El tiro de gracia dado a la MACCIH el pasado viernes 17 de enero confirmó el mensaje instaurado por sus ideólogos desde su fundación; “que los pueblos no mandan y que siempre se imponen los gobiernos, en el caso hondureño un gobierno notoriamente corrupto y vinculado al narcotráfico y al crimen organizado”[1].
LA MACCIH generó desconfianzas con su llegada ya que suplantó la demanda popular de una instancia similar a la CICIG en Guatemala y a que su dependencia de la cuestionada OEA, tolerante y cómplice de golpes de Estado, fraudes electorales y violaciones masivas de derechos humanos en Honduras, era un indicador claro de los alcances reales que esa concesión podía tener.
Sin embargo, la aparición y puesta en marcha de la UFECIC y las instancias del circuito anti corrupción constituyeron una pequeña esperanza para la población hondureña en que la lucha contra la desbordada corrupción e impunidad podría avanzar. Y así sucedió. La gestión de la UFECIC a cargo del fiscal ex huelguista Luis Javier Santos demostró que es posible señalar nombres y apellidos, que es posible retratar cómo funcionan las redes y estructuras criminales que operan desde el Estado mismo y sus instituciones y sobre todo que, estas redes existen con la complacencia y participación directa del ejecutivo.
Así, prontamente la inofensiva Misión aceptada por las cúpulas empezó a convertirse en una amenaza real para su acostumbrada y garantizada impunidad por lo que iniciaron los ataques. La no renovación de su mandato en el país es la culminación de una serie de ataques estratégicos y consecutivos cuya finalidad mucho más allá de conseguir la salida de la misión, es asegurar la destrucción total de los avances y pasos dados en la lucha contra la corrupción.
Previo a ello, no fue casual el traspaso de funciones del Ministerio Público al Tribunal Superior de Cuentas, el invento de una autoevaluación, La Ley de Inmunidad, la Ley de Fondo Departamental, el informe del Congreso y el informe de la PGR. Posteriormente, el invento de una Comisión de Negociación y el fracaso de esa negociación, que culminó con el cierre de la MACCIH. Se trató de un plan que de la mano con acabar con la misión y su salida, aseguró minuciosamente las condiciones para que en Honduras la corrupción continúe como dinámica de los grupos de poder y esta vez con libertades más absolutas.
Este comportamiento no es exclusivo del escenario hondureño, es similar a lo ocurrido en Guatemala, se trata de las derechas conservadoras y fundamentalistas defendiendo de manera contundente su control hegemónico de los Estados en la región latinoamericana. Una derecha que es justamente eso, corrupta, criminal, vinculada al crimen organizado y al narcotráfico y que funciona desde el Estado mismo y sus instituciones como parte de sus estructuras criminales o como bien lo señaló la CICIG en 2015, como redes político-económicas ilícitas (RPEI).
Una derecha que ha confeccionado un discurso bajo la idea de defensa de la soberanía y no injerencia, pero que es servil y sumisa frente a la descarada y determinante injerencia del imperio en toda la región. Una derecha hipócrita y descarada a niveles cada vez más sorprendentes. Es justamente de ese patrón que pueden advertirse ataques futuros y no tan futuros que empleará la narcodictadura para consumar sus objetivos hasta asegurar la revisión y abolición de las actuaciones de la Misión y sus instancias, tal y como sucede con lo actuado por la CICIG en Guatemala.
En el MADJ hemos sido claras desde el inicio con nuestra posición frente a la Misión, la hemos visto siempre como un medio, y no como un fin en la lucha contra la corrupción, tenemos claro que no es el remedio al mal mayor que representa la impunidad y la corrupción institucionalizada en Honduras, pero entendemos claramente también que el mensaje detrás de este ajedrez que ahora está en juego es el blindaje absoluto del gobierno narco de JOH, las cúpulas políticas, empresariales, religiosas, etc., y las negociaciones con actores como la OEA. En concreto, un pacto entre estructuras criminales nacionales y transnacionales.
Reconocemos el trabajo realizado mediante la gestión de Luis Javier Santos, que marca un parámetro de avance en la lucha contra la corrupción contraria al normalizado comportamiento complaciente y cómplice de los funcionarios públicos en el país. Sabemos que aún continúa siendo una deuda histórica llegar a los criminales mayores, a los autores intelectuales de las múltiples crisis de Honduras, las/los verdaderos impulsores de la corrupción en el país, empezando por el propio Juan Orlando Hernández, las instituciones partidarias, el crimen organizados y la banca como parte de sus más cercanos colaboradores, deben caer.
Por ello desde el MADJ, retomamos nuestra palabra fundadora convocando a nuestro pueblo; el más hermoso, el honesto, el que tiene una sola cara de dignidad, el que se ha levantado a la voz de la justicia y en contra de la corrupción, lo convocamos a proseguir en lucha organizada […] desde las trincheras de la calle, la organización popular y comunitaria, desde las iglesias fieles al evangelio de Jesucristo, desde las instituciones públicas y privadas donde trabajamos, desde las aulas y desde el campo.
Proclamamos nuestro repudio a la clase política para siempre y hoy más que nunca solo el pueblo salva al pueblo.
20 de enero, 2020
!Hasta la dignidad siempre!
[1] “Carta abierta del MADJ a la MACCIH”, 23 de febrero de 2016. Puede ser consultada en https://movimientos.org/es/content/honduras-carta-abierta-la-maccih%E2%80%8F%E2%80%8F