Hoy es el día internacional contra la corrupción y muchas/os nos preguntamos ¿para qué se conmemoran estos días si el mal que se pretende eliminar cada vez toma más auge en nuestras sociedades?
En el escenario reciente Naciones Unidas nos brinda datos que cuestionan las políticas públicas anticorrupción a nivel mundial. “Cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interior bruto mundial”. El índice de percepción de la corrupción utiliza una escala de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y 100 es muy limpio, Honduras figura con un porcentaje alarmante de 29. Según datos brindados por la organización no gubernamental Transparencia Internacional.
La corrupción histórica es desbordante, al punto que su normalización producto de la saturación de información, nos causa impotencia, desmovilización pero principalmente; impunidad y privatización del acceso a la justicia. La mayoría de la gente, no se satisface con etapas indagatorias y presunciones. Quiere sentencias, ver detenidos a la/os principales responsables intelectuales y, sobre todo, que se recuperen las sumas millonarias producto de estos hechos corruptos.
La sociedad hondureña ha esperado con paciencia infinita el avance de las investigaciones y juzgamiento de los casos de corrupción de los gobiernos, con mayor fuerza desde la aparición política de la UFECIC. Con un puñado de altos cargos tras las rejas, varios ex funcionarios públicos prófugos y una infinidad de expedientes abiertos y sin avances investigativos, fiscales y jueces se enredan en la maraña del acceso a la justicia estructurada desde la corrupción histórica y el narcoestado.
Los casos más notorios tienen que ver con el tráfico de droga, lavado de activos y abuso de autoridad desde la banca, las finanzas, las fuerzas armadas y el Estado, y su trama corrupta que contaminó varias de las instituciones públicas. También quedó al descubierto un modus operandi basado en el drenaje de fondos públicos para las campañas políticas mediante la creación de ong´s inexistentes, precarización y privatización de las instituciones públicas, militarización de la sociedad y escandalosos y millonarios saqueos a instituciones como el Seguro Social, entre otras.
También el concesionamiento, licenciamiento y permisos de operación de las industrias extractivas y el capital transnacional, el cobro desmesurado en intereses por la banca, la violencia sexual y feminicidios, la criminalización y asesinatos selectivos contra luchadoras/es político sociales, el pactismo entre instituciones partidarias, entre muchos flagelos más se sostienen y perpetúan por la impunidad garantizada mediante la corrupción institucionalizada que permite que el engranaje estatal subsista sobre la base de comisión continuada de ilícitos, por los cuales debería deducirseles responsabilidad penal.
Es claro, la corrupción es la base del modelo económico capitalista, fundamentalista y conservador, por ello, las políticas anticorrupción adoptadas por convenios internacionales, son solamente un aliciente ante la profunda crisis política y social vinculada al tráfico de drogas y al narcoestado. Es uno de los pilares que sostiene al Estado y en el caso particular de Honduras, a la estructura criminal en la que han convertido el engranaje estatal dirigido por funcionarios no solo corruptos sino también criminales reconocidos y señalados internacionalmente como profesionales del tráfico de drogas.
Para las condiciones de Honduras, la lucha contra la corrupción pasa obligatoriamente por desmontar de manera urgente y frontal la estructura del narco partido nacional, sus tentáculos en cada institución del Estado, sus modos criminales de operar, por limpiar el escenario actual de quienes son los provocadores y que sostienen las diversas crisis profundas del país en la que, la ocasionada por la corrupción institucionalizada es solo una de estas. Y para esto, debe asumirse con claridad de más allá del papel de instancias internacionales, lobbies políticos, pactos y negociaciones interpartidarias.
Hace 11 años el MADJ en su nacimiento como organización política declaró que; […] proclamamos […] la guerra contra los enemigos de la patria, los que la entregaron al capital internacional, los que saquearon la empresa pública, los que destruyeron y siguen destruyendo nuestra riqueza ambiental, las que capturaron todas las empresas del Estado, los que impidieron la vigencia de un verdadero Estado de Derecho en Honduras. Esa es la guerra que debemos ganar […] Y ante esta declaración, nos suscribimos permanentemente.
9 de diciembre 2019.
¡Hasta la Dignidad Siempre!