- A la Presidenta de la República, Xiomara Castro
- A las magistradas /os de la CSJ
- A los diputados /as al Congreso Nacional
- A los y las fiscales del Ministerio Público
- Al Consejo Ciudadano del Ministerio Público
- A cada sector social que intervendrá en el proceso
de selección del nuevo Fiscal General - A las comunidades, mujeres y colectividades que
luchan por sus derechos - A la ciudadanía en general
- A los medios de comunicación
¿Por qué presentamos esta propuesta?
Un 14 de mayo de 2008, después de 38 días de una histórica huelga de hambre, un pequeño grupo de fiscales, acompañados por ciudadanas y ciudadanos de todo el país, levantamos nuestras carpas de resistencia pacífica en los bajos del Congreso Nacional con el compromiso público de “convertir en trinchera de lucha todos los espacios donde exista dolor de patria y donde exista dignidad y repudio a nuestra perversa clase política y sus compromisos con la corrupción, el sometimiento de la institucionalidad y del estado de derecho a sus caprichos y arbitrariedades (Proclama Fundacional del MADJ)”.
Aquella fecha suspendimos nuestra huelga con dos compromisos arrancados a esa clase política: el
decreto orientado a la investigación y suspensión del entonces Fiscal General, Leónidas Rosa Bautista
y del Fiscal General Adjunto Omar Cerna (ambos de nefasto paso por esa institución), y el decreto
orientado a conformar las comisiones responsables de investigar el descalabro del Ministerio Público
y la revisión de los expedientes que vinculaban a altos personajes de nuestro país con casos precisos
de corrupción pública.
Ninguno de esos acuerdos se cumplió. A Rosa Bautista no se le investigó, sino que se le premió con un
cargo diplomático en el exterior, las comisiones nunca se integraron, pese a que la revisión de los
expedientes ratificó la impunidad de la élite corrupta y sus intermediarios. Bien sabíamos cuando
finalizamos nuestra huelga que la mayoría de los instrumentos jurídicos a los que la clase política se
compromete los manipula y termina desconociendo para continuar traficando con las necesidades de
nuestro pueblo.
Lo que, si se cumplió, porque era nuestra voluntad y convicción, fue que finalizado el ayuno de la
dignidad se iniciaría otra fase de resistencia ciudadana organizada contra los enemigos de la patria,
contra los que la entregan al capital extractivista, contra los saqueadores de la empresa pública, los
que endeudan al país para robar y manipular el presupuesto nacional, los que destruyen nuestra
riqueza ambiental y los que impiden este sueño de contar con un verdadero Estado de Derecho.
Con el entusiasmo del sacrificio cívico y aupados con la solidaridad de nuestro pueblo, que hizo suya
la huelga y el despertar de la lucha colectiva contra la corrupción, el 24 de mayo de ese mismo año
fundamos el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y aprobamos la estrategia a seguir
en contra de la corrupción y por la transformación del Ministerio Público.
Ahora, 15 años después, las y los integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
(MADJ) y del Bufete Estudios para la Dignidad, nos dirigimos al gobierno que encabeza la Presidenta
Xiomara Castro para que, respetando el Estado constitucional de derecho, aproveche la elección de
las nuevas autoridades de la fiscalía para iniciar una transformación completa del Ministerio Público
(MP), como piedra angular contra la corrupción y la impunidad.
Lo que tiene en sus manos la mandataria es una de las principales instituciones – herramienta para
refundar el país, sin embargo, seguramente se encuentra ante una paradoja histórica: ¿avanzaremos
o retrocederemos como país?
Caer en la tentación política de siempre volviendo partidario un tema de interés nacional sería dar la
espalda a las esperanzas de justicia de la población. La tarea de reforma o refundación profunda y
gradual debe comenzar ahora porque el desafío de reconstruir el MP es colosal.
En los últimos 15 años la situación del país empeoró y el Ministerio Público no fue la excepción. Todo
lo contrario, el MP se convirtió en una especie de “respaldo legal del retroceso y del abuso en contra
del país. Rosa Bautista terminó su período en marzo de 2009, poco antes de que se perpetrará el golpe
de Estado, y fue reemplazado por Luis Alberto Rubí quien tuvo que renunciar en 2013 tras
señalamientos de incompetencia y otras irregularidades graves que no fueron reveladas. El descalabro
interno que anticipamos en 2008 llegó a tal extremo que hasta los propios diputados/as ordenaron la
intervención del Ministerio Público preparando condiciones para el posterior nombramiento en 2014
de Oscar Fernando Chinchilla; reelecto arbitrariamente en 2018 sin haber participado en el proceso
de nominación de candidatos. Hoy día el MP es una institución totalmente divorciada de la sociedad
a la que por mandato legal le corresponde representar.
¿Qué pasó con el MP estos años?
¿Cómo y en base a qué se eligen los fiscales?
Pese a que legalmente corresponde al Congreso Nacionalelegir al Fiscal General y su Adjunto con el voto de las dos terceras partes del pleno y en base a una lista de cinco candidaturas definidas por una Junta
Proponente, lo cierto es que la verdadera selección de los favorecidos se da en una “misa negra” de
los principales partidos políticos que negocian el reparto de cargos como si de un botín se tratara y
en el caso del MP, la negociación es a partir de la dimensión de la impunidad que necesitan los partidos
y sus financiadores.
Con esa práctica tradicional, el daño causado al país por las élites de poder a través de sus
instrumentos políticos, jurídicos, represivos y mediáticos es incalculable e inimaginable. Nos costará
varias generaciones de hondureños y hondureñas reponernos si logramos ponerle un alto.
La situación empeoró a partir del golpe de Estado de 2009 cuando se hizo descarado el desinterés
oficial para reformar las instituciones responsables de la seguridad pública y el sistema de justicia. El
Ministerio Público en lugar de fortalecido fue deliberadamente debilitado y coptado.
Los fiscales generales, salvo en los primeros años de la institución, siempre cumplieron creativamente
su papel de “normalizar el abuso y la corrupción”, que las cosas sigan como siempre han sido o
debilitar los mecanismos de lucha contra la corrupción cuando no han podido evitarlo por la presión
popular e internacional. Los gobiernos, incluso en las pocas ocasiones que cedieron ante la presión
popular fue por breve tiempo, su consigna ha sido siempre la de sabotear cualquier avance.
En enero del 2020, para el caso, el gobierno de Juan Orlando Hernández cerró la Misión de Apoyo
Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) establecida en 2016 luego de las intensas
jornadas de movilización de la ciudadanía indignada. La MACCIH, con todas sus limitaciones, era
demasiado peligrosa para la clase política.
La MACCIH contribuyó al enjuiciamiento de 133 personas, incluidos legisladores y altos funcionarios
que integraban redes de corrupción, pero no tuvo aliento de más y su corta existencia no dio lugar a
reformas estructurales y duraderas, ni a sentencias firmes contra los inculpados. La MACCIH fue
liquidada de común acuerdo entre los políticos hondureños y de la región para desmontar el sistema
de lucha contra la corrupción que no habían podido evitar.
Propuestas complementarias de reforma del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) o la reforma para incorporar la Ley de colaboración eficaz cayeron al vacío. En contraste, se sustrajeron facultades de
iniciativa acusatoria al Ministerio Público para traspasarlas al TSC y blindar de impunidad a los corruptos.
Así se explica el sobreseimiento definitivo a la mayoría de los implicados en el Caso Pandora (y prácticamente a todos los acusados por la UFECIC) que habían sido investigados por la MACCIH por suponerlos responsables de los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras.
¿De cuánto fue el fraude que quedó impune? Lo que trascendió fueron 282 millones 116 mil 175
lempiras. A nivel de recursos, la cifra no es tan atractiva, pero sentir que es posible seguir los rastros
de corrupción de presidentes, primeras damas, hermanos de presidentes, diputados(as), alcaldes,
empresarios y políticos que se creían intocables, esa fue la verdadera ganancia.
Concretamente, la lección que dejó ese caso, como tantos otros, entre ellos el de la ex Primera Dama
Rosa Elena Bonilla de Lobo o el de Marco Bográn ((Invest-H), responsable directo de la compra
fraudulenta de hospitales móviles en plena pandemia del Covid-19, es que a los corruptos les resulta
barato delinquir en Honduras. Pueden entrar y salir de la cárcel cuándo se les antoja, si es que llegan
a ser condenados.
La actuación del poder judicial y la policía, instituciones donde la corrupción y los abusos son
constantes, sigue siendo en gran medida ineficaz. No extrañe que aún bajo el actual gobierno el crimen
organizado continúe afectando a la sociedad hondureña y obligue a miles de personas a abandonar el
país víctimas de desplazamientos forzados.
Tanto se ha “institucionalizado” el abuso de poder que los mismos jueces cuando son honrados se vuelven blanco de actos de interferencia, como presión política, amenazas y hostigamiento por parte del poder ejecutivo o por particulares que tienen vínculos con el gobierno y el crimen
organizado.
En suma: La justicia habitualmente no actúa para que los responsables de delitos y abusos rindan cuentas por sus acciones. Pasan los años y el acceso a la justicia es un bien público que se le niega a la mayoría de nuestro pueblo, como lo confirmamos una y otra vez en el MADJ en territorios, comunidades y colectivos que desde la defensa de sus propios derechos humanos, naturales y territoriales se sacrifican para
que sus tierras, modos y formas de vida cotidiana no desaparezcan.
Cada año desde la fundación del MADJ hemos confirmado el grave deterioro de la institucionalidad pública, particularmente el de un Ministerio Público que representa cualquier interés, menos el de la
población.
La experiencia de trabajo con el MP nos ha revelado la existencia de
fiscales racistas y clasistas, que en lugar de representar los intereses de la población defienden los
intereses de empresas, empresarios y hasta del crimen organizado; tenemos fiscales que se niegan a
recibir denuncias para evitarles conflictos a los sectores económicos y políticos del país, que utilizan
los medios y recursos de estos sectores corruptos para realizar las “diligencias” que se ocupan en el
caso… tenemos fiscales en los territorios que terminan siendo “potentados” por ser los “tramitadores
de la impunidad para estos sectores.
Todo esto ha reforzado este Estado autoritario que ha hecho uso de toda una serie de mecanismos
jurídicos y punitivos para intentar doblegar la resistencia popular y que a través de instituciones claves
como el Ministerio Público renueva y fortalece la ilegalidad en Honduras.
La justicia habitualmente no actúa para que los responsables de delitos y abusos rindan
cuentas por sus acciones
Es manipulando la institucionalidad que un reducido grupo de personas toma decisiones de manera
cerrada, imponiendo, por ejemplo, actividades extractivas y megaproyectos, como la minería, la
agricultura industrial o la explotación de reservas naturales que nos conducen de manera acelerada a
una crisis ambiental, hídrica y social nacional. Haber corrompido a la Institucionalidad del Ministerio
Público deja un saldo en nuestro país de grave impunidad que alcanza el 90% a nivel general y en casos
de violaciones a derechos humanos la impunidad oscila entre 95% y 98%.
En el aparato estatal y, particularmente, en el sistema de justicia del país, el Ministerio Público es un
pilar fundamental para la defensa del Estado de Derecho, combate a la impunidad y garantizar el
acceso a la justicia a las víctimas de violaciones a Derechos Humanos. Para cumplir con su papel dentro
del armazón estatal es fundamental que la institución goce de independencia política y es
precisamente la ausencia de ella la que ha promovido que esta institucionalidad defienda intereses
radicalmente contrarios a sus propósitos de creación.
El artículo 1 de la ley del Ministerio Público establece que: “es un organismo profesional especializado,
libre de toda injerencia político sectaria, independiente funcionalmente de los poderes y entidades
del Estado, que tendrá a su cargo el cumplimiento de los fines y objetivos siguientes: 1. Representar,
defender y proteger los intereses generales de la sociedad; 2. Colaborar y velar por la pronta, recta y
eficaz administración de justicia, especialmente en el ámbito penal; llevando a cabo la investigación
de los delitos hasta descubrir a los responsables, y requerir ante los tribunales competentes la
aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal pública; 3. Velar por el respeto y
cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales y por el imperio mismo de la Constitución
y de las leyes; 4. Combatir el narcotráfico y la corrupción en cualesquiera de sus formas; 5. Investigar,
verificar y determinar la titularidad dominical y la integridad de los bienes nacionales de uso público.
así como el uso legal racional y apropiado de los bienes patrimoniales del Estado que hayan sido
cedidos a los particulares, y en su caso, ejercitar o instar las acciones legales correspondientes; y, 6.
Colaborar en la protección del medio ambiente, del ecosistema, de las minorías étnicas, preservación
del patrimonio arqueológico y cultural y demás intereses colectivos”.
Ojalá el artículo 1 se cumpliera al menos en 50% de su contenido, pero lamentablemente no es así. En
el país existen leyes que regulan la mayoría de las materias, pero no se evidencia que tengan impacto
en la sociedad, y eso es lo que precisamente ocurre con la ley orgánica del Ministerio Público. La norma
que aprobaron los diputados es válida, pero quedó pendiente que se cumpliera.
El MP surgió en una coyuntura particular y contradictoria. Por una parte, cuando se aprobó en 1993
en la gran mayoría de los países latinoamericanos hubo un gran movimiento de reforma de la justicia
penal, sea a través de disposiciones constitucionales o de leyes orgánicas. La llamada “modernización
del Estado” pretendía dejar atrás la década de los 80, caracterizada por gobiernos que ejercieron su
autoridad sobre la base de la ilegalidad y la garantía de la impunidad. Sin embargo, esa tendencia que
parecía democrática se enmarcó en un contexto de imposición de políticas neoliberales y pronto se
advirtió que los mismos políticos que crearon el Ministerio Público se encargaron de promover su mal
funcionamiento, ineficiencia y corrupción.
La reconstrucción del MP, 30 años después de su fundación
Es decir que todo el entusiasmo de la sociedad hondureña, incluso de la comunidad internacional,
manifestados en el fuerte apoyo al proceso de creación y desarrollo del Ministerio Público se ha
convertido en un espejismo más que se suma la triste trayectoria nacional. Prueba de ello es que más
del 90% de los delitos que se cometen quedan impunes, pese a que se han destinado entre 1995 y el
2023, según los informes de SEFIN, cerca de 27 mil millones de lempiras para que cumpla con su
función.
Del prometedor inicio del MP bajo la conducción del abogado Edmundo Orellana Mercado,
acompañado de jóvenes y entusiastas fiscales, ya queda poco. Por supuesto siempre hay fiscales e
investigadores honestos y valientes que se esfuerzan por cumplir su trabajo, pero no tienen ni el
debido respaldo ni la sostenibilidad que necesitan para hacer lo que se proponen.
Hoy, en una nueva coyuntura política, cuando gobierna una Presidenta que promete la refundación
del país, surge la necesidad de reformar el Ministerio Público para revertir su deterioro y canalizar ese
reclamo social de cambio.
Siempre se han conocido cuáles deben ser los cambios institucionales que se deben realizar en el MP
para superar sus fallas y debilidades, pero, reiteramos, no ha existido nunca la voluntad política
necesaria para impulsarlos y respaldar a quienes, dentro de la institución, tratan de cumplir su
mandato, como la UFERCO y otras fiscalías aisladas.
El manoseo y asedio político partidario de los grupos de interés por controlar la institución ha sido
permanente y, lamentablemente, en la actualidad se repite con la próxima elección del Fiscal General y de su Fiscal Adjunto.
La base de las negociaciones entre cúpulas políticas no sólo deslegitima el proceso de nominación y elección, sino que ignora totalmente el abordaje permanente de la crisis que mina la
credibilidad del sector justicia.
¿Qué dejará como herencia institucional Chinchilla? los últimos estudios realizados acerca de la percepción que tiene la población sobre las instituciones del Estado, lo ubican en niveles de
descrédito iguales a viejas instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y otros, sobre todo por ser entidades que se han prestado a la corrupción institucionalizada, especialmente en el caso de JOH y su estructura criminal institucionalizada.
Nuestra propuesta de reforma
Lo que nos preguntamos es si el gobierno cree en la necesidad detransformar al MP o
si lo que quiere es controlar la institución, como una garantía de impunidad ….
Lo que nos preguntamos es si el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro cree en la necesidad de transformar al MP o si lo que quiere es controlar la institución, igual que administraciones anteriores que lo tenían como una garantía de impunidad y un instrumento de persecución política por la vía
judicial.
En el MADJ tenemos claro que como ciudadanía organizada no podemos sentarnos a esperar que hará
la Presidenta Castro, el Congreso Nacional y el resto de la institucionalidad del Estado, así que
asumimos nuestra responsabilidad de proponer elementos básicos a tomar en cuenta para que el MP
sea verdaderamente una institución defensora de los interese de nuestra sociedad.
Para el MADJ los componentes más importantes de la propuesta ciudadana giran en torno a nueve
ejes fundamentales:
- La autonomía política o independencia del Fiscal General y su Adjunto para que no estén
sometidos a los dictados de quienes los eligen y no arrastren en su docilidad a toda la institución. Por
supuesto, la autonomía política del fiscal debe acompañarse de contrapesos que lo fiscalicen. Quien
controla el aparato de persecución criminal debe rendir cuentas.
Esta debe ser la cualidad más importante que debe caracterizar al Ministerio Público. De hecho, la
confianza que la ciudadanía le acreditó en sus primeros años de existencia tenía su fundamento
precisamente en que se apreciaba la libertad y determinación institucional de perseguir al criminal,
indistintamente de su poder político y/o económico; sin embargo, poco a poco ese ímpetu se fue
diluyendo y las dudas sobre la independencia del Ministerio Publico han sido evidentes cuando por la vía del desistimiento y desde la dirección superior de la institución se ha facilitado la impunidad de decenas de causas penales por delitos de orden público. Para el MADJ, la autonomía e independencia de la Fiscalía es condición indispensable para que haya un sistema procesal
justo.
La independencia política debe ser garantizada en dos dimensiones, la primera, institucional o de sistema y la segunda, funcional o del ejercicio individual de las y los operadores de justicia. No se puede concebir el Estado de Derecho, ni hacer valer una efectiva procuración de justicia si sus
operadores no pueden actuar con independencia, integridad e imparcialidad, en condiciones de autonomía, objetividad y neutralidad para el desempeño de una función tan sensible y de la mayor responsabilidad.
De ahí que contribuir a fortalecer su independencia frente a propósitos de sometimiento, tanto desde el poder político, como de los poderes fácticos de la corrupción, es una tarea prioritaria en favor de la institucionalidad y de la protección de los derechos humanos. - Potenciar y dar credibilidad a la investigación criminal, que es lo
más sustantivo del trabajo de cualquier Fiscalía. Se requieren modelos de investigación más flexibles, descentralizados, con equipos multidisciplinarios dispuestos para entender fenómenos criminales complejos y no sólo casos aislados.
La transformación del modelo de investigación será posible sólo si el Ministerio Público recobra
absoluta independencia de los entes investigativos y no bajo el actual modelo en el que la Dirección
Policial de Investigación está fundamentalmente bajo la dirección del Poder Ejecutivo, quien
determina sus prioridades, sus funcionarios e históricamente invierte menos dinero en esta dirección
en relación con los otros entes policiales que poco suman a una investigación criminal competente
para fundamentar los requerimientos fiscales.
Garantizar la Independencia… el reto principal del Ministerio Público - Fortalecer todas las fiscalías que componen el MP, que debe verse reflejado en la asignación
de recursos humanos competentes y comprometidos con la justicia, así como dotarles de los
mecanismos legales, capacitación técnica desde la perspectiva de los derechos humanos y recursos
financieros para cumplir su labor. En atención al principio de independencia política, en su dimensión individual, Ddemandamos respeto absoluto por la independencia de criterio profesional técnico jurídico de cada fiscal en todo el país, según manda la ley orgánica de la institución. No puede proseguir, por ejemplo, que sea el Director General de Fiscales quien decida qué caso seguir o cuál no.
Como lo ha reiterado la Asociación de Fiscales en diferentes ocasiones, lo único que debe determinar una investigación es si el comportamiento de los señalados entraña una transgresión a la ley y con ello una afectación a los intereses generales de la sociedad a la cual representa y defiende el Ministerio Público. En definitiva, el único compromiso y la única relación de dependencia que inexorablemente debe asumir la institución, es con la Constitución y las Leyes de la República. Mención especial merece la necesidad de reforzar a corto plazo las fiscalías “especiales”, que incluyen, entre otras, la del Medioambiente, de Derechos Humanos, de Protección a la Niñez y Adolescencia, de Protección al Consumidor y al Adulto Mayor, de Protección a la Mujer, de Protección a la Etnias y al Patrimonio Cultural, de Periodistas, comunicadores sociales y defensores de los derechos humanos, de Transparencia y combate a la corrupción, de Defensa de la Constitución, de Enjuiciamiento de los servidores del Sector Justicia y la Fiscalía Especial de
Impugnaciones. De la mayoría de ellas sólo se sabe que existen, ero no actúan. - La transparencia y la rendición de cuentas de la institución y de los funcionarios que la conforman. Siendo la lucha contra la corrupción uno de los mandatos más importantes que otorga la ley al Ministerio Público, debe ser asumir liderazgo en la persecución de la corrupción en todas sus manifestaciones y la validez de esta aspiración se adquiere en la medida que se empieza a combatir la corrupción a lo interno del Ministerio Público, espacio donde dicho fenómeno criminal, pareciera
haber entrado por la puerta más ancha. Hace falta una Fiscalía Especial de Asuntos Internos con capacidad de investigar posibles conductas ilícitas por parte de los servidores públicos
adscritos al MP. - Una de las demandas de los fiscales en 2008 y 2009 fue la realización de una auditoría a los casos denominados “emblemáticos” que fueron abandonados o investigados indebidamente y que tanta desilusión provocan en la ciudadanía. Incluyendo en esos casos los atentados contra defensores de los derechos humanos de las diversas colectividades, entre ellos los de la diversidad sexual, y los que
defienden su derecho a la tierra y al agua. Cada víctima de la represión y del sicariato por defender
sus derechos y los de la comunidad son “emblemáticos”, sin importar que su nombre haya figurado o no en los habituales titulares de los medios de prensa. En el MADJ, infortunadamente, tenemos una lista inacabada de mártires populares. Entre los más recientes, para sólo citar un caso: Santos Hipólito Rivas y su hijo Javier Rivas, en el Aguán. Rivas era el séptimo dirigente agrario ligado a la Plataforma de Lucha asesinado en menos de un año. Por no ser considerados “emblemáticos” e investigados a fondo hasta mandar a los responsables (materiales e intelectuales) a la cárcel es que se sigue derramando sangre inocente.
Hace falta una Fiscalía Especial de Asuntos Internos con capacidad de investigar posibles conductas ilícitas por parte de los servidores públicos adscritos al MP - Un sexto eje es disponer de una Ley de la Carrera Fiscal que fortalezca el trabajo independiente
de los y las fiscales, como garantía para la sociedad, a la cual se le asegura una institución
verdaderamente profesional y especializada para la protección y defensa de sus intereses. Para
cumplir con este objetivo consideramos necesario que la Ley propuesta contemple la Creación de un
órgano autónomo de gobierno y administración encargado de dirigir la selección, los nombramientos, los ascensos y traslados del personal que integra el Ministerio Público y, además, asuma la dirección y aplicación del régimen disciplinario en la institución. Es necesario fortalecer los sistemas de selección de los fiscales, para evitar que la iniciativa siga en manos de grupos corporativos e intereses siniestros. Y, además, garantizar la estabilidad debida a quienes se oponen a los “incentivos” externos que promueven investigaciones ineficaces y sesgadas. Con frecuencia en el MADJ nos topamos con fiscalías que parecen más defensoras de oficio de los violadores de la ley, que de las víctimas.
Fortalecer una Carrera Fiscal para la ciudadanía sólo tiene sentido si contribuye a garantizar los
principios de transparencia, presunción de inocencia, equidad entre las partes, oralidad, control de la
producción de la prueba y también un mayor control de las instituciones y operadores que intervienen en el proceso. - Y un séptimo eje es el respeto a la cláusula de conciencia para el ejercicio profesional de quienes
trabajan en el MP. El respeto y fomento al derecho de los Fiscales a organizarse, a reunirse y a generar opiniones sobre la institución y los grandes problemas del país, debe ser promovido en lugar de reprimido por las autoridades superiores del Ministerio Publico. La cláusula de conciencia no es un derecho privativo a los profesionales de la información, sino que una herramienta que contribuye a garantizar la independencia de criterio en el desempeño de una función profesional. Nos consta, en las conversaciones que tenemos en los juzgados, que muchos fiscales u operadores públicos de justicia
actúan penalmente en contra de su propio convencimiento. Eso no puede seguir ocurriendo. - El Ministerio Público debe despojarse de atribuciones de naturaleza jurisdiccional, como
la de ordenar desalojos preventivos, que usurpa funciones del Poder Judicial y que carecen de
cualquier control que garantice el derecho de defensa y al debido proceso a la ciudadanía. En la
práctica y en muchos casos, estas atribuciones jurisdiccionales de naturaleza totalitaria se traducen
en órdenes fiscales de desalojo en perjuicio de cientos de familias campesinas que no han tenido la
oportunidad de defender sus derechos ante los Tribunales de Justicia. - Las víctimas deben ser protagonistas de la justicia penal y de su inseparable proceso.
Honduras se configura como un Estado de Derecho para garantizar el goce de la justicia a todos sus
habitantes y, por ello, los ausentes de justicia, las víctimas, deben ser tratadas con comprensión y
respeto a su dignidad, se debe salvaguardar sus intereses así como aumentar la confianza en la justicia penal y alentar su cooperación; para ello, es preciso diseñar los mecanismos necesarios para
suministrarles información suficiente y segura acerca del proceso penal que los vincula, del desarrollo del mismo, del contenido y alcance de las decisiones judiciales, además de garantizar que sus opiniones y solicitudes serán tenidas en cuenta y decididas, sin dilaciones, sobre todo cuando han decidido ser actores del proceso en calidad de acusación privada.
No será admisible para el Movimiento Amplio que en la nueva administración política del Ministerio
Púbico se continúen con prácticas negatorias del carácter de víctimas como la negación para recibir
denuncias o denegar el acceso a expedientes incluso cuando la víctima se ha configurado como
acusación privada y, en definitiva, rechazaríamos que se continue menospreciando e ignorando las
víctimas al no promover una justicia pronta y efectiva por investigaciones que nunca se ejecutan y
transcurren perpetuamente en la impunidad.
¿A dónde queremos llegar con el MP?
Tal como se anticipan los acontecimientos, los políticos tradicionales, cualquiera sea su signo
ideológico, están a punto de salirse con la suya en la próxima elección de la cúpula del Ministerio
Pública y el país de perder la oportunidad de impulsar la transformación de la justicia. Si en los
próximos días o semanas su reparto político de cargos se consolida, cualquier intento de
reconstrucción (no hablemos ya de “refundación”, que es un concepto más profundo) en materia de
justicia se debilitaría. En tal sentido como ciudadanía, reclamamos una elección acorde con las
necesidades e intereses del país, no de un grupo de intereses privados y corporativos. El que nada
debe como político, nada debe temer. De la lucidez con la cual desarrollemos el rol que debe cumplir
el Ministerio Público dependerá en gran medida la justicia penal que tendremos.
Señora Presidenta, señores diputados (as) del Congreso Nacional:
En este momento clave de país, ustedes sólo tienen dos opciones: convertirse en reformadores del
sistema de justicia o legitimadores de la injusticia prevaleciente. No hay más espacio divergente entre
el discurso oficial y los hechos. Es hora de pruebas.
Tegucigalpa, Julio de 2023.
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
Bufete Estudios para la Dignidad
CARTA
Tegucigalpa, Honduras – 12 de julio, 2023
Abogado
Félix Coca
Candidato a Fiscal General del Estado
Asunto: Remisión de propuestas de cambio
a la institucionalidad del Ministerio Público
Abogado Coca,
Quienes nos dirigimos a usted somos organizaciones que pertenecemos al movimiento popular y social
de Honduras, con articulaciones en, al menos, 12 departamentos del país, y que por la importancia de
la selección y elección del próximo Fiscal General del Estado y su adjunto, nos hemos dado a la tarea
de puntualizar los cambios que deben realizarse en el Ministerio Público para rescatarlo de la
pobredumbre y la corrupción en la que se encuentra y avanzar hacia una institución independiente y
representativa de los intereses de la sociedad.
La propuesta, que adjuntamos a la presente, tiene en esencia dos elementos de cambio: primero,
asegurar la independencia del Ministerio Público a nivel institucional y de todos/as sus colaboradores,
especialmente del Fiscal General y Adjunto y; segundo, que como lo dice su propia ley se convierta en
un legítimo representante, defensor y protector de los intereses de la sociedad.
Puntualmente indicamos que Honduras y su sociedad requieren de un Ministerio Público y de unos
fiscales generales que puedan impulsar dos niveles de independencia y autonomía:
a. Independencia de los grupos económicos y políticos: Se requiere de un Fiscal General y su
adjunto que no se sientan obligados a corresponder con impunidad a quienes, desde un
partido político, gobierno o desde el alto empresariado los proponen o negocian su
nombramiento en la búsqueda de generar impunidad a sus actuaciones corruptas y abusivas.
b. Independencia como decisión personal: Quisiéramos saber si existe, de manera personal, un
compromiso, una decisión de actuar de manera independiente del pacto político que
seguramente existe para la elección de este cargo y si usted es consciente y acepta el riesgo
que conlleva un funcionamiento correcto en este puesto… ¿está usted dispuesto/a a afrontar
de manera ética y profesional estos desafíos, pero a la vez asumirlo con la decisión y la bravura
que este cargo exige?
Sabemos que cualquiera con un mínimo de decisión y trabajo puede mejorar la calidad de las
actuaciones de las presentes autoridades del MP, sin embargo, la pregunta clave sigue siendo
si usted está a la altura de los retos de una institución tan debilitada como el Ministerio Público
y si está dispuesto a asumirlos.
Unido al gran reto que es garantizar la independencia y la autonomía, el MP luego de 30 años de
existencia y de cara al 90% de impunidad que en promedio registran sus casos , tiene como segundo
desafío el de convertirse en una genuina representación de los intereses de la población, labor que se
vuelve compleja ante la práctica diaria que tienen muchos ficales a nivel territorial que se han
convertido en los tramitadores de los grupo de poder económico y político, en comparsa con jueces,
policías y militares igualmente corruptos.
Este hecho ha provocado que, en lugar de defensores de los derechos de la población, el MP hoy en
día sea un verdugo de los sectores populares y sociales, contra quienes se ensaña y tiene
comportamientos racistas y discriminatorios. En el MADJ, el BED y en los 12 territorios que suscribimos
esta propuesta tenemos decenas de experiencias que prueban este accionar, por lo cual, en base a
estos aprendizajes, como ciudadanía organizada y responsable proponemos algunos elementos
básicos para que el MP sea verdaderamente una institución defensora de los interese de nuestra
sociedad. Estos son:
a. Potenciar y dar credibilidad a la investigación criminal, que es lo más sustantivo del trabajo
de cualquier Fiscalía.
b. Fortalecer todas las fiscalías que componen el MP, que debe verse reflejado en la asignación
de recursos humanos y mecanismos legales. De especial interés la fiscalía de Protección a la
mujer, la del Medioambiente, Derechos Humanos, Etnias, Protección a la Niñez y
Adolescencia, es decir a los grupos tradicionalmente vulnerabilizados en el país.
c. La transparencia y la rendición de cuentas de la institución y de los funcionarios que la
conforman.
d. Auditoría a los casos denominados “emblemáticos” que fueron abandonados o investigados
indebidamente y que tanta desilusión provocan en la ciudadanía. Incluyendo en esos casos los
atentados contra defensores de los derechos humanos.
e. Disponer de una Ley de la Carrera Fiscal que fortalezca el trabajo independiente de los y las
fiscales, como garantía para la sociedad.
f. Respeto a la cláusula de conciencia para el ejercicio profesional de quienes trabajan en el MP.
g. Despojarse de atribuciones de naturaleza jurisdiccional porque usurpa funciones del Poder
Judicial y porque lesiona el derecho de defensa y al debido proceso a la ciudadanía.
h. Asegurar que las víctimas sean protagonistas de la justicia penal y de su inseparable proceso.
Abogado Coca,
Esta es en esencia nuestra propuesta de los cambios institucionales que se deben realizar en el MP
para superar sus fallas, la corrupción y la negligencia con la que ha venido actuando, y que, reiteramos,
nunca ha existido la voluntad política externa e interna para impulsarlos y respaldar a quienes, dentro
de la institución, tratan de cumplir su mandato.
Sabemos que en el contexto actual tampoco hay condiciones para una elección independiente,
especialmente por la variedad de intereses presentes en el Congreso Nacional, pero eso no impide la
posibilidad, de que usted comprenda la dimensión de la responsabilidad a la que está aspirando y se
decida a impulsar una institución cuyo único compromiso sea con la población y su derecho a la
justicia.
Insistimos en que la característica fundamental que debería fomentar el próximo Fiscal General es su
alianza con el pueblo, no con quien lo elija. El MP que la sociedad espera es la de una institución más
cercana a la gente, que tenga un verdadero liderazgo en la política criminal… queremos un Fiscal
General que corra riesgos por la defensa de los derechos de la población, un Fiscal General que lidere
al resto de los buenos fiscales, que moralice a una institución como el MP que se encuentra de
rodillas… que entienda que el centro de su accionar es la defensa de los derechos de todos /as los
hondureños/as.
Esperamos de resultar usted electo, asuma estos retos, mismos que serán monitoreados de manera
permanente por nuestras organizaciones,
Atentamente,
Víctor Fernández Martín Fernández
Director del BED Coordinación General MADJ
Ileana Morales
Presidenta JD FUNDAMBIENTE