El 05 de septiembre el Gobierno del Partido Nacional ha decretado estado de emergencia por sequía en la mayor parte del territorio nacional. Pero ¿es por la falta de lluvia en este verano extendido? O ¿es el modelo de desarrollo desmesurado, industrializado y de despojo lo que provoca la sequía? ¿Es sequía entonces, o es saqueo de los bienes públicos?
A estas interrogantes, debemos agregarles un contexto. Las pasadas semanas han demostrado lo irrisorio e irracional que puede ser el modelo de desarrollo capitalista neoliberal con las declaraciones del Alcalde Nasry Asfura y el accionar represivo de la Secretaria de Seguridad ante las y los habitantes del sector del Hatillo quienes han realizado acciones políticas en contra del proyecto urbanístico en la reserva del parque nacional La Tigra.
El proyecto “Bosques de Santa María” que se viene gestando desde 2013 y que en los años posteriores es previsible los múltiples incendios en las faldas de La Triga, Valle de Ángeles, El Piligüin, El Hatillo y El Chimbo en Tegucigalpa. Desde 2016, el ministro de ambiente José Antonio Galdámez otorgó la licencia ambiental, al mismo tiempo, el permiso de operación fue otorgado por Walter Stoll y Roberto Zablah desde la corporación municipal.
De igual forma lo vemos en La Jutosa, en Choloma, Cortes, donde las y los pobladores se encuentran en protesta contra la empresa William & Molina, que está extrayendo la arena del río de forma excedida, por la cual la amenaza de que el río se seque es más cercana.
En San Francisco de Locomapa, donde el despojo histórico, la inoperatividad de las instituciones y la aporofobia étnica han convertido la zona en un estado sin ley. Ante esta hostilidad institucionalizada, las y los Tolupanes hoy confrontan al modelo de la industria maderera, resistiendo nuevamente a la ampliación del plan de manejo para el corte masivo de madera de Pino otorgado por el ICF, con el respaldo de la FETRIXY y los directivos de la Tribu de San Francisco de Locomapa. Hoy las y los indígenas que defienden su territorio se encuentran acusados criminalmente por dicha labor y deben enfrentar audiencia el próximo 13 de septiembre en los juzgados de Yoro.
Las y los luchadores políticos y sociales del Río Guapinol contra la empresa minera Inversiones Los Pinares, enfrentan una orden de procesamiento por los delitos de incendio y privación injusta de la libertad imponiéndoles prisión preventiva y enviándoles a una cárcel de máxima seguridad en un claro desprecio por su labor política en defensa de la vida.
Estos casos y experiencias de procesos políticos de resistencia nos obligan a cuestionarnos ¿Quién o quienes provoca la sequía y el saqueo de los bienes públicos?
El papel de la Secretaria de Seguridad, Mi Ambiente, ICF y Ministerio Publico que en forma sistemática, persigue, judicializa, criminaliza y deja impune los asesinatos de las y los que se confrontan al modelo de despojo y por la protección colectiva de los bienes públicos, comunes y naturales.
Contrario a la acción política de las y los luchadores políticos y sociales, el papel de las fuerzas armadas que en la ley constitutiva en su artículo 3 establece que Actuaran además como un factor de desarrollo del país, para lo cual cooperarán con el Poder Ejecutivo en las labores de alfabetización, educación, agricultura, conservación de los recursos naturales, vialidad, comunicaciones, sanidad, reforma agraria, situaciones de emergencia y otras similares, siempre que el servicio no sufra menoscabo.
Pero, la institucionalidad no opera en soledad, en esta estructura operan bancos, financieras, medios de comunicación, asociaciones agrícolas y ganaderas, petroleros, abogadas/os, periodistas, funcionaria/os públicos, partidos políticos y universidades, así como firmas de acuerdos bilaterales y multilaterales con la banca financiera internacional como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Centroamericano de Integración Económica por mencionar algunos.
Las y los luchadoras y luchadores políticos y sociales enfrentan a un monstruo de varias cabezas, las resistencias a lo largo y ancho del país cada día se organizan más contra el modelo de despojo, violencia y empobrecimiento.
Acciones de movilización por la falta de agua en los barrios periféricos de Tegucigalpa así como cierre de escuelas e institutos por falta del insumo líquido, en los casos de Choluteca y Valle contra las meloneras, camaroneras, la fotovoltaica y las ZEDES, contra el Monocultivo, Minería e Hidroeléctrica en Colón, Atlántida, Santa Barbará, Copan, Cortes, La Paz y Olancho, entre tantas acciones políticas que demuestran que la sociedad hondureña se mueve continuamente por transformar el país.
Por ello desde el Movimiento Amplio por la dignidad y la justicia, sabemos que la sequía es más que agua, es por justicia, por la impunidad, por la desigualdad, por el empobrecimiento, por el despojo, por la violencia.
NO ES SEQUÍA, ES SAQUEO.