Desde el Movimiento Amplio de Honduras expresamos nuestra consternación, repudio e indignación ante la irresponsable y criminal tragedia que ha acabado con la vida de 84 personas y cerca de 300 personas en el municipio de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, República de Brasil. Expresamos nuestra solidaridad al hermano pueblo del Brasil y de manera muy especial a la comunidad doliente de Brumadinho, donde una presa de desperdicios mineros reventó provocando un desastre catastrófico humano y ambiental.
No es la naturaleza que condena a Brumadinho a someterse a esta situación difícil, sino la falta de sentido humano muy propio de los proyectistas de concesiones extractivas que despojan a los pueblos de sus bienes naturales y los condenan a la muerte y a la miseria.
Nos abruma saber que varios centenares de gentes humildes han zozobrado a causa de la avaricia desmedida de empresarios mineros miopes y funcionarios corruptos que aprueban este tipo de proyectos sin antes asegurar la vida de las personas de los pueblos adyacentes potencialmente impactados por estas concesiones.
Repudiamos las acciones de aquellos Estados y corporaciones empresariales incapaces de ver en este tipo de calamidades el profundo dolor humano que provocan y el daño ambiental terrible que finalmente se vuelca contra el ser humano y la comunidad viviente. Si tan solo escucharan las voces, los reclamos y las argumentaciones de las comunidades y sus organizaciones estas tragedias pudieran evitarse.
Indigna saber que ésta no es la primera tragedia minera que ocurre en el Estado de Minas Gerais; similares deslaves han tenido lugar en Itabirito (1986), Sebastião das Águas Claras (junio 22 de 2001), Miraí (enero 10 de 2007), Herculano (septiembre 10 de 2014) y en Mariana (noviembre 5 de 2015). Y las autoridades se empecinan en continuar otorgando concesiones con estudios de impacto ambiental superficiales, que se realizan únicamente para cumplir con las leyes, mas no para medir los impactos potenciales que comprometen la vida y el bienestar de las personas. El Principio de Precautoriedad como principio de derecho internacional ambiental refrendado en la Cumbre de Río de Janeiro es opacado cuando hay intereses económicos desmedidos de por medio. Ahora le ha correspondido a Brumadinho aportar los muertos y desaparecidos. ¿Cuántas más de estas tragedias tendrán que vivir las poblaciones de América Latina para que los Estados y las oligarquías empresariales extractivistas se tomen en serio la seguridad de las personas y los pueblos?
Recordamos también la tragedia del proyecto hidroeléctrico HIDROITUANGO ocurrida en Colombia en mayo del año pasado. ¿Nadie desde las esferas de poder político y económico de los Estados latinoamericanos es capaz de entender estos eventos y hacer una lectura lógica, científica y jurídica de los mismos en clave de preservación de la vida y respeto a los derechos humanos de las personas y los pueblos?
Brumadinho no es una tragedia extractivista aislada. Desastres por fallas en represas hidroeléctricas y mineras se están convirtiendo en eventos frecuentes, lo que nos permite inferir que seguirán ocurriendo muchos más mientras la lógica de muerte del capitalismo extractivista domine nuestros pueblos. El capitalismo extractivista es la punta de lanza de la colonización postmoderna a que se destina a América Latina. Frente a esta lógica extractivista devastadora y deshumanizante no podemos dejarnos avasallar por dinámicas extractivistas ajenas al ser propio de nuestro continente.
El Movimiento Amplio de Honduras, además de solidarizarse con el pueblo del Brasil, invita a convertir en resistencia social la rabia que provoca la ocurrencia de estos acontecimientos. Cada comunidad, región, país y toda América Latina debemos cerrar filas contra la minería a cielo abierto y en general contra todo proyecto o concesión extractivista que amenace la existencia y el bienestar humano de todo ciudadano y ciudadana. Chico Méndez en Brasil, Bertha Cáceres en Honduras, Máxima Acuña en Perú marcan el camino a seguir en la Patria Grande defendiendo la dignidad de nuestros pueblos y el respeto a la autodeterminación y usufructo de nuestros territorios y bienes naturales.
San Pedro Sula, Honduras. 30 de enero de 2019.