La independencia no se puede celebrar, si no es nuestra

“Si uno cree en la libertad. Si uno sabe que su pueblo está siendo oprimido. Si uno tiene totalmente el convencimiento de que estamos viviendo en un país colonizado, de que fuimos invadidos, de que nos mataron, de que están destruyendo a nuestro pueblo, que se aplica el genocidio de día a día, destruir al enemigo es salvar la Patria.” Filiberto Ojeda Ríos.

En la mañana del 15 de septiembre de 1821 se reunieron en el palacio de la Capitanía General de Guatemala, Gabino Gaínza, José Cecilio del Valle, Pedro Molina, Mariano de Aycinena, José Santiago Milla, Mariano de Beltranena, Miguel Larreynaga, Mariano Gálvez y José Matías Delgado. Todos hombres, blancos y criollos eran quienes discutían la posibilidad de proclamar la independencia de los pueblos centroamericanos.

El documento llegó a las comunidades más importantes en Honduras en el transcurso de septiembre y octubre de 1821. Gracias, fue la primera comunidad en recibirlas el 22 de septiembre. Para el viernes 28 de septiembre, los pliegos llegaron a las ciudades ahora conocidas como Comayagua y Tegucigalpa. En el transcurso del mes octubre, recibieron también los pliegos: Santa Rosa, Omoa, Trujillo, Juticalpa, Danlí y Santa Bárbara.

Honduras, un país pluricultural fundado por criollos, militares e intelectuales, cuyo  nombre se encuentra más al filo de su realidad, una hondura profunda, cuya historia popular, mal contada, radica en el rechazo y odio del territorio expresada por el invasor Cristobal Colón “gracias a Dios salimos de estas honduras”, un país cuyas heridas de la independencia, el fracaso de la unión centroamericana, la reforma liberal y la tan odiada república bananera aún pesa en nuestra sociedad, nuestra política y nuestra economía.

Un país donde el retorno a la democracia aún no es realidad y en donde hacer golpes de Estado o instalar un Narco Estado es determinado por una larga historia de corrupción, de intervenciones militares y económicas, del empobrecimiento, la violencia y la desigualdad. Luego de 199 años del grito de independencia de los países centroamericanos frente a la Corona Española, en Honduras y en la región aún nos cuestionamos la paradoja de ¿cuál independencia?

No puede existir independencia cuando el interés de sus gobernantes es distinto a la dignificación de su pueblo. Cuando las mujeres, campesinos, indígenas, afro hondureños, estudiantes, diversidades sexuales, obreras y obreros están aislados del poder y del acceso a la justicia. por medio de vallas militares y el crimen organizado.

La independencia no se puede celebrar, si no es nuestra y más si está en manos de banqueros, narcotraficantes, explotadores de recursos naturales, empresarios, militares y políticos que empobrecen y que les vemos marchar con total impunidad en compañía del imperialismo de Estados Unidos, la banca financiera internacional, la Unión Europea y ahora China.

En Honduras hacemos independencia y soberanía de múltiples formas, casi todas con amor y trabajo, cuando las y los estudiantes luchan por la educación pública, laica y de calidad, las y los obreros por la dignificación laboral, las mujeres por la decisión de sus cuerpos y el cese a los feminicidios, campesinos, indígenas y afro hondureños, por la repartición de la tierra, el reconocimiento ancestral y la inclusión de un modelo pluricultural, todas y todos aquellos hondureños en general, que día a día hacen del reto de llevar pan a la casa, una realidad.

Ante esta realidad en la historia inmediata, las y los hondureños durante 11 años nos hemos sostenido en las calles, luchando por una verdadera independencia, la democracia, la autonomía de los pueblos, la adquisición y defensa de derechos, por la educación y la salud gratuita y de calidad, el rechazo a proyectos mineros, energéticos y turísticos de la élite, fraudes electorales, criminalización y asesinatos. En pocas palabras; nosotras y nosotros mediante el trabajo, la resistencia, el amor, la dignidad y la justicia hacemos independencia de forma permanente, sin tutela y por la libertad de los pueblos.

En este 199 aniversario de supuesta independencia llamamos a nuestro pueblo a continuar en lucha organizada, resistiendo al modelo extractivo, neoliberal y criminal que estructuralmente pretende despojarnos de nuestra patria-matria.

¡Hasta la dignidad siempre!

El día del niño y la niña en los hogares de las personas criminalizadas en Honduras

El 10 de septiembre se conmemora el día del niño y la niña en Honduras. Cada año la realidad de desprotección y vulnerabilidad de un alto porcentaje de la niñez en Honduras opaca esta celebración.

En los territorios en lucha por defender su soberanía con dignidad y en resistencia al extractivismo hay otros males que también los niños y niñas deben enfrentar. En poblaciones como Pajuiles, Arizona y distintas tribus del pueblo Tolupán el día del niño hoy se conmemora en medio de procesos de criminalización en contra de hombres y mujeres valiosas y comprometidas, en medio de su incertidumbre sobre el curso de las acusaciones y del impacto en la vida de sus hijos e hijas.

Pero la criminalización no termina en la figura de las personas adultas acusadas. Sus consecuencias e impacto alcanzan la vida de cada niño y cada niña que forma parte de estas familias y repercute en su salud emocional, aunque esto sea quizá un abordaje y tema de conversación pendiente.

En el Sector Pajuiles, 12 integrantes del MADJ enfrentan procesos ante los tribunales hondureños, acusados por la empresa HIDROCEP propiedad del señor Jasón Hawit, causante de daños ambientales al río Mezapa, fuente de agua de al menos 16 comunidades de la zona. Estos hombres y mujeres fueron detenidos en agosto de 2017, luego de una brutal represión policial en dos fechas distintas. Tras su captura sus hijos e hijas salieron a las calles portando carteles pidiendo tener libres y de regreso en casa a sus padres.

Mientras sus padres estaban encarcelados injustamente varios de ellos tuvieron que permanecer bajo el cuidado de vecinos y personas cercanas. Pero aún ahora, luego de transcurridos dos años, el miedo por la posibilidad de que sus padres y madres vayan a prisión sigue latente.

Otro caso similar se da en Arizona, en el departamento de Atlántida a donde el señor Emin Abufele pretende construir una represa hidroeléctrica en el único rio que ha quedado disponible para uso y consumo humano, ahí esta empresa y el Estado de Honduras mantienen criminalizados a cinco luchadores sociales que han asumido junto a la comunidad la defensa del rio Jilamito.

Situación similar o peor viven las niñas y niños del pueblo Tolupán a donde el modelo extractivo no le basta con intentar despojar, criminalizar o agredir a las y los indígenas, aquí la situación llega al punto de asesinar a los padres y madres de los infantes que se oponen a la extracción inconsulta de los bienes comunes y naturales, mientras esto ocurre los niños y niñas deben crecer sin uno de los dos progenitores, todos estos crímenes siguen en total impunidad debido a que es el mismo Estado a través de sus instituciones que sigue poniendo en riesgo y vulnerando los derechos de la población.

Ante todo, este panorama sombrío y oscuro en Honduras el Estado ha vuelto muy normal ver a niños y niñas, hijos e hijas de los luchadores sociales en las afueras de los juzgados, esperando a que un juez o una jueza dicte la sentencia condenatoria o absolutoria hacia sus padres y madres.

Es por ese y otros motivos que en Honduras muchos niños y niñas desde muy pequeños caminan junto a sus padres y madres en jornadas de protestas intentando cambiar y buscar tener un mejor futuro.

Extractivismo y generación de energía: Las prioridades de la gestión de la pandemia en Honduras

El Congreso Nacional aprobó más prebendas para los generadores de energía eléctrica en el país y con esto sigue la entrega de los servicios públicos a capitales privados que han sido los grandes favorecidos por los políticos en los últimos años.

Con la ampliación de cuatro contratos sometidos a discusión y aprobación en el Congreso Nacional las prebendas van aumentando para el sector privado del país que día a día consigue hacer negocios redondos confabulándose con un sector de la clase política que tiene las facultades y poder de decisión sobre estos temas.

“El presidente de la Comisión de Energía I del CN, Oscar Nájera, dijo que estos contratos beneficiarán a los departamentos de Atlántida, Colón, y parte de Yoro”. Esta ampliación de cuatro contratos a favor de la Empresa Laeisz también incluyen “incentivos” para los empresarios, pero no para la población.

“El Congreso Nacional, aprobó los contratos No. 011-2018, 012-2018, 013-2018 y 014-2018, suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y Comercial LAEISZ, para el Suministro de Potencia Firme y Energía Asociada. En la modificación se deberá ampliar la vigencia incorporándose un plazo adicional a su vigencia actual de 12 años más a cada contrato, además de un descuento del 20 por ciento sobre el cargo variable de combustible”.

Según lo ordenado y aprobado durante la sesión legislativa esta modificación a los contratos deberá hacerse en los próximos 10 días hábiles.

Con esta ampliación y aprobación de estos contratos el mismo Estado hondureño se contradice en sus acciones ya que continúa con la concesión de los ríos para la producción y generación de energía y por otra sigue ampliando y entregando contratos para la misma función, en la misma zona y a los mismos actores.

Con este nuevo proceso de ampliación de contratos, el Poder Legislativo entrega en menos de dos meses dos contratos para la generación de energía eléctrica en el territorio nacional ya que anteriormente, el 10 de julio, aprobaron dos contratos para la generación de energía favoreciendo a LUFUSSA en el sur del país.

Si se siguen aprobando estos contratos y se continúan concesionando los ríos, las montañas y otros bienes comunes y naturales para la generación de energía, ¿Para quién se está produciendo energía eléctrica en Honduras?

La pandemia de la impunidad para la corrupción en el covid-19

Hoy se cumplen 145 días de haberse descubierto y denunciado el primer acto de corrupción en Honduras en el marco de la gestión estatal de la emergencia por covid-19, hecho determinante para que la población hondureña esté atenta del destino de los fondos aprobados y manejados a sus anchas por los funcionarios públicos en colusión con ONG´S afines al gobierno.

El primer acto de corrupción denunciado fue la compra sobrevalorada de percoladoras y televisores por parte de COPECO, dirigido y coordinado en ese momento por el señor Gabriel Rubí quien posteriormente fue removido del cargo y contra quien la justicia hondureña ha decidido no actuar hasta el día de hoy.

Pero este fue solo el primer peldaño del largo camino de corrupción que ha marcado la gestión estatal hasta este momento.  Posteriormente ocurrió el supuesto pago y compra de los hospitales móviles adquiridos por Invest-H a través de la gestión del abogado Marco Bográn quien en una reunión sostenida con los diputados y diputadas del Congreso Nacional reconoció haber actuado y accionado sin la autorización del Consejo Directivo de la institución y haber pagado de “buena fe” la totalidad del costo de los insumos que hasta la fecha no han sido entregados a la población a pesar que supuestamente se pagaron desde el mes de marzo cuando recién se había descubierto el primer contagio de covid-19.

Ante estas y otras irregularidades, el Ministerio Publico anunció la apertura de 16 líneas de investigación. “La Fetccop junto con la Agencia Técnica de Investigación (ATIC), están trabajando para dar respuesta a la sociedad, lo que pasa es que cuesta un poco armar un expediente para requerimiento fiscal con suficientes elementos de prueba y así no lo batean en los juzgados”, dijo Héctor Morales, titular de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Publica en Honduras en una intervención ante medios de comunicación que consultaron sobre el avance en estos procesos.

Mientras tanto en el Ministerio Público la narrativa y las acciones para dar respuesta a la población, no cambia. “Los fiscales anticorrupción seguirán el curso de las investigaciones de manera objetiva y apegados al debido proceso, procurando en todo momento encontrar la verdad de los hechos y dar una respuesta clara a la ciudadanía que demanda acciones precisas para desvirtuar o no la supuesta corrupción en el manejo de fondos durante la crisis por el Covid-19”.

La primera denuncia por irregularidades en las compras durante la pandemia se dio el 11 de abril de 2020 y fue por la compra de percoladoras y televisores adquiridos a través de COPECO, también existe una línea de investigación abierta por la compra de mascarillas, mal manejo de donaciones, instalación y abandono de una carpa que costó casi seis millones de lempiras en Villanueva Cortés y el vencimiento de 250 mil pruebas para el covid19. A pesar de que han transcurrido casi 5 meses del inicio de la serie de actos de corrupción, a la fecha ninguno de estos casos ha sido judicializado.

Congresistas norteamericanos piden detener financiamiento a empresas hidroeléctricas generadoras de violencia en Honduras

En una carta firmada y remitida por 28 congresistas de los Estados Unidos a la Corporación de Desarrollo Internacional (DFC por sus siglas en ingles), especialmente a su director Adam Boehler, manifestaron su desacuerdo con el apoyo financiero a proyectos hidroeléctricos en Honduras, ante el anuncio realizado por el DFC el pasado 21 de julio de una inyección económica de mil millones de dólares para esta y otras industrias en el país.

La congresista de Minnesota, Ilham Omar fue clave en apoyar la iniciativa de remitir la comunicación impulsada por distintos sectores nacionales e internacionales que luchan por proteger a los pueblos y los bienes naturales de los estragos ocasionados por el extractivismo. Fue así que junto a otros 27 parlamentarios decidieron mostrar su inconformidad ante el financiamiento anunciado el cual consideran “un grave error”.

“Damos la bienvenida a una conversación sobre el papel que DFC pretende desempeñar en la promoción de un desarrollo sostenible que respete los derechos humanos, el medio ambiente y las normas laborales. Su inversión planeada en Honduras es un grave error, y esperamos sinceramente que no sea una señal de lo que vendrá”.

Una de las preocupaciones centrales en la carta es el financiamiento al proyecto hidroeléctrico Jilamito en Honduras, empresa que ha generado violencia en la zona y que pretende instalarse inconsultamente, violentando además las declaratorias de territorios libres de extractivismo adoptadas por las comunidades.

“Según cualquier estándar razonable, los impactos ambientales y en los derechos humanos del proyecto hidroeléctrico Jilamito y el historial tanto de INGELSA como del estado hondureño deberían haber impedido que esta inversión siguiera adelante. Dado que los protocolos existentes en DFC han fallado, ahora consideraremos opciones legislativas para evitar que este proyecto siga adelante”.

La comunicación enviada al DFC continúa detallando la problemática generada por este proyecto extractivo en la zona a donde ha habido muertes como la de Ramón Fiallos, fundador del Campamento Digno para la Defensa de rio Jilamito, integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y múltiples episodios de ataques, agresiones, campañas de odio, entre otras en contra de liderazgos del MADJ.

Además, en la carta se cuestionan los altos niveles de corrupción y como sistemáticamente se han ido debilitando las medidas para combatirla en la administración de Juan Orlando Hernández. “Las medidas anticorrupción han sido activamente frustradas o debilitadas por la administración de Hernández; la DFC no debería invertir dólares de los impuestos estadounidenses hasta que se hayan implementado mecanismos anticorrupción.” 

En la carta los 28 congresistas solicitan mayor información sobre las otras áreas u rubros que apoyará el DFC en Honduras. “Finalmente, instamos a la divulgación completa sobre los otros proyectos que esta inversión de $ 1 mil millones planea apoyar en Honduras”.

La misiva también la recibieron, el Secretario de Estado Mike Pompeo en los Estados Unidos, la representante de la Embajada norteamericana en Honduras, Colleen Hoey y Mauricio Claver-Carone, asistente adjunto del presidente y Director Senior para Asuntos del Hemisferio Occidental, Consejo de Seguridad Nacional.

Lea la carta complete aquí: https://omar.house.gov/media/press-releases/rep-omar-leads-letter-condemn-trump-administration-s-plan-invest-controversial

MADJ: ¡Escuadrones de la muerte nunca más!

MADJ: ¡Escuadrones de la muerte nunca más!

La profundización del modelo extractivo en Honduras ha dado como resultado que en el 65% del territorio nacional se ubiquen proyectos extractivos de diversa índole. Un impacto particular de esto enfrenta el departamento de Atlántida con un total de 24 concesiones hidroeléctricas, 100 para exploración y explotación de minería, múltiples complejos turísticos, geotérmicas y otros tipos de proyectos debido a su riqueza natural y diversidad.

Debido a ello, Atlántida ha sido un referente de las luchas en defensa de la riqueza natural de la amenaza que representa el capital transnacional. Diversas comunidades llevan años luchando en contra de empresas como HIDROCEP, INGELSA, MINERALES LA VIRTUD, Minerales LA Victoria, IRON MOUNTAIN, INDURA RESORT, PLAYA ESCONDIDA BEACH CLUB, y muchas de estas han asumido la soberanía como herramienta declarando sus territorios libres de proyectos extractivos.

Pero las luchas sostenidas en el departamento de Atlántida relacionadas con el extractivos no son monotemáticas, sino que se inscriben en apuestas abarcadoras y consignas integrales de cambios estructurales en Honduras. Por eso en los distintos momentos de crisis política, como el golpe de Estado en 2009, el fraude electoral de 2017, la lucha por la defensa de la salud y la educación y aún en este contexto de pandemia y emergencia nacional, las comunidades de este departamento y de sus distintos municipios han sido y son claves con sus acciones de resistencia sobre la carretera CA13, entre muchas otras.

Con esto tiene que ver la violencia y su escalada en la zona. No es extraño que en Atlántida, la narcodictadura y la industria extractiva, que funcionan como redes de poder económico y político integradas también por el crimen organizado, sicariato y redes de abogados a sus órdenes, patrón de funcionamiento que no es desconocido, han cobrado muchas vidas, desde Janeth Kawas, Geovanny Díaz Cárcamo, Wilmer Paredes y Ramón Fiallos, en plena crisis postelectoral, hasta Antonio Bermúdez, líder garífuna de la comunidad de Punta Piedra cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 21 de junio de 2020.

Todos estos son crímenes selectivos, con patrones similares que involucran la participación de cuerpos de seguridad del Estado, DPI, Fuerzas Armadas y Policía Militar. Al igual que en los hechos sucedidos con Alberth Snider Centeno Tomás, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Milton Joel Martínez Álvarez, líderes garífunas y Rafael Juárez Mejía, allegado a estos, quienes permanecen desaparecidos luego de ser sacados de sus casas por supuestos agentes de la DPI.

Estos precedentes y la desaparición forzada de los líderes garífunas, nos hacen afirmar que estos crímenes están vinculados a un comportamiento paramilitar que tiene estrechas relaciones con sectores económicos, políticos y las fuerzas de seguridad del Estado, que operan con total impunidad sin que se afecten sus estructuras y direcciones. Que han tenido en marcha, desde tiempos y casos anteriores a los garífunas desaparecidos, prácticas de terror dirigidas desde el Estado.

Y ahora, indican que la investigación de este caso está a cargo de la DPI y del Ministerio Público. La misma DPI señalada en los diversos testimonios como la responsable a través de sus agentes fuertemente armados de sacar de sus casas y desaparecer a los líderes garífunas, la misma DPI que sacó de su casa y ejecutó a nuestro compañero Geovanny, un militante activo del Campamento Digno en Pajuiles y, sobre todo, la misma DPI vinculada a múltiples ejecuciones de jóvenes, estudiantes, campesinos y las desapariciones.

El mismo Ministerio Público que mantiene criminalizados 17 integrantes del MADJ, que ha arremetido en contra del alcalde de Arizona por apoyar el proceso de declaratoria del municipio como territorio libre de proyectos extractivos, el mismo Ministerio Público que ha sido incapaz de librar requerimiento fiscal en contra de HIDROCEP y de brindar avances en las investigaciones de los asesinatos de nuestros compañeros del MADJ y de muchos liderazgos de las comunidades garífunas.

Nosotras lo sabemos, es todo parte de un mismo guion. Los asesinos y verdugos en apariencia de hacer su trabajo, pero realmente laborando para garantizarse impunidad, todos en una fase avanzada de la alianza entre el crimen organizado, la institucionalidad pública, empresas de seguridad privada, capital o banca internacional y las empresas de capital transnacional.

La mayor gravedad de las desapariciones de los líderes de la OFRANEH es que confirma el resurgimiento de esta modalidad de ataques en contra de los liderazgos, de las organizaciones sociales y populares, en contra de quien estorbe al capital extractivo y a la narcodictadura y ese es un problema que nos incumbe y genera responsabilidad a todos y todas.

Desde el MADJ denunciamos con nombre y apellido lo que sucede con los integrantes de la OFRANEH, una política de terror, desapariciones forzadas y denunciamos también el comportamiento criminal de las instancias estatales aliadas con el poder de las empresas extractivas. Por todo esto:

  1. Nos solidarizamos con el pueblo garífuna y la OFRANEH, sumándonos a la exigencia de la aparición con vida de Alberth Sneider Centeno Tomas, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio García y Gerardo Mizael Rochez Cálix Alberth Sneider Centeno Tomas.
  2. Hacemos un llamado a las comunidades del departamento de Atlántida a estar vigilantes ante la ofensiva del capital transnacional, así como de la violencia militar y policial contra quienes resistimos.
  3. Demandamos que instituciones como la DPI y el Ministerio Público sean depuradas obligatoriamente en vista de su involucramiento en hechos criminales y sus comportamientos irregulares.

Son tiempos de unirnos y hacer reales las alianzas, de articular nuestras luchas, de cuidarnos entre todas y de resistir con arrojo pleno a la dictadura y el capital extractivo, que sepan que aquí hay determinación hasta la dignidad siempre.

San Pedro Sula, Honduras, 28 de julio, 2020

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

¡FIRMÁ!: Carta comunidades de Arizona contra del financiamiento al proyecto sobre Río Jilamito

Las acciones de despojo e invasión a los territorios para saquear los bienes comunes y naturales de las comunidades en Honduras se han asentado con la llegada de la pandemia a Honduras donde las instituciones del Estado siguen estando al servicio del modelo extractivo y ahora con mas ahínco, respaldado con el apoyo y aporte de organismos internacionales.

La situación del país es grave. Las comunidades no solo enfrentan las amenazas a sus entornos de vida a raíz de la llegada de los proyectos extractivos, sino que además se enfrentan a estructuras criminales dispuestas a todo por salvaguardar su capital y asegurarlo. Muestra de esto es lo que acontece con la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz con la desaparición de cuatro de sus integrantes, una zona que enfrenta la furia del capital transnacional que se ha apropiado de sus playas para el turismo que llena sus bolsillos.

Es por ese motivo que, desde las comunidades de Arizona, Atlántida, organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia para la defensa del rio Jilamito, afectadas desde hace más de tres años por la imposición de un proyecto hidroeléctrico que pretende la única fuente de agua disponible para uso y consumo humano en el municipio remitimos carta a los organismos financistas de estos proyectos de muerte para romper su aparente inocencia e ingenuidad por falta de información sobre en qué están invirtiendo sus dineros.

En nuestra comunidad existen tres empresas hidroeléctricas que se han apoderado de tres de los cuatro ríos que recorrían nuestro municipio, esos proyectos además de saquear nuestra riqueza natural también se han llevado la riqueza económica producida por nuestros bienes comunes y naturales.

Para evitar que nuestro único rio sea dañado y afectado por la instalación de una cuarta represa hidroeléctrica, las comunidades hemos decidido instalarnos desde el mes de mayo de 2017 en un campamento Digno por la Defensa del rio Jilamito, lugar desde donde vigilamos que no haya más destrucción a la cuenca y espacio donde tomamos decisiones de manera común para beneficio colectivo.

En vista del anuncio realizado por la embajada de los Estados Unidos donde se informa de la inyección económica para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito, nosotros, las y los habitantes de las comunidades estamos solicitándole a todas las personas, organizaciones e instituciones nacionales o internacionales su firma en apoyo a nuestra petición para que los organismos de crédito internacional, retiren el apoyo financiero a este proyecto ilegal e inconsulto que traerá afectación a la única fuente de agua que ha quedado disponible para uso y consumo humano.

Para firmar la petición y compartirla, dar clic al siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfnCddn6rqiizRz-dT3ajsyWtELJbQyjFN1lr-cfKar5UoLA/viewform

Al firmar la petición estarás ayudando a las comunidades de Arizona, Atlántida en su lucha por agua para la vida humana y no agua para uso mercantil.

Soberana desobediencia contra la narcodictadura y el coronavirus

A cuatro meses de confinamiento social y cuarentena sanitaria, Honduras ha superado los 27,000 casos de COVID-19, pero solo se han realizado 68,009 pruebas de un total 9.3 millones de personas y se ha destinado un presupuesto que supera los 4 mil millones de dólares para la gestión de equipo médico, logístico y humano.

La narcodictadura que preside Juan Orlando Hernández Alvarado, junto con los bancos, partidos políticos bajo su control, alcaldías municipales, empresas privadas, cámaras de comercio y asociaciones público-privadas, carentes de ética y respeto a la dignidad humana, han atentado contra la vida de las y los hondureños restringiéndoles y coartando la oportunidad de acceder a un eficiente sistema de salud pública, ya que el existente está colapsado debido a la privatización, tercerización y desenfrenada corrupción a la que ellos mismos lo sometieron.

El 11 de abril, INVEST-H junto al régimen informó haber realizado gestiones para la adquisición de (7) hospitales móviles, 250 mil pruebas PCR y 740 ventiladores, de los cuales los primeros (2) hospitales móviles estarían totalmente instalados a finales del mes de junio. Sin embargo, a dos meses de haberse anunciado estas gestiones se ha destapado, sin que cause asombro, una serie de actos de corrupción en la compra de los equipos médicos referidos. El plan corrupto incluye conexiones con empresas internacionales de maletín, realización de contratos millonarios sin determinar garantías, ni sanciones por su incumplimiento, falsificación de documentos, firmas y facturas, nulo seguimiento de protocolos administrativos en el manejo de fondos del Estado, entre muchos otros.

            Durante la pandemia, han sido múltiples las protestas realizadas por el Colegio Médico, sector transporte, mercaderes, enfermeras/os, personal de hospitales, personas particulares y muchas organizaciones sociales y populares entre ellas el Movimiento Amplio exigiendo rendición de cuentas, alimentación, equipo de bioseguridad y condiciones dignas de trabajo. Sin embargo, el régimen ha sido incapaz de brindar resultados y no le quedado más reacción que la utilización de la fuerza y la irracionalidad, reprimiendo a quienes manifiestan descontento frente a la administración central por el pésimo manejo de la crisis política-sanitaria y el rechazo rotundo al régimen narco dictatorial.

Hasta ahora, el resultado de estos actos de corrupción, según los datos del mismo régimen, ha sido la muerte de 750 hondureños y hondureñas. Estas condiciones hospitalarias precarizadas, ha puesto en riesgo y ha cobrado la vida del personal de salud y de las y los pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, problemas renales y cardiorespiratorios, así como de la población en general.

Ante esta desastrosa realidad, desde el Movimiento Amplio cuestiones, expresamos y proponemos:

  1. Llamamos a la población a poner en marcha todos los mecanismos posibles de resistencia pacífica y desobediencia civil. A no hacer efectivo el pago de agua, luz e internet a las compañías privadas y usureras que han colocado sus intereses privados y personales por encima de las vidas de las y los hondureños.
  2. Animamos a la población a no consumir en aquellas empresas que han despedido y coartado los derechos laborales de las y los trabajadores y limitando con su poder la reapertura de las micro y pequeñas empresas.
  3. Es importante apoyar y consumir el comercio local y barrial por encima de las disposiciones irracionales para “aperturar” la economía de las familias pudientes y usurpadoras de la economía del país, quienes hacen llamados reiterativos a través de cadenas nacionales para que la población consuma en sus farmacias, sus gasolineras, sus supermercados y sus bancos.
  4. Instamos a la población a crear consejos de vigilancia comunitaria integrados por Iglesias, patronatos, consejos indigenas y asociaciones de padres y madres de familia para evitar la brutalidad policial y militar en contra de las y los jóvenes, mujeres y trabajadoras/es.
  5. Proponemos a la población no hacer efectivo el pago de intereses de préstamos bancarios, planes telefónicos, hipotecas, hasta un nuevo arreglo de pago proporcional a la inflación, devaluación y a la crisis que nos azota.
  6. Motivamos a la población a fortalecer la organización familiar, barrial y comunal para resistir la ofensiva de la Narcodictadura, la propagación de la COVID-19 y el cuidado de la sociedad en pleno ejercicio de soberanía, haciendo uso del artículo 3 constitucional.
  7. Es un derecho de la población exigir, sin condiciones, que las y los grandes millonarios cuyos capitales han crecido a expensas del Estado y del capital transnacional paguen la deuda adquirida por narcotraficantes y defraudadores del Estado, porque son la misma cosa.
  8. Finalmente, deploramos el papel de la UE, OEA, SICA y otras instancias internacionales por su cómplice silencio frente a la corrupción, el narcotráfico, la ineptitud y fracaso rotundo del régimen JOH en la gestión de la pandemia. Lamentamos que la lógica de estas instancias este fundada en los negocios y la acumulación de poder a cualquier costo y no en el respeto a la Dignidad Humana.  

Hasta la Dignidad Siempre!

9 crímenes sin respuesta para el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

En el marco de los 12 años del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), cumplidos el pasado mes de mayo queremos recordar a esos hombres y mujeres que han sido asesinados por la defensa de su territorio, por exigir respeto y Dignidad para sus comunidades, en 12 años de lucha queremos rescatar el legado de 9 personas luchadores y luchadoras sociales que fueron asesinadas y a las que el Estado hondureño no les ha hecho justicia a pesar que los crímenes fueron cometidos hace varios años.

Iniciamos el recuento de esta serie “No se ha hecho Justicia” recordando el triple crimen ocurrido en suelo Tolupán el 25 de agosto de 2013 cuando fueron ultimados Ricardo Soto Fúnez, Armando Funes Medina y la compañera María Enriqueta Matute, tres indígenas Tolupanes que murieron en medio de la explotación irracional de los bienes comunes y naturales de su tribu, en el mes de febrero del año 2020 los juzgados de Yoro decidieron absolver al único implicado en el caso, #NoSeHaHechoJusticia.

Para dar seguimiento a este recuento de crímenes sin respuesta, nos remontamos a al 1 de enero 2018, en esa fecha fue asesinado el compañero Wilmer Paredes, joven originario de Esparta en el departamento de Atlántida que luchó junto a más personas contra el fraude electoral, por su crimen las autoridades no detuvieron a nadie y en su caso #NoSeHaHechoJusticia.

Ese mismo año, pero el 22 de enero fue ultimado durante una violenta represión militar el compañero Ramón Gabriel Fiallos Siria, luchador social del municipio de Arizona que participaba en las protestas contra el fraude electoral de 2017 que dejó como presidente reelecto ilegalmente a Juan Orlando Hernández, por su crimen ningún militar de los que participaron en el operativo ha sido acusado por lo que #NoSeHaHechoJusticia.

Para el mes de mayo de 2018 se daba otro crimen contra un luchador social integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, esta vez la víctima fue el compañero Santos Suazo quien fue ultimado en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades, su crimen se dio a la mañana siguiente de haber dejado su turno de vigilancia en el Campamento Digno por la Defensa del Río Jilamito, por este asesinato #NoSeHaHechoJusticia.

La impunidad floreciente en los crímenes contra luchadores sociales continuo su camino campante por el país, el 25 de febrero de 2019 los indígenas, luchadores sociales, defensores de su territorio, Juan Samael Matute y José Salomón Matute, padre e hijo, fueron asesinados por defender su territorio en la tribu San Francisco Locomapa de Yoro, ambos pertenecían al Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el Territorio Tolupán, el Estado de Honduras fue incapaz de protegerlos a pesar de ser beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH desde el año 2013, sus parientes tuvieron que abandonar la tribu ante el temor de ser asesinados pues las autoridades no les garantizan la protección debida. Sus asesinos siguen en libertad y por su crimen #NoSeHaHechoJusticia.

Los crímenes contra el pueblo Tolupán no se detienen y el temor de la familia Matute a que otro pariente fuera asesinado se consumó en el mes de septiembre de 2019, otro indígena caía producto de las balas asesinas de quienes son serviles y afines a los empresarios que saquean los bienes comunes y naturales de la tribu San Francisco Locomapa de Yoro, esta vez fue el joven indígena Milgen Idan Soto Avila quien fuera asesinado y su cuerpo enterrado en el mismo sitio a donde la empresa Inmare extraía madera de forma inconsulta, a casi un año del crimen las autoridades policiales no han brindado una respuesta al incidente por lo que #NoSeHaHechoJusticia.

Los altos niveles de impunidad en los crímenes contra luchadores y luchadoras sociales integrantes del MADJ solo refleja la complicidad, inoperancia e incapacidad de las autoridades para dar respuesta y protección a integral a quienes piensan diferente, que no se alinean con el sistema y que luchan por tener mejores condiciones de vida en un país altamente corrupto, convertido en narco Estado y con instituciones que ya perdieron su razón de ser.

¿Dónde está el dinero?

Con la llegada del covid19 a Honduras en el mes de marzo terminó de abrir la oportunidad de cometer actos de corrupción, de hacer negocios de manera irregular afectando la salud de la población que día a día lucha y muere en carpas que han comprado los funcionarios públicos a precios exorbitantes.

En Honduras para el combate al covid19 se han destinado hasta hoy, más de cinco mil millones de dólares, entre lo aprobado por el Congreso Nacional y las donaciones recibidas de países, organizaciones y grupos a nivel nacional e internacional por lo que toda la población se pregunta ¿Dónde está el dinero?

¿Dónde está el dinero? –  Si los hospitales móviles que tendrían todo el equipo necesario para brindar atención adecuada y digna aún no llegan al país, lo que afirma que el presupuesto asignado para el manejo de la crisis es un increíble negocio de corrupción e impunidad entre las y los usurpadores del poder.

¿Dónde está el dinero? Se pregunta la población que enfrenta la pandemia entre la incertidumbre, la inoperancia de los administradores de un colapsado del sistema de salud producto de todos los actos de corrupción a lo largo de la historia.

¿Dónde está el dinero? Si en cadena nacional los funcionarios públicos que manejan la pandemia sin tener ni siquiera idea de donde están parados, nos dicen que los hospitales están abastecidos, que hay medicamentos e insumos para poder combatir la pandemia, pero  la realidad es, que más personas están muriendo, más personal de salud se contagia de forma acelerada por la enfermedad por no portar el equipo de bioseguridad y la clase trabajadoras, campesinas e indígena sufren la carencia de insumos como camas hospitalarias, medicamentos e infraestructura para combatir de forma más efectiva la propagación del COVID-19.

¿Dónde está el dinero? Si la cifra de contagios sigue en ascenso, si los hospitales ya no se dan abasto y las camillas para atender personas ya no ajustan, y ahora la advertencia es que se decidirá a quien se atiende y a quien no porque los recursos no dan para más.

¿Dónde está el dinero es la pregunta generadora de la discusión que nos lleva a preguntarnos, ¿Dónde está el Ministerio Público para investigar y castigar a los empresarios y funcionarios corruptos que se han coludido para saquear las arcas del Estado y condenar a las y los trabajadores al contagio con la falacia de la reapertura inteligente?

Sigue en aumento la impotencia y preguntas sin respuesta que por años hemos aguardado a que las instituciones del Estado nos respondan y que cumplan su papel de ser servidoras y protectoras de los intereses de las mayorías.

Si el Gobierno dictatorial del Partido Nacional y del Partido Liberal no resuelven en la crisis, ¿Porqué seguimos esperando que algún día cambien?

Pueblo, es momento de exigir respuestas, de organizarse, de convertir en propuesta movilizadora toda esa rabia que guardamos ante tanta corrupción.