Por segunda ocasión
consecutiva en los juzgados de Tela, en Atlántida, Honduras, se ha reprogramado
la audiencia preliminar que debe desarrollarse contra 12 luchadores sociales de
las comunidades de Pajuiles organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad
y la Justicia.
La primera vez que
se pospuso la audiencia se debió a la no asistencia de los representantes de la
empresa Hidrocep y los representantes de las instituciones del Estado y ayer se
reprogramó debido al fallecimiento de un pariente de la jueza que conoce la
causa.
Este proceso de
criminalización data del año 2017 cuando nuestros compañeros fueron engañados
por la policía nacional al solicitarles su tarjeta de identidad con la excusa
que debían llenar un reporte para sus superiores donde indicaban que le
brindaban seguridad al campamento digno por la defensa del agua y la vida, pero posteriormente ese listado fue utilizado
para criminalizarlos y mantenerlos bajo medidas sustitutivas a la prisión hasta
el día de hoy, esto ha causado perjuicio económico y en la salud de nuestros
compañeros debido a que la mayoría son personas de la tercera y cuarta edad.
Por este caso el
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia inició junto a varias
organizaciones nacionales e internacionales una campaña mediática que llamamos
“La criminalización del sombrero” en honor a nuestros compañeros
campesinos que hoy siguen siendo afectados por las instituciones del Estado
para favorecer a una empresa del modelo extractivo.
Las y los pobladores de Pajuiles suman casi mil días continuos en la lucha por cuidar el rio y la Sierra Nombre de Dios que es fuente de vida para más de 20 comunidades en esta zona del país, mientras tanto el empresario sigue gozando de la impunidad que le da como beneficio el servil actuar de la justicia hondureña.