán
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán