Extractivismo y generación de energía: Las prioridades de la gestión de la pandemia en Honduras

El Congreso Nacional aprobó más prebendas para los generadores de energía eléctrica en el país y con esto sigue la entrega de los servicios públicos a capitales privados que han sido los grandes favorecidos por los políticos en los últimos años.

Con la ampliación de cuatro contratos sometidos a discusión y aprobación en el Congreso Nacional las prebendas van aumentando para el sector privado del país que día a día consigue hacer negocios redondos confabulándose con un sector de la clase política que tiene las facultades y poder de decisión sobre estos temas.

“El presidente de la Comisión de Energía I del CN, Oscar Nájera, dijo que estos contratos beneficiarán a los departamentos de Atlántida, Colón, y parte de Yoro”. Esta ampliación de cuatro contratos a favor de la Empresa Laeisz también incluyen “incentivos” para los empresarios, pero no para la población.

“El Congreso Nacional, aprobó los contratos No. 011-2018, 012-2018, 013-2018 y 014-2018, suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y Comercial LAEISZ, para el Suministro de Potencia Firme y Energía Asociada. En la modificación se deberá ampliar la vigencia incorporándose un plazo adicional a su vigencia actual de 12 años más a cada contrato, además de un descuento del 20 por ciento sobre el cargo variable de combustible”.

Según lo ordenado y aprobado durante la sesión legislativa esta modificación a los contratos deberá hacerse en los próximos 10 días hábiles.

Con esta ampliación y aprobación de estos contratos el mismo Estado hondureño se contradice en sus acciones ya que continúa con la concesión de los ríos para la producción y generación de energía y por otra sigue ampliando y entregando contratos para la misma función, en la misma zona y a los mismos actores.

Con este nuevo proceso de ampliación de contratos, el Poder Legislativo entrega en menos de dos meses dos contratos para la generación de energía eléctrica en el territorio nacional ya que anteriormente, el 10 de julio, aprobaron dos contratos para la generación de energía favoreciendo a LUFUSSA en el sur del país.

Si se siguen aprobando estos contratos y se continúan concesionando los ríos, las montañas y otros bienes comunes y naturales para la generación de energía, ¿Para quién se está produciendo energía eléctrica en Honduras?

La pandemia de la impunidad para la corrupción en el covid-19

Hoy se cumplen 145 días de haberse descubierto y denunciado el primer acto de corrupción en Honduras en el marco de la gestión estatal de la emergencia por covid-19, hecho determinante para que la población hondureña esté atenta del destino de los fondos aprobados y manejados a sus anchas por los funcionarios públicos en colusión con ONG´S afines al gobierno.

El primer acto de corrupción denunciado fue la compra sobrevalorada de percoladoras y televisores por parte de COPECO, dirigido y coordinado en ese momento por el señor Gabriel Rubí quien posteriormente fue removido del cargo y contra quien la justicia hondureña ha decidido no actuar hasta el día de hoy.

Pero este fue solo el primer peldaño del largo camino de corrupción que ha marcado la gestión estatal hasta este momento.  Posteriormente ocurrió el supuesto pago y compra de los hospitales móviles adquiridos por Invest-H a través de la gestión del abogado Marco Bográn quien en una reunión sostenida con los diputados y diputadas del Congreso Nacional reconoció haber actuado y accionado sin la autorización del Consejo Directivo de la institución y haber pagado de “buena fe” la totalidad del costo de los insumos que hasta la fecha no han sido entregados a la población a pesar que supuestamente se pagaron desde el mes de marzo cuando recién se había descubierto el primer contagio de covid-19.

Ante estas y otras irregularidades, el Ministerio Publico anunció la apertura de 16 líneas de investigación. “La Fetccop junto con la Agencia Técnica de Investigación (ATIC), están trabajando para dar respuesta a la sociedad, lo que pasa es que cuesta un poco armar un expediente para requerimiento fiscal con suficientes elementos de prueba y así no lo batean en los juzgados”, dijo Héctor Morales, titular de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Publica en Honduras en una intervención ante medios de comunicación que consultaron sobre el avance en estos procesos.

Mientras tanto en el Ministerio Público la narrativa y las acciones para dar respuesta a la población, no cambia. “Los fiscales anticorrupción seguirán el curso de las investigaciones de manera objetiva y apegados al debido proceso, procurando en todo momento encontrar la verdad de los hechos y dar una respuesta clara a la ciudadanía que demanda acciones precisas para desvirtuar o no la supuesta corrupción en el manejo de fondos durante la crisis por el Covid-19”.

La primera denuncia por irregularidades en las compras durante la pandemia se dio el 11 de abril de 2020 y fue por la compra de percoladoras y televisores adquiridos a través de COPECO, también existe una línea de investigación abierta por la compra de mascarillas, mal manejo de donaciones, instalación y abandono de una carpa que costó casi seis millones de lempiras en Villanueva Cortés y el vencimiento de 250 mil pruebas para el covid19. A pesar de que han transcurrido casi 5 meses del inicio de la serie de actos de corrupción, a la fecha ninguno de estos casos ha sido judicializado.

9 crímenes sin respuesta para el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

En el marco de los 12 años del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), cumplidos el pasado mes de mayo queremos recordar a esos hombres y mujeres que han sido asesinados por la defensa de su territorio, por exigir respeto y Dignidad para sus comunidades, en 12 años de lucha queremos rescatar el legado de 9 personas luchadores y luchadoras sociales que fueron asesinadas y a las que el Estado hondureño no les ha hecho justicia a pesar que los crímenes fueron cometidos hace varios años.

Iniciamos el recuento de esta serie “No se ha hecho Justicia” recordando el triple crimen ocurrido en suelo Tolupán el 25 de agosto de 2013 cuando fueron ultimados Ricardo Soto Fúnez, Armando Funes Medina y la compañera María Enriqueta Matute, tres indígenas Tolupanes que murieron en medio de la explotación irracional de los bienes comunes y naturales de su tribu, en el mes de febrero del año 2020 los juzgados de Yoro decidieron absolver al único implicado en el caso, #NoSeHaHechoJusticia.

Para dar seguimiento a este recuento de crímenes sin respuesta, nos remontamos a al 1 de enero 2018, en esa fecha fue asesinado el compañero Wilmer Paredes, joven originario de Esparta en el departamento de Atlántida que luchó junto a más personas contra el fraude electoral, por su crimen las autoridades no detuvieron a nadie y en su caso #NoSeHaHechoJusticia.

Ese mismo año, pero el 22 de enero fue ultimado durante una violenta represión militar el compañero Ramón Gabriel Fiallos Siria, luchador social del municipio de Arizona que participaba en las protestas contra el fraude electoral de 2017 que dejó como presidente reelecto ilegalmente a Juan Orlando Hernández, por su crimen ningún militar de los que participaron en el operativo ha sido acusado por lo que #NoSeHaHechoJusticia.

Para el mes de mayo de 2018 se daba otro crimen contra un luchador social integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, esta vez la víctima fue el compañero Santos Suazo quien fue ultimado en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades, su crimen se dio a la mañana siguiente de haber dejado su turno de vigilancia en el Campamento Digno por la Defensa del Río Jilamito, por este asesinato #NoSeHaHechoJusticia.

La impunidad floreciente en los crímenes contra luchadores sociales continuo su camino campante por el país, el 25 de febrero de 2019 los indígenas, luchadores sociales, defensores de su territorio, Juan Samael Matute y José Salomón Matute, padre e hijo, fueron asesinados por defender su territorio en la tribu San Francisco Locomapa de Yoro, ambos pertenecían al Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el Territorio Tolupán, el Estado de Honduras fue incapaz de protegerlos a pesar de ser beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH desde el año 2013, sus parientes tuvieron que abandonar la tribu ante el temor de ser asesinados pues las autoridades no les garantizan la protección debida. Sus asesinos siguen en libertad y por su crimen #NoSeHaHechoJusticia.

Los crímenes contra el pueblo Tolupán no se detienen y el temor de la familia Matute a que otro pariente fuera asesinado se consumó en el mes de septiembre de 2019, otro indígena caía producto de las balas asesinas de quienes son serviles y afines a los empresarios que saquean los bienes comunes y naturales de la tribu San Francisco Locomapa de Yoro, esta vez fue el joven indígena Milgen Idan Soto Avila quien fuera asesinado y su cuerpo enterrado en el mismo sitio a donde la empresa Inmare extraía madera de forma inconsulta, a casi un año del crimen las autoridades policiales no han brindado una respuesta al incidente por lo que #NoSeHaHechoJusticia.

Los altos niveles de impunidad en los crímenes contra luchadores y luchadoras sociales integrantes del MADJ solo refleja la complicidad, inoperancia e incapacidad de las autoridades para dar respuesta y protección a integral a quienes piensan diferente, que no se alinean con el sistema y que luchan por tener mejores condiciones de vida en un país altamente corrupto, convertido en narco Estado y con instituciones que ya perdieron su razón de ser.

Editorial: En defensa de Bolivia, en defensa de nuestra América

EDITORIAL: EN DEFENSA DE BOLIVIA, EN DEFENSA DE NUESTRA AMÉRICA

“Evo, que la sangre negra originaria riegue la victoria. Que ya sabes de sobra que nadie te mata porque ya diste la vida. Que les hablaste por primera vez a los ojos de los pobres, de los campesinos, de los indígenas y que eso es imperdonable para quienes quieren seguir teniendo indiecitos regando el jardín. Que el empoderamiento ya se hizo carne, hueso, humanidad, movimiento, marcha indeclinable, humildad organizada, mujeres fuertes, niños fuertes, hombres fuertes. Que acá no te rendiste un carajo. Porque los ríos cantan, porque la tierra tiembla. Y porque los invisibles dijeron por primera vez en su larga y pobre vida: estamos, somos y tenemos el derecho de vivir en paz.”

Revista Sudestada

“La biblia volverá al palacio de gobierno, nunca más volverá la pachamama”. Fue la premisa con la que el golpista Luis Fernando Camacho se dirigió al pueblo Boliviano cuya población indígena supera el 60%. El fundamentalismo religioso de Camacho y Mesa es profundamente fóbico y de odio ante la administración y el poder indígena.  

Las indígenas han demostrado a lo largo de 13 años de gestión, las capacidades políticas, económicas, filosóficas y sociales ancestrales puestas en práctica desde la administración pública, la soberanía con dignidad y la independencia. Claramente, el golpe de Estado no es solo en contra del Estado, es en contra de la Plurinacionalidad. 

Hoy la Neocolonia capitalista y principalmente racista y aporofobica ataca la dignidad conquistada desde la pluralidad construida en Bolivia y para el mundo, llamando a destruir el Estado Plurinacional y retornar a la República, conservadora y desigual, quemando el WHIPALA como acción política de la oposición, sentando un precedente más en la memoria histórica de despojo y empobrecimiento para los pueblos originarios y afros. 

Se trata de una afrenta para América ante el proceso descolonizador impulsado desde el sur y a la autodeterminación de los pueblos en un momento en que las derechas perdieron control en México y Argentina, y varios otros pueblos del continente resisten y construyen la esperanza para derrotar al nefasto neoliberalismo.

En Honduras conocemos perfectamente el guion empleado en Bolivia, de golpes de Estado orquestados e impulsados por Estados Unidos y su intervencionismo en la región. Conocemos también el papel de la OEA y su efectividad selectiva que le permitió presentar en tan solo 10 días un informe en Bolivia y tardó 4 meses en Honduras a pesar de la gravedad de la crisis que generó el fraude. Esa misma OEA que convocó a tratamiento de emergencia el caso de Venezuela pero ahora observa pacientemente los hechos desatados en Bolivia.

Es claro, los pueblos libres de América Latina siguen en amenaza cada vez más violenta como mecanismo para controlar la avalancha de lucha por la liberación que recorre la región. La derecha tiene claro que los gobiernos populares son conquista de los propios pueblos movilizados en lucha y resistencia que tuvieron una etapa de constitución en el Estado, por ello, las reacciones no solo se dirigen a los gobiernos constituidos sino  fundamentalmente a desarticular los movimientos sociales y esto se debe a que entendió que la política se disputa en las calles. 

Desde el MADJ, deploramos la complicidad de gobiernos y organizaciones que bajo la indigna bandera de la neutralidad han promovido y hoy respaldan el golpismo boliviano. Nos solidarizamos con el pueblo digno que comprende lo oprobioso de este acto, que desde la claridad resisten en defensa de la república plurinacional que han construido. Llamamos a la unidad de los pueblos y gobiernos dignos del continente. 

Ahora más que nunca es urgente la capacidad de vernos desde el proyecto de la América Latina, de hermanarnos con los otros pueblos y de defender la dignidad y la justicia de nuestro continente. Es urgente que los movimientos sociales y políticos del mundo nos declaremos en movilización permanente para exigir la preservación de la vida de los pueblos originarios bolivianos víctimas del racismo y de los pueblos de nuestra América y en eso nuestro compromiso permanente.

Más allá de errores políticos, hoy hubo un golpe al Estado Plurinacional, que durante siglos la colonia capitalista ha constituidos por la exclusión, desigualdad y discriminación hacia los pueblos indígenas. El golpe es racista y fundamentalista y no hay posturas neutras o medias, “Ahora, como en tantas ocasiones en la historia de América Latina, es cuestión de en qué lugar se posiciona cada quien: con la derecha asesina y su golpismo de muerte y destrucción, o con el pueblo.”

¡Fuera golpistas de Bolivia, de Honduras y de nuestra América!

Honduras. 11 de noviembre de 2019

¡DESDE LA DIGNIDAD SIEMPRE!

Asamblea general de la ONU acuerda levantar bloqueo a Cuba

Luego de 60 años de bloqueo comercial, financiero y económico y de tres intentos que buscaban levantar la drástica medida impuesta por los Estados Unidos desde 1959, hoy en la asamblea general de la Organización de Naciones Unidas ONU, 187 naciones votaron por que se suspenda el asedio contra el pueblo y gobierno cubano.

La primera vez que Cuba acudió a la ONU para solicitar el retiro del embargo fue en 1991 sin tener éxito debido a la gran presión que el gobierno norteamericano ejerció sobre los países que en un principio apoyaron la iniciativa, el presidente de la nación del norte era George W. Bush padre.

La segunda ocasión que Cuba buscó nuevamente el apoyo de la asamblea de la ONU para suspender el bloqueo ocurrió en 1992, ahí obtuvo 59 votos a favor, 71 abstenciones, 46 ausencias y cuatro votos en contra de países como Albania, Paraguay y los Estados Unidos e Israel mantienen su postura hasta el día de hoy.

Luego de 26 años de votaciones, en el 2018 Cuba volvió a realizar un tercer intento que dejó un apoyo casi total a su propuesta, 189 votos a favor de su propuesta, ninguna abstención, dos ausencias y dos votos en contra, Estados Unidos e Israel. A pesar de que la asamblea decidió darle el apoyo a Cuba la medida no fue adoptada por la ONU. Entonces ¿Quién manda en la ONU?

Para 2019 Cuba por vigesimoctava ocasión  volvió a recibir el mismo respaldo de las naciones del mundo, luego de la propuesta presentada por la delegación de una de las Antillas Mayores que dice, “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. 187 naciones votaron a favor, Ucrania y Colombia se abstuvieron de votar y los países que votaron en contra fueron, Brasil, Israel y Estados Unidos, estos dos últimos siempre han estado de acuerdo en mantener el bloqueo.

El pasado lunes 4 de noviembre el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció que ¨el  Departamento Estado de #EEUU despliega intensas acciones de presión, en particular vs. 6 países latinoamericanos, para forzarlos a cambiar su tradicional voto a favor de la resolución de la #AGNU que reclama el fin del bloqueo económico, comercial y financiero contra #Cuba¨.

Hoy, después de conocer los resultados de la votación de la Asamblea general esta fue su reacción ¨#Cuba cuenta en su lucha vs el bloqueo con el apoyo unánime de los pueblos latinoamericanos y del mundo y espera que ningún gobierno se someta a los dictámenes de Washington, dando la espalda a la voluntad de sus pueblos, a la opinión pública, al Derecho Internacional, a la ética y la justicia¨.

Esta medida impuesta arbitraria y unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos ha dejado en 60 años pérdidas acumuladas y cuantificadas en 920 mil millones de dólares para el pueblo y gobierno cubano, según la cancillería.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia felicitamos al pueblo y gobierno de Cuba por mantener su dignidad intacta ante el imperio norteamericano y nos sumamos al respaldo solidario de los pueblos que han votado en contra del genocidio gringo hacia nuestros hermanos y hermanas cubanos y exigimos que la asamblea de la ONU haga que esta nueva resolución se cumpla y no se someta a los chantajes y manipulaciones de las autoridades Estadounidenses.

Unidad y autonomía desde las organizaciones de base

Unidad y autonomía  desde las organizaciones de base que defienden la soberanía de territorios

Reivindicar soberanía en tiempos de feroz capitalismo neoliberal extractivista es  un asunto que puede conducir a un altísimo porcentaje de liderazgos y organizaciones políticas y sociales a notables incoherencias.

Y es que el discurso de soberanía se desmorona cuando el quehacer del movimiento social depende o se sustenta en la agenda de una institucionalidad y de la cooperación internacional promotora de manera sutil o abiertamente de un “extractivismo humanizado”. O cuando el quehacer político partidario convive en armonía con los promotores del modelo de saqueo y sus decisiones.

En la Honduras post golpe, la concesión y pérdida de soberanía sobre el territorio y los bienes estratégicos de la nación avanzó aceleradamente por la ferocidad y desbordada corrupción del régimen y también por la complicidad, comodidad, falta de vergüenza y de bravura de muchos actores de la oposición política y social.

Sin embargo, sin ninguna duda, actualmente los actores más afianzados en la praxis de soberanías locales son las múltiples organizaciones y comunidades que desde la legitimidad, visiones y herramientas propias, corriendo los mayores riesgos y en notoria desventaja han confrontado y siguen confrontando a las empresas y funcionarios que han osado penetrar sus territorios y pretenden ocuparlos sorpresivamente. En ese mismo sentido otros actores son el estudiantado consciente de secundaria y de las universidades públicas.

A partir de la modesta experiencia de la huelga de hambre de la dignidad de 2008, las luchas de las comunidades de Pajuiles, Jilamito, Sector Florida, Arizona, San Francisco, San Juan Pueblo, del Pueblo Tolupán, entre otras; desde el Movimiento Amplio venimos insistiendo y promoviendo un encuentro fraterno, cara a cara con el resto de comunidades y organizaciones de base que también ejercen soberanía en plena coherencia y resistencia al capitalismo, neoliberal y extractivista.

Insistimos e insistiremos en que debemos encontrarnos en una primera fase de articulación, en la que desde nosotros, en unidad y con autonomía definamos una agenda común con perspectiva nacional. Para ello, llamamos abiertamente a las comunidades y organizaciones de base a construir esta articulación coherente con nuestra capacidad mostrada en la defensa real y concreta del territorio, mostrando que nuestra práctica de resistencia tiene incluida el modelo de sociedad y de Estado que nosotros queremos y soñamos; respetuoso de la vida en todas sus expresiones.

Posterior a ello, vayamos a una segunda fase de encuentro con los demás espacios; los del movimiento de derechos humanos, otras organizaciones del movimiento social y actores político partidarios que acuñan un discurso por la defensa de la vida y la dignidad nacional.

A nuestros cercanos aliados que muestran dudas y cierta suspicacia a esta iniciativa, les llamamos a respetar y respaldar este impostergable encuentro para la unidad, a superar ciertas sensibilidades y temores  y a esperar el encuentro esa segunda y ojalá pronta fase de ampliación de la articulación  nacional.

Rescatamos y reiteramos que, indistintamente de los avances en la articulación unitaria del movimiento popular y social hondureño, las organizaciones y comunidades en resistencia real al capitalismo extractivista, desde nuestra legitimidad, con sabiduría popular y haciendo uso de las armas que nos facilita nuestro modelo de resistencia pacífica, seguiremos dando batalla a toda incursión en el territorio  de los agentes del extractivismo.

Septiembre de 2019

¡Desde la Dignidad Siempre!

Absueltos 13 campesinos y campesinas acusados de usurpación en el norte de Honduras.

Luego de cinco años enfrentando un proceso ilegal e injusto, 13 campesinos y campesinas del grupo Brisas del Recodo del municipio de Potrerillos, Cortés al norte de Honduras organizados en la Central de Trabajadores del Campo (CNTC), fueron absueltos de responsabilidad penal en el proceso que se les seguía en el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula acusados por el delito de usurpación.

Cabe mencionar que a lo largo del proceso y durante cinco años, los campesinos y campesinas habían estado sometidos a las medidas sustitutivas a la prisión, obligándoles a presentarse a firmar una vez al mes a los juzgados de San Pedro Sula como garantía que no abandonarían el proceso.

La resolución emitida por la jueza del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula se sustenta en tres argumentos centrales que dieron lugar a la absolución de los compañeros y compañeras. El primero, es que no existe una individualización de responsabilidad para los imputados, a lo que el abogado defensor, Pedro Mejía, manifestó Los medios de prueba propuestos por las partes acusadoras no probaron la posesión o permanencia de los imputados en dicho predios, a lo que se debe sumar que el señor Saúl Pineda (acusador) en su testimonio afirmó no haber reconocido a nadie al momento de asistir a los predios objeto del delito, ni reconocer ninguno de los imputados”.   


En el segundo argumento de la resolución emitido por la jueza, se demostró que no había certeza de la posesión del bien inmueble por el cual habían sido denunciados los compañeros y compañeras, ya que el bien inmueble aparece a nombre de tres personas y además, existen informes por parte de la municipalidad que en dicha zona existen terrenos de su propiedad sin poder determinarla. Y finalmente, que dicho propiedad al momento en que se cometió el supuesto delito no era pertenencia del denunciante en virtud de que la donación realizada en su favor no se había perfeccionado”.

Y en el tercer argumento, la jueza reconoció el derecho legítimo de las personas a optar a un predio de tierra para satisfacer las necesidades básicas como la alimentación, vivienda y trabajo, esto en virtud que nuestros compañeros y compañeras iniciaron los trámites necesarios en las instituciones del Estado para aclarar y legalizar los predios en los que pretendían trabajar. “La jueza explica que los campesinos acusados no actuaron de forma dolosa, es decir, no actuaron con la intención de causar un mal, sino que ellos al ocupar dichos predios y presentar la solicitud de expropiación lo hicieron en virtud de la creencia del ejercicio legítimo de un derecho”.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia celebramos está gran victoria de nuestros compañeros y compañeras de la Central de Trabadores del Campo y llamamos a seguir articulándonos para vencer el modelo de despojo que pretende desterrar y encarcelar a quienes exigen el respeto a sus derechos.

¿Qué son las declaratorias de territorios libres de proyectos extractivos? Una mirada desde el MADJ

Las declaratorias de territorios libres de minerías e hidroeléctricas en Honduras:
Una mirada desde la construcción y práctica del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Por Heidy Alachán.

Una mirada regional de las declaratorias

Los efectos de la consolidación del modelo extractivo aqueja, de manera cada vez más dramática a diversos países del mundo, y de forma particular, como un detonador aún mayor de las desigualdades sociales, a los países del continente americano.

Ante esa realidad, los pueblos y comunidades de la región, han pensado, elaborado, construido y llevado a la práctica distintas estrategias de reacción y prevención que les permitan salvaguardar sus riquezas naturales y entornos sociales de la pretensión depredadora y de despojo de las empresas extractivas.

En ese proceso han jugado un papel trascendente los movimientos sociales y la organización popular y comunitaria para la gestación de herramientas de defensa frente a las amenazas, asumiendo, posiblemente, de manera instintiva su derecho a la libre determinación, contenido en los artículos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)  que los faculta a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y a llevar adelante su desarrollo económico, social y cultural sin injerencias del exterior.

Unas de las estrategias puestas en marcha en la región, son las declaratorias de territorios libres. Estás han tomado múltiples formas, procedimientos, efectos, alcances e incluso maneras de nombrarlas, entre los distintos países que las emplean.

En esencia, y según lo planteado por la red Amigos de la Tierra Internacional[1] (2018), “declarar un territorio libre, es una práctica de autonomía. Es una práctica política para ejercer los Derechos Humanos sobre todo los colectivos… que nos protegen como comunidad […]” (pág. 4)

Desde esta mirada planteada por Amigos de la Tierra Internacional a siete años de los primeros antecedentes de su uso y aparición, en las declaratorias convergen múltiples derechos; a decidir desde los territorios, las actividades y políticas que pueden existir en el mismo, a contar con información en forma oportuna, a contar con el tiempo necesario para analizar y comprender esa información siguiendo, en el caso de existir, formas tradicionales, a la participación ciudadana entendida como un proceso que promueve, permite y respeta que las comunidades y sus organizaciones formen parte fundamental del análisis y comprensión de cualquier elemento que facilite tomar una decisión final sobre una actividad o política que afecte sus territorios y el derecho a la autonomía y autodeterminación.

Registros indican que las declaratorias de territorios libres aparecieron en 2011 como una estrategia producto de acuerdo político de las organizaciones de distintos países que integran el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4).

Sin embargo, más allá del M4 en la región se registran importantes avances en la configuración y empleo de las declaratorias de territorios libres. Honduras, al cual nos referimos posteriormente en detalle, se le atribuye como pionero del “movimiento generalizado de las declaratorias en Centro América”, con su primer antecedente en 2013, Guatemala por su parte las ha puesto sobre la marcha desde la modalidad de consultas ciudadanas y Nueva Trinidad, El Salvador, forman parte de la lista a nivel regional.

En México, Chicomuselo y Escuintla, Chiapas, Xochitepec y Miacatlán del Estado de Morelos, Tapachula, Motozintla, Huixtla, Huehuetán y San Cristóbal de las Casas, y la Región Montaña de Guerrero, con ejercicios que oscilan a partir del año 2014, continúa el recuento. La Red Mexicana de  Afectados por la Minería (REMA) calcula que alrededor de dos mil comunidades han sido blindadas contra la minería bajo el lema de territorios libres de minería (Declaración de Territorios Libres, pág. 7).

De esa mirada regional y de otras aristas que deben ser objeto de una profundización posterior se puede apreciar y afirmar que la figura de las declaratorias vive un proceso de consolidación como práctica de autodeterminación de los pueblos y comunidades y que, su pretensión de prevención se extiende  hacia cada vez más formas y modalidades de la actividad extractiva, mucho más allá de la actividad minera e hidroeléctrica.

Las declaratorias en Honduras: la construcción y práctica del movimiento amplio por la dignidad y la Justicia

En Honduras, el acelerado avance de la consolidación del modelo extractivo incrementado a partir del golpe de Estado en el año 2009[2],  posicionó como uno de los principales flagelos de la sociedad hondureña los conflictos sociales y ambientales generados por la política de privatización y concesionamiento, que ha provocado el acelerado despojo, especialmente de bienes naturales y territoriales a las comunidades rurales y minorías étnicas.

Si bien, los organismos internacionales han desarrollado estándares específicos relacionados a estos conflictos, vinculados a poblaciones indígenas y afrodescendientes, en Honduras, comunidades no indígenas y que no se reivindican como campesinas, son protagonistas de ejercicios de soberanía sobre sus bienes naturales comunes. Una práctica que desde el año 2013 se ha vuelto común son las “Declaratorias de territorios libres de minería e hidroeléctricas” o las “Declaratorias de territorios libres de proyectos extractivos”, nombre que reciben más recientemente. (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina , 2018).

Las declaratorias en Honduras, tienen su antecedente normativo en la figura contenida en la Ley Forestal de Aguas y Vida Silvestre (2007). Según lo establecido en dicha ley el Poder Ejecutivo o el Congreso Nacional, a través del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) de oficio o a petición de las corporaciones municipales o de las comunidades en cabildos abiertos, tiene la facultad de declarar áreas protegidas y áreas abastecedoras de agua para poblaciones, cuyo efecto concreto es que en ningún caso se otorgará permisos o licencias para el aprovechamiento de los recursos en estas zonas.  Di­chas declaraciones están sujetas a los estudios técnicos y científicos que demuestren su factibilidad y el acuerdo debe ser aprobado por el Congreso Nacional (Art. 65).

Sin embargo, como queda establecido, el alcance de dichas declaratorias según está regulado en la Ley Forestal le atribuye un papel trascendental al Congreso Nacional a quien compete el acuerdo de declaratoria. Este punto es de vital relevancia ya que, motivó de manera sustancial la resignificación de la figura desde los movimientos sociales y populares de Honduras, particularmente del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia[3] , en adelante MADJ, quien reivindica dicha práctica como una resolución o mandato popular directo.

Ese proceso de re significación de la figura de las declaratorias desarrollado desde el MADJ implicó su construcción desde los principios y derechos contenidos en el artículo 2 de la Constitución de la República de Honduras, los artículos 71, 102, 103 y 105 de la Ley General del Ambiente y el artículo 67 de la Ley de Minería. Como fundamentos torales se centró en el principio de soberanía popular y el derecho a la participación ciudadana, los cuales se interrelacionan con múltiples derechos como el de libre determinación, derecho a la consulta y el consentimiento previo libre e informado, entre otros. La estructura jurídica creada, recoge la tendencia internacional orientada a respetar la consulta y consentimiento contenido en el Convenio 169 de la OIT y el carácter vinculante de su resultado como garantía de su facultad de los pueblos y comunidades de decidir sobre el manejo de los bienes naturales comunitarios y su entorno inmediato.

Visto desde la jerarquía normativa, el principio de soberanía popular contenido en el artículo 2 constitucional es el asidero habilitante de la construcción y ejercicio de las declaratorias. Este establece que, la soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación.

Al respecto y retomando lo planteado por Marshall Barberán (2010), los actos de soberanía popular nunca pueden ser llevados a cabo por el pueblo en su totalidad, siempre será un sector del pueblo o algunos individuos aislados los que los llevarán a cabo como agentes del pueblo. En este sentido, es posible concluir, que el pueblo es capaz de buscar y crear sus propias formas de manifestarse y que dichas formas no están o deben de manera necesaria, estar establecidas institucionalmente.  “En palabras de Sieyès:… “No importa la forma en que la nación quiera; basta que quiera. Todas las formas son buenas”. (La soberanía popular como fundamento de orden estatal y como principio constitucional, pág. 259)

Ese ejercicio de soberanía, se perfecciona con los derechos contenidos en las leyes secundarias referidas. Derecho a participar directamente en las acciones de defensa y preservación del ambiente y del uso racional de los recursos naturales del país (art.102), a ser informadas sobre el estado del ambiente y de todas las operaciones y acciones que se estén tomando en este campo, por las instituciones gubernamentales y las municipalidades (art.103), a participar en la prevención, mitigación y atención de los desastres naturales (art. 105) (Ley General del Ambiente, 1993) y a la consulta ciudadana previa a la resolución de otorgamiento de permisos de explotación, cuyo resultado es vinculante para el otorgamiento de las concesiones de explotación, tal y como lo establece el artículo 67 de la Ley General de Minería (2013).

Es decir que, habiendo sido informadas, consultadas y participado directamente, las comunidades, como expresión del pueblo en quien recae la soberanía, tienen el derecho de decidir sobre el curso y manejo de sus bienes naturales comunes y sobre todo lo relacionado a su vida en comunidad y estas decisiones deben ser acatadas por los poderes constituidos, entiéndase autoridades locales y nacionales.

En Honduras, la Ley de Municipalidades regula el derecho a la participación ciudadana comunitaria, el cual puede ser ejercido mediante dos mecanismos de consulta:  el cabildo abierto, figura jurídica consignada en el artículo 33 B y  definida en el artículo 19, de su reglamento como un instrumento de comunicación directa necesario para una eficaz administración que responda a los anhelos de la población y sea expresión permanente de la voluntad popular y; el plebiscito, consignado en el artículo 18.

Sin embargo, en la práctica concreta y en lo relacionado a los proyectos extractivos, estos mecanismos de consulta, particularmente el cabildo abierto cuyo empleo es más habitual que el plebiscito, se han utilizado para consultar a las comunidades en relación al otorgamiento de permisos de construcción a un proyecto extractivo en concreto. Es decir, a través de un SÍ o un NO, decidir la construcción de proyecto sin haber, en muchos casos, tenido participación en la decisión sobre el otorgamiento de la concesión y otros procedimientos administrativos previos.

Debido a ello, la figura de las declaratorias, resignificada desde el MADJ constituyó una práctica que desafía el empleo y alcance clásico de las consultas realizadas a través de los cabildos, ya que, plantea, la convocatoria a este, para decidir no sobre un proyecto, sino sobre la decisión de declarar su territorio libre de proyectos extractivos, lo que implica que, ese resultado, producto de la soberanía popular, garantizará que en lo sucesivo de manera permanente, no podrán ser concesionados sus bienes naturales, ni otorgados permisos administrativos para actividades extractivas en sus zonas. Declarándolos de manera implícita para consumo humano exclusivamente.

Desde esa construcción, las declaratorias han constituido un sistema jurídico en sí mismo que desafía la concepción clásica del derecho positivo en tanto no están reguladas como tales en una norma, pero han convocado, hasta la fecha, a más de diez municipios y comunidades hondureñas. Varias de estas con procesos de organización política en el MADJ.

Si bien, desde el lente de la práctica de los procesos donde el MADJ ha tenido participación directa, de las comunidades organizadas han sido piezas claves en la consecución de las declaratorias, el alcance y plenos efectos de estas siguen planteando retos sustanciales que motivan y deben seguir obligando la reflexión y la confección de estrategias que aseguren la prevalencia de las decisiones soberanas de los pueblos y comunidades, por encima del poder avasallador del capital extractivo y de los contubernios entre poderes constituidos y élites empresariales, legitimados por la flagrante corrupción que impera en Honduras.

Sin embargo y a pesar de este señalamiento con tinte desesperanzador, comunidades como Pajuiles y el Sector Florida en Tela, Jilamito en Arizona, San Juan Pueblo en la Másica, San Francisco y otras más en el departamento de Atlántida, organizadas en el MADJ, nos siguen dando lecciones valiosas que aportan para la reflexión, la discusión teórica, pero que sobre todo, vuelven cada vez más latente y cercana la condición de dignidad como única forma de vida.


[1] Amigos de la Tierra Internacional es la red ambiental más grande del mundo, uniendo a 75 grupos de miembros nacionales en todos los continentes. Con más de 2 millones de miembros y simpatizantes de todo el mundo, Apuesta por el combate al modelo actual de globalización económica y empresarial y busca proveer soluciones que ayuden a crear sociedades ambientalmente sostenibles y socialmente justas.

[2] En el marco del golpe de Estado de 2009 se configuró una política estatal que permite el concesionamiento a terceros de derechos sobre bienes naturales comunes. Empezó un proceso de reestructuración de la normativa legal para facilitar la explotación de los bienes naturales ejemplo de ello fue la Ley General de Agua en 2009, la Ley de Minería y su reglamento en 2013, entre otras.

[3] El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia es una organización política y social de Honduras, fundada el 24 de mayo de 2008, producto de la huelga de hambre de los fiscales que  duró 38 días. Desde su fundación está dedicada a la lucha contra la corrupción, impunidad, defensa de derechos humanos en general, derechos de los pueblos indígenas y de los bienes naturales, con presencia en distintas zonas del territorio nacional.


Trabajos consultados
  • Amigos de la Tierra Internacional (2018). Declaración de Territorios Libres.
  • Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. (13 de Septiembre de 2007). Decreto No.156-2007. Honduras.
  • Ley General de Minería. (2 de Abril de 2013). Honduras.
  • Ley General del Ambiente. (1993). Decreto No. 104-93 93. Honduras.
  • Marsahll Barberán, P. (2010). La soberanía popular como fundamento de orden estatal y como principio constitucional. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 259.
  • Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina . (9 de Abril de 2018). Obtenido de https://www.ocmal.org/se-generaliza-el-movimiento-por-zonas-libres-de-mineria/
  • Pacto de Derechos Civiles y Políticos. (1966). Obtenido de https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
  • Pacto Internacionales de Derechos Sociales, Económicos y Cultarales. (1966). Obtenido de https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
  •  Recomendación general Nº 21 relativa al derecho a la ibre determinación, 48º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 245 (1996),.

Venezuela, una herida provocada por los intereses imperialistas

La región latinoamericana y caribeña enfrenta la mayor de las crisis de soberanía y autodeterminación.

El intento imperialista de concretar una invasión, a través de una especie de golpe de Estado a la República Bolivariana de Venezuela, forma parte de la crisis social que lentamente se ha venido gestando en la patria de Bolívar desde hace varios años, alimentada por fuerzas e intereses extra regionales, muy concretamente por los Estados Unidos de América y en la cual ha sido transversal el discurso de la crisis migratoria y de derechos humanos a fin de asegurar sus intereses intervencionistas.

Desde las Honduras de Centroamérica, después de haber vivido el golpe de Estado de 2009, promovido por el Departamento de Estado, y desde la implantación de la narco dictadura en 2017, impuesta por la embajada norteamericana, podemos desenmascarar con mucha autoridad soberana y moral el descaro de los Estados Unidos al acusar al gobierno de Venezuela de mantenerse en el poder recurriendo a  tácticas anti democráticas que justamente son las mismas que han utilizado ellos para mantener una narco dictadura en Honduras dedicada a complacer los deseos imperiales en todo momento.

Un lamentable y servil papel ha sido en esta crisis el jugado por el Grupo de Lima, el sistema regional de derechos humanos y de manera particular, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro y más recientemente el de la Organización de las Naciones Unidas, quien siguiendo los antojos convocó a reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la situación de Venezuela.

Desde estas instancias se promueve el enfrentamiento entre la población venezolana y la comunidad internacional, se intenta desconocer el rol patriótico, latinoamericanista y solidario que Venezuela ha jugado a lo largo del siglo XXI; se desconocen los esfuerzos realizados para construir una identidad latinoamericana inclusiva, desde el reforzamiento de los sectores sociales más vulnerables de nuestras naciones.

Sin embargo, a pesar de las presiones y el chantaje de Estados Unidos, estas instancias fueron los escenarios de las dos derrotas consecutivas del gobierno de Donald Trump en foros internacionales. Primero fracasó en la Organización de Estados Americanos (OEA) al tratar de imponer el reconocimiento del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó (quien no tiene sede de Gobierno ni gabinete, ni mucho menos participo en el proceso electoral), y ahora en su presentación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Ante ese escenario, los pueblos del continente estamos llamados a cerrar filas contra las invasiones del imperio estadounidense que solamente dejan destrucción en las naciones invadidas y provocan heridas profundas en las colectividades sociales que tardan mucho en sanarse.

La crisis de Ucrania dejó más de cien mil ucranianos asesinados y 800 mil personas refugiadas y desplazadas. La invasión de Libia supuso el asesinato de 5,000 (cinco mil) libios más otras 650 mil personas desplazadas y refugiadas. La crisis de Siria, la más vil de las invasiones norteamericanas en el siglo XXI, reporta el saldo de 511 mil personas asesinadas y más de 6 millones de desplazados y refugiados.

Y qué decir de la invasión a Irak con un saldo de más de un millón de ciudadanos y ciudadanas asesinadas. Debemos evitar que estas tragedias se repitan en América Latina y por lo pronto en el pueblo de Venezuela. Ningún sector social o político venezolano tiene garantía de salir ileso de una posible invasión imperialista, a excepción de los venezolanos que desde ya viven en Miami y otras tierras lejanas de la patria.

Ese recorrido mínimo y necesario, permite leer con mayor claridad lo que hay detrás de la hipócrita preocupación de Estados Unidos por la situación de los derechos humanos de la población venezolana.

Sin lugar a dudas, todas las acciones y estrategias puestas en marcha por Estados Unidos en contra del gobierno venezolano, pasando desde las sanciones impuestas, hasta el chantaje expresado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, dejan clara la vuelta a la época de la guerra fría, donde mecanismos y estructuras económicas y políticas se disponen a los intereses imperialistas.

En ese escenario, defender a la república de Venezuela de los intentos de golpes de Estado y pretensiones intervencionistas es un imperativo ético.

Desde nuestra realidad inmediata en Honduras, también pasa por poner freno a los gobiernos lacayos como el nuestro, que ponen en vergüenza una y otra vez a través de discursos como el manifestado por la representante de país ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Detrás de la crisis generada en Venezuela, están las acciones criminales orientadas a doblegar a los gobiernos y sociedades que no ceden a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Pero sobre todo, está en juego la estabilidad de los pueblos de América Latina.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia nos solidarizamos con el  digno y valiente pueblo venezolano con quienes compartimos y respaldamos su lucha anti imperialista, destacamos su labor y tenacidad por la defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.

Honduras, 29 de enero de 2019

25 de enero: organizadas y en resistencia contra la dictadura

Hoy, 25 de enero de 2019, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, hablamos sobre las mujeres, desde las mujeres. Traemos con nosotras, en cada una de nuestras luchas, la conquista de 1955, liderada por las mujeres sufragistas y reconocemos que estamos acá porque nos precedieron ellas.

Desde nuestra organización mixta y amplia, con diez años de existencia y con una apuesta política llevada a la práctica por distintos sectores sociales que la integramos, nos reconocemos como un espacio diverso donde convergemos mujeres con distintas realidades. Sabemos, vivimos y reivindicamos la eterna militancia, ardua y dura, de muchas mujeres que han hecho y hacemos posibles las victorias y resistencias de los movimientos sociales y espacios organizados en Honduras.

Desde nuestra coordinación general integrada por Albertina López y María Dolores Euseda, apostamos a seguir construyendo espacios de inteligencia colectiva y de una práctica transversal y popular, que funcione como caja de resonancia de todas las luchas.

Y hoy, a pesar de todo lo conquistado, sabemos que no es suficiente, que una verdadera participación política de las mujeres y el acceso real a cargos de elección popular siguen siendo cosas por exigir y construir, que en el contexto de país que vivimos no nos queda más que rechazar enérgicamente la precarización total de nuestras vidas.

Denunciamos, una vez más, la narco dictadura que ha convertido a Honduras en territorio de muerte, desolación y despojo para los pueblos. El papel nefasto de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional, entre otros sectores políticos que con su infinito cinismo han hundido al país en la actual crisis económica, política y social, producto de la corrupción y la impunidad y que son también los autores del fraude electoral de noviembre de 2017.

Denunciamos la violencia en nuestra contra, el alarmante incremento de femicidios, la saña con la que estos se ejecutan y el 95% de impunidad alrededor de estos crímenes. No queremos más niñas ni adolescentes, ni mujeres adultas, acosadas, abusadas, violadas, asesinadas. No queremos más compañeras revictimizadas por los medios de (in)comunicación y por la (in) justicia hondureña.

Sabemos y reiteramos la grave amenaza que constituye el modelo extractivo como expresión más perversa del capitalismo y por eso constituye un eje transversal de nuestras luchas y resistencias. Denunciamos la política de concesionamiento y el despojo de nuestros bienes naturales por parte de empresas del rubro extractivo, avaladas por la corrupción institucional.

Pero sobre todas estas cosas, somos conscientes de la urgente necesidad de luchar organizadamente, de pensar en colectivo, de revisar y replantear nuestras formas de disputar el poder desde lo comunitario hasta el poder formal. De asumir la responsabilidad de ser un actor decisivo para el proceso de transformación del país y que el movimiento social y popular asuma también ese rol en el contexto nacional, de ser un ente propio, autónomo, el cual tenga como principio y como fin, la dignidad y la justicia para todos y todas. Un ente que piense y diseñe estrategias integrales, que de contenido real a consignas y pretensiones de otros sectores que solo son realizables con verdadera organización y formación política.

En medio de todo eso, nos celebramos, por supuesto. Y reiteramos que nuestro compromiso y anhelos de dignidad y justicia nos abrigan, nos dan fuerza, y nos potencian en las calles y en los hogares, en los barrios y en los lugares de trabajo. Nos abriga la fuerza, determinación y claridad de Berta Cáceres, María Enriqueta Matute, Margarita Murillo y todas las mujeres comprometidas con un proyecto integral de país, de mundo, determinadas a la lucha en contra del capital y el modelo económico que constituyen las bases de nuestras opresiones.

Declaramos que, seguiremos disputando y conquistando, construyendo el puente que nos conduzca desde las resistencias a la soberanía digna y que, mantendremos encendida la chispa de las mujeres que desencadenó el fuego de la lucha por la libertad contra la dictadura cariísta, para resistir y vencer a la dictadura actual, con dignidad y justicia.

25 de enero de 2019

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia