#NiñezEnCalle

San Pedro Sula, Honduras.

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el Bufete de Estudios para la Dignidad y FUNDAMBIENTE, desarrollaron este martes un foro denominado “La niñez y calle que sobrevive en calle continúa desprotegida” en donde se reveló que más de 15 mil niños y niñas continúan siendo vulnerados a pesar de que el Estado tiene una sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordena garantizar derechos fundamentales a la población.

El equipo legal del MADJ/BED introdujo un amparo a favor de la niñez hondureña, recibiendo en el 2022 una sentencia favorable de la Sala de lo Constitucional.

El abogado Walter Díaz, integrante del BED, lamentó que la sentencia no se ha ejecutado y criticó que el Estado hondureño no cuente siquiera con un dato actualizado y real en donde se pueda identificar la cantidad de niños que se encuentran sobreviviendo en condición de calle.

Juan Mejía, integrante del MADJ, manifestó que existen al menos unos 15 mil niños que están en condiciones de vulnerabilidad. Lamentó además que miles los niños y niñas hondureñas son además víctimas de asesinatos, abuso sexual, condiciones de extrema pobreza y otras violencias. Señaló que muchos de los niños están siendo orillados a abandonar el país.

“No queremos que a estos 15 mil niños se les interne y se les mate”, dijo Mejía, que puso como ejemplo a dos niños que fueron asesinados y torturados en centros de detención de menores.

Mejía criticó también la poca respuesta a la salud mental de la población menor en Honduras. “En una Honduras en donde solamente hay 5 psicólogos para cada 100 mil habitantes, difícilmente se pueda pensar en que se va a atender a un sector como la niñez”, sostuvo.

Ileana Morales, presidenta de FUNDAMBIENTE, subrayó que a nivel presupuestario se entendería que la niñez se vuelve una prioridad cuando su nuevo ente rector, la SENAF, tenga el presupuesto que corresponda, sin embargo durante el 2024 y en la propuesta de presupuesto para el 2025 sigue teniendo el mismo monto que se manejaba cuando era DINAF, unos 230 millones de lempiras de los cuales el 90 por ciento es para cubrir sueldos y salarios.

Víctor Fernández, director del BED, manifestó que el Bufete se suma a la conmemoración del Día del Niño haciendo una reflexión crítica que tensione al gobierno para que pase del discurso a los hechos concretos que protejan los derechos de la niñez, especialmente en condición de calle.

Fernández dijo que el amparo fue presentado porque existe una emergencia en el tema de la niñez, Honduras está en deuda con la niñez, la sentencia confirmó que a la niñez en condición de calle se le violentaron todos sus derechos, en especial su derecho a la vida y a la integridad.

“No queremos dudar de las buenas intenciones de los tomadores de decisión, de los que tienen por política institucional de velar por los derechos de la niñez… pedimos al Poder Judicial que controle decisiones del Poder Ejecutivo”, expusó Fernández quien concluyó que en este Día del Niño y la Niña no podemos celebrar que en las calles de Honduras no exista un solo niño o una sola niña en la calle…lograr esto sería un verdadero avance social para Honduras.

(Tegucigalpa, Honduras, 23 de febrero, 2022). La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reconoció, mediante Sentencia de Amparo, la violación de derechos humanos, especialmente en tiempos de pandemia – COVID 19, a más de 15 mil niñas, niños y adolescentes que sobreviven en condición de calle, sin embargo, a pesar del fallo, la sentencia adolece de un mandato explícito a la institucionalidad pública que obligue a un cambio de esta realidad.

La sentencia, que otorga de manera parcial la Acción de Amparo, reconoce que el Estado de Honduras a través de la Presidencia de la República, la Dirección de la Niñez y Adolescencia (DINAF) y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) omitieron adoptar medidas reales y constatables de protección integral y resguardo para la niñez y adolescentes sobreviviendo en calle en el marco del estado de emergencia y suspensión de derechos decretado por el gobierno en el marco de la pandemia, por lo que demanda de estas instancias que “materialicen de manera constante y permanente” acciones que atiendan de manera eficaz los derechos de este grupo vulnerable.

Víctor Fernández, director del Bufete Estudios para la Dignidad, una de las cinco organizaciones que en abril de 2020 presentaron la Acción de Amparo, señaló que la importancia de este fallo radica en tres elementos: “porque es la primera vez que se reconoce judicialmente que el Estado de Honduras violenta los derechos de los más de 15 mil niños/as y adolescentes que sobreviven en calle, segundo porque se demuestra que el Estado de Honduras ha normalizado e institucionalizado la violación a los derechos de este sector pese a que están obligados a respetar y garantizarlos y tercero por la intervención realizada por el Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo demandando que se revierta esta conducta vergonzosa en contra de la niñez”.

Sin embargo, pese al reconocimiento judicial, señala Fernández, la sentencia carece de un mandato expreso al Poder Ejecutivo a partir del cual definir una ruta de cambio que permita establecer una política de atención integral de la niñez que sobrevive en calle. Por esta razón, agrega Fernández, se ha presentado un nuevo escrito ante la Sala de lo Constitucional con el fin de clarificar dos aspectos centrales: a) las formas que por acción u omisión han incurrido las autoridades y que vulneran los derechos de la niñez en calle y, b) que se establezcan las conductas a cumplir por las autoridades para salvaguardar los derechos de la niñez en calle.

Ante la dimensión de la sentencia, los amparistas también exhortaron a la comunidad internacional a revisar el fallo emitido la CSJ con el fin de verificar cómo todo el andamiaje legal internacional suscrito por el Estado de Honduras ha sido incumplido y de la posibilidad que se abre, a partir del fallo, de exigir el respeto y la aplicación de los mismos por parte de la institucionalidad pública.

El Bufete Estudios para la Dignidad, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), COIPRODEN, Casa Alianza y FUNDAMBIENTE presentaron desde abril de 2020 una Acción de Amparo para que se garantizara el goce de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, la integridad personal y a la dignidad humana violentados por el Estado de Honduras al omitir su obligación de protección a los niños y niñas sobreviviendo en calle en el marco de la urgencia de la pandemia covid-19. 20 meses después la CSJ se pronunció otorgando un amparo parcial, pero sigue sin instruir acciones concretas que deban ser cumplidas por el Poder Ejecutivo para respetar y garantizar los derechos de estos más de 15 mil niños, niñas y adolescentes que sobreviven en la calle.