Posicionamiento de organizaciones populares y de lucha territorial de Honduras.

Organizaciones de diferentes departamentos y municipios del país, en lucha contra el modelo económico extractivista neoliberal que arrasa con los territorios, ante la grave situación que vive el país, nos posicionamos de la siguiente manera:

Somos organizaciones que participamos de las acciones sociales que se hacen en las comunidades por la lucha territorial, comprometidas social y políticamente con los intereses nacionales, con los intereses del pueblo históricamente explotado y oprimido por la clase económicamente dominante, apostamos por una verdadera articulación de los movimientos sociales, gremiales, políticos afines con la justicia, la libertad y la soberanía nacional.

Rechazamos con todas nuestras fuerzas la imposición de un modelo económico destructivo basado en la privatización y la explotación de los bienes comunes y públicos del país, como la tierra, el agua, los minerales metálicos y no metálicos, las comunicaciones, la energía, el ambiente, la salud, la educación, la justicia, la seguridad, la cultura, nuestras vidas en general.

Declaramos que el régimen que dirige Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional es ilegal e ilegitimo por que ha violentado el mandato popular, por su reelección inicialmente, por el fraude posteriormente y por las constantes violaciones a la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, está denunciado por la MACCIH/UFECIC por el delito de corrupción y extracción de los bienes públicos de las instituciones del Estado sin precedentes en la última década, así como señalado por su vínculo con el narcotráfico, pero protegido por el Ministerio Público.

La dictadura ha sido impuesta y es útil a los intereses del gobierno de Estados Unidos. El régimen garantiza los intereses económicos y militares del imperio norteamericano en la región centroamericana y es la plataforma para un potencial control militar de los países de la región, así como para facilitar el papel de las transnacionales y empresas extractivas.

Es urgente articularnos no solo como un frente de oposición para sacar al dictador. También hay que hacerlo construyendo juntos y juntas un plan alternativo y una estrategia que nos permita luchar por el país que queremos; hay que articular, desarrollar y consolidar el poder popular para derrotar el régimen neoliberal del capital nacional y transnacional que seguirá prolongándose si no nos sumamos de manera conjunta a la tarea de construir la realidad que queremos.

Creemos que es el momento de pensar y construir propuestas de país de avanzar y trabajar por la unidad popular estratégicamente y a largo plazo desde los movimientos sociales, gremiales, partidarios o del campo no gubernamental, la articulación por los intereses nacionales es más importante que cualquier otra iniciativa reivindicativa parcial. En este plan nos unimos, trabajamos y llamamos a todo y todas a la unidad estratégica del movimiento popular para consensuar agendas comunes e impulsar acciones conjuntas.

Organizaciones populares y de lucha territorial.

Honduras, 15 de agosto de 2019.

ATAQUES CONTRA FAMILIAS LENCAS SON SISTEMATICOS Y AMPARADOS POR LA IMPUNIDAD QUE PERMITE LA INSTITUCIONALIDAD HONDUREÑA

Compañeros y compañeras del pueblo Lenca observan como quedaron sus cultivos.

Nuevamente es destruida la cosecha de los y las compañeras indígenas Lencas de Río Blanco, familias enteras han quedado sin el sustento diario después que personas afines a la empresa Desarrollos Energéticos S.A, DESA, les destruyeran sus cultivos, todos estos ataques son sistemáticos y a la sombra de la impunidad que permite la institucionalidad hondureña para favorecer a quienes son allegados a la empresa DESA que desde hace siete años viene violentando los derechos de la población indígena que defiende su rio, su territorio y sus costumbres, a continuación un recuento de hechos en los últimos siete años.

Desde al menos 2012 la familia Madrid ha amenazado y perseguido impunemente a los líderes indígenas del COPINH que resisten a la instalación inconsulta del Proyecto Hidroeléctrico «Agua Zarca» (PHAZ) sobre el río Gualcarque, este proyecto es promovido por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) propiedad de la familia Atala-Zablah. En 2016, después del asesinato de Berta Cáceres, fueron recuperados por el pueblo Lenca de Río Blanco los territorios ancestrales de La Vega del Achotal y El Culatón, terrenos ubicados a la orilla del río Gualcarque, los cuales habían sido usurpados por la empresa DESA para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.

Entre 2016 y 2017 los integrantes de la familia Madrid en varias ocasiones entraron armados con rifles y pistolas a los terrenos indígenas recuperados, asimismo, ingresaron ganado que destruyó al menos 20 manzanas de maíz y frijol cultivado en la vega del Achotal. El 09 de abril de 2017 Leonel Madrid incendió 5 manzanas de maíz y 15 manzanas de bosque de pino y roble; este mismo señor en mayo de 2016 ya había incendiado 4 manzanas de café de una familia indígena en Río Blanco.

El 27 de abril de 2017, en idénticas condiciones, se provocó un incendio en la vega del Achiotal, en esa ocasión se destruyeron completamente 8 tareas de maíz y 3 manzanas sin cultivar, esto ocurrió después de múltiples a amenazas a muerte con arma de fuego. Todos estos hechos fueron debidamente denunciados sin que hasta la fecha se haya investigado y sancionado a los responsables.

Bajo este ambiente de absoluta impunidad, ayer nuevamente han sido destruidas con machete 15 manzanas de cultivos de maíz sembradas en la vega El Achotal, al menos 25 familias indígenas han perdido toda su producción; exigimos se investiguen estos hechos y se haga justicia para estas familias indígenas. Además, hacemos un llamado a solidarizarnos con estas 25 familias indígenas y hacer sus aportes a los centros de acopio siguientes: oficinas del ERIC-SJ en El Progreso, Yoro; Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en San Pedro Sula; y, Catrachas y Centro de Derechos de la Mujer (CDM) en Tegucigalpa, o en la cuenta de Banco de Occidente 21 301 029 1959 donde se reciben donaciones en lempiras para la compra de alimentos para la comunidad de Río Blanco.

Asi quedaron las 15 manzanas de cultivos de maíz que fueron destruidos por personas afines a la empresa DESA

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, condenamos estos ataques y nos solidarizamos con el pueblo Lenca.

Comunicado de COPINH, familia, Gustavo Castro y equipos legales ante fallo en el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres

Comunicado de la Familia de Berta, el COPINH, Gustavo Castro y los equipos legales de la causa ante el fallo que juzga a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Elvin Heriberto Rápalo, Edilson Duarte, Oscar Haroldo Torres y Emerson Duarte

El veredicto que acaba de emitirse NO satisface nuestras exigencias de justicia como víctimas en el asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato a Gustavo Castro.

Este fallo que se ha pronunciado en la Sala I del Tribunal de Sentencia que condena al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente la empresa DESA no significa que se ha alcanzado justicia.

Las estructuras y las personas que dieron el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres siguen gozando de la libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes como este de manera impune.

Desde el inicio de este proceso, hace casi tres años ya, ha sido claro que el asesinato de Berta Cáceres fue planificado por los directivos de la empresa DESA para luego ser ejecutado por sicarios vinculados a la Fuerzas Armadas de Honduras. Sin embargo, la verdad sobre el crimen y todos sus responsables ha sido limitada a quienes ahora se han juzgado debido a los obstáculos decididos que el Estado de Honduras ha interpuesto a través de su Ministerio Público y sus tribunales para negar la verdad como parte de una justicia real.

Lo que ha quedado todavía más claro de este proceso judicial del cual hemos sido expulsados, debido a que no nos hemos callado ante todas las arbitrariedades que a diario fueron sucediendo en los tribunales, es que la familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa DESA, están detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres.

Nuestra participación como víctimas es parte fundamental en el proceso de justicia y el Estado, al excluirnos de manera sistemática,  perpetúa la impunidad que inunda este país y que tanto daño hace.

Durante el juicio fuimos testigos, así como los observadores internacionales, los miembros del cuerpo diplomático y la prensa, de las comunicaciones telefónicas que evidencian esta participación. Esto también dejó claro que los hechos criminales cometidos por la empresa DESA bajo la dirección de esta familia van más allá del asesinato y comprenden una serie de crímenes realizados en contra de Berta Cáceres, del COPINH, del pueblo Lenca e incluso de la administración pública y del Estado de Honduras.

Preguntamos al Estado y sus instituciones ¿Qué intereses están en juego y motivan que con sus comportamientos protejan a los máximos responsables cuyos nombres no son un secreto? ¿Por qué existiendo evidencia de su participación no han sido procesados al día de hoy después de casi 3 años del vil crimen? ¿Qué esperan para cumplir con su responsabilidad??

Exigimos que sean traídos ante la justicia a todos los responsables por el asesinato de Berta Cáceres y no únicamente quienes pagados por DESA ejecutaron el crimen.

Con el capítulo que se cierra hoy, las condenas al eslabón más bajo de la estructura criminal con las que el Estado hondureño pretende silenciar la demanda de justicia, no termina la lucha por justicia para Berta Cáceres y el pueblo Lenca, por el contrario, se profundizan nuestros esfuerzos.

Estas condenas, son el primer escalón en la búsqueda de justicia y la familia, Gustavo Castro, el COPINH y los equipos legales hemos estado acompañados de quienes creen en Berta Cáceres, en su palabra y acción y sabemos que van a seguir estando coherentemente del lado de la verdad y la justicia en las batallas venideras que con total determinación haremos.

La impunidad que hasta hoy muestran y disfrutan los autores intelectuales de este crimen, hace parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene al modelo extractivista que saquea nuestros pueblos, ante el cual las víctimas juntos a las demás personas, comunidades y organizaciones nos comprometemos a seguirles enfrentando, como lo hizo Berta Cáceres, hasta que la Dignidad, la Verdad y la Justicia, prevalezcan en esta causa y en todas las luchas que ahora mismo se están librando en distintos territorios de Honduras y el mundo

¡La justicia hondureña está en deuda con nosotras y nosotros, con todo el pueblo hondureño!

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los 29 días del mes de noviembre del año 2018.