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Violaciones a los derechos humanos, corrupción, narcotráfico, fabricación de cargos penales, son parte de los delitos que proponen senadores demócratas en ley que castigaría a Juan Orlando Hernández.

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Un grupo de congresistas demócratas de los Estados Unidos presentó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras que tiene como propósito sancionar al actual mandatario hondureño por sus supuestos nexos con el narcotráfico, violaciones a los derechos humanos, cargos penales fabricados contra defensores de Derechos Humanos, etc. y además busca recortar la ayuda financiera más la venta de municiones que se da desde los Estados Unidos para las fuerzas de seguridad en Honduras.

“También cataloga el uso sistemático de la fuerza contra civiles, la represión de la libertad de expresión y protesta, y ataques selectivos como detenciones arbitrarias, asesinatos, desapariciones forzadas y cargos penales fabricados contra defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, opositores políticos y periodistas”.

La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras , es una iniciativa “copatrocinada por los senadores Jeff Merkley, Bernie Sanders, Patrick Leahy, Ed Markey, Elizabeth Warren, Dick Durbin, Sheldon Whitehouse y Chris Van Hollen, suspendería cierta ayuda estadounidense al país centroamericano. hasta que la corrupción y las violaciones de derechos humanos dejen de ser sistémicas y los autores de estos crímenes comiencen a enfrentar la justicia”.

Honduras en el último periodo de gobierno de Juan Orlando Hernández ha vivido un proceso de sistemática y creciente violencia contra quienes se oponen a las acciones corruptas del gobierno y sus funcionarios, esto ha hecho que muchas personas tengan que huir del país en caravanas para buscar mejores condiciones de vida en diferentes naciones.

“Estados Unidos no puede permanecer en silencio ante la corrupción profundamente alarmante y los abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo en los niveles más altos del gobierno hondureño”, dijo Merkley, quien forma parte del comité de relaciones exteriores del Senado. “El hecho de no responsabilizar al presidente Hernández, a los funcionarios nacionales y a la policía y al ejército por estos crímenes alimentará la pobreza y la violencia generalizadas y obligará a más familias a huir de sus comunidades en busca de seguridad”.

Las y los senadores han enviado un mensaje claro al entrante presidente Biden e identifican a Hernández como uno de los principales causantes de la migración masiva de hondureños a cualquier parte del mundo. “Esta legislación está diseñada para enviar un mensaje claro a Biden de que será imposible abordar las causas profundas de la migración sin deshacerse de Hernández y retirar el apoyo de las fuerzas de seguridad que tienen un largo historial de corrupción, crimen organizado y represión,” Dijo Dana Frank, profesora de historia en la Universidad de California y autora de La larga noche hondureña: resistencia, terror y Estados Unidos tras el golpe”.

Diferentes medios de comunicación a nivel mundial recientemente han publicado noticias relacionadas a las acciones de Juan Orlando Hernández, anteriormente Insight Crime publicó información sobre el Partido de Nacional, estructura a la que pertenece y representa Hernández, en esa publicación se detalla al movimiento político como “Un partido, muchos crímenes, el caso del Partido Nacional de Honduras”.  Tambien Infobae, otro medio de comunicación publicó el caso de investigación que tituló “Los 4 hermanos Hernández y el Partido Nacional: paso a paso, cómo una red narcocriminal tomó el poder en Honduras”.

Juan Orlando Hernández ha sido mencionado en reiteradas ocasiones en los juicios que se dan en los Estados Unidos contra hondureños que han sido acusados y condenados por estar vinculados al narcotráfico, en Honduras la justicia nunca ha actuado contra el mandatario a pesar de las constantes menciones y el tener a su hermano menor condenado por este delito.

Leer investigación completa aquí: https://www.theguardian.com/world/2021/feb/23/us-democratic-senators-honduras-sanction-president-bill

Cuarta Legislatura y 11 años de narcodictadura.

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El 27 de enero se cumplieron siete años del ascenso ilegal e ilegitimo del narcodictador Juan Orlando Hernández, quien después de haber violentado la Constitución de la república, amparado y respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, la comunidad y cooperación internacional, así como organismos financieros e internacionales, entre ellas la OEA, asumió el poder en Honduras.

A más de 11 años del golpe de Estado, la sociedad hondureña se encuentra entre una delgada línea de una “Honduras de acá y una Honduras de allá”. Y es que con esa frase el dictador y las organizaciones criminales, entre ellas; el partido nacional y liberal, han implantado en Honduras una forma de gobierno donde la élite económica y militar han tenido mayores beneficios, cobertura de derechos y principalmente impunidad, pues, tras escalofriantes casos de corrupción en el pasar de los años (2013, 2015, 2017 y 2020), la narcodictadura no deja de sorprendernos.

El gobierno de Juan Orlando Hernández ha sido marcado por los actos de corrupción en total impunidad, los fraudes electorales respaldados por la embajada norteamericana, los desfalcos y privatización de las instituciones del Estado, una agenda completamente abierta a la entrega de los territorios y la venta “menudeada” del país.

El orden constitucional que se rompió en el golpe de Estado en el año 2009 nunca más volvió a restablecerse a pesar de haber celebrado tres procesos electores, todos ellos, fuertemente criticados por la población, gremios y organizaciones políticas y sociales, desde entonces las sucesivas embestidas contra la Constitución han seguido reduciendo la frágil institucionalidad hondureña y han abierto cada vez más espacios para el autoritarismo.

Los últimos tres Gobiernos liderados por el Partido Nacional han implementado políticas neoliberales, concesionando territorios y recursos naturales sin ser notable una mejoría en la calidad de vida de las y los hondureños, por el contrario, han beneficiado a los autores intelectuales de golpes de estado, asesinato a líderes y liderezas políticos y luchadores sociales (Caso Berta Cáceres, Ramón Fiallos y María Enriqueta Matute), El presupuesto de seguridad y defensa ha incrementado año a año en detrimento de las políticas sociales, que en los últimos años han sufrido un deterioro en la cobertura de derechos y condiciones mínimas de dignidad.

Producto de la reducción presupuestaria y el abandono, los servicios sanitarios y de educación han sufrido graves recortes y privatizaciones, generando precarización laboral y perjudicando a los sectores más empobrecidos. Pese a todo, Hernández sigue contando con el tibio beneplácito de la comunidad internacional y con el apoyo expreso de Estados Unidos, el comando sur y la Embajada de Estados Unidos en Honduras, que aún no cuenta con la totalidad del cuerpo diplomático, que públicamente considera al presidente un excelente aliado en la lucha contra el narcotráfico, obviando la evidente penetración del narco en las estructuras estatales.

Por todo ello es que, en este nuevo aniversario del golpe dictatorial, sus continuadores siguen entregando el país a la codicia de las trasnacionales, de los intereses del imperialismo norteamericano y principalmente, de los saqueadores de cuello blanco, que desde sus apellidos importados han hundido la economía de manera que la desocupación y la miseria han convertido a Honduras en uno de los territorios más pobres de Centroamérica y del continente.

La oscuridad grisácea que contempla a Honduras desde el Narco Estado, tiene a sus hombres y mujeres, sus niños y hasta los ancianos en una de las peores crisis humanitarias a nivel global, pues es el pueblo quien alimenta las columnas de los «condenados de la tierra» que intentan llegar hasta las vallas que separan la frontera de México con el infierno USA.

Desde el 2009, el capital transnacional, la comunidad y cooperación internacional, hidroeléctricas, mineras, aserraderos, pastillas de harina, narcotraficantes, agentes encubierto, dos fraudes electorales y una militarización de la institucionalidad y de la sociedad son los datos duros que se manifiestan en las calles empobrecidas, desiguales y violentas de Honduras, pues han convertido al país y a su institucionalidad en una novela de realismo mágico perfecta, o en otras palabras; Honduras es, una dictadura perfecta, que solo el pueblo, organizado, combativo y digno, puede transformar los días grises, en días de alegría y justicia.

¡Hasta la dignidad, siempre!

“ETA y Narcodictadura, el matrimonio del desastre”

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El Huracán ETA fue identificado como depresión tropical desde el viernes 31 de octubre, las alertas se hicieron notar en el Caribe y en Centroamérica, a excepción de Honduras, pues el narcogobierno del partido nacional y del partido liberal, de las fuerzas armadas, del COHEP y de la banca comercial se encontraban en trabajos preparativos en la apertura económica del sector turismo para el feriado de la semana morazánica.

Esta premisa nos hace cuestionarnos ¿Qué tan poco le importamos a quienes usurpan el poder? ¿Acaso su avaricia, sus cuentas bancarias y empresas están por encima de las vidas de las y los hondureños? – luego de 4 días de intensas lluvias, múltiples estructuras dañadas o destruidas, personas en los techos de sus casas, desplazados, desaparecidos e incomunicados y cultivos perdidos, nos da la respuesta, pues se puede leer en los ojos de la gente, un grito permanente e histórico de auxilio traducido en un silencio sostenido, ¿Ahora que vamos a hacer?

Han transcurrido 22 años desde el paso del Huracán MITCH; tiempo en el cual la clase política y económica corrupta y criminal, han impedido el desarrollo integral, justo y digno para las grandes mayorías, campesinas/os, indígenas, obreras/os, estudiantes y mujeres. En 22 años, el “desarrollo” solo ha tenido dos grandes beneficiarios, las empresas y los bancos, aquellos que construyen proyectos residenciales para sus lujos en zonas de amortiguamiento, proyectos mineros e hidroeléctricos en zonas de reserva de agua para uso y consumo humano, proyectos turísticos en tierras garífunas, tala ilegal del bosque en tierras Tolupanas y las pretensiosas ZEDES.

Con tal destrucción sistemática y con mayor intensidad desde el golpe de Estado en 2009 y su Honduras Open for Bussisnes ¿Que esperaban que sucediera? – pues el modelo extractivo y el capitalismo irracional de la élite hondureña son la pandemia y el huracán permanente para nuestro país y su gente.

Durante años diversas organizaciones a nivel nacional, entre ellas el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, han denunciado permanentemente ante la comunidad nacional e internacional las consecuencias de dichos proyectos, sus concesiones, licencias y permisos ambientales ilegales y corruptos, instrumentalizando el sistema para encarcelar, desplazar o asesinar a quienes defienden su territorio de los invasores nacionales y del capital transnacional. Estas organizaciones hoy demuestran tener razón en sus posturas políticas y criterios anticapitalistas, las comunidades en resistencia tuvieron y tienen la razón; son proyectos de muerte y no de desarrollo. Existe una realidad, las montañas ya no retienen las aguas, pues en lugar de flora y fauna, hay proyectos mineros, hidroeléctricos, turísticos y residenciales, cuyos dueños pasean libremente por nuestro país con total impunidad.

El amanecer del 05 de noviembre nos traduce que no es ni Dios ni la naturaleza quien castiga, pues estos son los resultados de la imposición de un narcogobierno, dedicados rigurosamente a hacer funcionar un complejo sistema corruptos, traficante y de lavado de dinero, que crea desigualdad, empobrecimiento y violencia en nuestros territorios, comunidades y barrios.

El camino a la salida de la crisis puede ser diverso, pero debe tener el alcance de la justicia de los pueblos, el comportamiento del régimen dictatorial es criminal y lesa humanidad, todas las muertes y las pérdidas materiales son su responsabilidad, todas estas eran evitables si existieran gobiernos en favor de las grandes mayorías.

Ese debe ser nuestro compromiso, hacer justicia popular y buscar la dignidad de los pueblos en cada uno de los frentes y de acuerdo a la altura histórica y política que nos atañe. Podemos ver como nuestras familias pierden todo o podemos surgir como otra Honduras refundada, tal cual la han planteado por años Pajuiles, Guapinol, Reitoca, Utopia, Zacate Grande, Río Blanco, Jilamito, Vallecito, Locomapa, entre otras; las alternativas siempre nacen desde el pueblo, que de manera organizada hace lo que la narcodictadura es incapaz en su moralidad y su ética, pues en tiempos de crisis y sosobra, solo el pueblo salva a el pueblo.

Hasta la dignidad, siempre.