Justicia hondureña

Este 2 y 3 de marzo en los juzgados de Yoro se llevará a cabo la continuación del juicio en contra de Selin Eleazar Fúnez, uno de los dos acusados como supuestos responsables del triple crimen de indígenas tolupanes de la tribu San francisco Locomapa, el 25 de agosto de 2013.

Las víctimas de este crimen son María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, quienes fueron ultimados en medio de la protesta pacífica que realizaban exigiendo un alto al saqueo de los bienes comunes y naturales de su tribu, el respeto del título ancestral y demandando la consulta previa, libre e informada, exactamente en el mismo lugar donde actualmente se encuentra el Campamento Digno en Defensa del Territorio y el Bosque Tolupán.

Los asesinos Carlos Varela Luque y Selin Eleazar Fúnez llegaron hasta ese lugar, donde se encontraba la vivienda de María Enriqueta, lugar que funcionaba como centro de reuniones para planificar la defensa del territorio Tolupán, y luego de preguntar por “los cabecillas” y decir que si no estaban igual matarían a “un par de indios” le quitaron la vida a Armando, Ricardo y Enriqueta quien se encontraba en la cocina.

Varela Luque fue detenido por la Policía y enjuiciado en el año 2017, fue condenado a 45 años de cárcel por este crimen, logró escaparse del presidio de Yoro y posteriormente fue asesinado en circunstancias desconocidas.

Después de este crimen ha habido 7 asesinatos de indígenas luchadores sociales, integrantes del Movimiento Amplio y beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en esta tribu, otorgadas a raíz del triple crimen y la grave situación de violencia e inseguridad que provocó en la tribu.

Este lunes y martes, el Tribunal deberá decidir sobre la participación de Selin Eleazar Fúnez en los hechos, mediante la continuación del juicio oral y público. Este es un caso emblemático para los pueblos originarios de Honduras, especialmente para el pueblo Tolupán ya que podría marcar el modelo de castigo o impunidad que el Estado de Honduras adoptará para quienes cometieron los otros asesinatos registrados a partir de 2013 y los cometidos en contra luchadores sociales del país en general.

Iniciamos el mes de Septiembre de la forma más característica de la institucionalidad en Honduras; injusta, corrupta y violenta.

No podemos seguir viviendo en un país donde existe un gobierno ilegitimo, vinculado al narcotráfico, corrupto, impune y violento. La represión sistemática ejercida en contra de nuestros pueblos es una respuesta a nuestra decisión popular, anti capitalista y por el derrocamiento de la dictadura, de sostener el proceso político de liberación y transformación del país.

En Honduras, la intensificación del binomio extractivismo y corrupción se apertura post golpe de Estado en el año 2009. A 10 años del fatídico y subdesarrollado acto, dio la apertura exacerbada para la extracción de materia prima, condicionando una vez más en la historia del país, de la región y del continente, la economía en manos transnacionales, la corrupción y la muerte.

El Estado Hondureño, que desde los organismos multilaterales, financieros y cooperantes es ampliamente sabido así como fomentado, su inoperancia en la garantía de derechos universales para el desarrollo a plenitud y con dignidad de los pueblos, desde el nulo derecho al agua, salud, educación, seguridad, vivienda, así como a un ambiente sano y saludable; hoy día la resistencia ante los proyectos transnacionales y nacionales son por la inoperatividad del Estado con la Sociedad, en pocas palabras, en Honduras existen Empresas que son Estados.

El anterior 01 de septiembre se presentaron 7 luchadores políticos y sociales del río Guapinol, criminalizadas por el proyecto minero Inversiones Los Pinares, en el Parque Nacional Montaña de Botaderos. Se les ha sobreseído los cargos por asociación ilícita y robo agravado, pero al mejor estilo de la justicia corrupta, se les ha dictado auto de formal procesamiento por incendio agravado y privación injusta de la libertad.

Las siete personas son Porfirio Sorto, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez. Sumado a los luchadores Jeremías Martínez, quien guarda prisión desde diciembre de 2018 y Antonio Martínez quien falleció en el año 2015, dos años previos de presentarse el requerimiento fiscal.

Desde el MADJ nos solidarizamos con las y los compañeras y compañeros luchadores políticos y sociales, acusados por el ya inoperante y ampliamente cuestionado sistema de justicia, que con fondos públicos custodian la propiedad privada y utilizando el derecho penal como instrumento para proteger los intereses de quienes despojan permanentemente al país.

Hacemos el llamamos al dialogo popular directo con los actores de quienes hoy enfrentan al modelo de despojo, a no seguir el compás del guion del sistema, creemos y sostenemos que debemos y tenemos la capacidad de establecer pautas que nos posicionen a la altura de la transformación que requiere el país.

Desde nuestra base comunitaria abrazamos y nos sumamos al proceso político de resistencia de las y los compañeros de Guapinol, estamos convencidos que para detener esta guerra contra el pueblo no bastan las consignas, necesitamos pensarnos y construir un nuevo país.

Ante lo anterior establecemos que;

Que no pararemos en la lucha contra el modelo de despojo, empobrecimiento y violencia.

Que intensificaremos la lucha por la libertad de los presos políticos, la presentación de los desaparecidos y la justicia para los asesinados.

Que la ola represiva es en respuesta a esa resistencia contra el despojo que no conoce mesura, pero también ante la determinación de la población hondureña.

Que ante el mal llamado mes patrio, hacemos el llamado a la población hondureña, a organizarse, a salir a las calles, a sumarse al proceso político por la liberación y transformación de Honduras.

Desde la resistencia a la soberanía con dignidad.