Posicionamiento del Pueblo Tolupán frente a la desición de la CIDH que ordena al Estado de Honduras la inmediata protección de líderes y lideresas de la tribu San Francisco de Locomapa que se encuentran en riesgo

Nosotros y nosotras, integrantes de la tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa, Yoro, organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en nuestra condición de personas beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[1] debido al reconocimiento del riesgo en el que nos encontramos a raíz de nuestra labor de defensa de nuestro territorio ancestral, los derechos de toda la tribu, nuestro bosque y todos los bienes naturales, queremos indicar lo siguiente:

  1. Que estas medidas han sido otorgadas por la Comisión luego de un largo proceso de recopilación y facilitación de información, de más de tres años, en donde hemos demostrado a partir de la sangre derramada por varios de nuestros compañeros la gravedad de la situación que afecta al pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa por defender nuestro territorio de los intereses abusivos, corruptos e inconsultos por parte de empresas y empresarios con la complicidad de las autoridades públicas.
  • Lamentamos que como ciudadanos/as hondureños, orgullosos de la nación en la que vivimos, tengamos que recurrir ante instancias internacionales para exigir el respeto a nuestros derechos humanos, debido a la incapacidad del Estado de Honduras y de toda su institucionalidad pública de garantizar el pleno y efectivo goce de nuestros derechos.
  • Reiteramos nuestra denuncia ante la incapacidad de las instituciones obligadas a garantizar el respeto de nuestros derechos humanos como la Secretaría de Derechos Humanos y el Mecanismo de Protección, esta última facultada para el manejo e implementación de las medidas cautelares y de protección, quien no ha podido convocar a sesión de comité técnico en la cual se definan las medidas de protección más idóneas para garantizar nuestra integridad y seguridad, mientras tanto, seguimos siendo víctimas de todo tipo de acciones violentas ejercidas en contra nuestra por parte de los actores empresariales que pretenden saquear y despojarnos de nuestros bienes naturales comunes. 
  • Exigimos que se deduzcan las responsabilidades que correspondan puesto que el fracaso en el mandato de brindarnos una diligente y eficaz protección, ha tenido como consecuencia el asesinato de al menos 11 personas pertenecientes al pueblo Tolupán, en los últimos 10 años, quienes exigían el respeto de sus derechos humanos y los de sus tribus. Dos de nuestros compañeros asesinados eran beneficiarios directos de la medida cautelar y su seguridad estaba en manos del Estado. Denunciamos que todos los asesinatos y todas las agresiones en contra del pueblo Tolupán permanecen en total impunidad.
  • Hacemos el llamado para que el Estado de Honduras aborde el tema de derechos humanos en el país desde una perspectiva integral, en la cual, toda la Institucionalidad asuma su rol dentro del trabajo por garantizar el goce de los derechos humanos de toda la población. También, para que esta y todas las sentencias y resoluciones en favor de quienes defienden derechos no permanezcan en una mera declaración formal escrita en papel, sino que las mismas sean ejecutadas a cabalidad y en el menor tiempo posible.

Finalmente, como Pueblo Tolupán reiteramos nuestro hartazgo en seguir poniendo los muertos, ser agredidos, intimidados y criminalizados por defender nuestro territorio para el beneficio de todo el país.  Exigimos que a las Instituciones encargadas del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de Derechos Humanos, para que de manera conjunta construyamos un modelo de Estado de garantice el pleno goce y disfrute de los derechos humanos.

¡Hasta la Dignidad Siempre!

11 personas defensoras del pueblo Tolupán han sido asesinadas desde 2013 y la intimidación y amenazas de muerte, son parte de las repercusiones que siguen sufriendo los y las defensores de los recursos naturales en Honduras, reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

San Pedro Sula, Cortés, 23 de enero de 2024.


[1] La medida cautelar fue otorgada el 23 de diciembre de 2023, mediante resolución No. 83/2023

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