Este 2 y 3 de marzo en los juzgados de Yoro se llevará a cabo la continuación del juicio en contra de Selin Eleazar Fúnez, uno de los dos acusados como supuestos responsables del triple crimen de indígenas tolupanes de la tribu San francisco Locomapa, el 25 de agosto de 2013.
Las víctimas de este crimen son María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, quienes fueron ultimados en medio de la protesta pacífica que realizaban exigiendo un alto al saqueo de los bienes comunes y naturales de su tribu, el respeto del título ancestral y demandando la consulta previa, libre e informada, exactamente en el mismo lugar donde actualmente se encuentra el Campamento Digno en Defensa del Territorio y el Bosque Tolupán.
Los asesinos Carlos Varela Luque y Selin Eleazar Fúnez llegaron hasta ese lugar, donde se encontraba la vivienda de María Enriqueta, lugar que funcionaba como centro de reuniones para planificar la defensa del territorio Tolupán, y luego de preguntar por “los cabecillas” y decir que si no estaban igual matarían a “un par de indios” le quitaron la vida a Armando, Ricardo y Enriqueta quien se encontraba en la cocina.
Varela Luque fue detenido por la Policía y enjuiciado en el año 2017, fue condenado a 45 años de cárcel por este crimen, logró escaparse del presidio de Yoro y posteriormente fue asesinado en circunstancias desconocidas.
Después de este crimen ha habido 7 asesinatos de indígenas luchadores sociales, integrantes del Movimiento Amplio y beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en esta tribu, otorgadas a raíz del triple crimen y la grave situación de violencia e inseguridad que provocó en la tribu.
Este lunes y martes, el Tribunal deberá decidir sobre la participación de Selin Eleazar Fúnez en los hechos, mediante la continuación del juicio oral y público. Este es un caso emblemático para los pueblos originarios de Honduras, especialmente para el pueblo Tolupán ya que podría marcar el modelo de castigo o impunidad que el Estado de Honduras adoptará para quienes cometieron los otros asesinatos registrados a partir de 2013 y los cometidos en contra luchadores sociales del país en general.