Poder Judicial

(Tegucigalpa, Honduras, 13 de abril, 2020). Una Acción de Amparo a favor de alrededor de 15 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) que sobreviven en condición de calle fue presentado hoy ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por parte de Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, COIPRODEN, Casa Alianza, FUNDAMBIENTE y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

En su escrito, los amparistas denuncian que el Estado de Honduras ha normalizado la violación de todos los derechos de las NNA que sobreviven en calle, ha desobedecido las directrices y recomendaciones que en los últimos 30 años le han hecho organismos como el Comité de Derechos del Niño de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; entre otros y, en consecuencia, hoy de manera adicional, se enfrentan a un altísimo riesgo de contagio y muerte por el covid-19.

Las organizaciones señalan que la Presidencia de la República, el SINAGER y la DINAF, han reincidido en su comportamiento omisivo, escapista y evasivo de sus obligaciones, violando el derecho a la salud, la integridad personal, la dignidad y poniendo en riesgo la vida de los miles de NNA que siguen sobreviviendo en las calles, sin que hasta el momento existan acciones concretas y efectivas que los protejan de manera sostenible.

De manera concreta, los amparistas piden que la SCCSJ ordene 10 medidas cautelares urgentes, orientadas a superar las históricas violaciones de derechos y las que hoy sufren los NNA en condición de calle debido a la amenaza del covid-19, los toques de queda extendidos y el abordaje policiaco, militarista, criminalizador que el Estado asume frente a la inhumana situación de los beneficiarios de la Acción de Amparo.

Algunas de estas medidas son: que se establezcan y pongan a disposición de manera inmediata, en distintas ciudades del país, albergues dignos para los niños y niñas que sobreviven en las calles del territorio nacional y eviten el contagio del virus, aplicación inmediata de pruebas rápidas para descartar o confirmar contagios por COVID-19, constituir un equipo multi y transdisciplinario, entre instituciones del Estado y organizaciones de sociedad civil que consensuen y pongan en marcha, en el menor tiempo posible, una política pública integral para la atención de los NNA que sobreviven en la calle; que se destine un presupuesto suficiente y sostenido para la atención específica de la niñez que sobrevive en calle.

Los amparistas requieren a la SCCSJ que notifique al Ministerio Público de la violación a los derechos fundamentales que han sido objeto los miles de niños y niñas que sobreviven en las calles, a efecto de investigar y deducir la responsabilidad a los funcionarios y funcionarias que por acción u omisión fueron autores o partícipes de esas violaciones. El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), afirmó en 2017 que en nuestro país existen causas estructurales que conllevan a que un 77% de la niñez viva en condiciones de pobreza.

Este día 24 de septiembre de 2018, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), hicieron pública la noticia del reintegro de la magistrada Tirza Flores Lanza y el juez Guillermo López Lone, destituidos arbitrariamente durante el golpe de Estado en Honduras como represalias por sus actuaciones en pro del Estado de Derecho y los derechos humanos en el marco del momento de conflictividad y derrumbe institucional que el país enfrentaba.

Desde el momento de la destitución, los abogados Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza iniciaron una intensa búsqueda de justicia a nivel nacional e internacional lo que provocó que en el año 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictara sentencia condenando al Estado de Honduras, reconociendo las violaciones a derechos humanos de las cuales las funcionarias habían sido víctimas y ordenando medidas de reparación, así como el reintegro a sus puestos con todas las garantías laborales, gremiales y sociales que esto implicaba.

A pesar de la sentencia, en los años sub siguientes, el poder judicial de Honduras se resistió a ejecutar la sentencia, sin importarle el seguimiento que la Corte IDH mediante audiencias de revisión de cumplimiento de sentencia estaba corroborando la falta de voluntad estatal para garantizar justicia para los abogados Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza.

Este día que finalmente ha trascendido la noticia de su reintegro, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, saludamos la victoria obtenida por Guilermo López y Tirza Flores, quienes desde mucho antes del proceso de destitución han sido profesionales comprometidos con la justicia, con la construcción de un Estado democrático y de derecho y que luego de la arbitrariedad de las autoridades hondureñas, continuaron realizando una importante labor desde la Asociación de Jueces por la Democracia para la defensa de la independencia judicial en Honduras.

Reafirmamos que, en un país con la altísima fragilidad institucional que Honduras posee, profesionales como Tirza Flores y Guillermo López, que desde la labor jurisdiccional o desde la lucha gremial han aportado esfuerzos valiosos por sostener las justas y necesarias defensas de derechos humanos, el reintegro ordenado representa un importante precedente que sirve para alimentar la esperanza de que frente a la barbarie, a la ilegalidad y al abuso de poder, la persistencia, la digna resistencia son herramientas valiosas para menguar los abusos.

24 de septiembre de 2018

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia