17 compañeros y compañeras, campesinos y campesinas del bajo Aguán enfrentaron el 6 de junio de 2022 a la “justicia” hondureña que nuevamente los criminaliza por reivindicar el derecho a la tierra y la lucha por recuperarla de las manos de los empresarios avaros que bajo violencia se han apoderado de miles de parcelas en esa región de Honduras.
En esta ocasión y nuevamente el papel servil del Ministerio Público ha quedado evidenciado, pues pretendió encarcelar y desalojar a nuestros compañeros y compañeras utilizando las inconstitucionales reformas al código procesal penal y código penal, en primera instancia la fiscalía solicitó al juzgado se aplicara el delito de USURPACIÓN AGRAVADA para enviar a la cárcel a los campesinos y campesinas, pero el juez desestimó esa petición.
Posteriormente, el mismo Ministerio Público solicitó el desalojo preventivo contra la empresa asociativa campesina Los Laureles a la que pertenecen nuestros compañeros y compañeras, pero nuevamente el Juzgado desestimó esta petición, convirtiéndose en un hecho histórico para las luchas por la reivindicación del derecho a la tierra en Honduras, pues la practica siempre fue desalojar y encarcelar a los campesinos para después llamarlos a juicio.
Además, la fiscalía solicitó se emitieran ordenes de captura contra los campesinos y campesinas, pero también el juzgado de letras rechazó la petición.
Este proceso de criminalización se desarrolla en medio de la firma de los acuerdos entre el sector campesino del Aguán y el Estado de Honduras y tienen como propósito buscar soluciones pacíficas a la problemática generada por el despojo de las tierras, pero la institucionalidad hondureña sigue persiguiendo a una de las partes para proteger a la otra.
Al final de la audiencia junto a los campesinos y campesinas celebramos las victorias obtenidas en el proceso.
Las y los compañeros continuarán defendiéndose en libertad a pesar de la oposición del Ministerio Público.
El juzgado denegó al Ministerio Público la imposición de las medidas de desalojo preventivo y la prohibición de que comparezcan a la zona.
Se reivindicó el derecho a la movilización popular a las afueras del Juzgado en un ejercicio de democracia participativa por la comunidad campesina del Aguán.
La próxima audiencia se celebrará el 20 de junio de 2022 a las 9:00 am en el juzgado de letras de Tocoa, Colón.
En noviembre de 2021 el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (Copinh), la Plataforma Agraria del Aguán, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y Fundambiente presentamos una acción de inconstitucionalidad contra las reformas al código penal y al código procesal penal y específicamente contra la reforma que agrava las penas y hace más expeditos los procedimientos contra los defensores y luchadores sociales, hasta la fecha no hemos tenido respuesta de la Corte Suprema de Justicia.