Al cumplirse la mitad del mandato, nosotras organizaciones representativas del movimiento popular de Honduras creemos necesario un reencuentro de su gobierno con los ciudadanos y ciudadanas del país que mantenemos nuestra independencia de pensamiento y somos fieles a nuestras luchas al seguir denunciando la depredación territorial de las industrias extractivas, el no acceso a la tierra, la inmovilidad de la impunidad y demandando una transformación democrática que vaya desde las comunidades al Estado.
Justo ahora a las puertas de un juicio histórico en Nueva York, es importante recordar que en el banquillo de los acusados no está sentado únicamente el derrotado narcodictador hondureño, sino todo el modelo de poder que representó y que profundizó el atraso, la depredación, la corrupción, el abuso empresarial y la desesperanza, con un grave impacto sobre el medio ambiente y la vida de nuestras poblaciones.
No se debe obviar que el resultado de las elecciones de noviembre de 2021 no sólo hizo posible el juicio a un JOH, sino que significó abrir la esperanza en 1.8 millones de hondureños y hondureñas que creímos en un presente y un futuro de Honduras que podía ser distinto, que podía tener semillas de justicia, de equidad y dignidad.
No tenemos ninguna duda de que el fraude electoral de 2017 se hubiera repetido, con todo su saldo de dolor y luto, sino es por la movilización masiva del pueblo, de un movimiento popular que dijo “hasta aquí” y que respaldó un programa de gobierno que se comprometió a dar pasos firmes para cambiar el modelo “neoliberal” que ha profundizado nuestras desigualdades internas y que ha llegado al cinismo de considerar que los hondureños/as somos más rentables fuera, como migrantes, que adentro, como ciudadanos/as con plenos derechos.
Dos años después pensamos que el gobierno está en deuda en muchos sentidos, y lo decimos pensando en nuestros compañeros y compañeras que han sido asesinados o siguen en peligro por reclamar el derecho colectivo a la tierra, por defender el derecho al agua, al bosque, por violentar los derechos de los pueblos indígenas, por incumplir las recomendaciones de instancias
internacionales al Estado, o por seguir denunciando que la justicia huele a componenda, a negociación, a favor político y finalmente a impunidad.
Seguimos viviendo momentos de mucha tensión en los escenarios regionales, Yoro, Colón, el Valle de Sula, La Paz, para mencionar apenas un par de casos. Nuestros líderes campesinos y comunitarios permanecen amenazados por su labor, sin ningún mecanismo oficial de protección que los apoye y sin que sus demandas de justicia sean atendidas, pero lo que es peor es que se evidencia que al gobierno actual, simplemente no le importa.
Hay una brecha que se profundiza entre el gobierno y nuestro pueblo porque no nos estamos sintiendo priorizados nosotros/as, ni nuestras luchas. Por ejemplo, existe un comportamiento errático y difuso de la Secretaría del Ambiente o Energía, la presencia invisible de cambios en instituciones como salud, educación o el trabajo caótico de la Secretaría de Derechos Humanos, por mencionar algunos. Estamos profundamente insatisfechos, por ejemplo, con la actuación sesgada y represiva del Instituto Nacional Agrario (INA), y nos entra la duda de si los desalojos de campesinos que ordena —llamándoles “invasores”— son producto del contubernio personal de su director con las élites de poder o si representa la verdadera respuesta oficial del gobierno a los reclamos del sector campesino.
Al movimiento popular autónomo en general se le acusa de intolerante y de atentar contra el “desarrollo”, como lo expresa siempre la élite económica, reafirmamos que estamos en favor de una dinámica económica que priorice la humanidad, los derechos humanos y los límites que la propia naturaleza impone y no arrase con el derecho a la vida digna de nuestro pueblo. Para nosotros/as el verdadero desarrollo pasa por entender que la tierra, los bosques, los minerales y el agua son bienes fundamentalmente públicos, que deben propiciar una mayor igualdad de oportunidades sociales, productivas y culturales para toda la sociedad, no sólo de unos cuantos.
Hoy, además de la violencia que nos acecha, lo que tenemos es una situación económica y social muy precaria. Si usted Presidenta Castro o sus funcionarios/as visitaran las comunidades sin hacer llegadas aparatosas de corte nuevamente proselitistas confirmaría los niveles de insalubridad, el abandono de la educación y corroboraría cómo la inseguridad alimentaria afecta a miles de familias y motiva que cada día miles de compatriotas se marchen rumbo al “norte”… también coincidiría en que la respuesta de su gobierno se parece mucho, mejor dicho demasiado, a la de todos los gobiernos que la han precedido y que se limitan a la entrega de bonos, que sirven más para la compra de votos, que para encontrar verdaderas rutas de desarrollo.
A dos años sabemos que el país es imposible que supere la profunda crisis en la que se encuentra y que es la nefasta herencia de TODOS los políticos tradicionales, pero también de la incapacidad actual para convertir sus promesas electorales en derechos de la ciudadanía.
Hablamos de títulos de propiedad, de programas efectivos, de inversión pública en la economía social, de ampliación y fortalecimiento real de los sistemas de educación y salud, de facilitar el acceso a la vivienda digna, de garantizar justicia para los pueblos indígenas, de promover la igualdad sustantiva para una vida digna y de bienestar para las mujeres… Hablamos de dejar de traficar con los favores que otorga la impunidad del sistema judicial, y permitir que la esperanza de reformar al sector judicial y al Ministerio Público muera, de combatir eficazmente la corrupción, dejando el cálculo de si conviene o no una Comisión Internacional de Naciones Unidas, de dar cuentas claras sobre el cobro y uso de los impuestos que paga nuestra gente, de garantizar la soberanía nacional sobre los ríos y bosques y sobre todo el territorio nacional.
En noviembre del próximo año se vuelve a las urnas y desde ahora sentimos la preocupación electoral de los funcionarios públicos; podemos entenderlo, pero no queremos escuchar de nuevo las mismas promesas porque eso significaría que no fueron cumplidas. Libre no es que aspire a gobernar; es que ya gobierna. La mejor manera de que la vieja política no retorne es concretando un buen gobierno.
Entonces concretamente ….
Presidenta Xiomara, si de verdad usted y su gabinete continúan con la aspiración de transformar Honduras, de refundar desde los cimientos a nuestro país tan golpeado por el modelo neoliberal y por todos los anteriores gobiernos, debe renovar y priorizar su compromiso con el pueblo.
Muchos de nosotros le votamos por usted y lo hicimos porque creímos que su administración combatiría la inseguridad, provocaría la desmilitarización, reconocer y sanear los territorios indígenas, porque ordenaría no más explotación minera a cielo abierto, la revisión y derogación de contratos de proyectos energéticos y de infraestructura. Acceso a la tierra para familias campesinas e impulso de la reforma agraria, derogación definitiva de las zede´s y, en resumen, la protección de los derechos humanos de la manera más integral; sin cálculos políticos.
Honduras necesita de una política ambiental concreta, radical y determinante. Que se distancie de las lógicas mercantiles neoliberales basadas en la sobreexplotación de los bienes naturales. Señora presidenta, rompa de una vez con este paradigma y garantice un desarrollo que respete los límites de la naturaleza y promueva la calidad de vida para las generaciones presentes y futuras, asuma esta tarea y contribuya de esta forma a una Honduras más resiliente y sostenible,
real y concreta, más allá de los grandes foros mundiales en donde se dice que internamente avanzamos, pero que en la práctica no se ven resultados.
A dos años de su mandato, nos asalta la imperiosa urgencia de tomar la senda de la refundación, que establezca un renovado pacto de gobernanza que abarque a todos los sectores de la sociedad, especialmente a aquellos que históricamente hemos sido subyugados, lo cual pasa de forma ineludible por la asamblea nacional constituyente.
Señora presidenta, así como su gobierno y su partido, han asumido liderazgo en el Congreso Nacional y han demostrado determinación para hacerse de las instituciones que entienden prioridad para su administración, corran los mismos riesgos para abordar, resolver y ponerse de lado de los intereses del campo popular. Demandamos de su bancada decencia y coherencia ética, moral y jurídica en sus actuaciones, porque tener la dirección de las instituciones nos les da un cheque en blanco para hacer y deshacer.
Le exhortamos, considere el diálogo con el campo popular, este que se expresa con sinceridad al respaldar las coincidencias que aún tenemos y que asume la responsabilidad de señalar de manera franca las distancias que percibimos, particularmente en acciones como las negociaciones y la preferencia por establecer relaciones con entidades como la embajada estadounidense, sectores empresariales y expresiones antagónicas al campo popular.
Señora Presidenta, tiene a su favor dos años más de mandato, pero el tiempo avanza y tenemos un país en donde el 80% vive en pobreza y las opciones siguen siendo el de diariamente buscar cómo sobrevivir o ponerse en la fila de los que migran y siguen siendo la fuerza que sostiene económicamente a Honduras y que hasta ahora lo hacen sin condiciones. Como movimiento popular proclamamos, una vez más, nuestra determinación de seguir luchando frente a la perversa y corrupta élite económica y política de Honduras, reafirmamos nuestro compromiso, por la consolidación del movimiento popular y social hondureño y sepa usted, Señora Presidenta, que finalmente llamamos a todas las organizaciones populares a retomar la ruta autónoma y articulada del campo popular que impulse la verdadera refundación de la patria, en alianza con todos los sectores de la sociedad hondureña.