¡Claras y caras deudas con la Justicia que reclama el pueblo!
El pasado 28 de junio de 2024, conmemoramos los 15 años del nefasto golpe de Estado militar empresarial, made in USA, contra el pueblo hondureño, hoy, 02 de julio, sumamos 100 meses de impunidad del asesinato contra la compañera Berta Cáceres. El golpe, acontecimiento fatídico para la vida de la gente y de la nación, contribuyó sustancialmente a consolidar el narcoestado, la avanzada del voraz modelo neoliberal extractivista sobre las tierras del campesinado, los territorios de los pueblos originarios, la demolición del ya decrépito Estado social de derecho, la persecución y el asesinato nuestros liderazgos.
Después de 15 años, la herida del golpe sigue supurando dolor, impunidad, corrupción, desplazamiento, violencia y muerte. Después de 100 meses, Berta sigue padeciendo impunidad, el Gualcarque sigue concesionado como lo está el territorio indígena y nacional y se sigue consumiendo la vida de los obreros y obreras por la avaricia empresarial. Bajo el gobierno refundacional, Honduras continúa navegando entre las incertidumbres institucionales, la continuidad de la lógica del mercado y las mafias enquistadas en el poder económico, político y militar del país.
A 15 años, hay preguntas obligadas que debemos hacernos, ¿cómo o dónde se refleja la superación de la herencia golpista? ¿Dónde está la justicia para los asesinados y desaparecidos en el marco del golpe, de la crisis electoral 2017 y las protestas por el derecho a la salud y la educación pública en 2018? ¿Dónde está el castigo para las cúpulas militares, mandos medios y otros gatilleros del ejército que ejecutaron a nuestros hermanos.as en las movilizaciones? A tres años del ascenso al poder del partido Libertad y Refundación, hijo del Frente Nacional de Resistencia Popular ¿Por dónde avanza realmente la refundación del país? ¿Qué rol tienen las organizaciones que hicieron frente al golpe de Estado y al narcogobierno nacionalista ahora que Libre tomó control del gobierno? ¿Cuándo serán castigados los autores materiales e intelectuales del crimen de Berta Cáceres?
El pueblo hondureño necesita renovar su indignación. Distintas organizaciones populares junto a liderazgos como el de Berta Cáceres, luchamos por instaurar en el país una Asamblea Nacional Constituyente originaria, popular, refundacional y plenipotenciaria para arrancar de tajo las distintas necrosis que nos consumen y renovar las esperanzas de un futuro digno y común en esta tierra a través de un nuevo pacto político de gobernanza. Pero, después de 3 años en el poder, nos llaman al conformismo bajo la excusa de que “No hay condiciones”. ¿Entonces para qué están en el poder, si no es para crear las condiciones y las avenidas que hagan posible la ruta hacia la verdadera democracia en el país? Aceptar que no hay condiciones es decidir, adrede, continuar por el camino del fracaso, de la ingobernabilidad, de la crisis, perpetuar el modelo y vivir en las condiciones de injusticia, inequidad e impunidad.
En plena narcodictacura, amplios sectores sociales, populares, gremiales y civiles nos movilizamos para desmontar la corrupción e instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICIH) para que, con amplitud de poder y legitimidad, investigue la descomunal corrupción e impunidad que opera en el país. Esta lucha del pueblo, la convirtieron en su promesa de campaña y tres años después nos dicen que no pueden hacer las reformas legales para su llegada. Entonces, ¿bajo qué pactos de impunidad opera el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público? ¿A quiénes están protegiendo a expensas del presente y el futuro de las mayorías de este golpeado país?
En la CELAC Social, en un complejo hotelero capitalino, discursaron altos funcionarios del gobierno refundacional, al margen de una realidad inobjetable. La población cada vez es más pobre, la violencia no cesa, bajo asesinatos, secuestros masivos, desapariciones, etc. La ambición del sector energético, bancario y agroindustrial no retrocede y el rol de la institucionalidad pública no se percibe ni con fuerza ni voluntad para someterlos a la justicia. Después de tres años las comunidades en resistencia y los pueblos originarios de Honduras no tienen ni una sola cancelación de concesiones en sus territorios, los campesinos no han recibido en adjudicación y retorno, un solo metro de tierra de la reforma agraria que fueron corrupta y violentamente arrebatadas por la agroindustria.
Estamos acudiendo a una constante erosión de la memoria de nuestro pueblo. Mientras se domestica a las organizaciones sociales y populares del país se premia los militares y brazos armados con 19 mil millones de lempiras para controlar el medio ambiente; se crean comisiones castrenses para abordar la crisis del agro, se recibe con euforia la visita del Comando Sur de EE. UU. y se les inviste de funciones que perpetúan la remilitarización del país. Estas acciones aplastan la memoria, impiden el acceso a la justicia y ponen en peligro los derechos de nuestra población. Históricamente, los fusiles del ejército hondureño han apuntado hacia el pueblo, el fortalecimiento del poder de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, como estandarte para abordar la crisis de seguridad, la crisis agraria y la crisis ambiental, es un error que no podemos ni debemos callar jamás. La militarización profundiza y consolida la relación entre los sectores criminales y el aparato armado en el país, y pone en precario la defensa de los derechos humanos de la población.
Tres años después tenemos la certeza de que las estructuras del narcoestado siguen intactas y perviven simbióticamente con el gobierno refundacional, leyes, decretos, instituciones, personas, ongs, iglesias, empresas, alianzas y figuras como el Consejo de defensa y Seguridad, creadas por el Cartel Hernández Alvarado para sostener la criminalidad.
Como organización responsable no podemos negar que hay hechos que nos parecen avances importantes, como la derogación de leyes como las de las “ZEDEs”, el fortalecimiento de las relaciones internacionales, los subsidios a las tarifas de energía, la apertura al diálogo por algunos de sus ministros y el compromiso funcionarios que siguen creyendo firmemente en la posibilidad de recuperar este país. Pero estos esfuerzos aún son cortos comparados con los apoteósicos desafíos que enfrenta la nación.
El nuestro es un llamado a la coherencia de la dirigencia de este país, a la rebeldía y la autoconciencia de los actores y actoras sociales y populares. Es un llamado a renovar la indignación, porque no es posible que mientras su discurso entona las más populares y revolucionarias consignas, sus acciones repiten el modelo político, económico y cultural capitalista.
Nuestra posición nace de la memoria de nuestro pueblo, del legado de Berta Cáceres y de miles de compañeros y compañeras que entregaron su vida para revertir el golpismo y el narco estado. No se puede refundar, conviviendo, pactando y negociando con el enemigo. La solución a nuestras crisis no puede venir de quienes nos hundieron, no puede sanar la herida del golpe sin romper con las lógicas golpistas, narcodictariales, imperialistas y neocolonialistas.
Compañeros y compañeras, no es posible conformarnos con parches o remiendos a esta mal llamada democracia. Honduras está obligada a emprender el camino de la transformación verdadera, no es posible que el pueblo tenga como únicas opciones huir del país o quedarse a sobrevivir en el mar de incertidumbre.
Nuestra propuesta es que desandemos el camino golpista, volvamos a la memoria, hagamos justicia, reconstruyamos el camino para un nuevo pacto político, un nuevo orden jurídico que como Berta lo decía “solo puede venir de una Asamblea Nacional Constituyente con amplia participación ciudadana”
Por nuestra parte, reafirmamos nuestro compromiso de seguir transitando la ruta hacia la consolidación del movimiento popular y social hondureño y su proyecto político autónomo. Avanzar con coherencia bajo el legado de Berta Cáceres y exigiendo justicia, respaldando todas las causas justas por la Dignidad de cualquier territorio, comunidad u organización en el país, y sosteniendo el llamado para comunidades en resistencia, colectivos, organizaciones, movimientos para que nos conjuntemos y construyamos el país, digno y justo que nos merecemos.
LA REFUNDACIÓN ES AHORA O NUNCA
BERTA VIVE Y LA LUCHA SIGUE DESDE LA DIGNIDAD Y CON EL PUEBLO SIEMPRE