MÁS ABUSOS E ILEGALIDADES CONTRA EL PUEBLO TOLUPÁN:
El
Ministerio Público de Honduras que acusa a 6 hombres y a tres mujeres indígenas
tolupanes, de la Tribu de San Francisco de Locomapa, municipio y departamento
de Yoro, solicitó reprogramar la continuación de la audiencia inicial que
inició el pasado 24 de junio y se había reprogramado para este 03 de julio. La
fiscalía y el juzgado de la ciudad de Yoro, decidieron no continuar la audiencia,
bajo el argumento que ellos se encuentran de vacaciones, a pesar que el Código Procesal
Hondureño (Artículo 128) dispone que “Para la práctica de las diligencias propias
de la etapa preparatoria y de la intermedia, se considerarán hábiles todos los
días del año y las veinticuatro (24) horas del día.”
Mientras las fiscales del caso disfrutan de sus
vacaciones, le prohibieron a los indígenas acusados y acusadas, acercarse al
territorio de su propia tribu a donde el Estado hondureño autorizó, sin consentimiento
de la tribu y bajo formas corruptas, talar más de 28 mil árboles a la empresa
maderera INMARE propiedad del señor Wilder Omar Domínguez. También les impusieron
la obligación de presentarse dos veces al mes a firmar a los juzgados donde su
personal estará de vacaciones, les prohibieron comunicarse con los responsables
de la tala y despojo de su territorio, entre ellos, integrantes del consejo
directivo, empleados y ejecutivos de la empresa y por último, estarán bajo
vigilancia policial en sus comunidades, haciendo este proceso más
estigmatizante y degradante de su reputación y dignidad.
Tras el inicio de la audiencia inicial el pasado
24 de junio, se confirmó que la Fiscalía del Ministerio Público acusó
deliberadamente a liderazgos e indigenas honestos de la tribu de Locomapa,
organizados en el Consejo Preventivo de la Tribu y del Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia, MADJ. La prueba ofrecida en la audiencia por las
fiscales, consiste en simples fotocopias de documentos que les habría
facilitado la empresa INMARE y los dirigentes del cuestionado Consejo Directivo
de la Tribu de Locomapa, quienes asociados con los directivos de la Federación
de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY) seguirían siendo parte de una oscura
confabulación entre funcionarios del Estado hondureño y madereros que por
siempre han saqueado y empobrecido a los indígenas tolupanes que viven en los
departamentos de Yoro y Francisco Morazán.
Las nueve personas indígenas acusadas, a través
de sus equipos de defensa del MADJ, presentaron abundante documentos
debidamente autenticados, informes técnicos y ofrecieron testimonios para
acreditar que han realizado decenas de peticiones y gestiones ante el Estado
para que les protejan sus derechos y que todas esas gestiones han sido
desatendidas por los funcionarios. En virtud de eso han realizado el control de
su territorio por el que el Ministerio Público diligentemente les acusa de un
delito de Obstaculizar el ilegal e inconsulto plan que autoriza la tala de los
28 mil de árboles de su territorio.
El proceso de criminalización se origina de una llamada realizada por el empresario al 911 en el mes de marzo de 2018 cuando las y los indígenas realizaban una manifestación pacífica en la carretera principal para evitar la salida de camiones cargados de madera que fue cortada con un plan de manejo que no pertenece a la tribu.
La beligerancia de la institucionalidad hondureña para favorecer a los empresarios es tan eficiente que con una llamada iniciaron el proceso penal contra las y los luchadores sociales, pero en más de 4 meses no han sido capaces de girar las órdenes de captura contra los responsables materiales e intelectuales de la muerte de los últimos indígenas asesinados el 25 de febrero por defender su territorio y 15 denuncias interpuestas por el consejo preventivo por agresiones y amenazas en su contra así como también denuncias por la tala ilegal del bosque desde octubre de 2017 a la fecha .