Soberana desobediencia contra la narcodictadura y el coronavirus

A cuatro meses de confinamiento social y cuarentena sanitaria, Honduras ha superado los 27,000 casos de COVID-19, pero solo se han realizado 68,009 pruebas de un total 9.3 millones de personas y se ha destinado un presupuesto que supera los 4 mil millones de dólares para la gestión de equipo médico, logístico y humano.

La narcodictadura que preside Juan Orlando Hernández Alvarado, junto con los bancos, partidos políticos bajo su control, alcaldías municipales, empresas privadas, cámaras de comercio y asociaciones público-privadas, carentes de ética y respeto a la dignidad humana, han atentado contra la vida de las y los hondureños restringiéndoles y coartando la oportunidad de acceder a un eficiente sistema de salud pública, ya que el existente está colapsado debido a la privatización, tercerización y desenfrenada corrupción a la que ellos mismos lo sometieron.

El 11 de abril, INVEST-H junto al régimen informó haber realizado gestiones para la adquisición de (7) hospitales móviles, 250 mil pruebas PCR y 740 ventiladores, de los cuales los primeros (2) hospitales móviles estarían totalmente instalados a finales del mes de junio. Sin embargo, a dos meses de haberse anunciado estas gestiones se ha destapado, sin que cause asombro, una serie de actos de corrupción en la compra de los equipos médicos referidos. El plan corrupto incluye conexiones con empresas internacionales de maletín, realización de contratos millonarios sin determinar garantías, ni sanciones por su incumplimiento, falsificación de documentos, firmas y facturas, nulo seguimiento de protocolos administrativos en el manejo de fondos del Estado, entre muchos otros.

            Durante la pandemia, han sido múltiples las protestas realizadas por el Colegio Médico, sector transporte, mercaderes, enfermeras/os, personal de hospitales, personas particulares y muchas organizaciones sociales y populares entre ellas el Movimiento Amplio exigiendo rendición de cuentas, alimentación, equipo de bioseguridad y condiciones dignas de trabajo. Sin embargo, el régimen ha sido incapaz de brindar resultados y no le quedado más reacción que la utilización de la fuerza y la irracionalidad, reprimiendo a quienes manifiestan descontento frente a la administración central por el pésimo manejo de la crisis política-sanitaria y el rechazo rotundo al régimen narco dictatorial.

Hasta ahora, el resultado de estos actos de corrupción, según los datos del mismo régimen, ha sido la muerte de 750 hondureños y hondureñas. Estas condiciones hospitalarias precarizadas, ha puesto en riesgo y ha cobrado la vida del personal de salud y de las y los pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, problemas renales y cardiorespiratorios, así como de la población en general.

Ante esta desastrosa realidad, desde el Movimiento Amplio cuestiones, expresamos y proponemos:

  1. Llamamos a la población a poner en marcha todos los mecanismos posibles de resistencia pacífica y desobediencia civil. A no hacer efectivo el pago de agua, luz e internet a las compañías privadas y usureras que han colocado sus intereses privados y personales por encima de las vidas de las y los hondureños.
  2. Animamos a la población a no consumir en aquellas empresas que han despedido y coartado los derechos laborales de las y los trabajadores y limitando con su poder la reapertura de las micro y pequeñas empresas.
  3. Es importante apoyar y consumir el comercio local y barrial por encima de las disposiciones irracionales para “aperturar” la economía de las familias pudientes y usurpadoras de la economía del país, quienes hacen llamados reiterativos a través de cadenas nacionales para que la población consuma en sus farmacias, sus gasolineras, sus supermercados y sus bancos.
  4. Instamos a la población a crear consejos de vigilancia comunitaria integrados por Iglesias, patronatos, consejos indigenas y asociaciones de padres y madres de familia para evitar la brutalidad policial y militar en contra de las y los jóvenes, mujeres y trabajadoras/es.
  5. Proponemos a la población no hacer efectivo el pago de intereses de préstamos bancarios, planes telefónicos, hipotecas, hasta un nuevo arreglo de pago proporcional a la inflación, devaluación y a la crisis que nos azota.
  6. Motivamos a la población a fortalecer la organización familiar, barrial y comunal para resistir la ofensiva de la Narcodictadura, la propagación de la COVID-19 y el cuidado de la sociedad en pleno ejercicio de soberanía, haciendo uso del artículo 3 constitucional.
  7. Es un derecho de la población exigir, sin condiciones, que las y los grandes millonarios cuyos capitales han crecido a expensas del Estado y del capital transnacional paguen la deuda adquirida por narcotraficantes y defraudadores del Estado, porque son la misma cosa.
  8. Finalmente, deploramos el papel de la UE, OEA, SICA y otras instancias internacionales por su cómplice silencio frente a la corrupción, el narcotráfico, la ineptitud y fracaso rotundo del régimen JOH en la gestión de la pandemia. Lamentamos que la lógica de estas instancias este fundada en los negocios y la acumulación de poder a cualquier costo y no en el respeto a la Dignidad Humana.  

Hasta la Dignidad Siempre!

Opinión| De República Bananera a Narcoestado

Por Diego Aguilar:

  1. Una de las acciones prioritarias de la reforma liberal de 1876 fue la inversión de capital extranjero, al igual que la dictadura de Carías, los gobiernos militares, la modernización agraria y el reajuste estructural neoliberal de 1982 hasta el golpe de Estado en 2009 y los gobiernos golpistas posteriores, todos se han caracterizados bajo criterios nacionalistas y fundamentalistas religiosos como única salida a la crisis política y socio económica (migración, combate al narcotráfico y crimen organizado, reducción de la pobreza, entre otros), sin resultados hasta la fecha y con una profundización paulatina.

Si bien es cierto que las y los hondureños comparten una diversidad cultural, también es compartida la desintegración territorial, la supresión de libertad de ejercicio de derechos, la ausencia de un mercado interno consolidado y planificado, así como clases sin sentido plural, intercultural, democrático y popular.

Desde 1824 hasta 1876 se desarrollan en el país alrededor de 150 rebeliones armadas y hasta 1933 gobernaron más de 100 administraciones, después de los gobierno de Marco Aurelio Soto y Luis Bográn entre 1877 y 1886, la facción liberal se dividirá en ortodoxos y disidentes siendo una pugna entre la nueva pequeña burguesía y los herederos coloniales. En este sentido, ¿Quiénes son los herederos de los gobiernos militares entre 1963 y 1980, del reajuste neoliberal de 1990 – 2009 y del Narco Estado 2010 – actualidad?

La narcodictadura militar y del capitalismo, al igual que los gobiernos producto de la ruptura del orden constitucional predecesores,  son una necesidad histórica de las clases dominantes, y en el actual periodo histórico, de las vinculadas al crimen organizado y lavado de activo, para pagar los créditos otorgados producto del colapso económico de la crisis financiera de la bolsa de EEUU en 2008, el saqueo al Estado luego del golpe en 2009 y el detente del avance del MERCOSUR, ALBAPETROLEO y del Socialismo del Siglo XXI mediante gobiernos progresistas en Suramérica.

Carías y Hernández ¿Continuismo al servicio de quién?

En 1932 se celebraron elecciones presidenciales en Honduras, Tiburcio Carías en su tercer intento llegara a la presidencia, siendo este el actor escogido desde inicios de su carrera política por la United Fruit Company donde Hillyer V. Rolston era su vicepresidente.[1]  

En su mandato, más de 900 millas de ferrocarril se construyeron en el Cariato, pero ninguna para función del Estado y de la sociedad, al contrario, se encontraban en manos de los gigantes transnacionales; Standart Fruit Co., United Fruit Co., y Cuyamel Fruit Co y de la Embajada de Estados Unidos[2]. Este hecho histórico se repite y recrudece desde el golpe de Estado en 2009 y en la narcodictadura de Hernández, con concesiones para la producción de energía, de extracción de minerales, de monocultivo de palma africana, complejos turísticos, instalación de Zonas Especiales de Desarrollo o Ciudades Modelo, corredores carreteros, peajes, puertos y aeropuertos, armamento de guerra y tasas de seguridad, todo al servicio del narcotráfico, lavado de activos, bancos financieros, cárceles de máxima seguridad, medios de comunicación e iglesias.

El principio básico de Carias en 1933 en su primera administración al igual que en el periodo post golpe de estado en 2009, era la necesidad de atraer capital extranjero. Posterior a la comisión de la verdad en 2010, para 2011 se lleva a cabo en la ciudad de San Pedro Sula, el Honduras Open for Bussisnes bajo la cancillería de Mario Canahuati Larach, participe del golpe de Estado y empresario de maquilas.

Para el 28 de febrero de 1942 Carías autoriza junto al Congreso Nacional que las empresas desmantelaran toda su infraestructura con el decreto 61[3], el gobierno de Carías profundizo el empobrecimiento y marginación de las/os trabajadoras/es, las/os campesinas/os, indígenas y afrohondureñas/os, principalmente en aquellos departamentos donde se concentraban las empresas bananeras, siendo este hecho, además de vergonzoso, un escalón más a la impunidad de las empresas transnacionales. La administración Hernández por su cuenta y bajo la militarización de las instituciones y la sociedad, ha incrementado los impuestos para la clase trabajadora, campesina e indígena, beneficiando a los grandes consorcios públicos privados entre la banca nacional e internacional y El Estado a través del lavado de activos, despojando de toda responsabilidad a los autores intelectuales y materiales del Golpe de Estado, el desfalco al IHSS, SAG, BANADESA, concentrando el poder económico y político en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Es con Carías que nace la frase “encierro, destierro o entierro” en su período dictatorial de 1933 a 1949, esta premisa que tomara fuerza durante el periodo Cariísta para que en sus primeros 3 años de administración “acuda al llamado de los representantes del pueblo” en el Congreso Nacional, aprobando la convocatoria a una asamblea nacional constituyente aprobada por 52 votos a favor y 2 dos en contra, haciendo el llamado a la misma el 7 de enero de 1936 bajo decreto no. 26.

¿Acaso este hecho histórico no se remonta a nuestros días? la migración, los procesos judiciales y las masacres y/o asesinatos selectivos a trabajadoras/es, campesinas/os, indígenas, afrohondureñas/os, mujeres, estudiantes y luchadoras/es sociales son las políticas de terror de Estado adoptadas por la administración de Hernández Alvarado.

Otro de los componentes de la narco dictadura es la imposición y la fuerza. Los elementos legales, legislativos y constitucionales no son más que un montaje ante la ausencia de democracia y poder para la sociedad hondureña,  con vallas militares en el Congreso Nacional, Poder Judicial y Casa Presidencial, así como en la institucionalidad pública (escuelas, hospitales, ministerios, entre otros), fortaleciendo la impunidad, la narco actividad y el lavado de activos.  

Carias bajo la política de estado de la Reconstrucción Nacional, al igual que en 1936, en 1939 surge nuevamente “la necesidad popular” del capital transnacional de hacer el llamado a través de las comandancias de armas, comités de defensa civil y militantes del partido nacional para el periodo continuista reformando el artículo 202 de la constitución de 1936, y prolongar el mandato del dictador hasta el 1 de enero de 1949. Hernández, que implementa el programa Vida Mejor en 2013 hasta la fecha, reformo el artículo 239 de la constitución de 1982, de la mano del fiscal general Oscar Chinchilla, el presidente de la Corte Rolando Argueta entre otros actores intelectuales del narcoestado, en un proceso inusualmente acelerado fallando a favor el 24 de abril de 2015 a través de la Sala de lo Constitucional, dando luz verdad al proceso de reelección presidencial.

Hernández y la narco dictadura, han reducido que ante la crisis capitalista global en 2008 y post golpe de Estado 2009 – actualidad, son responsabilidad de las administraciones anteriores, sobre todo de la administración Zelaya Rosales, separando las deudas históricas de impunidad, terror de estado y corrupción, producto del bipartidismo, el capital transnacional, las intervenciones militares y económicas de EEUU.

  • Aproximaciones.

Hoy quienes sostienen a las dictaduras pretenden, una vez más, procurar sostener el establishment del lavado de activos, haciendo llamados prematuros a contiendas electorales internas y acelerando el proceso de impunidad con la no renovación de la MACCIH-UFECIC, creando unidades de investigación fiscalizadas por el Ministerio Público a través de la UFERCO y con manifestaciones propias del narcotráfico.

Ejemplo de ello, el 13 de febrero del 2020 en la ciudad de El Progreso, donde dos unidades de las fuerzas armadas, la policía militar y la fuerza nacional anti maras y pandillas; ambas financiadas por la tasa de seguridad, se enfrentaron con armas de grueso calibre en el palacio de justicia, asesinando a 5 miembros de las fuerzas armadas debido a una operación militar para el rescate de Alexander Mendoza alias “El Porky”, quedando en evidencia la disputa entre carteles y la eliminación sistemática de sus actores, como fue el asesinado de Magdaleno Meza el 26 de octubre del 2019 en la cárcel de máxima seguridad de El Pozo, luego de declarar culpable a Juan Antonio Hernández, hermano del presidente, en la corte del distrito sur de Nueva York.

Luego de 11 años de dictadura, dos fraudes electorales 2013 y 2017 y miles de desplazados, encarcelados y asesinado; la esperanza de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, del Frente Nacional de Resistencia Popular, de la conformación del Partido Libertad y Refundación y del Espacio Refundacional, es de carácter obligatorio para aquellos que aún sienten vergüenza por que las y los hondureños padecen hambre, salud, seguridad, vivienda, dignidad y justicia.

El unificar criterios en un programa político amplio, coherente, plural y principalmente que trastoque las estructuras criminales del poder, sin medias tintas y afrontando la historia como los pueblos de Honduras lo han hecho hasta ahora, con resistencia, dignidad, poder y soberanía popular.  


[1] Diego Aguilar es historiador, encargado político de las Áreas de Formación y Educación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

[1] Zuniga Huete, Angel. Un cacicazgo centroamericano. México 1938. Pp 73.

[2] Sagastume Fajardo, Alejandro Salomón. Tiburcio Carias Andino, enclave y dictadura 1933-1949. Tegucigalpa, 1985. Pp. 27

[3] Este incluía “remover, levantar desmantelar, disponer y sacar libremente como ella quisiera, los rieles de las vías principales, ramales, subramales, espuelas, espolones y desvíos, así como todo material rodante y todos los puentes de hierro , a vender instalaciones a otras empresas, y que finalmente el gobierno decretara que la compañía quedaba eximida, relevada y descargada por siempre de cualesquier reclamo, demanda, acciones o derechos que el gobierno tuviera contra ella, y declarara además que la compañía había dado hasta la fecha, debido cumplimiento a todas las obligaciones emanadas de las contrata, Ibidem.

Bibliografía consultada

Díaz Arrivillaga, Efraín.  Robleda Castro, Roberto. Salomón, Leticia. Honduras, Hacia una Política Económica Alternativa. CEDOH, Tegucigalpa 1995.

Sagastume Fajardo, Alejandro Salomón. Tiburcio Carias Andino, Enclave y Dictadura 1933-1949. Tegucigalpa 1985.

Zuniga Huete, Angel. Un Cacicazgo Centroamericano. México 1938.

Brignoli Pérez, Héctor. Historia General de Centro América. De la posguerra a la crisis. Tomo V. Madrid, 1993.

Wilmer Paredes, 2 años de su legado

Por Heidy Alachán

Hoy queremos que su nombre y su ejemplo, sea la primera luz que ilumine este 2020 y los retos que tenemos frente a nosotras.

Era el primer día de enero, como hoy. Hacía calor desde temprano. Había sido una navidad atípica y una despedida de año atípica también. Los días previos al 22 de diciembre, miles de calles del país entero se habían convertido en verdaderos centros de concentración, en escenarios de batallas campales, con residuos de objetos quemados, vehículos, llantas, bombas lacrimógenas, sangre inocente, lágrimas, llantos largos y mucho dolor.

El fraude electoral de noviembre de 2017 nos heredó un fin de año sin precedentes y cuando pensamos que todo se había detenido y volvía mínimamente la normalidad de un primero de enero, alrededor de las 7:30 de la mañana, en una casa de la aldea de Lombardía, Esparta, en el departamento de Atlántida, luego del estallido de varios disparos de arma de fuego y desconocidos huyendo del lugar, Wilmer Adalberto Paredes Gámez, estaba muerto.

Para quienes recibimos la noticia casi inmediata, los momentos y recuerdos empezaron a desfilar automáticamente. Sí, era Wilmer Paredes, el mismo Wilmer por quien el 16 de diciembre de 2017 habíamos hecho miles de llamadas a Soraya Morales, a Franklin López, a la fiscal de turno de la Ceiba, e incluso a fiscales que mínimamente podían intervenir en la emergencia, pero teníamos que intentarlo todo y agotar todas las instancias posibles. Por quien nuestros compañeros(as), nuestro coordinador general y observadores internacionales habían puesto su propio cuerpo a cambio de sacarlo a salvo de las manos de militares.

Era el mismo Wilmer que ese 16 de diciembre había sido brutalmente golpeado y torturado junto a otros jóvenes, entre ellos dos de nuestros compañeros de organización, por agentes de seguridad del Estado, en la represión policial y militar sobre la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de Agua Tibia, en Atlántida.

Ese día Wilmer, no solo fue víctima de la represión general, sino que fue también sometido a tratos crueles y degradantes. Los agentes, entre gritos, golpes y choques eléctricos (tasser) le obligaron junto a otros jóvenes, a retirar los restos de llantas en llama, piedras y varios metros de arena que estaban sobre la carretera CA-13. Algunos con palas, pero en su mayoría con las manos y pies, mientras eran golpeados y encañonados con fusiles.

Como si no fuera suficiente, mientras sucedía todo eso, les intimidaban con choques eléctricos (tasser) cerca de sus rostros. Les gritaban palabras y frases groseras. Burlándose entre ellos, les preguntaban a gritos: ¿“dónde está tu pueblo unido”? “vagos”. Luego se reían, les lanzaban golpes, patadas, escupitajos y arena en los ojos, cabello y cuerpo, durante una hora y media. Luego de ese día, Wilmer estuvo recuperándose de los golpes en cama, no logró levantarse para denunciar junto al resto lo que había pasado.

Luego vinieron también el resto de recuerdos. El intercambio de llamadas de Martín Fernández con el personal del mecanismo nacional de protección para defensores y defensoras. El comportamiento y el análisis de la abogada encargada quien excusó su inacción en el hecho de que Wilmer Paredes no formaba parte de la población beneficiaria de la protección del mecanismo.

No fue suficiente para ella escuchar relatados fielmente por Martín, todos los hechos narrados por Wilmer, incluso sus miedos al límite del llanto en días recientes, cuando llegó hasta donde él a contarle que camionetas y vehículos extraños le daban seguimiento de forma permanente, que temía por su vida y la de su familia y que necesitaba ayuda y protección.

No, para el mecanismo nacional que se nutre de millones del dinero de la cooperación internacional y que con sus mentirosos avances y logros el Estado de Honduras se brinda pompas y platillos ante los organismos internacionales de derechos humanos, Wilmer Paredes no estaba en una situación de emergencia y su vida no mereció siquiera una actitud flexible, una mínima acción. Tres días después de esas llamadas, Wilmer estaba muerto.

Luego de su asesinato, su velorio y su entierro, los ataques y persecución al resto de jóvenes que como él, asumieron la resistencia anti fraude en San Juan junto y desde el MADJ continuaron. Algunos de ellos tuvieron que salir de sus lugares de habitación y no han podido regresar hasta la fecha.

La Dirección de Investigación Policial (DPI) “hizo su trabajo”. En su sofisticado informe de investigación, al mejor estilo de Honduras consignó como hechos relevantes que Wilmer trabajaba en una discoteca, que en días anteriores había tenido conflictos con clientes del lugar y que, tenía como antecedente el atropellamiento de una persona quien cuyos hijos indignados por el hecho podían ser pieza clave en la investigación. No escribieron una letra sobre el fraude, la movilización y el papel de Wilmer en medio de todo eso. Hasta la fecha, la justicia no llega y ni siquiera asoma.

Pero hoy, que han pasado dos años desde que Wilmer Paredes ya no está. Que no está más el compañero decidido con el que se paralizaron las calles de San Juan y se hizo sentir el Fuera JOH en Atlántida, desde el MADJ, queremos exigir justicia, por supuesto, pero no queremos que su nombre y su lucha se quede en una estadística más del fraude, del saldo de dolor y muerte que dejó.

Queremos confeccionar a pedacitos su historia y su vida, su ejemplo y su legado, que son finalmente las cosas y los hechos que siguen haciéndolo presente en nuestra historia propia.

Hoy recordamos a Wilmer Paredes. Sí, al mismo Wilmer, que estuvo a cargo de la seguridad de las movilizaciones anti fraude en San Juan Pueblo. El mismo que detectó al policía infiltrado y que luego de quitarle la fatiga y sus botas, lo entregó detenido con sus propias esposas. Era el Wilmer de liderazgo nato, indiscutible. De decisiones precisas, claras y oportunas.

Hoy queremos que su nombre y su ejemplo, sea la primera luz que ilumine este 2020 y los retos que tenemos frente a nosotras. Qué sea claro, enceguecedor que esta realidad nuestra hay que enfrentarla de esa forma, con determinación y fuerza. Sin comodidades, ni esperas o postergamientos. Que hay que pelear contra esta realidad hasta devolverla así, controlada, sin poder, sin la capacidad de seguir humillando a nuestro pueblo y nuestra gente, para que la dignidad sea la única forma de vida posible.

“La Patria sigue viva y con memoria.”

Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Editorial: El COHEP en el país de la narcodictura

EL COHEP EN EL PAÍS DE LA NARCODICTADURA

El viernes 18 de octubre el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), presentó al pueblo hondureño su posición oficial ante la crisis en la cual nos ha sumido la narcodictadura. Lo planteado evidencia lo lejos que está el COHEP de asumir con valor y dignidad el verdadero papel que le corresponde en este momento de desenmascarar a aquellos empresarios y empresas que habiéndose coludido con la narcodictadura gobernante se dedicaron a “blanquear” miles de miles de millones de Lempiras durante las dos décadas transcurridas del presente siglo.

Demuestra también su intención de continuar protegiendo el sector narcoempresarial de banqueros, industriales,  y cualquier otro tipo de empresarios vinculados a la estructura criminal que gobierna Honduras.

¿Qué propone el COHEP y cómo podría esto realizarse en la práctica del país? El COHEP propone alternancia y legalidad, pero, ¿de qué alternancia hablan los empresarios si ellos mismos fueron parte legitimadora de la narcodictadura cuando en las últimas elecciones se impuso el fraude electoral para favorecer el continuismo del dictador? Propone Independencia de poderes, pretendiendo ignorar el control absoluto del ejecutivo sobre los otros dos restantes y lo hace porque seguramente la eliminación de la independencia de poderes le ha traído muchos beneficios a costa de impactar negativamente a la clase trabajadora en el país.

Propone profesionalismo de las Fuerzas Armadas y Policía, pero ¿a qué profesionalismo de estos entes criminales se refiere el COHEP? No puede llamarse profesionales a un ente militar señalado por la ONU en asesinatos en contra de la ciudadanía. No puede ser un acto profesional apagar los radares para que las narco avionetas no pudieran ser identificadas, no pueden serlo aquellos que se benefician del impuesto de guerra que las maras cobran a los pequeños y medianos empresarios. No pueden llamarse profesionales sino asesinos los policías y militares coludidos desde las altas esferas con narcotraficantes y empresarios corruptos.

El COHEP propone la adopción de medidas económicas, ignorando que lo que población hondureña exige no es más que políticas económicas claras con justicia social. No queremos que se continúe asaltando los bienes naturales de los pueblos. No nos parece dinámica aquella economía en la que el obrero y obrera recibe salarios de hambre y se ve forzado a trabajar hasta 18 horas diarias para sobrevivir.

Lo mismo sucede con su propuesta de medidas sociales desaparecidas por los continuos asaltos de funcionarios corruptos pertenecientes a la corte narcodictatorial desde instituciones como el PANI, cuyos fondos debieron destinarse a la niñez desprotegida de Honduras; desde la SAG, con el robo de más de 280 millones de Lempiras destinados inicialmente a fortalecer iniciativas productivas de la mujer y juventud rurales y desde BANADESA, donde fueron asaltados los fondos con que se iba a producir el pan de las familias campesinas agricultoras.

Más irrisorio aún es la propuesta de establecimiento de leyes y seguridad ya que la población hondureña sabe sobradamente que las leyes de la narcodictadura no han servido nada más que para favorecer el despojo de las comunidades de sus bienes naturales y encubrir a los empresarios ladrones y funcionarios corruptos que se han enriquecido ilícitamente.

Con la formulación de estas ilusas recomendaciones probablemente el COHEP pretendió ahorrarse neuronas como si de dinero se tratase. Con este documento la organización nacional de los empresarios se ha lucido como una institución más del establishment narcodictatorial; servil al narcodictador como lo son las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Legislativo, Poder Judicial y todo cuanto poder corrupto existe en nuestra Honduras.

Frente al COHEP y todas las fuerzas criminales de la narcodictadura el pueblo continúa exigiendo el fin del cartel gobernante, el castigo de su séquito de asesinos y la convocatoria inmediata a una nueva constituyente.

28 de octubre de 2019

¡DESDE LA DIGNIDAD SIEMPRE!

Editorial: De coaliciones de oposición y movimientos sociales

DE COALICIONES DE OPOSICIÓN Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Frente a la condena de Juan Antonio Hernández, la confirmación de los vínculos de Juan Orlando con el narcotráfico, de la condición de Honduras como narco Estado y la claridad adquirida por la población hondureña en relación al Partido Nacional como estructura criminal culpable de la grave crisis política, económica y social que mantiene en convulsión al país aparece como una de las alternativas inmediatas la recién anunciada Coalición de Unidad de Oposición.

Al respecto, coincidimos que la coyuntura requiere de la unidad honesta de las fuerzas políticas y sociales del país, que tenga como una de las principales finalidades articuladoras la remoción de JOH del poder ejecutivo. Sin embargo, esa Coalición obligatoriamente debe asumir como finalidad la consolidación de un programa popular de transformación radical del Estado que vaya más allá del planteo en la esfera meramente electoral.

Debe regirse bajo los principios de unidad de acción, pluralidad de pensamiento y coherencia política, renunciando a la concepción exclusivamente político partidaria del espacio para dar paso a una plataforma de carácter nacional que reivindique nuestra responsabilidad histórica no solo de lograr la salida del usurpador sino también de construir la propuesta alternativa del país que deseamos.

Para transformar el país se necesita mucho más que propuestas declarativas, se necesitan contenidos concretos y en ese sentido, es momento de saldar la deuda histórica entre movimientos sociales y partidos políticos entendiendo que la definición de una ruta estratégica en la actual coyuntura debe ser construida con el pueblo y desde el pueblo, escenario en el que las organizaciones de base y el movimiento social y popular jugamos un papel fundamental. Los partidos políticos no pueden seguir viéndonos como una masa de votantes carentes de criterio respecto de la esfera electoral ya que estaríamos repitiendo los errores del pasado. 

La Coalición de Unidad debe tener la suficiente apertura en lo concreto y garantía de romper con las prácticas de la política partidaria tradicional en pro de la unidad que nos demanda el momento histórico. La inclusión de los movimientos sociales y populares en la Coalición de Unidad de Oposición que pasa porque más allá de la apertura aparente, estos asumamos nuestro lugar y responsabilidad, debe partir por asegurar la participación equitativa y plural en la toma de decisiones al interior de este espacio. que trascienda lo coyuntural.

El llamado a la unidad debe ser un llamado a la erradicación del Narco-Estado y la construcción de uno nuevo y no ser un proceso político partidario de un cambio de gobierno por otro, en ese sentido, reiteramos que ante la insostenibilidad política y económica del país, la infuncionalidad del sistema de justicia y una red criminal en el poder, la coyuntura nos demanda responsabilidad y coherencia para que la articulación no sea solo para instrumentalizar la protesta y movilización sino para organizarnos e integrarnos en torno a una agenda política común.

El encuentro de los partidos políticos y movimientos sociales no solo debe ser en la calles sino paralelamente también en un espacio de trabajo permanente de la agenda de lucha y el programa de acción que le de contenido y dirección política al espacio, sólo así la la articulación se vuelve transformadora y constructora de procesos. 

Por nuestra parte, coherentes con el compromiso mostrado y sostenido por pueblos, comunidades y otros actores sociales que hemos permanecido en resistencia en contra de la narcodictadura como instancias autónomas de los partidos políticos, llamamos a que la Coalición y la unidad sea completada respecto a los actores y del fondo de la ruta que se trace en pro de la dignidad y la justicia de Honduras y en eso disponemos nuestra fuerza, compromiso y trabajo.

21 de octubre de 2019

¡DESDE LA DIGNIDAD SIEMPRE!

Narcodictadura al descubierto y la urgencia de movilización

Fotografía: Martín Cálix

Editorial: Narcodictadura al descubierto y la urgencia de movilización

El 2 de octubre inició el juicio en contra de Juan Antonio Hernández, conocido como “Tony Hernández”, diputado por el Partido Nacional y hermano del presidente de Honduras ilegalmente reelecto, Juan Orlando Hernández. Tony es juzgado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York en los Estados Unidos de América acusado por cuatro delitos: narcotráfico, tráfico de armas, conspiración para introducir droga a los Estados Unidos y falso testimonio.

Un documento presentado por la Fiscalía del Distrito Sur reveló que 15 personas del Partido Nacional tienen relación con el juicio y con las actividades que son objeto de juzgamiento, entre estos  Juan Orlando Hernández, confirmando lo que la población hondureña sabía con certeza desde hace varios años: el Partido Nacional es una estructura criminal  indiscutiblemente vinculada con el narcotráfico. 

Queda completamente claro que es una institución de delincuentes, putrefacta y corroída,  a la que no le ha bastado su propia autodestrucción, sino que  ha salpicado todas las estructuras del Estado. Se han asociado para saquear y  malversar los bienes públicos asegurando un ambiente que les garantizara impunidad. Han asesinado directa e indirectamente a miles de personas con sus robos millonarios, saqueos y desfalcos.

Si a todos los señalados les quedara un poco de ética y vergüenza depondrían de sus cargos inmediatamente, pero no ha sucedido, ni sucederá y frente a esto hay responsabilidades compartidas. El acostumbrado servilismo perverso de los medios corporativos de comunicación que han pretendido ingenuamente ocultar, tergiversar y negar las declaraciones de las más grandes cadenas internacionales y la actitud cobarde de los “grandes líderes” del país y los partidos políticos que a cambio de negociaciones de cuotas de poder en instancias y de complacer al imperio guardan silencio y terminan siendo piezas claves para que la narco dictadura se sostenga.

Es urgente la ineludible obligación de sacudirnos de una vez por todas este régimen. Desde el MADJ reafirmamos que la única forma y la más urgente es la organización y movilización popular, en todos los departamentos y municipios del país. Organización zonal, barrial y comunitaria,  a través de una articulación nacional genuina y comprometida con la refundación del país, que exija la salida inmediata de Juan Orlando Hernández, la renuncia del Fiscal General y Adjunto a la cabeza del  Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, de los diputados y diputadas involucrados. Que exija una depuración, enjuiciamiento y castigo a todos los corruptos, criminales y cómplices del narco partido nacional, merecedores de todo el desprecio y repudio de la población hondureña.

Debemos iniciar la búsqueda de nuevos liderazgos salidos de nuestras entrañas, probados en la lucha y fieles al pueblo que trasciendan a comentarios cómodos desde redes sociales y al postergamiento de las acciones urgentes. No debemos ni podemos esperar justicia de parte de Estados Unidos. Esta no llegará a no ser que le reditúe dividendos a sus empresas o a cambio de hipotecar la sangre de nuestros jóvenes en guerras asesinas contra países hermanos del continente. 

Insistimos en encontrarnos, en unificar todos los sectores, en vernos de manera inmediata con las organizaciones populares de base e inmediatamente después con otros y todos los espacios que tengan como prioridad y compromiso político rescatar al país de la dirección de un gobierno y partido de narcotraficantes criminales y en esa tarea, seguimos poniendo nuestro compromiso, empeño y disposición.  ¡Encontrémonos en las calles, en la propuesta, en la discusión y en el trabajo por la Honduras que soñamos!

7 de octubre de 2019

¡DESDE LA DIGNIDAD SIEMPRE!