Violaciones a los derechos humanos, corrupción, narcotráfico, fabricación de cargos penales, son parte de los delitos que proponen senadores demócratas en ley que castigaría a Juan Orlando Hernández.

Un grupo de congresistas demócratas de los Estados Unidos presentó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras que tiene como propósito sancionar al actual mandatario hondureño por sus supuestos nexos con el narcotráfico, violaciones a los derechos humanos, cargos penales fabricados contra defensores de Derechos Humanos, etc. y además busca recortar la ayuda financiera más la venta de municiones que se da desde los Estados Unidos para las fuerzas de seguridad en Honduras.

“También cataloga el uso sistemático de la fuerza contra civiles, la represión de la libertad de expresión y protesta, y ataques selectivos como detenciones arbitrarias, asesinatos, desapariciones forzadas y cargos penales fabricados contra defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, opositores políticos y periodistas”.

La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras , es una iniciativa “copatrocinada por los senadores Jeff Merkley, Bernie Sanders, Patrick Leahy, Ed Markey, Elizabeth Warren, Dick Durbin, Sheldon Whitehouse y Chris Van Hollen, suspendería cierta ayuda estadounidense al país centroamericano. hasta que la corrupción y las violaciones de derechos humanos dejen de ser sistémicas y los autores de estos crímenes comiencen a enfrentar la justicia”.

Honduras en el último periodo de gobierno de Juan Orlando Hernández ha vivido un proceso de sistemática y creciente violencia contra quienes se oponen a las acciones corruptas del gobierno y sus funcionarios, esto ha hecho que muchas personas tengan que huir del país en caravanas para buscar mejores condiciones de vida en diferentes naciones.

“Estados Unidos no puede permanecer en silencio ante la corrupción profundamente alarmante y los abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo en los niveles más altos del gobierno hondureño”, dijo Merkley, quien forma parte del comité de relaciones exteriores del Senado. “El hecho de no responsabilizar al presidente Hernández, a los funcionarios nacionales y a la policía y al ejército por estos crímenes alimentará la pobreza y la violencia generalizadas y obligará a más familias a huir de sus comunidades en busca de seguridad”.

Las y los senadores han enviado un mensaje claro al entrante presidente Biden e identifican a Hernández como uno de los principales causantes de la migración masiva de hondureños a cualquier parte del mundo. “Esta legislación está diseñada para enviar un mensaje claro a Biden de que será imposible abordar las causas profundas de la migración sin deshacerse de Hernández y retirar el apoyo de las fuerzas de seguridad que tienen un largo historial de corrupción, crimen organizado y represión,” Dijo Dana Frank, profesora de historia en la Universidad de California y autora de La larga noche hondureña: resistencia, terror y Estados Unidos tras el golpe”.

Diferentes medios de comunicación a nivel mundial recientemente han publicado noticias relacionadas a las acciones de Juan Orlando Hernández, anteriormente Insight Crime publicó información sobre el Partido de Nacional, estructura a la que pertenece y representa Hernández, en esa publicación se detalla al movimiento político como “Un partido, muchos crímenes, el caso del Partido Nacional de Honduras”.  Tambien Infobae, otro medio de comunicación publicó el caso de investigación que tituló “Los 4 hermanos Hernández y el Partido Nacional: paso a paso, cómo una red narcocriminal tomó el poder en Honduras”.

Juan Orlando Hernández ha sido mencionado en reiteradas ocasiones en los juicios que se dan en los Estados Unidos contra hondureños que han sido acusados y condenados por estar vinculados al narcotráfico, en Honduras la justicia nunca ha actuado contra el mandatario a pesar de las constantes menciones y el tener a su hermano menor condenado por este delito.

Leer investigación completa aquí: https://www.theguardian.com/world/2021/feb/23/us-democratic-senators-honduras-sanction-president-bill

De la corrupción sistemática, al desastre natural.

El PCM 138-2020 es el diseño, construcción y operación de 14 proyectos de generación hidroeléctrica y represas. La narcodictadura, brinda todas las condiciones para que estos proyectos generen conflictos en el tejido social, la persecución y criminalización de las y los luchadores sociales. Y es que los 14 proyectos gozan de un certificado de Incorporación y Viabilidad de Operación, o mejor dicho en otras palabras, el PCM incluye todos los permisos requeridos por la legislación nacional, que deben ser emitidos según el plazo establecido en el artículo 40 de la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones.

Además, los 14 proyectos se construirán con fondos de un fideicomiso previamente firmado entre BANCATLAN, ENEE y COALIANZA, por un plazo de 30 años. Utilizando la misma lógica corrupta que con el fondo vial en 2011, el Estado de Honduras, asumirá toda responsabilidad económica en caso de que el proyecto fracase o sea económica y socialmente inviables.

El MADJ tiene la tesis de que debido a los múltiples levantamientos de organizaciones populares por la defensa del territorio, bienes comunes y contra la corrupción y la narcodictadura a nivel nacional, se han logrado detener o interrumpir el financiamiento de la banca internacional y sus intermediarios nacionales, provocando pérdidas y aumento de interesen los diversos proyectos de generación de energía en Pajuiles, Río Blanco, Guapinol, San Juan, Triunfo de la Cruz, Jilamito, entre muchos más. Las empresas y empresarios aseguraron con el fideicomiso entre BANCATLAN, ENEE y COAVI y el PCM 138-2020 su seguridad financiera, aunque el proyecto sea interrumpido por razones económicas o por levantamientos populares en las comunidades.

En el escenario de esta probabilidad, a pesar de que el proyecto no se concluya, el Gobierno deberá pagarles a las y los empresarios el valor y precio del proyecto. En otras palabras, aunque exista resistencia y levantamiento popular, los capitalistas pretenden que sea el pueblo quienes paguen a través de sus impuestos, sus “inversiones para el desarrollo”.

Estas acciones de contratación de deuda con bancos nacionales, internacionales, bonos de mercado internacionales, profundizaran el endeudamiento público del Estado y, en consecuencia, de la sociedad en general.

El fideicomiso, se establece en su etapa inicial, autorizando a BANCATLAN a un listado “cerrado” y “selectivo” de sociedades mercantiles de “reconocido” prestigio, dando paso a oscuros procesos de corrupción que no pueden fiscalizados por la sociedad, además, permite relevar de responsabilidad a funcionarios de la ENEE por subcontratación de personal, profundizando así la sistemática impunidad de funcionarios públicos, militares y empresarios.

Finalmente, en esta primera parte (1/3) nos cuestionamos lo siguiente, ante las alarmantes y desproporcionados beneficios que contiene el PCM 138-2020, ¿la inversión y el desarrollo hacia quienes está dirigido?, para nosotras y nosotros, usted y yo, evidentemente, no, pero debemos pagarles en caso de que no sea “viable” a sus intereses.


Es por eso que desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia MADJ seguimos proponiendo la organización y la formación como principal bandera de lucha, convocando a nuestro pueblo a sumarse a la lucha contra la perversa clase política y empresarial que ha saqueado a nuestras riquezas.

Pronunciamiento Público: Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

A las y los familiares de Keyla Patricia Martínez, territorios en resistencia, y al pueblo en general;

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, nos sumamos a las exigencias de justicia por el feminicidio de Keyla Patricia Martínez, enfermera de la ciudad de La Esperanza, Intibucá, ocurrido en la Estación Policial de dicha ciudad, el pasado 07 de febrero en horas de la madrugada. 

Como si, la Narcodictadura, la pandemia global de COVID19, el paso de las tormentas Eta e Iota y la desprotección sanitaria y de bioseguridad no fuesen suficiente, el asesinato y feminicidio de Keyla Patricia Martínez nos obliga a realmente cuestionarnos, si en Honduras la vida de las y los pobres no vale nada – ¿cómo esperan realmente que no quememos todo?

A 11 años de narcodictadura, las instituciones judiciales y las fuerzas armadas y policiales asumen desde sus cortas ideas, que, a través de un comunicado en la página oficial de la Policía Nacional, que Keyla Patricia Martínez cometió suicidio, desvinculando la responsabilidad del Estado y su Gobierno

Han sido 11 largos años de narcodictadura, en donde las instituciones judiciales y las fuerzas armadas y policiales han sido instrumentalizadas para el trasiego de cocaína, armas y personas, en donde las violaciones de derechos humanos, han puesto entre dicho la capacidad operativa de administrar la justicia por parte del partido de gobierno y sus diversos aliados económicos y militares.

El feminicidio de Keyla Patricia Martínez, es una demostración más, de que en Honduras la policía, asesina, viola, trafica y extorsiona porque existe un Estado y un Gobierno que garantiza la impunidad. El caso de Keyla, es la máxima expresión de las múltiples violencias que afrontan mujeres y niñas en un país con una narcodictadura y cuyas garantías constitucionales son expuestas debido, al abuso de autoridad de policías y militares, por ello y en profunda solidaridad con las y los familiares de Keyla Patricia Martínez, nos pronunciamos y exigimos:

  1. Denunciamos y condenamos la represión policial perpetrada por la Policía Nacional contra las y los manifestantes, entre ellos, familiares, luchadores sociales, organizaciones sociales, políticos y defensores de derechos humanos que pacíficamente exigen justicia frente a la estación policial en La Esperanza, Intibucá.
  2. Exigimos una investigación independiente, con rigor técnico y científico, que garantice un proceso transparente y óptimo de los hechos, enjuiciando y encarcelando los responsables materiales e intelectuales de Keyla Patricia Martínez.
  3. Condenamos el comportamiento cómplice del Ministerio Público que a más de 48 horas de haberse cometido el crimen no ha ordenado la detención de los sospechosos del crimen, garantizando la impunidad sistemática contra mujeres y niñas.

Por último, hacemos un llamado a la población hondureña, que, en medio de la tragedia, nos sumemos a toda acción de protesta por la recuperación de la justicia y la dignidad de nuestras familias.

¡Hasta la dignidad, Siempre!

Los protectores del río Jilamito y la guerra por el agua en el Caribe de Honduras

Por: Redacción CRITERIO.HN

redaccion@criterio.hn

Arizona, Atlántida. -Mayo de 2015. El exalcalde de Arizona —zona noratlántica de Honduras— Adolfo Alfonso Pagoada, realiza un cabildo abierto mediante el cual la comunidad se opone por mayoría a la construcción de una hidroeléctrica. Sin embargo, para sorpresa de los pobladores, la alcaldía anuncia que el proyecto ha sido aprobado por la comunidad y le da el visto bueno a la empresa Inversiones de Generación Eléctricas Sociedad Anónima (Ingelsa), propiedad de Emin Abufele.

El empresario en mención buscaba, desde aquel entonces, ejecutar el proyecto hidroeléctrico Jilamito para la producción de 14.80 MW de energía, a un costo de US$ 75,562 millones (L. 1,824,307,003) de los cuales el 26.8 % serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través su rama BID Invest,  el 47.3 % por la Corporación Internacional de los Estados Unidos (DFC) y el 25,9 % por el capital de los socios.

El 20 de noviembre de 2015 la población de Arizona declaró al municipio libre de minería e hidroeléctricas y denunció a Pagoada por abusar de su autoridad.

“Le dijimos que no a la hidroeléctrica. La comunidad dijo que no quería, pero la municipalidad dijo que la gente había dicho que sí. Habían traído gente en buses de otras partes para aprobar el proyecto”, dice Lucinda Chacón, tía del nuevo alcalde de Arizona, Arnaldo Chacón, quien ahora, desde su posición como jefe edilicio, enfrenta un proceso judicial por oponerse al proyecto hidroeléctrico en defensa y conservación del río Jilamito.

El 15 de mayo de 2017 los opositores al proyecto llegaron en varios buses hasta el lugar donde se pretendía instalar el proyecto hidroeléctrico. Los ingenieros y dueños de maquinaria estaban sorprendidos, ya que les habían hecho creer que la comunidad estaba de acuerdo.

“Nosotros habíamos dicho que no, pero siempre siguieron en contra de la voluntad del pueblo. Había máquinas trabajando porque pensaban que el proyecto era legal, pero al darse cuenta de que era ilegal en ese mismo instante salieron con todas las máquinas. Ese mismo día se instaló el campamento ahí. Llegábamos hasta 200 y 300 personas a cuidar el río Jilamito”, recuerda Lucinda.

Corrupción Honduras
Doña Lucinda Chacón se mantiene firme en oposición a que la empresa Ingelsa cristalice su proyecto hidroeléctrico sobre el río Jilamito.

En el campamento duermen en promedio diez personas al día, quienes se turnan para hacer vigilias. La tarea se reparte en calendarios entre habitantes de 16 comunidades que buscan que el río Jilamito sirva para el consumo humano y no para negocios particulares. Están cuidando el río de la empresa Ingelsa, para que esta no meta maquinaria y no introduzca turbinas. Noche y día cuidan el río, lo contemplan y lo acunan como si fuera un bebé. La intención es que el río siga siendo del pueblo.  

29 de mayo de 2017. La Policía Nacional hace el primer intento por desalojar de forma forzosa a la población del campamento Jilamito. Policías y trabajadores de Ingelsa destruyen parte del campamento, golpean a jóvenes, arrebatan celulares e impiden el libre tránsito.

“Llegaron un montón de militares, queriéndonos sacar, nosotros les dijimos que era nuestro derecho al agua. Ese montón de policías quisieron intimidarnos. Pero el grupo que estábamos ahí llamamos por refuerzos y después los policías tuvieron que recular. Querían sacarnos a la fuerza, pero no pudieron”, agrega Lucinda.

Doña Elena Gaitán, pequeña empresaria de la zona, es otra de las personas que, imputada por el Ministerio Público, está señalada de detentar espacios públicos en perjuicio del Estado de Honduras.

“A mí me gusta bastante la literatura. Desde hace más de 30 años vengo siguiendo una secuencia de la sobrepoblación de las ciudades y pueblos. Sabiendo de que nosotros en Arizona estamos conectados a una pequeña quebrada, y tenemos una comunidad que cada día crece más, entonces tomé la decisión de vigilar el caudal del río Jilamito para consumo humano”, dice doña Elena.

Leer investigación completa aquí: https://criterio.hn/los-protectores-del-rio-jilamito-y-la-guerra-por-el-agua-en-el-caribe-de-honduras/

Cuarta Legislatura y 11 años de narcodictadura.

El 27 de enero se cumplieron siete años del ascenso ilegal e ilegitimo del narcodictador Juan Orlando Hernández, quien después de haber violentado la Constitución de la república, amparado y respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, la comunidad y cooperación internacional, así como organismos financieros e internacionales, entre ellas la OEA, asumió el poder en Honduras.

A más de 11 años del golpe de Estado, la sociedad hondureña se encuentra entre una delgada línea de una “Honduras de acá y una Honduras de allá”. Y es que con esa frase el dictador y las organizaciones criminales, entre ellas; el partido nacional y liberal, han implantado en Honduras una forma de gobierno donde la élite económica y militar han tenido mayores beneficios, cobertura de derechos y principalmente impunidad, pues, tras escalofriantes casos de corrupción en el pasar de los años (2013, 2015, 2017 y 2020), la narcodictadura no deja de sorprendernos.

El gobierno de Juan Orlando Hernández ha sido marcado por los actos de corrupción en total impunidad, los fraudes electorales respaldados por la embajada norteamericana, los desfalcos y privatización de las instituciones del Estado, una agenda completamente abierta a la entrega de los territorios y la venta “menudeada” del país.

El orden constitucional que se rompió en el golpe de Estado en el año 2009 nunca más volvió a restablecerse a pesar de haber celebrado tres procesos electores, todos ellos, fuertemente criticados por la población, gremios y organizaciones políticas y sociales, desde entonces las sucesivas embestidas contra la Constitución han seguido reduciendo la frágil institucionalidad hondureña y han abierto cada vez más espacios para el autoritarismo.

Los últimos tres Gobiernos liderados por el Partido Nacional han implementado políticas neoliberales, concesionando territorios y recursos naturales sin ser notable una mejoría en la calidad de vida de las y los hondureños, por el contrario, han beneficiado a los autores intelectuales de golpes de estado, asesinato a líderes y liderezas políticos y luchadores sociales (Caso Berta Cáceres, Ramón Fiallos y María Enriqueta Matute), El presupuesto de seguridad y defensa ha incrementado año a año en detrimento de las políticas sociales, que en los últimos años han sufrido un deterioro en la cobertura de derechos y condiciones mínimas de dignidad.

Producto de la reducción presupuestaria y el abandono, los servicios sanitarios y de educación han sufrido graves recortes y privatizaciones, generando precarización laboral y perjudicando a los sectores más empobrecidos. Pese a todo, Hernández sigue contando con el tibio beneplácito de la comunidad internacional y con el apoyo expreso de Estados Unidos, el comando sur y la Embajada de Estados Unidos en Honduras, que aún no cuenta con la totalidad del cuerpo diplomático, que públicamente considera al presidente un excelente aliado en la lucha contra el narcotráfico, obviando la evidente penetración del narco en las estructuras estatales.

Por todo ello es que, en este nuevo aniversario del golpe dictatorial, sus continuadores siguen entregando el país a la codicia de las trasnacionales, de los intereses del imperialismo norteamericano y principalmente, de los saqueadores de cuello blanco, que desde sus apellidos importados han hundido la economía de manera que la desocupación y la miseria han convertido a Honduras en uno de los territorios más pobres de Centroamérica y del continente.

La oscuridad grisácea que contempla a Honduras desde el Narco Estado, tiene a sus hombres y mujeres, sus niños y hasta los ancianos en una de las peores crisis humanitarias a nivel global, pues es el pueblo quien alimenta las columnas de los “condenados de la tierra” que intentan llegar hasta las vallas que separan la frontera de México con el infierno USA.

Desde el 2009, el capital transnacional, la comunidad y cooperación internacional, hidroeléctricas, mineras, aserraderos, pastillas de harina, narcotraficantes, agentes encubierto, dos fraudes electorales y una militarización de la institucionalidad y de la sociedad son los datos duros que se manifiestan en las calles empobrecidas, desiguales y violentas de Honduras, pues han convertido al país y a su institucionalidad en una novela de realismo mágico perfecta, o en otras palabras; Honduras es, una dictadura perfecta, que solo el pueblo, organizado, combativo y digno, puede transformar los días grises, en días de alegría y justicia.

¡Hasta la dignidad, siempre!

Reinician los procesos de criminalización contra el pueblo Tolupán

Con la llegada del mes de febrero también llegan noticias negativas para el pueblo Tolupán, los procesos de criminalización incoados contra las y los indígenas, luchadores sociales de la tribu San Francisco Locomapa han sido reabiertos y nuestros compañeros y compañeras obligados nuevamente a asistir a firmar a los juzgados como medida sustitutiva a la prisión que fue impuesta por un tribunal para favorecer al empresario Wilder Domínguez quien se dedica al corte inconsulto de la madera en los territorios que ancestralmente han poseído los y las indígenas.


Nuevamente la “justicia” hondureña entregada al “poder” sostiene y mantiene este proceso de criminalización contra quienes luchan por la vida, mientras los asesinos materiales e intelectuales del pueblo Tolupán se pasean libremente por la tribu.

“Después de casi un año de no firmar por la pandemia hemos regresado a firmar por la obstaculización de un plan de manejo que tenemos aquí en los juzgados de Yoro al empresario Wilder Domínguez, hemos estado en los juzgados de Yoro firmando” nos dijo nuestro compañero Ramón Matute.

Pero a la justicia de Yoro al parecer no le interesa el riesgo de contagio de covid19 para las y los indígenas “Hay un alto riesgo de andar en los buses por la pandemia, aun así, nos están convocando a firmar, las autoridades de acá parece que están a favor de la explotación ilegalmente del bosque que hay en la tribu San Francisco y eso no para, día y noche, y no hay ninguna investigación de las autoridades por lo que está pasando en la tribu”. Nos dijo nuestro compañero Ramón.

Por otra parte, el saqueo al bosque y al territorio Tolupán no se detiene ni en tiempo de pandemia ni con los procesos de criminalización hacia las y los indígenas. “A pesar que estamos criminalizados por las autoridades, nuevamente el empresario Wilder Domínguez con el Consejo Directivo han ingresado maquinaria a la tribu San Francisco” nos continuó contando Ramón Matute en relación al nuevo corte de madera que se pretende realizar en los predios de la tribu.

Las amenazas para los luchadores sociales continúan y ese sí, no se investigan, esto no hace bajar el ánimo en las y los integrantes de la resistencia indígena “Tuvimos que habilitar de nuevo el Campamento… e inmediatamente el Consejo Directivo que es el que ha vendido nuestro territorio llegó al Campamento a tomar fotografías y nosotros estamos en el Campamento y hacemos un llamado a las autoridades que si nos pasa algo será responsabilidad de las autoridades porque nosotros hemos denunciado días atrás que la madera que derribaron los huracanes será construcción de nuestras casas”.

Nuestros compañeros y compañeras indígenas anunciaron que “la lucha en tribu San Francisco sigue” a pesar que deberán presentarse dos veces al mes a firmar el libro a los juzgados de Yoro.


La desigualdad y la discriminación de las instituciones estatales siguen siendo los grandes aliados de quienes hoy saquean el territorio Tolupán ante la vista, paciencia y complicidad de las autoridades de Yoro.

Será feliz el día en que exista algo que celebrar, mientras tanto, aquí se respira lucha.

“Hoy quiero construir y destruir, levantar en andamios la esperanza. Para talar, arrasar, las podridas raíces de mi pueblo…” El Combate, Clementina Suárez.

El Congreso Nacional de Honduras, a través de algunos de sus diputados y diputadas aprobó en los últimos días, una reforma a la ley que prohíbe la legalización actual o futura del aborto y con ello, el derecho a decidir de las mujeres hondureñas. Esta iniciativa fue presentada por el parlamentario Mario Pérez integrante del Partido Nacional y se denomina “Escudo Contra el Aborto en Honduras”.

Esta ley incluye la reforma al artículo 67 constitucional que tiene que ver con la protección a la vida y que en la actualidad se leía, “Al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la Ley”, pero que, con la reforma propuesta y aprobada, el artículo establece que “es prohibido e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que está por nacer, a quien debe respetarse la vida en todo momento”.

Ante esto, diferentes organismos internacionales han mostrado su rechazo a la aprobación de esta legislación, una de las instituciones ha sido la Organización de Naciones Unidas ONU, que ha manifestado que, “Lamentamos que los esfuerzos para enmendar el Código Penal con miras a despenalizar el aborto hayan fracasado en el pasado y recordamos que penalizar a las mujeres por abortar va en contra de las normas internacionales de derechos humanos … Este proyecto de ley es alarmante. En lugar de dar un paso hacia el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, el país está retrocediendo”, la OACNUDH por su parte, ha manifestado que “La reforma constitucional para la prohibición absoluta del aborto contraviene obligaciones internacionales y recomendaciones específicas al Estado de Honduras sobre los derechos de las mujeres”.

Los legisladores no tomaron en cuenta las tres causales propuestas para considerar la legalización del aborto, esas causas son: violaciones, malformación grave del feto o cuando la vida de la mujer embarazada está en serio peligro, por lo que Honduras se convierte en uno de los países del mundo donde queda totalmente prohibida esta práctica a pesar de ser una de las naciones con índices muy altos de embarazos adolescentes y donde uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años según la ONU.

La ley fue aprobada por el Congreso con dispensa de dos debates y a tan solo 10 días de haberse conocido, también refiere que, “serán nulas e invalidas las disposiciones que se creen con posterioridad a la vigencia del presente artículo” por lo que deja sin valor y efecto cualquier iniciativa que pretenda presentarse en el futuro para cambiar esta decisión.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia declaramos nuestra inconformidad y condenamos el retroceso y los efectos nocivos que impone esta ley, ya que consideramos viene a retroceder y a cercenar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el país, ante ello, comunicamos y condenamos que:

  1. El proyecto fue propuesto y discutido en su mayoría por hombres, sin legitimidad ni función pública, vinculados al crimen organizado y procesos de corrupción contra el Estado de Honduras y su población.
  2. Que una política pública tan trascendental como los derechos sexuales y reproductivos sea instrumentalizada por la Narcodictadura e Iglesias para desviar la atención de la crisis humanitaria, socio-económica y político-institucional, es la alegoría de la caverna moderna y oscurantista, carente de razón y ética, encaminada a coartar derechos humanos.
  3. El desprecio mostrado por las y los narcodictadores hacia las mujeres y  población en general es incalculable, manifestada en la continua postura del abordaje de problemáticas sociales desde el lente del derecho penal como instrumento ideológico enfocado en atacar a la población empobrecida, sumado a ello, la instrumentalización de la “fe” popular para imponer desde la razonamientos empíricos de pastores y párrocos, obviando el abordaje  temático en materia sanitaria, social e institucional penalizando y obstaculizando diálogos y debates sobre la veindicación de derechos humanos sexuales y reproductivos.
  4. Por último, manifestamos que; la legalización del aborto como derecho humano y la despenalización del mismo, puede tener posturas antagónicas, pero estas deben tener sustento científico y racional. La narcodictadura ha violentado la laicidad del Estado, reduciendo el diálogo y debate político, filosófico y científico a una discusión moral y de principios religiosos, cuando en realidad se trata de la vida y derechos de millones de mujeres hondureñas empobrecidas por una élite corrupta, violenta y narcotraficante.

Reiteramos nuestro llamado permanente a la organización de nuestro pueblo, el que tiene una sola cara de dignidad, el que se ha levantado a la voz de la justicia, contra la corrupción y toda forma de opresión. Por la dignificación…

¡Hasta la dignidad, siempre!

36 meses de impunidad para Ramón Fiallos

Hoy recordamos la vida, las enseñanzas, el trabajo, el compromiso y el aporte de Ramón Gabriel Fiallos Siria, asesinado por militares durante una violenta represión en el municipio de Arizona en el departamento de Atlántida en una de las tantas manifestaciones en contra del fraude del Partido Nacional en las elecciones de noviembre de 2017.

La lucha en defensa del agua, de la amenaza que representa la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito, propiedad de la empresa Ingelsa lo pusieron como blanco de la violencia que acabó con su vida.

El compa Moncho como se le conocía, fue un hombre que dedicó su vida a luchar por los intereses comunes. Un hombre trabajador, proveedor para su familia, dedicó sus últimos años de vida al Campamento Digno por la Defensa del Río Jilamito, lugar que vigila y protege esta fuente de agua que ha sido destinada para uso y consumo humano.

Al momento de su asesinato militaba activamente en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y participaba en las manifestaciones contra el fraude electoral en las elecciones de noviembre de 2017 que dejaron como presidente impuesto por la Embajada de los Estados Unidos en Honduras a Juan Orlando Hernández.

La noche del 22 de enero de 2018 emprendió el camino desde su comunidad hasta la carretera CA-13 que comunica la ciudad de San Pedro Sula con La Ceiba para unirse a los miles de ciudadanos que exigían el respeto a la voluntad popular en las inmediaciones del puente sobre el río Arizona.

Hasta allí llegó un contingente militar que disolvió con disparos la manifestación, al menos uno de esos disparos impactó a Ramón Fiallos. Herido fue trasladado a un centro asistencial en la comunidad de San Juan Pueblo donde minutos más tarde se confirmó su muerte.

En vida, el compañero Ramón Fiallos también colaboró en procesos de enseñanza popular y de educación básica como maestro de matemáticas. Fue parte de los campesinos organizados que luchó por la recuperación de la tierra en el valle de Lean, fue uno de los fundadores del Campamento Digno por la Defensa del río Jilamito, su compromiso con las luchas se lo inculcó su abuelo durante su infancia.

A 36 meses de su asesinato, el pacto entre las instituciones del Estado hace que el crimen siga en total impunidad, las diligencias investigativas no presentan avances y el Ministerio Público guarda un misterioso pero cómplice e inmóvil silencio que favorece a quienes le quitaron la vida.

Para recordar su legado, las comunidades de Arizona decidieron en el año 2019 nombrar el puente sobre el río Lean con el nombre de Ramón Fiallos como muestra de unidad entre los territorios en lucha.

Las comunidades MADJ recordamos a Ramón Fiallos y su característica frase que perdura en el tiempo. “Lo que se empieza, se termina, sino, no sirve”.

¿Guerra contra quienes?

La guerra contra las drogas y el crimen organizado, recae en la caravana migrante.

Entre la oscuridad de la noche y el cansancio de una narcodictadura; la Policía Nacional y el Ejército se apostan en el paso fronterizo de El Florido, en el departamento de Copán, en horas de la noche del 15 de enero del 2021. Se ubicaron frente a la 4ta Caravana de Migrantes que ya sumaban más de 5,000 personas en menos de 24 horas de haber iniciado. La Policía Nacional, ante la crítica situación, confirmo de qué lado se encuentran en esta disputa profunda por la liberación del país, pues ya no se trata de una cuestión de “seguir o no seguir órdenes” o “que ese es su trabajo y deben hacerlo aunque no les guste”, es que su provocación fue de guerra contra las y los migrantes, en donde oficiales y elementos policiales cantaron el himno de la Policía Nacional y cantos de entrenamientos, de forma intimidatoria y como señales preparativas para un combate entre Policías y Migrantes, dejando en claro la acumulada crisis histórica en la que se encuentra el país, acciones vistas a través de la historia en guerras civiles y largos períodos de ingobernabilidad.

Con miradas fijas y concentradas, agitaron los toletes en sus escudos, marchaban con tal violencia, que podía escucharse como su respiración se aceleraba por la adrenalina. Alumbraron con sus focos de mano a los rostros, y mientras avanzaban contra la caravana, de un lado se escuchaban, gritos agitados y cansados que entonaban el himno nacional de Honduras “[…] serán muchos Honduras tus muertos, pero todos caerán con honor” y, por otro lado, oficiales gritándole a sus elementos “avancen”,” firmes”, “[…] por la patria, por la vida, policía”.

Para el 16 de enero, sobrevolaban helicópteros en el puesto fronterizo, se movilizaban decenas de militares y policías de Honduras y Guatemala, la primera fila, principalmente de mujeres jóvenes y madres, se arrodillaron, con sus manos al aire, oraban y pedían a Dios, que les dejasen pasar. En el transcurso del día, gracias a las plegarias, pero principalmente a la organización, hicieron lo suyo – para el 17 de enero, la caravana avanzó superando militares y policías de los puestos fronterizos con destino a Vado Hondo, Guatemala.

Entre el 17 y 18 de enero, los diálogos entre migrantes, fuerzas armadas y algunos “cónsules”, se perdieron cuando las fuerzas armadas y la policía de Guatemala, desalojaron a la caravana migrante, utilizando gas lacrimógeno y persiguiéndoles entre zonas residenciales, zacateras y el paso carretero, pues las autoridades alegaron que la caravana paralizó y afectó la economía de Guatemala por su inmovilización en la carretera y el paso fronterizo en Vado Hondo. 

¿Quiénes son los responsables que provocaron semejante éxodo?

Los medios de comunicación corporativos de la élite económica y militar, señalan a la crisis mundial del COVID19 y el paso de los huracanes Eta e Iota como los principales responsables, además de vincular la caravana como una acción del crimen organizado para traficar personas, drogas y desestabilizar el país, según declaraciones brindadas por el Director Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, el comisionado Julián Hernández.

Por su parte Nelly Jerez, vicecanciller de la Republica, brindaba declaraciones a los medios de comunicación, que los esfuerzos entre el gobierno y la empresa privada para evitar la migración irregular se centraba en el corte de café y caña de azúcar, pero que las personas querían más y que, por ende, tomaban la decisión de irse del país.

El gobierno central de Juan Orlando Hernández, Mauricio Oliva y Oscar Chinchilla, el partido nacional y liberal, las fuerzas armadas y asociaciones de empresas privadas, vinculan la caravana de migrantes con el crimen organizado y la oposición política, cuyas pretensiones son la desestabilización del país. Cabe resaltar, que quienes tienen el control pleno de todas las instituciones del Estado, así como el control de las fronteras, puertos y aeropuertos, es la narcodictadura; misma que en el año 2014 aprobó la Ley de protección de la soberanía del espacio aéreo que da la facultad a las Fuerzas Armadas, a derribar aviones y avionetas bajo sospecha de transporte de droga provenientes de sur américa, y así de esta manera contrarrestar el flujo de narcóticos y de redes del crimen organizado, deslegitiman las declaraciones de ambos funcionarios, pues los resultados y datos de la narcodictadura, dicen lo contrario.

Las caravanas son el resultado de la violencia, el empobrecimiento y desigualdad provocadas por las intervenciones militares, la militarización de la sociedad, el crimen organizado y la corrupción e impunidad por parte del gobierno, el partido Nacional y Liberal, la cooperación internacional y las fuerzas militares.

Estos actores son los grandes responsables de la mayor crisis humanitaria y de derechos humanos en la historia del país, pues su respaldo y reconocimiento a gobiernos vinculados al narcotráfico, han oxigenado a las élites criminales por más de 11 años desde el periodo post golpe de Estado. Este es el resultado de múltiples intervenciones políticas, económicas y militares, con el silencio cómplice de la OEA, ONU, entre otros organismos internacionales, que en todo momento han legitimado las acciones criminales de la narcodictadura, del partido nacional y liberal, de la intervención norteamericana en la Mosquitia y de la corrupción e impunidad.

No es acaso Estados Unidos la principal bóveda de información del mundo – lo que los medios de comunicación corporativa y funcionarios públicos, nos intentan decir es que ¿Un par de sujetos con limitantes económicas, formativas y logísticas pueden superar el aparato de inteligencia de las fuerzas armadas de Honduras y de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo en Palmerola para conformar una caravana de migrantes y así facilitar el tráfico de drogas en beneficio del crimen organizado para desestabilizar el país? – o las élites económicas y militares, al mejor estilo de guerra fría, acatan a cabalidad las ordenes imperiales de EEUU – la caravana no sale del triángulo norte, cueste lo que cueste.

Simple y sencillamente, es poco racional e irrisorio la opinión de los medios y funcionarios, pues el narco Estado, también es creación de la embajada de EEUU y FTC-Bravo en Palmerola, que desde su creación en 1983 ha tenido influencia en Ahuas, en Gracias a Dios, hasta la actualidad, sin mayores resultados para la mejoría de calidad de vida de las y los hondureños y el país en general.

Vivir y sobrevivir en Honduras, definitivamente no es para cualquier ser humano, las caravanas migrantes representan la más legitima de las voces de resistencia, de dignidad y de búsqueda de justicia para mejorar la calidad de vida de las personas. Son el recuerdo permanente que existe un territorio (112,492 km2) por recuperar que se llama Honduras, sus instituciones y la esperanza de construir un país multicultural, justo, digno, donde las personas puedan desarrollarse (humana y económicamente) en plenitud. Un país que enorgullezca a sus hijos e hijas, y con la suficiente fuerza para luchar contra todos los males que hemos tenido que soportar a través de tanto tiempo y de tantos malos gobiernos

Convocamos permanentemente a nuestro pueblo, el más hermoso, al que tiene una sola cara de dignidad, a organizar la caída de la narcodictadura y de las intervenciones extranjeras, para así edificar un país y un territorio, donde todo sea para todos y todas.

¡Hasta la dignidad, siempre!

Agua para la vida, no para el comercio.

El agua deja de ser un bien de consumo público y pasa a ser un bien privado cotizado en la bolsa de valores de Wall Street. Esta acción “repentina” ha sido señalada y denunciada por décadas por poblaciones campesinas, indígenas y afros a nivel mundial, pues a finales del siglo XX, múltiples acuerdos con el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre otros muchos más, patrocinaron iniciativas de legislativas para la privatización del agua a través de nuevas Leyes marco del sector de Agua y Acueductos, como fue el caso de Cochabamba en Bolivia o Aguas de San Pedro en Honduras.

Mediante la ley marco, inicio el proceso de privatización del agua potable, esta, impuso al SANAA que tenía hasta el 2007 para trasladar la responsabilidad estatal a las municipalidades, este proceso también se le conoció como la municipalización de las aguas. Así de esta manera las municipalidades tienen según ley, la potestad de entregar los servicios de agua a empresas particulares y privadas del servicio de agua para que asuman la responsabilidad de infraestructura, distribución y facturación del vital líquido, anulando la responsabilidad del Estado para con la población en general y otorgándoselas a manos privadas.

En primer lugar, toda la infraestructura de acueductos que fue construida y constituida con fondos públicos en el período entre 1960 a 1999, fue traspasado bajo concesión y consorcio a empresas de inversión privada, que no invirtieron ni un décimo de dólar en la edificación del sistema de acueductos, casos como San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortes, El Progreso, La Lima entre otros municipios a nivel nacional, sufrieron está lógica de traspasar empresas y recursos públicos a manos privadas.

En segundo lugar, el proceso de privatización tuvo su aceleración justo después del golpe de Estado y aprobación proyectos de generación de energía con recursos renovables, entre ellos las hidroeléctricas, pues para el periodo post golpe de Estado de Honduras se preparó y desarrolló la Licitación pública internacional No. 100-1293-2009 “compra de potencia y su energía asociada generada con recursos renovable”, el 05 de octubre, el gerente general de la ENEE[1] nombro el comité y sub comités de evaluación, el 18 de diciembre de 2009 se aperturo el mercado de ofertas y el 25 de enero del 2010 se remitió un informe final indicado que los proyectos de generación son inviables por su impacto en el medio ambiente.

Y el tercer lugar, es la cotización de valores del agua como recurso y no como servicio, para hacer una analogía, el agua puede cotizarse como un bien material tal cual lo es una empresa como Facebook (comunicaciones), GMC (transporte), Chevron (combustible) o Newmont Goldcorp (minerales/oro).

Pero, ¿cuál es el precio del agua? ¿quién determina su precio y cómo? – existe una realidad absoluta en el mundo, el agua dulce es un recurso limitado y se está agotando, entonces, ¿cómo creamos un mundo donde no hay suficiente recurso vital para todas y todos? – Según el mercado global y la expansión imperialista; colocándole un precio y que este sea accesible para aquellos que puedan pagarlo, en ese sentido, ¿cómo será el nuevo mundo en el periodo post pandemia?

La crisis mundial del agua, es una crisis del modelo civilizatorio y con ello, del sistema capitalista global. Parece impensable, pero ha sucedido y seguirá sucediendo, el agua se privatizará y solo será para aquellos que puedan comprarle, de no ser que exista una defensa férrea como la que existe en Pajuiles, Arizona, Río Blanco, Reitoca, entre otros a nivel nacional y regional, en constituir el agua como un derecho humano y universal, por encima de las perversas intenciones del capitalismo global y las empresas transnacionales.

Hoy el tiempo y los hechos nos vuelven a dar la razón, el bien y recurso más importante y vital del planeta para que exista vida, no puede ser administrado y ser beneficio para unos cuantos, el impulso que nos debe motivar a luchar por el agua, es reconocer lo valiosa que es para el desarrollo de la vida. Es importante e imperante recuperar nuestra relación histórica con el agua, pues la industria global del siglo XXI responsabiliza a los seres humanos por individual, y no a ellos como grandes responsables de semejante catástrofe.

Cambiar el modelo y el sistema, es salvar la vida.

Hasta la dignidad siempre.