Sala Constitucional profundiza indefensión del pueblo hondureño

SALA CONSTITUCIONAL PROFUNDIZA INDEFENSIÓN DEL PUEBLO HONDUREÑO EN MEDIO DE LA EMERGENCIA

Quienes defendemos derechos humanos, a pesar de la importancia de nuestra labor en este contexto de pandemia, hemos sido víctimas de restricciones indebidas por parte del gobierno a través de los decretos que ordenan la suspensión de garantías y nos han confinado a no poder circular para velar por los derechos humanos de la población hondureña.

Los organismos internacionales de derechos humanos han emitido varios pronunciamientos advirtiendo a los Estados de su obligación de abstenerse de imponer restricciones al trabajo de los defensores de derechos humanos utilizando como pretexto la crisis sanitaria.  Basándonos en tales pronunciamientos entre el 1 y el 5 de mayo interpusimos 11 recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia solicitando ser restituidos en nuestros derechos a movilizarnos y realizar nuestro trabajo libremente.

En tales amparos solicitamos que se nos garanticen nuestros derechos a defender derechos, a la libertad de circulación y de expresión para que podamos libremente hacer nuestro trabajo en el escenario actual, donde la mayor pandemia es la desbordada corrupción y la impunidad con la que el gobierno está condenando a muerte a la población hondureña empobrecida y con un sistema de salud colapsado e incapaz de responder a la emergencia.

Pero para la Sala de lo Constitucional nuestra solicitud no era importante y mucho menos prioritaria, tal y como lo evidencia el tiempo trascurrido hasta el 8 de junio, fecha en la que nos notificó la no admisión de los 11 amparos presentados. A la Sala le tomó 41 días resolver y preparar un escrito en el cual no indicó la motivación de su decisión a pesar de que esto es un requisito legal fundamental en su labor.

Además, fundamentó su decisión basada en que debimos hacer uso de otra vía, en este caso, de la contencioso administrativo, sin considerar que esto implicaría una mayor demora. Esto implicaría que la respuesta del Estado resultaría mucho más inoportuna y extemporánea, además de desconocer que la naturaleza del amparo es justamente procurar protección inmediata ante una violación de derechos de la cual se esté siendo víctima en vista de la ineficacia o tardanza de otros recursos, como ha establecido la propia Corte Suprema.

La Sala omitió su deber de motivar debidamente sus decisiones, violentando nuestros derechos al debido proceso y al uso de un recurso judicial efectivo agravando la situación sostenida de violación de nuestro a derecho a realizar nuestra labor sin ser objeto de restricciones indebidas. Por ello, ayer 9 de junio presentamos los recursos de reposición correspondientes para que la Sala reconsidere su decisión.

Alertamos a todas las organizaciones nacionales de este comportamiento de la Sala de lo Constitucional, que forma parte de un patrón del sistema judicial agravado en este contexto. Incapaz de velar y garantizar derechos de la población, pero eficiente para evacuar procesos de criminalización en contra de quienes defienden derechos humanos en los distintos territorios aún en medio de la emergencia. Es urgente acuerparnos y exigir que podamos desarrollar nuestro trabajo ya que ha quedado claro que la prioridad para el gobierno en este momento es la reapertura de la economía y no la situación del sistema de salud y todos los embates y consecuencias de esto que vive la población hondureña producto de su incapacidad.

Llamamos a la solidaridad de las organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos, para que pongan su atención sobre nuestros recursos de reposición y lo que la Sala resuelva.

Honduras, 10 de junio, 2020

  • Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
  • Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA)
  • Asociación LGTB Arcoiris de Honduras
  • Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEUH)
  • Bufete de Derechos Humanos Estudios para la Dignidad (BED)
  • Red de Abogadas por los Derechos Humanos en Honduras
  • Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
  • Programa Socioeducativo PASO a PASO
  • Comité por la Libre Expresión (C-Libre)

Código penal contiene disposiciones permisivas para diversos delitos.

Las organizaciones sociales aglutinadas en la Coalición Contra la Impunidad (CCI) han enviado una carta solicitando a la presidencia del Congreso Nacional de la República la ampliación de vacatio Legis al menos un año más la para la entrada en vigencia del nuevo código penal prevista para el 10 de mayo de este año.

En la comunicación girada al doctor Mauricio Oliva las organizaciones exponen algunas de las razonas por las que no es el momento para que el nuevo código entre en vigencia debido a que estamos “en un momento en que todas las acciones estatales tienen o tendrían que estar enfocadas en combatir la pandemia del COVID19”. También han señalado la deficiente socialización que esta normativa ha tenido hacia la ciudadanía y los operadores de justicia.

Este nuevo código penal ha recibido fuertes críticas por parte de diferentes sectores de la sociedad sobre todo por la reducción de penas en diferentes delitos que involucran a grupos vulnerables y a funcionarios públicos y esto ha sido uno de los puntos que se le ha hecho saber al presidente del poder legislativo en el escrito presentado por la Coalición Contra la Impunidad. “Contiene disposiciones permisivas con los actos de corrupción, el narcotráfico y la violencia sexual contra las mujeres y niñas”.

Otro de los puntos señalados por la CCI, es que “limita algunos derechos y libertades fundamentales en una sociedad democrática”. Además, refieren que la entrada en vigencia en este momento pondría en mayor riesgo a la ciudadanía debido a que están suspendidas las garantías constitucionales y esto “revestiría de mayor arbitrariedad” la actuación de las autoridades contra la población.

A las organizaciones de la CCI les preocupa que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal vulnere los derechos de las comunidades o personas que han empezado a reclamar ante la falta de alimentos y medicamentos en sus comunidades y que con la nueva ley se penalicen las acciones de protesta social ante el incumplimiento de las instituciones del Estado.  

La Coalición Contra la Impunidad es un espacio de articulación nacional que aglutina al menos 52 organizaciones de la sociedad civil hondureña y trabaja desde su fundación por el respeto a los derechos humanos.

MADJ invita a quienes defienden derechos humanos en Honduras a sumarse para exigir poder #CircularparaDefender

Integrante de Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) de distintos territorios del país, el 1 de mayo presentaron una acción de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, solicitando se les restituyan sus derechos a defender derechos, a la libertad de circulación y de expresión los cuales nos están siendo violentados por la vigencia de los decretos que imponen la suspensión de “garantías” en el contexto de la pandemia del COVID 19.

Solicitaron que los decretos PCM 021-2020 y todas sus prórrogas no les sean aplicables y las autoridades se abstengan de obstaculizar nuestras labores de defensoría y brinden acceso a información actualizada sobre la situación de derechos humanos de la población en el marco de la crisis del Covid-19 al momento de documentar acciones de violación de los derechos humanos.

También solicitaron la inaplicabilidad de las restricciones contenidas en el decreto PCM 021-2020 y sus prórrogas a las demás personas y organizaciones de reconocida trayectoria que se dedican a la defensa de derechos humanos a nivel nacional.


A fin de asegurar que la Sala resuelva de manera favorable y conforme a los estándares internacionales está invitando a las organizaciones nacionales e internacionales a sumarse a las exigencias planteadas de las dos formas siguientes:

  1. A organizaciones y colectivos de personas dedicadas a la labor de defensa de derechos humanos nacionales a suscribir la acción de amparo y presentarlo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
    – El amparo puede ser descargado en formato Word dando click aquí.
    – Una vez completado enviar/remitirlo en formato PDF a la Sala de la Constitucional a través del correo electrónico calmendares@poderjudicial.gob.hn; adjuntando copia al correo electrónico movimientoamplioorg@gmail.com  para lograr un registro de esta iniciativa.
  2. A las organizaciones nacionales e internacionales, les invita a suscribir la carta modelo dirigida a la Sala de lo Constitucional respaldando las peticiones del amparo y la necesidad de que quienes defendemos derechos humanos en Honduras no seamos objetos de restricciones indebidas a nuestra labor. La carta puede ser descargada dando clik aquí y también la encontrarán adjunta a esta comunicación. Una vez firmada remitirla a los correos electrónicos calmendares@poderjudicial.gob.hnrhercules@poderjudicial.gob.hn,  adjuntando copia al correo electrónico movimientoamplioorg@gmail.com  para lograr un registro de esta iniciativa.  

En este contexto, es urgente y necesario combatir el virus de la corrupción e impunidad y la represión policial y militar en contra de la población que enfrenta la cara más agresiva de la pandemia, que es el hambre y la desidia.

Los impedimentos a la labor de quienes defienden derechos humanos forma parte del pacto y escenario de impunidad que quieren garantizarse quienes continúan saqueando Honduras.

Solidaridad con la periodista Nina Lakhani

24 de septiembre de 2018. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, frente a los ataques de los cuales ha sido víctima la periodista independiente, Nina Lakhani, del reconocido periódico “The Guardian”, manifiesta su solidaridad y condena de estos ataques que constituyen un patrón incrementado en los últimos meses en el país en contra de todas las personas involucradas en la denuncia de proyectos extractivos ilegales y criminales.

Lakhani, es ciudadana británica, periodista freelance radicada en México que ha informado para el diario británico Guardian durante cinco años. El 17 de septiembre de 2018, mediante un documento de prensa suscrito por la Asociación de Campesinos del Aguán (ACIVA), organización de la cual no existe rastro de existencia real,  el cual circuló en varias plataformas de medios sociales, entre ellas Twitter y WhatsApp, acusó a Lakhani de “manipular” a la población de la región del Bajo Aguán, y obligar a los pobladores a dar falsas declaraciones e incitarlos a la violencia, y la declaró “persona non grata” en la región.

Como un guion previsible, el comunicado también exhortó a las autoridades hondureñas a investigar a la periodista Lakhani, debido a que esta “está al servicio de oscuros intereses de grupos internacionales”, entre otras afirmaciones completamente falsas.

Nina Lakhani ha dado seguimiento desde mucho tiempo atrás al curso del primer caso de 8 personas imputadas por el asesinato de Berta Cáceres, así como el juicio en contra de David Castillo, ex gerente general de DESA, acusado también, como autor intelectual del crimen en contra de la coordinadora general del COPINH.

El ataque en su contra, a través de la supuesta asociación, plataforma falsa, forma parte de una campaña de odio, promovida por distintos sectores económicos y productores de energía, la cual ha sido denunciada y evidenciada por el MADJ en días recientes y de los cuales, nuestro Coordinador General, Martín Fernández y el encargado de asuntos políticos, Víctor Fernández. han sido víctimas.

Frente a esta ola de ataques, pretendiendo deslegitimar las honestas y necesarias resistencias en defensa de la verdad y la dignidad en Honduras, nos solidarizamos con la periodista Nina Lakhani, reconociendo una vez más su valioso aporte desde el periodismo independiente para el rompimiento del cerco mediático impuesto en el país por el poder económico y su aporte sustancial para la construcción de la verdad respecto del asesinato de Berta Cáceres y el develamiento de las redes criminales que están detrás de los proyectos extractivos en Honduras y en la región.

Demandamos al Estado de Honduras, que con la misma diligencia con la cual sus instituciones judiciales actúan para garantizar “Seguridad jurídica” a las empresas, actúen pronta y oportunamente para garantizar la seguridad de la periodista Lakhani y que esta pueda ejercer su derecho a la libertad de expresión y su labor informativa sin ningún riesgo.