POSICIONAMIENTO PÚBLICO DEL MOVIMIENTO POPULAR Y SOCIAL HONDUREÑO

Frente a los desalojos violentos y la persecución de comunidades campesinas en Honduras de Yoro y el Bajo Aguan

El Movimiento Popular y Social Hondureño (MPSH) expresa su preocupación y profunda indignación por los recientes desalojos violentos y la creciente persecución contra las comunidades campesinas en Honduras. Estos hechos no solo representan una violación flagrante a los derechos humanos, sino también una traición a los principios de la reforma agraria y los compromisos asumidos por el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro para resolver la crisis agraria.

El 22 de enero de 2025, en Agua Blanca Sur, El Progreso, Yoro, 250 familias del Movimiento «Hombres y Mujeres sin Tierra de Yoro» fueron brutalmente desalojadas en favor de la empresa Azucarera del Norte S.A. (AZUNOSA), que ocupa ilegalmente tierras destinadas a la reforma agraria en el Valle de Sula. Este desalojo, ejecutado por aproximadamente 1,000 elementos policiales y 300 trabajadores de AZUNOSA disfrazados de policías, dejó un saldo de 300 manzanas de cultivos destruidos, 150 chozas arrasadas, y cientos de familias despojadas de su hogar y sustento.

De manera similar, en el Bajo Aguán, comunidades organizadas bajo la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) enfrentan constantes agresiones, desalojos violentos y campañas de odio promovidas por corporaciones como DINANT y sectores económicos vinculados al poder político. Estas acciones no son hechos aislados, sino parte de una maquinaria de despojo que utiliza la violencia, la desinformación y la impunidad para debilitar la resistencia campesina y concentrar aún más la tierra en manos de unos pocos.

Denunciamos y rechazamos:

  1. La alianza entre el Estado y el capital agroindustrial para facilitar el despojo de tierras campesinas mediante desalojos violentos, criminalización y persecución de liderazgos sociales.
  2. El incumplimiento del Instituto Nacional Agrario (INA), la Presidencia de la República y la Comisión Agraria en la recuperación de tierras usurpadas por ganaderos, madereros, mineros y agro empresarios, quienes actúan con total impunidad gracias al fraude, la corrupción y la violencia.
  3. La falta de transparencia y justicia en el manejo de las tierras en ociosidad, que deberían ser adjudicadas a familias campesinas en lugar de favorecer a empresas vinculadas a la agroindustria usurpadoras de la tierra destinada a la reforma agraria.

Demandamos:

  1. La derogación inmediata del Decreto 93-2021, que criminaliza y agrava la persecución contra el campesinado hondureño.
  2. El cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno de Xiomara Castro en relación con la reforma agraria y la resolución de la crisis del agro, especialmente en el Bajo Aguán.
  3. La publicación inmediata de un censo de tierras en ociosidad y un plan claro para su adjudicación a familias campesinas.
  4. El cese inmediato de los desalojos violentos, garantizando la reubicación digna y el respeto a los estándares internacionales de derechos humanos.
  5. La reforma integral del sistema judicial hondureño, incluyendo la elección de magistrados y magistradas comprometidos con la justicia social, que garanticen la tutela de los derechos campesinos y no actúen como cómplices del despojo.
  6. Investigaciones rigurosas e imparciales para sancionar a los responsables de los desalojos y violaciones a derechos humanos, incluyendo a empresas como AZUNOSA y DINANT, así como a los funcionarios públicos involucrados.

Hacemos un llamado urgente a todas las organizaciones sociales y populares, tanto nacionales como internacionales, a mantenerse vigilantes y solidarias frente a estas agresiones. Es fundamental fortalecer nuestra autonomía organizativa y nuestra capacidad de articulación para enfrentar la violencia del modelo extractivista y construir alternativas que prioricen la vida, la dignidad y la soberanía de nuestras comunidades.

Reafirmamos nuestra lucha por un modelo agrario justo y sostenible, basado en el respeto a la tierra como bien común y no como mercancía. La reforma agraria debe ser una prioridad estatal que garantice justicia histórica para el campesinado hondureño, cumpliendo con las demandas de quienes han sostenido la vida y el territorio con su esfuerzo y resistencia.

¡Por la vida, la tierra y la justicia, seguimos en resistencia!

Movimiento Popular y Social Hondureño (MPSH)

Honduras, 22 de enero de 2025

Conducción Política Nacional

  • Plataforma Palagua
  • Coordinadora Ambiental indígena y Campesina de La Paz
  • ADEPZA [Península de Zacate Grande]
  • Consejo Renacer Marcala
  • CNTC– El Progreso
  • Hombres y Mujeres sin Tierra de Yoro
  • Plataforma Agraria del Bajo Aguan
  • Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
  • Bufete Estudios para la Dignidad [BED)
  • Centro de Reflexión y Estudios Ecuménicos para la Democracia y los Derechos Humanos en Honduras (CREDHO)

Dejar una respuesta