Por Diego Aguilar:
- Una de las acciones prioritarias de la reforma liberal de 1876 fue la inversión de capital extranjero, al igual que la dictadura de Carías, los gobiernos militares, la modernización agraria y el reajuste estructural neoliberal de 1982 hasta el golpe de Estado en 2009 y los gobiernos golpistas posteriores, todos se han caracterizados bajo criterios nacionalistas y fundamentalistas religiosos como única salida a la crisis política y socio económica (migración, combate al narcotráfico y crimen organizado, reducción de la pobreza, entre otros), sin resultados hasta la fecha y con una profundización paulatina.
Si bien es cierto que las
y los hondureños comparten una diversidad cultural, también es compartida la
desintegración territorial, la supresión de libertad de ejercicio de derechos, la
ausencia de un mercado interno consolidado y planificado, así como clases sin sentido
plural, intercultural, democrático y popular.
Desde 1824 hasta 1876
se desarrollan en el país alrededor de 150 rebeliones armadas y hasta 1933
gobernaron más de 100 administraciones, después de los gobierno de Marco
Aurelio Soto y Luis Bográn entre 1877 y 1886, la facción liberal se dividirá en
ortodoxos y disidentes siendo una pugna entre la nueva pequeña burguesía y los
herederos coloniales. En este sentido, ¿Quiénes son los herederos de los
gobiernos militares entre 1963 y 1980, del reajuste neoliberal de 1990 – 2009 y
del Narco Estado 2010 – actualidad?
La narcodictadura militar y del capitalismo, al igual que los gobiernos producto de la ruptura del orden constitucional predecesores, son una necesidad histórica de las clases dominantes, y en el actual periodo histórico, de las vinculadas al crimen organizado y lavado de activo, para pagar los créditos otorgados producto del colapso económico de la crisis financiera de la bolsa de EEUU en 2008, el saqueo al Estado luego del golpe en 2009 y el detente del avance del MERCOSUR, ALBAPETROLEO y del Socialismo del Siglo XXI mediante gobiernos progresistas en Suramérica.
Carías y Hernández ¿Continuismo al servicio de quién?
En 1932 se celebraron
elecciones presidenciales en Honduras, Tiburcio Carías en su tercer intento
llegara a la presidencia, siendo este el actor escogido desde inicios de su
carrera política por la United Fruit Company donde Hillyer V. Rolston era su
vicepresidente.[1]
En su mandato, más de
900 millas de ferrocarril se construyeron en el Cariato, pero ninguna para
función del Estado y de la sociedad, al contrario, se encontraban en manos de
los gigantes transnacionales; Standart Fruit Co., United Fruit Co., y Cuyamel
Fruit Co y de la Embajada de Estados Unidos[2].
Este hecho histórico se repite y recrudece desde el golpe de Estado en 2009 y
en la narcodictadura de Hernández, con concesiones para la producción de
energía, de extracción de minerales, de monocultivo de palma africana,
complejos turísticos, instalación de Zonas Especiales de Desarrollo o Ciudades
Modelo, corredores carreteros, peajes, puertos y aeropuertos, armamento de
guerra y tasas de seguridad, todo al servicio del narcotráfico, lavado de activos,
bancos financieros, cárceles de máxima seguridad, medios de comunicación e
iglesias.
El principio básico de
Carias en 1933 en su primera administración al igual que en el periodo post
golpe de estado en 2009, era la necesidad de atraer capital extranjero.
Posterior a la comisión de la verdad en 2010, para 2011 se lleva a cabo en la
ciudad de San Pedro Sula, el Honduras Open for Bussisnes bajo la cancillería de
Mario Canahuati Larach, participe del golpe de Estado y empresario de maquilas.
Para el 28 de febrero
de 1942 Carías autoriza junto al Congreso Nacional que las empresas desmantelaran
toda su infraestructura con el decreto 61[3],
el gobierno de Carías profundizo el empobrecimiento y marginación de las/os
trabajadoras/es, las/os campesinas/os, indígenas y afrohondureñas/os,
principalmente en aquellos departamentos donde se concentraban las empresas
bananeras, siendo este hecho, además de vergonzoso, un escalón más a la
impunidad de las empresas transnacionales. La administración Hernández por su
cuenta y bajo la militarización de las instituciones y la sociedad, ha
incrementado los impuestos para la clase trabajadora, campesina e indígena,
beneficiando a los grandes consorcios públicos privados entre la banca nacional
e internacional y El Estado a través del lavado de activos, despojando de toda
responsabilidad a los autores intelectuales y materiales del Golpe de Estado,
el desfalco al IHSS, SAG, BANADESA, concentrando el poder económico y político
en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Es con Carías que nace
la frase “encierro, destierro o entierro”
en su período dictatorial de 1933 a 1949, esta premisa que tomara fuerza
durante el periodo Cariísta para que en sus primeros 3 años de administración
“acuda al llamado de los representantes del pueblo” en el Congreso Nacional,
aprobando la convocatoria a una asamblea nacional constituyente aprobada por 52
votos a favor y 2 dos en contra, haciendo el llamado a la misma el 7 de enero
de 1936 bajo decreto no. 26.
¿Acaso este hecho
histórico no se remonta a nuestros días? la migración, los procesos judiciales
y las masacres y/o asesinatos selectivos a trabajadoras/es, campesinas/os,
indígenas, afrohondureñas/os, mujeres, estudiantes y luchadoras/es sociales son
las políticas de terror de Estado adoptadas por la administración de Hernández
Alvarado.
Otro de los componentes
de la narco dictadura es la imposición y la fuerza. Los elementos legales,
legislativos y constitucionales no son más que un montaje ante la ausencia de
democracia y poder para la sociedad hondureña, con vallas militares en el Congreso Nacional,
Poder Judicial y Casa Presidencial, así como en la institucionalidad pública
(escuelas, hospitales, ministerios, entre otros), fortaleciendo la impunidad,
la narco actividad y el lavado de activos.
Carias bajo la política
de estado de la Reconstrucción Nacional,
al igual que en 1936, en 1939 surge nuevamente “la necesidad popular” del
capital transnacional de hacer el llamado a través de las comandancias de
armas, comités de defensa civil y militantes del partido nacional para el
periodo continuista reformando el artículo 202 de la constitución de 1936, y
prolongar el mandato del dictador hasta el 1 de enero de 1949. Hernández, que
implementa el programa Vida Mejor en
2013 hasta la fecha, reformo el artículo 239 de la constitución de 1982, de la
mano del fiscal general Oscar Chinchilla, el presidente de la Corte Rolando
Argueta entre otros actores intelectuales del narcoestado, en un proceso
inusualmente acelerado fallando a favor el 24 de abril de 2015 a través de la
Sala de lo Constitucional, dando luz verdad al proceso de reelección
presidencial.
Hernández y la narco
dictadura, han reducido que ante la crisis capitalista global en 2008 y post
golpe de Estado 2009 – actualidad, son responsabilidad de las administraciones
anteriores, sobre todo de la administración Zelaya Rosales, separando las
deudas históricas de impunidad, terror de estado y corrupción, producto del
bipartidismo, el capital transnacional, las intervenciones militares y
económicas de EEUU.
Hoy quienes sostienen a
las dictaduras pretenden, una vez más, procurar sostener el establishment del lavado de activos, haciendo
llamados prematuros a contiendas electorales internas y acelerando el proceso
de impunidad con la no renovación de la MACCIH-UFECIC, creando unidades de
investigación fiscalizadas por el Ministerio Público a través de la UFERCO y
con manifestaciones propias del narcotráfico.
Ejemplo de ello, el 13 de febrero del 2020 en la ciudad de El Progreso,
donde dos unidades de las fuerzas armadas, la policía militar y la fuerza
nacional anti maras y pandillas; ambas financiadas por la tasa de seguridad, se
enfrentaron con armas de grueso calibre en el palacio de justicia, asesinando a
5 miembros de las fuerzas armadas debido a una operación militar para el
rescate de Alexander Mendoza alias “El Porky”, quedando en evidencia la disputa
entre carteles y la eliminación sistemática de sus actores, como fue el
asesinado de Magdaleno Meza el 26 de octubre del 2019 en la cárcel de máxima
seguridad de El Pozo, luego de declarar culpable a Juan Antonio Hernández, hermano
del presidente, en la corte del distrito sur de Nueva York.
Luego de 11 años de dictadura, dos fraudes electorales 2013 y 2017 y
miles de desplazados, encarcelados y asesinado; la esperanza de la Coordinadora
Nacional de Resistencia Popular, del Frente Nacional de Resistencia Popular, de
la conformación del Partido Libertad y Refundación y del Espacio Refundacional,
es de carácter obligatorio para aquellos que aún sienten vergüenza por que las
y los hondureños padecen hambre, salud, seguridad, vivienda, dignidad y
justicia.
El unificar criterios en un programa político amplio, coherente, plural
y principalmente que trastoque las estructuras criminales del poder, sin medias
tintas y afrontando la historia como los pueblos de Honduras lo han hecho hasta
ahora, con resistencia, dignidad, poder y soberanía popular.
[1]
Diego Aguilar es historiador, encargado político de las Áreas de Formación y
Educación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.
[1]
Zuniga Huete, Angel. Un cacicazgo centroamericano. México 1938. Pp 73.
[2]
Sagastume Fajardo, Alejandro Salomón. Tiburcio Carias Andino, enclave y
dictadura 1933-1949. Tegucigalpa, 1985. Pp. 27
[3] Este incluía “remover, levantar desmantelar, disponer y sacar libremente como ella quisiera, los rieles de las vías principales, ramales, subramales, espuelas, espolones y desvíos, así como todo material rodante y todos los puentes de hierro , a vender instalaciones a otras empresas, y que finalmente el gobierno decretara que la compañía quedaba eximida, relevada y descargada por siempre de cualesquier reclamo, demanda, acciones o derechos que el gobierno tuviera contra ella, y declarara además que la compañía había dado hasta la fecha, debido cumplimiento a todas las obligaciones emanadas de las contrata, Ibidem.
Bibliografía consultada
Díaz
Arrivillaga, Efraín. Robleda Castro, Roberto. Salomón, Leticia. Honduras,
Hacia una Política Económica Alternativa. CEDOH, Tegucigalpa 1995.
Sagastume Fajardo, Alejandro Salomón. Tiburcio Carias Andino, Enclave y Dictadura 1933-1949. Tegucigalpa
1985.
Zuniga Huete, Angel. Un Cacicazgo Centroamericano. México
1938.
Brignoli Pérez, Héctor. Historia General de Centro América. De la posguerra a la crisis. Tomo V. Madrid, 1993.
