“POR LA TIERRA, LA JUSTICIA, LA MEMORIA CAMPESINA”
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Bufete Estudios para la Dignidad (BED) y las bases campesinas presentes hoy en este plantón: 15 de septiembre, Campesinos en acción, Nueva Jerusalén y Palos Blancos queremos decir nuevamente en voz alta que exigimos nuestro derecho a la tierra, a la vida integral de nuestras familias y la dignidad de todo nuestro sector.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha Campesina, también queremos recordar a quienes, en distintos momentos de la historia, han sido asesinados por luchar por la tierra. Hoy honramos su memoria con más lucha, con más determinación en disputar lo que por justicia nos corresponde: ese pedazo de tierra por la cual, además de ser asesinados, miles de nuestros compañeros y compañeras han sido perseguidos, criminalizados y despojados de su tierra por exigir derechos que son legítimos, históricos y profundamente justos.
Hoy de cara a un nuevo gobierno y ante las prioridades que se han definido indicamos lo siguiente:
1. No queremos nuevas comisiones de trabajo emanadas por el Congreso Nacional y con participación de diferentes instituciones del Estado, pero que no involucran al sector campesino. Volvemos a decirlo: No puede hablarse de tierra, de justicia en el campo sin nuestra participación. Como tampoco establecerse por adelantado que somos los campesinos los únicos “invasores” o que son los terratenientes y los empresarios los únicos afectados por la inseguridad en la tenencia de la tierra.
Somos miles de campesinos a los que nos han expulsado de nuestras tierras cuando a un empresario le gusta nuestra tierra o son decenas de empresarios o terratenientes, muchos de ellos políticos, que se han apoderado ilegalmente de tierras destinadas específicamente para reforma agraria.Concretamente a los diputados y diputadas al Congreso Nacional les exigimos que si hay una comisión para solventar el problema de tierra sea con nuestra participación.
2. El problema de la tierra en Honduras es estructural e histórico. No responde a hechos aislados, sino a un modelo de exclusión sostenido por la concentración de la tierra, el latifundio, el abandono estatal y la protección de intereses económicos agroindustriales que han colocado al campesinado en una situación permanente de desventaja, despojo y vulnerabilidad.
3. Existe una deuda agraria histórica del Estado hondureño con el movimiento campesino, que se expresa en la falta de acceso real a la tierra, en el incumplimiento de los mandatos constitucionales sobre Reforma Agraria, en la ausencia de políticas efectivas para el cumplimiento de sus obligaciones, en la mora institucional para resolver las demandas campesinas y en la permanente postergación de la justicia social en el campo. El Estado hondureño ha fallado durante décadas en garantizar que la tierra cumpla su función social para los y las campesinas.
4. Señalamos que la Comisión de Seguridad Agraria y Accesos a la Tierra del gobierno anterior fue un fracaso y no constituyó un mecanismo eficaz para garantizar los derechos del movimiento campesino. Es necesario trascender ese mecanismo fracasado y retomar estrategias, políticas e instancias verdaderamente orientadas a garantizar el derecho de acceso a la tierra para el campesinado. La pregunta que nos hacemos es si este gobierno tiene una verdadera intención de solventar de manera justa este tema o solamente le interesa ejecutar desalojos conta campesinos para satisfacer a sus amigos terratenientes y empresarios?
5. Condenamos que el tema agrario haya sido abordado, nuevamente, desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, trasladando un problema histórico, social, económico y de derechos humanos al campo de la seguridad y la represión. Rechazamos que la respuesta estatal frente a las demandas del movimiento campesino siga siendo, la profundización de la violencia, la criminalización, la militarización y los desalojos, en lugar de una política pública de justicia agraria.
6. Exigimos que el Estado hondureño abandone de manera definitiva los enfoques de seguridad, contención y represión como forma de atender la conflictividad agraria. La problemática de la tierra no se resuelve con policías, militares, fiscales ni desalojos; se resuelve con voluntad política, redistribución, acceso efectivo a la tierra, seguridad jurídica y cumplimiento de los derechos históricos del campesinado.
7. Exigimos la derogación del Decreto Legislativo No. 93-2021, por ser un instrumento utilizado para profundizar la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y, de manera particular, del movimiento campesino.
8. Exigimos que las tierras bajo administración de la OABI pasen a manos del movimiento campesino. Esas tierras no deben ser entregadas nuevamente a empresas agroindustriales, ni devueltas directa o indirectamente a los mismos intereses económicos y políticos de los que fueron aseguradas. Deben orientarse al cumplimiento de una política de justicia agraria, redistribución y acceso efectivo a la tierra para las comunidades y organizaciones campesinas.
9. Exigimos justicia por los asesinatos históricos de campesinos y campesinas en Honduras. El Estado debe investigar de manera seria, imparcial y efectiva estos crímenes; identificar y sancionar tanto a los autores materiales como a los intelectuales; reparar integralmente a las víctimas y sus familias; y adoptar garantías de no repetición. No puede haber democracia ni Estado de derecho mientras la sangre campesina permanezca en la impunidad.
10. Reivindicamos la memoria de todas las personas campesinas asesinadas en Honduras por luchar, organizarse y exigir tierra, dignidad y derechos. Su memoria no puede ser tratada como un hecho del pasado; es una exigencia vigente de verdad, justicia y transformación de las condiciones estructurales que hicieron posible su persecución y asesinato.
Desde el MADJ, el BED y junto al movimiento campesino, reafirmamos que continuaremos exigiendo el cumplimiento de los derechos del campesinado hondureño. En ese marco, impulsaremos y exigiremos la instalación de mesas de trabajo para el abordaje de las distintas problemáticas del campo, a fin de colocar en discusión y resolución las demandas históricas relacionadas con acceso a la tierra, seguridad jurídica, criminalización, institucionalidad agraria y protección de las comunidades campesinas.
Reafirmamos que la lucha campesina es legítima, necesaria y profundamente justa. Defender la tierra es defender la vida; defender al campesinado es defender la soberanía, la alimentación, la dignidad de los pueblos y el futuro de Honduras.