Después de seis años de haberse iniciado un proceso legal en contra de seis campesinos en el norte de Honduras, los juzgados de El Progreso, ciudad perteneciente al departamento de Yoro resolvieron decretar sobreseimiento provisional a favor de estos quienes eran acusados del delito de usurpación.
El equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia ejerció la defensa de estos en el proceso. “La audiencia que tuvimos fue una audiencia inicial de seis compañeros que fueron detenidos desde diciembre del año pasado y la audiencia se venía posponiendo por diferentes causas, pero ya se logró evacuar, esto es una ganancia tomando en cuenta que en este mismo expediente se le ha seguido proceso a otros compañeros y compañeras campesinas que están en proceso de juicio”, dijo el abogado Adonay Reyes, integrante del equipo legal del MADJ.
En Honduras existe una estrategia para criminalizar y encarcelar a quienes luchan por la defensa de sus derechos. “Desgraciadamente la criminalización a los campesinos así como a los defensores de derechos humanos y otras personas que andan peleando su derechos a veces no solo es a través del delito de usurpación, sino que los acusan de daños, tentativa de homicidio, lesiones y cualquier hecho que se pueda dar aun cuando no existan ni siquiera indicios racionales el Ministerio Público de quienes hayan sido los partícipes de tales hechos, presentan esos requerimientos porque el dueño de la tierra dice que fue fulano, fue sutano sin tener más indicios que ese¨.
Este patrón de persecución e intimidación es el mismo que se utiliza a nivel nacional. “Ese es una forma que desagraciadamente están utilizando los terratenientes y lo malo es que les sigue el juego el Ministerio Público para estar criminalizando a la gente y de esa manera intimidarlos para que no sigan peleando su derecho¨.
Los integrantes de la CNTC, campesinos, gozaban desde el mes de diciembre de medidas sustitutivas a la prisión preventiva. “El problema es que mientras exista la orden de captura y no se de una contraorden siempre siguen siendo hostigados por la policía a pesar de que ellos andan el documento que les acredita que tienen medidas sustitutivas”.
Los delitos por los cuales los acusan es por el delito de usurpación y la acusación data desde 2013 por lo que algunos de ellos ya tienen programado un juicio oral y público. La fiscalía tiene 72 horas para apelar la resolución.
Esto es parte del trabajo de articulación con las organizaciones de base que ha impulsado el MADJ durante este año con el objetivo de buscar justicia y dignidad en medio de tanta injusticia en el país, además, es el tercer caso donde campesinos y campesinas representados por el área legal de MADJ logran obtener un sobreseimiento a su favor, los otros casos fueron evacuados en San Pedro Sula, Cortés y El Progreso, Yoro.