A 1 año de dictadura: insurrección permanente

A un año de auto imponerse la narco dictadura, desde el Movimiento Amplio reivindicamos con mayor poderío el “FUERA JOH”, pero reiteramos que lo queremos fuera y preso, por ser uno de los principales dirigentes de una clase     política-económica criminal y corrupta que han asaltado a todos los poderes e instituciones constitucionales del Estado para adueñarse de los bienes y recursos que deben ser públicos y de beneficio colectivo. JOH y sus funcionarios -socios en lugar de construir y garantizar una gobernabilidad justa, equitativa, inclusiva y transparente- se han encargado de entronizar el crimen, el abuso, el narcotráfico, la impunidad y la corrupción como práctica de una dictadura cruel e injusta.

No perdonamos que el descontento social que siguió al fraude electoral haya sido sofocado a sangre y fuego. Son al menos 38 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado. Mártires de la democracia -entre los cuales se cuentan nuestros compañeros Ramón Fiallos, Wilmer Paredes y Geovany Cárcamo- que no merecieron la muerte como castigo por amar y defender la patria y exigir respeto de la voluntad ciudadana de todos y todas. El Movimiento Amplio no los olvidará jamás.

Como Movimiento Amplio condenamos el cinismo imperial y abominable de los Estados Unidos de América, que a finales de 2017 facultó a la narco dictadura hondureña para burlar la voluntad ciudadana y mantenerse en el poder de la manera más grotesca y criminal, y que ha continuado durante todo el 2018 y ahora en 2019, solapando y a la vez alentando el manejo abusivo de JOH y su pandilla de criminales.

Estados Unidos se ha encargado de dar vida a una narco dictadura en Honduras, como lo hace en otros países latinoamericanos, para crearse al mismo tiempo la justificación de la lucha anti drogas y así mantener en ocupación militar permanente a los pueblos con democracias endebles como el nuestro. Igualmente deploramos la doble moral del Secretario General de la OEA y de la Unión Europea, que posterior al proceso electoral de 2017 generaron conclusiones objetivas y justas en un primer momento, pero siniestras y complacientes con el imperio norteamericano tan pronto como se pronunciara el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Deploramos la actitud apátrida y criminal de las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional Civil, porque, en lugar de hacer prevalecer lo que manda la Constitución, se degradaron a ser meros “elementos” asesinos de su mismo pueblo y empresas de seguridad privada para los grandes carteles del narcotráfico. No hay perdón para el soldado que dispara contra su mismo pueblo. No descansaremos hasta verlos sometidos a la justicia de una Honduras liderada por gobernantes justos y honestos. No pararemos de denunciar criminales y exigir justicia.

Desde el Movimiento Amplio nos declaramos en sublevación permanente e indefinida hasta que la democracia sea paz para el pueblo y justicia para todas y todos. Llamamos a la población a luchar, a no desmayar en el reclamo diario y permanente de la justicia que nunca llega, pero que terminará por imponerse. Esta sublevación permanente e indefinida se vive desde ya en los territorios donde las comunidades defienden soberanamente sus bienes naturales y exigen que las instituciones del Estado funcionen correctamente; desde escuelas y centros de salud hasta aquellas encargadas de velar por la paz social y la aplicación de justicia.

Saludamos especialmente a los jóvenes y mujeres por el papel rebeldemente justo que han jugado en la historia más reciente de Honduras, particularmente desde el golpe de Estado en 2009 y el fraude electoral de 2017. Se les invita a no desmayar, a no acomodarse y ajustarse a las miserias que provee la narco dictadura que nos somete, sino a continuar recuperando y reconstruyendo la patria que anhelamos, esa patria-amor cargada de solidaridad y entrega que nada tiene que ver con patriotismos fascistas importados e inculcados en nuestros pueblos. Igualmente saludamos a los pueblos originarios y afrodescendientes y en general a todas las comunidades campesinas que defienden lo suyo y no se dejan someter ante quienes intentan despojarlos de sus bienes naturales.

La narco dictadura debe y tiene que tener final. Estamos llamados y llamadas a construir este final y a deducirle responsabilidades por el enorme daño que le ha hecho al país. Llamamos a construir la unidad nacional sin barricadas entre los mismos movimientos sociales, sin intereses mezquinos entre líderes y lideresas; a dejar el acomodo y el cálculo, a formarnos, y generar un nuevo pensamiento y formas de hacer las cosas que esté a la altura del país y de las demandas de cambio real de la población; a luchar por nuestra independencia orgánica e ideológica, a proponer más y reaccionar menos, a comprender que nuestro trabajo inmediato es derrocar y encarcelar a la banda de políticos y empresarios criminales que actualmente están en las estructuras de poder. Pero debemos estar claros que nuestra responsabilidad mayor es elaborar, construir y dirigir un nuevo horizonte para Honduras basado en dignidad y justicia.   


“Lo que se empieza se termina; si no, no sirve” Ramón Fiallos

Arizona, Atlántida. 25 de enero de 2019

MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA

ACUERDO DE DUELO

A las comunidades organizadas y en lucha permanente, a la familia Matute y al pueblo Tolupán en general:

Compañeros y compañeras:

Desde el resto de comunidades organizadas, la Conducción Política Nacional, Coordinación Nacional y equipo de trabajo operativo, ante la triste noticia del asesinato de nuestros compañeros y hermanos indígenas José Salomón Matute y Juan Samael Matute Ávila, militantes históricos y activos de nuestra organización, referentes de la digna resistencia en territorio tolupán, específicamente en la tribu San Francisco Locomapa del pueblo Tolupán en Yoro, Honduras, queremos expresarles:

  1. Que escribimos con dolor estas líneas y repudiamos el vil asesinato de nuestros compañeros quienes en vida desempeñaron un papel fundamental en la defensa de los bienes comunes naturales  y derechos de su tribu.
  2. Reconocemos el valor y la dignidad que nuestros compañeros mantuvieron en vida, quienes a pesar de las amenazas,  hostigamiento y el riesgo que corrían sus vidas, siempre estuvieron en primera fila cuando se trató de luchar por la liberación y respeto a su pueblo.
  3. Nuestros queridos compañeros han partido y tras ellos, dejan una estela de trabajo, dignidad y entrega a las luchas sociales que deben ser nuestra bandera para continuar en lucha permanente.
  4. Reafirmamos que reencarnamos la lucha que en vida, nuestros compañeros asumieron y declaramos públicamente nuestro compromiso incansable por buscar castigo y justicia para los criminales que perpetraron este repudiable crimen.

Ante este dolor actual y de forma permanente, somos también tolupanes todas las que integramos esta organización, porque nuestra decisión política más importante es la unidad y la solidaridad. Extendemos nuestro más sentido pésame a los familiares de nuestros compañeros, especialmente a Ramón Matute, pilar fundamental del MADJ y de la lucha tolupana, sentimos el dolor por la pérdida irreparable, por las vidas valientes y entregadas a sus ideas que han sido arrebatadas por la violencia y el odio. Así mismo,  exhortamos a convertir el dolor en fuerza, la rabia en dignidad y la resignación en motivación para seguir luchando, con el compromiso y la seguridad de que los ideales de nuestros compañeros nunca morirán. Porque los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, y su legado permanecerá vivo a través de cada una de nosotras.

San Pedro Sula 25 de Febrero de 2019.

4 masacres en 10 días: El fracaso de la política de seguridad en Honduras

La política de seguridad implementada en el gobierno de Juan Orlando Hernández sigue dejando más desaciertos que aciertos a pesar del enorme gasto del presupuesto nacional que se ejecuta en temas de seguridad nacional.

Cifras trascendidas en las últimas horas, precisan 14 Personas asesinadas en al menos 4 masacres ejecutadas en los primeros once días del año, que reflejan el fracaso de la política de seguridad basado en la militarización de la sociedad donde las estadísticas maquilladas son la justificación perfecta para la creación de más cuerpos policiales y militares.

El 1 de enero, tres personas fueron asesinadas en Puerto Cortes, seguidamente otras tres personas fueron ultimadas en Yoro el 2 de enero, posteriormente tres personas fueron atacadas a balazos en la carretera que comunica San Pedro Sula con La Ceiba a la altura de la aldea la Mulera en Tela y para terminar de contabilizar las masacres suscitadas en el país, el 10 de enero cinco personas fueron ultimadas en la capital de la república. A todos estos crímenes les amenaza como único destino posible la impunidad al igual que al 95% de los hechos violentos que ocurren en Honduras.

La Secretaria de Seguridad en su afán de maquillar el fracaso de su gestión ha querido llamar “homicidios múltiples” a las masacres o hechos violentos donde son asesinadas más de dos personas. Estos hechos, son en concreto, el reflejo del fracaso de la política de seguridad adoptada por el gobierno donde se ataca la consecuencia y no los orígenes del problema. Reafirmando la urgencia de la configuración de una verdadera política criminal en Honduras que busque soluciones reales a los conflictos sociales que están en permanente escalada en el país y que se aleje de la instrumentalización actual del derecho penal por los grupos de poder en el escenario nacional y de la utilización de la fuerza pública con finalidad de control social.

Desde el 2014, año en que inició el primer mandato Juan Orlando Hernández,  el presupuesto para defensa y seguridad nacional ha tenido una tendencia a la alza, su incremento anual ronda el cuatro por ciento del presupuesto nacional sin que los resultados sean proporcionales a la inversión, dejando en un luto permanente a la sociedad hondureña.

Nuestro deseo de fin de año: ¡LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS!

Por Heidy Alachán

Este día se cumple exactamente un año y un mes desde el inicio de la pesadilla desencadenada a raíz de las elecciones generales de noviembre de 2017 en Honduras, particularmente para quienes hasta la fecha continúan guardando prisión en condición de presos políticos del régimen de Juan Orlando Hernández.

La cacería humana desencadenada durante la crisis post electoral dejó como saldo inmediato 38 personas asesinadas con participación de los cuerpos de seguridad del Estado, familias enteras con vidas trastocadas para siempre, al menos 1351 personas detenidas debido al estado de sitio decretado y al menos 250 procesos de criminalización que aún continúan en curso en contra de quienes asumieron las calles como escenario para denunciar el escandaloso fraude electoral, según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH).

A la fecha, y a pesar del circo que el gobierno instauró como diálogo nacional, cinco personas continúan en cárceles de máxima seguridad como presos políticos en condiciones de extrema precariedad. Edwin Espinal y Raúl Eduardo Álvarez guardan prisión en la Tolva, Gustavo Adolfo Cáceres en El Progreso, Edy Gonzalo Valle, en la cárcel del Pozo en Ilama, Santa Bárbara y Eduardo Urbina, quien debido a la persecución penal en su contra se encuentra refugiado en Costa Rica, imposibilitado de regresar al país.

Los procesos judiciales en contra de estas cinco personas han dejado en completa evidencia la colusión institucional, especialmente del poder judicial para incriminar y castigar con intención ejemplarizante cualquier atisbo de oposición al régimen sostenido a precio de sangre y dolor.

El 21 de diciembre reciente, apoderadas legales de Edwin Espinal y Raúl Álvarez denunciaron que estos se encuentran con su salud cada vez más deteriorada, esto debido a que, en el centro penal, no les permiten acceder a complejos vitamínicos, alimentación especial y frutas, a pesar de que es una indicación médica para ambos. Para ellos, acceder a atención médica oportuna es un lujo que no han podido obtener, sin importar el alto riesgo que corren debido al brote de tuberculosis existente en la Tolva.

Desde el MADJ, con solidaridad y amor sustancial a quienes guardan prisión y a sus familias, nos sumamos, deseamos y exigimos para el 2019, ¡libertad para los presos políticos y justicia para las víctimas del fraude electoral!.

Fotografía: Martín Cálix/
Bessy y Alfonso, padres de Edy Gonzalo Valle Larios, quien está preso en El Pozo desde el 15 de febrero, acusado por el delito de asociación ilícita y detenido junto a 5 personas en Choloma, departamento de Cortés.

Amnistía Internacional y diversas entidades internacionales de derechos humanos han señalado en sus informes y recomendaciones la urgencia de que el Estado de Honduras ponga en libertad a Edwin, Raúl, Edy, Gustavo y permita el ingreso normal al país de Eduardo Urbina, sin embargo, hasta la fecha, esta continúa siendo una demanda que se vuelve cada vez más silenciosa y difusa incluso dentro del mismo movimiento social y popular en Honduras.


Fotografía: Martín Cálix/ Familia de Gustavo Cáceres, preso en El Progreso, Yoro. María Isabel Ayala (44) tía, Justin Cáceres (11) hermano, Alisson Laínez (3) sobrina, Kimberly Laínez (sobrina), Lourdes Ayala (33) hermana, Mercedes Cáceres (21) hermana, María Elena Ayala (52) madre.

A pesar de eso, las familias de las personas asesinadas y de quienes hoy guardan prisión se resisten al silencio y la resignación frente a la injusticia desmedida sufrida en carne propia desde hace un año y un mes. El peor saldo que aún continúa dejando la crisis post electoral para el país es la impunidad con la cual se cobijan los corruptos y criminales, y con la que Juan Orlando Hernández continúa en el poder.

Sin embargo, en estas fechas es imposible no recordar y pensar en el dolor sufrido por aquellos que ya no están físicamente, por quienes a pesar de estar vivos su vida ha sido interrumpida, condenados ilegal y arbitrariamente a una cárcel de máxima seguridad. El dolor de sus familias, madres, esposas, hijos e hijas que no se cansan de esperar y exigir su libertad.

De cara al 2019 son muchos y gigantes los retos que tenemos como sociedad, mucho más grandes los que tenemos como movimiento social, como responsables íntimamente de los cambios necesarios en el país, pero desde el MADJ, con solidaridad y amor sustancial a quienes guardan prisión y a sus familias, nos sumamos, deseamos y exigimos para el 2019, ¡libertad para los presos políticos y justicia para las víctimas del fraude electoral!.

¡Libertad para Edwin, Raúl, Gustavo y Edy!

Saludamos el reintegro de Magistrada y juez destituidos durante golpe de Estado

Este día 24 de septiembre de 2018, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), hicieron pública la noticia del reintegro de la magistrada Tirza Flores Lanza y el juez Guillermo López Lone, destituidos arbitrariamente durante el golpe de Estado en Honduras como represalias por sus actuaciones en pro del Estado de Derecho y los derechos humanos en el marco del momento de conflictividad y derrumbe institucional que el país enfrentaba.

Desde el momento de la destitución, los abogados Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza iniciaron una intensa búsqueda de justicia a nivel nacional e internacional lo que provocó que en el año 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictara sentencia condenando al Estado de Honduras, reconociendo las violaciones a derechos humanos de las cuales las funcionarias habían sido víctimas y ordenando medidas de reparación, así como el reintegro a sus puestos con todas las garantías laborales, gremiales y sociales que esto implicaba.

A pesar de la sentencia, en los años sub siguientes, el poder judicial de Honduras se resistió a ejecutar la sentencia, sin importarle el seguimiento que la Corte IDH mediante audiencias de revisión de cumplimiento de sentencia estaba corroborando la falta de voluntad estatal para garantizar justicia para los abogados Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza.

Este día que finalmente ha trascendido la noticia de su reintegro, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, saludamos la victoria obtenida por Guilermo López y Tirza Flores, quienes desde mucho antes del proceso de destitución han sido profesionales comprometidos con la justicia, con la construcción de un Estado democrático y de derecho y que luego de la arbitrariedad de las autoridades hondureñas, continuaron realizando una importante labor desde la Asociación de Jueces por la Democracia para la defensa de la independencia judicial en Honduras.

Reafirmamos que, en un país con la altísima fragilidad institucional que Honduras posee, profesionales como Tirza Flores y Guillermo López, que desde la labor jurisdiccional o desde la lucha gremial han aportado esfuerzos valiosos por sostener las justas y necesarias defensas de derechos humanos, el reintegro ordenado representa un importante precedente que sirve para alimentar la esperanza de que frente a la barbarie, a la ilegalidad y al abuso de poder, la persistencia, la digna resistencia son herramientas valiosas para menguar los abusos.

24 de septiembre de 2018

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

La digna resistencia de Pajuiles triunfó

La digna resistencia de Pajuiles triunfó sobre la hidroeléctrica HIDROCEPLo solicitado desde hace más de dos años por la población de Pajuiles ha sido ratificado y reconocido a través de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula y la municipalidad de Tela, la empresa Hidroeléctrica Centrales El Progreso debe PARAR la destrucción del rio Mezapa y la cordillera Nombre de Dios.Más de 11 denuncias sin respuestas que fueron interpuestas por parte de las