MÁS DE 100 ORGANIZACIONES A NIVEL MUNDIAL CONDENAN CRIMINALIZACIÓN DE 9 INDÍGENAS TOLUPANES EN HONDURAS.

Ellos y ellas son los nueve indígenas criminalizados por defender su bosque y su territorio ancestral.

Las Américas, 24 de junio de 2019.- Ante el nuevo esfuerzo por criminalizar a líderes y lideresas indígenas de la tribu tolupan de San Francisco Locomapa, organizaciones nacionales e internacionales condenamos estos hechos y denunciamos que el Estado, de manera intencional y sistemática, busca acallar a pueblos indígenas que legítimamente ejercen acciones de protesta y exigen el cumplimiento de sus derechos.

Honduras, que ha privilegiado el extractivismo como modelo económico, es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de derechos humanos. El pasado 17 de mayo, autoridades del Estado de Honduras presentaron requerimientos fiscales en contra de nueve indígenas tolupanes con el fin de procesarles en razón de la “obstaculización del plan de manejo forestal”.

Esta acusación se da como represalia a su labor de defensa de la vida, el territorio y los bienes naturales de la población; práctica que ha sido sistemática en uno de los países más peligrosos para las personas defensoras.

Este lunes 24 de junio los y las lideresas se enfrentarán a la audiencia inicial en la cual se decidirá sobre la prosecución o no de la acusación. Dicha audiencia tiene lugar cuatro meses después del asesinato de dos indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y se enmarca en la grave situación de riesgo, violencia y criminalización que enfrenta la tribu desde 2010. 

Como consecuencia del otorgamiento de planes de manejo forestal y operativo sin respeto al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, los departamentos de Yoro y Francisco Morazán, territorios del pueblo indígena tolupán, han sido blanco de explotación por parte de empresas y personas ajenas a la comunidad. 

En virtud a esta situación, sumada a la pérdida del territorio y el desplazamiento forzado, se organizó el Consejo Preventivo de la Tribu, el cual, integrado por decenas de integrantes del pueblo indígena, ha desarrollado acciones de defensa y protesta pacífica. Esta reivindicación ha conllevado un incremento del riesgo y múltiples amenazas que se han materializado en criminalización y asesinatos. 

Así, en 2010 se criminalizó a 8 indígenas tolupanes por el mismo tipo penal que el referido en la actualidad –obstaculización del plan de manejo–, repitiéndose de nuevo en 2012 mediante la criminalización de tres líderes indígenas; en ambos casos, por acción de sus abogados defensores, las personas criminalizadas resultaron absueltas  de los cargos. 

Posteriormente, en 2013, se asesinó a los líderes Ricardo Soto y Armando Fúnez, así como a la lideresa María Enriqueta Matute. En razón de estos graves hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó las medidas cautelares MC 416-13 a 35 miembros de la comunidad a partir de 2013 y ordenó al Estado a proteger su vida e integridad.

A pesar de ello, en 2015 asesinaron a dos beneficiarios de las medidas, Erasimo Vieda y Luis Marcía; en 2016 también se asesinó al beneficiario Santos Matute. En lo más reciente, en febrero de este año, Juan Samael y el beneficiario José Salomón Matute, fueron asesinados por dos individuos que anteriormente les habían amenazado.

Respecto de estos últimos asesinatos, la CIDH recordó que “los pueblos indígenas tienen derecho a gozar del control efectivo de sus tierras y a verse libres de interferencia de personas que pretenden tomar control de sus territorios mediante el uso de la violencia. Los Estados también se encuentran obligados a prevenir y luego proteger a los pueblos indígenas afectados de estos actos violentos cuando ocurren en el marco de conflictos territoriales”.

Recordamos también que este órgano ha indicado: “Que haya una medida cautelar vigente de la CIDH quiere decir que las autoridades estatales estaban informadas de la situación de riesgo grave inminente en que estaba la persona, por lo cual resulta particularmente preocupante que no se hayan adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas protegidas por la misma”.

Asimismo, y como han indicado la CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las organizaciones firmantes denunciamos el impacto que tiene el uso malicioso el derecho penal para limitar el ejercicio de defensa de derechos humanos, en particular la defensa del derecho a la tierra y el medio ambiente por parte de personas campesinas y líderes y lideresas sociales. Notamos con preocupación que, esta misma semana, cinco líderes y lideresas del departamento de Arizona también enfrentan un juicio relacionado con su resistencia pacífica a una hidroeléctrica en la zona.

En consideración de lo anterior, exigimos que se reconozca la inocencia de las 9 personas criminalizadas a través del sobreseimiento definitivo. Asimismo, solicitamos a las autoridades que cese la violencia, discriminación y criminalización en contra de la tribu tolupán de San Francisco Locomapa y que se garanticen sus derechos sobre su territorio, se proteja su vida y se sancione a quienes han violentado sistemáticamente sus derechos humanos.

Por último, nos solidarizamos con la legítima y digna defensa ejercida por las y los tolupanes y hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a seguir de cerca su audiencia, que está programada para el día de hoy 24 de junio de 2019 y exigir justicia.

Organizaciones firmantes:

Alemania
Colectivo Cadeho 
Oekumenisches Netz Rhein-Mosel-Saar

Bélgica
Red Europea de Comités Oscar Romero

Canadá
Comité por los Derechos Humanos en América Latina
Guatemala Community Network
Todos por Guatemala
United for Mining Justice

Colombia
Movimiento Nacional de Víctimas de Corporaciones Multinacionales

Ecuador
Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» (CSMM)

Estados Unidos
Alliance for Global Justice
Central American Resource Center (CARECEN) — DC
Franciscan Action Network
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
Hands Off Honduras – Minnesota
Interfaith movement for human integrity
Nicaragua Center for Community Action
Parlamento Maya USA
School of the Americas Watch (SOAW) Oakland/East Bay
SOA Watch
Witness for Peace Solidarity Collective

El Salvador
Asambleas Comunitarias de El Salvador 
Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA)
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

España
Anticapitalistas Madrid. Área Internacional
Comunidad Centroamérica en España 
Plataforma por Honduras en Madrid 
Red de Hondureñas Migradas (REDHMI)

Guatemala
Asociación Bufete Jurídico De Derechos Humanos
Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad CEIBA
Bufete para Pueblos Indígenas 
Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos
Comité Campesino del Altiplano (CCDA)
Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)
Comité de Unidad Campesina (CUC) 
Familiares y amigos contra la Delincuencia y el Secuestro 
Festivales Solidarios 
H.I.J.O.S. Guatemala
Instituto Amaq’
Prensa Comunitaria 
Red Tz’ikin – Realizadoras-es Independientes de Guatemala
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA)
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)

Honduras
APAF-INFOP
Asociación LGBT Arcoiris de Honduras
ASONOG
BAMBÚ
Bloque Popular
Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
Centro de Desarrollo Humano (CDH)
Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD)
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT)
Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Honduras (CTSH)
Comité para la Defensa del Consumidor Hondureño
Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
Conexihon
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Coordinadora de Organizaciones Populares del Agua (COPA) 
Ecuménicas por el Derecho a Decidir 
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ)
Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR)
Justicia Paz e Integridad de la Creación – Familia Franciscana Honduras
Juventud del Milenio
La Insurrecta
Movimiento Ambientalistas Santabarbarense (MAS)
Movimiento de Diversidad en Resistencia (MDR)
Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguan
Puras Mujeres
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH) 
Red Nacional de Jóvenes Artesanos de la Paz
Somos Muchas
Terco Producciones
Unión Estudiantil Morazanista (UEM)

Italia
Collettivo Italia Centro America, CICA

México
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos 
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)

Noruega
Comité Noruego de Solidaridad con America Latina (LAG)

Venezuela
Coalición de Tendencias Clasistas (CTC-VZLA)

Regional
Brigada José Artigas de Trabajo Voluntario 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Cruz Morada Hondureña
Fads
Hablemos de Derechos Humanos
Honduras Solidarity Network in North America
Informations Gruppe Lateinamerika (IGLA)
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
JOPRODEH
La Cadejos, Comunicación Feminista
La Voz de los de Abajo, Chicago
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero – M4-
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia 
Protection International Mesoamérica
Task Force on the Americas
The St. Louis Inter-Faith Committee on Latin America (IFCLA)Internacional
CIVICUS: Alianza Global de la Sociedad Civil
Confederación General del Trabajo
Due Process of Law Foundation (DPLF)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos HumanosForo Honduras Suiza  
JASS (Just Associates) 
Migrant Roots Media
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos
Plataforma Internacional Contra la Impunidad (PI)
Trocaire

Conflicto tolupán: Corrupción y saqueo de su territorio

Conflicto tolupán: Corrupción y saqueo de su territorio

9 índígenas tolupanes e integrantes del MADJ criminalizados por defender su territorio ancestral

Nueve indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio han sido enjuiciados por defender sus bosques y territorio ancestral en la tribu de San Francisco, Yoro, Honduras. Este día se sustancia audiencia inicial en el Juzgado de Letras del departamento de Yoro en contra de Alisson Pineda, Wendy Pineda, José Pineda, Ángela Murillo, Celso Cabrera, Óscar Cabrera, Óscar Vieda, Sergio Ávila y Ramón Matute, acusados del delito de obstaculización de un plan de manejo forestal.

Con este nuevo proceso de criminalización sumarían tres los enfrentados por el pueblo tolupán a partir del año 2010, a pesar de que la misma justicia hondureña emitió resoluciones reconociendo su inocencia y la legalidad de sus acciones de defensa del bosque enmarcados en los derechos contenidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referente a los pueblos indígenas. Pero, para entender qué hay detrás del permanente asedio en contra del pueblo tolupán es necesario revisar su origen.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de la tribu desde el año 2013[1] y el Estado de Honduras es el encargado de garantizar su implementación a través del Mecanismo Nacional de Protección, sin embargo, a pesar de gozar de supuesta protección son nuevamente víctimas de uso indebido del derecho penal y de la indiferencia y desidia de la institucionalidad hondureña encargada de protegerles.

¿Cuál es el origen del conflicto?

 La Tribu Indígena de San Francisco Locomapa, se encuentra asentada en el municipio de Yoro, departamento de Yoro. Forma parte de las 26 tribus indígenas tolupanes asentadas en dicho departamento y de las 31 tribus ancestrales tolupanes existentes en Honduras. El pueblo tolupán tiene 5,000 años de existencia, tiempo en el cual han desarrollado sus propias instituciones políticas, formas de organización y producción, prácticas religiosas, costumbres, idioma, cosmovisión de la vida, del entorno y sus semejantes.

Desde 1864, el territorio donde se encuentra asentada la tribu de San Francisco de Locomapa cuenta con un título ancestral que reconoce a la tribu como propietaria en comunidad de siete caballerías de territorio, en los cuales han habitado después de su desplazamiento forzado del Valle de Sula. La región donde se encuentra ubicada la tribu cuenta con una gran riqueza de bienes naturales, destacando entre ellas las extensas plantaciones de árbol de pino, las cuales han sido históricamente pretendidas para su corte, aprovechamiento y comercialización por parte de personas ajenas a la tribu, de igual forma, la abundante agua de sus ríos y los minerales de sus montañas.

Diversas circunstancias de conflictividad social se han suscitado a raíz del otorgamiento de planes de manejo forestales y planes operativos anuales de explotación de madera aprobados por el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (en delante ICF) a terratenientes ladinos en territorio de la tribu. Ante eso, los líderes indígenas de la tribu de San Francisco Locomapa han ejercido diversas acciones de ejercicio de autonomía y soberanía indígena que implican control territorial, siendo amenazados, perseguidos y asesinados por su actividad de resistencia al despojo ilegal de sus bienes naturales comunes. A partir de 2013 y sobre todo en los últimos dos años el saldo del conflicto ha sido fatal.

La tribu también denunció la ilegalidad y el actuar de algunos empresarios en la zona, mediante manifestaciones pacíficas y actos asamblearios en rechazo a las acciones de explotación de sus bosques de pino. A esto se le ha sumado la explotación ilegal e ilegítima de su riqueza mineral y la pretensión de concesionar las aguas de sus ríos a empresas mercantiles para la generación de energía eléctrica.

El 16 de diciembre de 2009 el ingeniero Rene Roberto Cabrera en su condición de Subdirector de Desarrollo Forestal ICF de Yoro, autorizó el Plan Operativo Anual N°. ICF-Y-309-2009, que contemplaba el corte de 7,394 árboles de pino que representaban un volumen de 5,304.0295 metros cúbicos (M³) de madera sobre un área de 201.54 hectáreas de territorio de la tribu que serían procesadas por la empresa mercantil Velomato propiedad del empresario Kenton Gerardo Landa Uclés. Dicho proceso de aprobación y autorización del plan operativo anual se realizó sin consulta previa, libre, informada y de buena fe al pueblo indígena de San Francisco Locomapa, por lo que se les privó de decidir sobre esta acción administrativa que afectó directamente a la tribu generando grandes conflictos sociales a lo interno y el aprovechamiento arbitrario de sus bosques por terceros ajenos a la comunidad.

Desde el 11 de febrero de 2010, y por varios días, las comunidades indígenas de San Francisco Locomapa desarrollaron manifestaciones públicas y pacíficas, además de ejercicios de control territorial indígena en rechazo a las acciones de despojo y explotación de sus bienes forestales.

La criminalización como herramienta en favor de los intereses de los empresarios madereros: Dos procesos anteriores

Primera proceso en 2010

En vista de las acciones de la tribu, el 15 de marzo de 2010, el empresario Kenton Gerardo Landa Ucléscomprador de la madera en territorio indígena de la Tribu de San Francisco Locomapa, interpuso denuncia en contra de los ciudadanos indígenas José María Pineda, Tomás Matute Zavala, Melvin Mercedes Castro Matute, Armando Fúnez Medina, Carlos Roberto Martínez, Bernardo Martínez, Celso Alberto Cabrera Matute y Juan Matute acusándolos del delito de Obstaculización de la Ejecución de un Plan de Manejo Forestal y Plan Operativo Anual Aprobado por el ICF. 

Al día siguiente, 16 de marzo se presentó requerimiento fiscal ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Yoro, en contra de los ocho líderes indígenas denunciados, en la respectiva audiencia de declaración de imputados se les interpusieron medidas como ser presentarse a firmar cada 15 días al juzgado y prohibir concurrir a lugares donde se distribuyan bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas.

El procedimiento judicial se vio cargado de vicios de ilegalidad por lo que la defensa privada, condición en que se actuó desde el equipo legal del Movimiento Amplio solicitó la nulidad de las actuaciones desarrolladas y se llevó a cabo nuevamente la audiencia inicial en la cual la autoridad competente ratificó su decisión de dictar auto de formal procesamiento en contra de los 8 indígenas e imponerles medidas sustitutivas a la prisión.  Dicha resolución fue apelada por la defensa privada y finalmente la Corte resolvió revocando el auto de prisión y decretando sobreseimiento definitivo a favor de los 8 líderes indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio.

Segundo proceso en 2012

El antecedente que constituyó el proceso judicial en contra de los 8 líderes indígenas provocó el incremento de la conflictividad entre la comunidad y los empresarios, siendo así que, el 03 de enero de 2012, el empresario Kenton Landa Uclés interpuso una nueva denuncia en contra e en contra de los líderes indígenas del MADJ José María Pineda Cardona, Celso Alberto Cabrera Matute y Oscar Amado Cabrera Matute por el delito de obstaculización de la ejecución de plan de manejo o plan operativo aprobados por el ICF, en perjuicio de la misma Industria Velomato, quienes fueron detenidos el mismo día. 

La acción surgió en respuesta a los actos de manifestación pacífica que la tribu realizó en el predio que ocupa dicha empresa en la zona, como resultado de la aprobación ilegal de un nuevo plan operativo anual y un plan de manejo forestal el cual autorizó el corte 5,666 árboles de pino que representaría 2,515.18 M³ de madera sobre territorio comunal indígena, procedimiento realizado en una nueva ocasión por el ingeniero René Roberto Cabrera en su condición de Subdirector de Desarrollo Forestal ICF.

Nuevamente, el abogado Víctor Fernández, parte del equipo legal del Movimiento Amplio y quien actuó como defensor privado en el proceso judicial, presentó recurso apelando la resolución de audiencia inicial en la cual se dictó auto de formal procesamiento en contra de los líderes indígenas y se les ratificaron medidas cautelares, siendo el comportamiento de la instancia judicial similar al del proceso arbitrario instado anteriormente contra los 8 líderes tolupanes. El desenlace de este segundo proceso, fue la revocación de dicha resolución por parte de la Corte quien determinó dictar sobreseimiento definitivo en favor de los 3 indígenas acusados injustamente.

Finalmente, el Estado hondureño admitió, a través de ambos fallos de La Corte, que “la protesta indígena no puede ser considerada una acción “ilegal”, ya que los mismos están legitimados, por el Convenio 169 de la OIT, el cual les ampara para reclamar su derecho de ser consultados “antes” de emprender o autorizarse cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.

Baño de sangre indígena: El saldo de la corrupción en el otorgamiento de planes de manejo forestal y planes operativos Anuales

Además de la criminalización y el asedio permanente, el saldo sufrido por el pueblo tolupán en general y de la tribu de San Francisco de Locomapa e integrantes del MADJ, en particular, es una amplia lista de asesinatos, incrementados a partir del año 2013.  

2013: Triple asesinato

El 25 de agosto de 2013, mientras realizaban dicho acto de control territorial fueron asesinados los indígenas Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez y María Enriqueta Matute[2], de los cuales se supone responsables a los señores Selin Eliazar Fúnez Bonilla y Carlos Roberto Luque Varela, de quienes se refieren en tribu de San Francisco como quienes cuidan los intereses de los explotadores de la riqueza natural de la tribu. Armando Fúnez Medina era uno de acusados en procesos judiciales  y María Enriqueta Matute inicialmente fue detenida cuando se presentó la acusación. Los autores materiales de estos asesinatos, están plenamente identificados y ubicados, pero aún no han sido capturados y sometidos a un proceso penal.

2015: Asesinato de Luis Reyes Marcia 

El 5 de abril de 2015 fue asesinado en horas de la madrugada, el indígena Luis de Reyes Marcía, esposo de Vilma Consuelo Soto quien goza de medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz del ambiente de inseguridad que hay en la zona y las amenazas concretas, debido a la instalación de proyectos extractivos rechazados por la mayoría de ciudadanos indígenas de la tribu San Francisco Locomapa. El 22 de febrero de 2015 Reyes Marcía, junto con su familia, habían retornado a la tribu luego de permanecer 6 meses fuera debido a las constantes amenazas a su integridad física sobrevenidas por oponerse a la tala del bosque y a los proyectos mineros.

2015: Asesinato de Erasio Vieda Ponce

El 18 de julio de 2015, en la comunidad de Las Brisas de Locomapa, fue asesinado el indígena Erasio Vieda Ponce era de los principales líderes en este sector, firme militante de la lucha contra del despojo y la explotación de los bosques.

2019: Doble asesinato de Salomón y Samael Matute

El 25 de febrero de 2019, luego de fuertes amenazas y constantes agresiones físicas y verbales  en horas de la mañana Juan Samael y José Salomón Matute fueron asesinados por personas vinculadas al ex general del ejército Finlander Armijo Uclés, involucrado históricamente en acciones de diversa naturaleza en contra de la población tolupana, particularmente en contra de la organizada en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y quien fue condenado por delitos en contra de la población tolupana[3].

José Salomón Matute y Juan Samael Matute se constituyeron como referentes de la defensa de bienes naturales en la tribu y en el país en general. En 2015 formaron parte del grupo de indígenas tolupanes que se sumaron a la huelga de hambre en la capital del país en exigencia de la instalación de una comisión internacional para el combate a la corrupción y la impunidad en Honduras, sumado a la denuncia de los conflictos de sus tribus provocados por el despojo y la indiferencia del Estado[4].

Más de 40 denuncias y procesos judiciales promovidos por la tribu vinculados al conflicto en total abandono institucional

 El 5 de noviembre de 2016, integrantes de la tribu denunciaron a funcionarios y funcionarias públicas del Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), agentes del Ministerio Público y operadores de justicia, quienes fueron parte en los procesos de judicialización anteriores.

Existe un acumulado de más de 40 denuncias y procesos judiciales vinculados al conflicto provocado por el saqueo, así como a amenazas, ataques y diversas formas de hostigamiento en contra de la tribu y particularmente de personas que ahora están siendo criminalizadas que, a pesar de que es constatable la grave situación, continúan con procesos investigativos sin ningún avance.

La resistencia permanente del pueblo tolupán: El Campamento Digno en Defensa del Territorio Ancestral

A pesar del alarmante y adverso escenario, la tribu no ha bajado los brazos en ningún momento. Desde el Consejo Preventivo de Tribu y los núcleos del Movimiento Amplio el 02 de octubre de 2017 se instalaron en asamblea permanente a través de un acto de control territorial indígena denominado “El Campamento Digno Tolupan por la Defensa del Bosque y el territorio Tolupán” mediante el cual se pretende frenar cualquier ingreso al territorio de la tribu de maquinaria para corte y traslado de madera.

El 16 de febrero de 2018 se reinstaló el Campamento Digno Tolupan tras el inicio de la explotación inconsulta de madera de pino y el ingreso arbitrario al territorio tribal de varios camiones propiedad de la empresa INMARE S. de R.L, desde entonces, el Campamento Digno ha sufrido constantes ataque por parte de los trabajadores de la referida empresa maderera, integrantes del Consejo Directivo de Tribu y el presidente de la FETRIXY, Noé Adalberto Rodríguez. Además, se tiene conocimiento que Selin Eleazar Fúnez Bonilla, uno de los autores individuales directos del triple asesinato del 25 de agosto de 2013, está brindando seguridad en el sitio de explotación de madera en la comunidad de San Blas.

Una larguísima lista de ataques corresponde a los sufridos por el Campamento desde su instalación hasta la fecha. A pesar de eso, se mantiene firme en su convicción de proteger el territorio ancestral.



[1] CIDH, Resolución 12/2013. Medida Cautelar No. 416-13, Asunto 18 miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y sus familias. Honduras. 19 de diciembre de 2013. Párr. 14.

[2] “Por defender sus tierras mataron a tres tolupanes”, Diario La Prensa, 28 de agosto de 2013. Honduras. Recuperado de: https://www.laprensa.hn/lasultimas24/381509-97/por-defender-sus-tierras-mataron-a-tres-tolupanes. Último acceso 24 de junio de 2019.

[3] “General Finlander Armijo enfrenta cargos por agredir a indígenas tolupanes en Yoro”, Pasos de Animal Grande, Tegucigalpa, Honduras. 10 de enero de 2019. Disponible en: http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/contexto/item/2377-general-finlander-armijo-enfrenta-cargos-por-agredir-a-indigenas-tolupanes-en-yoro/2377-general-finlander-armijo-enfrenta-cargos-por-agredir-a-indigenas-tolupanes-en-yoro Último acceso: 27 de febrero de 2019.

[4] “Etnia tolupán se suma a huelga de hambre en Honduras”, Criterio.hn, Tegucigalpa Honduras, 30 de junio de 2015. Accesible en: https://criterio.hn/2015/06/30/etnia-tolupan-se-suman-a-huelga-de-hambre-en-honduras/ Último acceso: 27 de febrero de 2019.

En salud y educación: no hay diálogo sin derogación

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia llama al pueblo hondureño a continuar la lucha por la derogación de las leyes que privatizan la educación y la salud, y denunciamos la conducta vergonzosa de Juan Orlando Hernández, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y algunas de las dirigencias de los sectores de educación y salud al presentar salidas falsas a la situación social que tiene lugar en estos momentos. No es con mentiras, sino con soluciones prácticas que parten de la eliminación real de los decretos presidenciales como se recuperará la paz social de la sociedad hondureña.

Hoy más que nunca debemos continuar luchando unidos fiel y solidariamente como pueblo, manteniéndonos articulados a la Plataforma de Defensa, implementando nuestras acciones soberanas de resistencia social y pacífica desde nuestros territorios en resistencia comunitaria, haciendo causa común con el resto de la población hondureña. Rechazamos una farsa más de Juan Orlando Hernández, por lo que nos mantenemos en las calles construyendo la unidad popular que trae justicia y dignidad para toda la población.

Es nuestra determinación continuar manifestándonos enérgica pero pacíficamente, exigiendo a Juan Orlando Hernández ponga fin a sus mentiras y cese en sus intentos por privatizar la salud y la educación, ambos derechos humanos imprescindibles para que la población hondureña pueda aspirar a una vida con dignidad y bienestar.

Como Movimiento Amplio, hacemos nuestra la decisión de la Plataforma de Defensa -coordinada por la doctora Suyapa Figueroa- de no negociar ni dialogar con el gobierno hasta que los tales decretos presidenciales sean eliminados. En los diez años de gobiernos nacionalistas no ha habido un tan solo diálogo que haya finalizado con resultados beneficiosos para la población hondureña; y la ONU misma ha resultado burlada por el gobierno actual en el último de los diálogos de mentiras convocado desde la secretaría de la presidencia. El pueblo hondureño está cansado y frustrado con tantos diálogos falsos, espacios de discusiones convertidos en tiempos muertos, tráfico de influencias y compraventa de conciencias que a lo más que llegan es a la transmisión de shows mediáticos adormecedores de conciencias, pero nunca a la superación de los verdaderos problemas que angustian a ciudadanas y ciudadanos.

Condenamos y reprochamos los llamados a la confrontación a nivel nacional que dirigentes nacionalistas y funcionarios de gobierno han estado haciendo desde el fin de semana recién pasado. Y a esas acciones se suma ahora la farsa de diálogo montada por el gobierno, que lo hace igualmente responsable de las violaciones que continúen perpetrándose en contra del pueblo hondureño y sus dirigencias honestas y transparentes.

Llamamos al pueblo, a los estudiantes, a los padres y madres de familia, a los jóvenes de todos los estratos sociales a unirnos en una sola voz que proclama y defiende el derecho humano a la educación pública para todas y todos, así como también la defensa del derecho humano a la salud con dignidad y bienestar.

La voz de un pueblo unido es voz soberana y sus determinaciones se cumplen. Vamos, pues, a continuar luchando organizadamente desde todas las comunidades y organizaciones posibles. Tenemos por delante una semana de dignidad y justicia para la nación hondureña.

¡A luchar y luchar!

Honduras, 3 de junio de 2019

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

¿Qué son las declaratorias de territorios libres de proyectos extractivos? Una mirada desde el MADJ

Las declaratorias de territorios libres de minerías e hidroeléctricas en Honduras:
Una mirada desde la construcción y práctica del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Por Heidy Alachán.

Una mirada regional de las declaratorias

Los efectos de la consolidación del modelo extractivo aqueja, de manera cada vez más dramática a diversos países del mundo, y de forma particular, como un detonador aún mayor de las desigualdades sociales, a los países del continente americano.

Ante esa realidad, los pueblos y comunidades de la región, han pensado, elaborado, construido y llevado a la práctica distintas estrategias de reacción y prevención que les permitan salvaguardar sus riquezas naturales y entornos sociales de la pretensión depredadora y de despojo de las empresas extractivas.

En ese proceso han jugado un papel trascendente los movimientos sociales y la organización popular y comunitaria para la gestación de herramientas de defensa frente a las amenazas, asumiendo, posiblemente, de manera instintiva su derecho a la libre determinación, contenido en los artículos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)  que los faculta a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y a llevar adelante su desarrollo económico, social y cultural sin injerencias del exterior.

Unas de las estrategias puestas en marcha en la región, son las declaratorias de territorios libres. Estás han tomado múltiples formas, procedimientos, efectos, alcances e incluso maneras de nombrarlas, entre los distintos países que las emplean.

En esencia, y según lo planteado por la red Amigos de la Tierra Internacional[1] (2018), “declarar un territorio libre, es una práctica de autonomía. Es una práctica política para ejercer los Derechos Humanos sobre todo los colectivos… que nos protegen como comunidad […]” (pág. 4)

Desde esta mirada planteada por Amigos de la Tierra Internacional a siete años de los primeros antecedentes de su uso y aparición, en las declaratorias convergen múltiples derechos; a decidir desde los territorios, las actividades y políticas que pueden existir en el mismo, a contar con información en forma oportuna, a contar con el tiempo necesario para analizar y comprender esa información siguiendo, en el caso de existir, formas tradicionales, a la participación ciudadana entendida como un proceso que promueve, permite y respeta que las comunidades y sus organizaciones formen parte fundamental del análisis y comprensión de cualquier elemento que facilite tomar una decisión final sobre una actividad o política que afecte sus territorios y el derecho a la autonomía y autodeterminación.

Registros indican que las declaratorias de territorios libres aparecieron en 2011 como una estrategia producto de acuerdo político de las organizaciones de distintos países que integran el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4).

Sin embargo, más allá del M4 en la región se registran importantes avances en la configuración y empleo de las declaratorias de territorios libres. Honduras, al cual nos referimos posteriormente en detalle, se le atribuye como pionero del “movimiento generalizado de las declaratorias en Centro América”, con su primer antecedente en 2013, Guatemala por su parte las ha puesto sobre la marcha desde la modalidad de consultas ciudadanas y Nueva Trinidad, El Salvador, forman parte de la lista a nivel regional.

En México, Chicomuselo y Escuintla, Chiapas, Xochitepec y Miacatlán del Estado de Morelos, Tapachula, Motozintla, Huixtla, Huehuetán y San Cristóbal de las Casas, y la Región Montaña de Guerrero, con ejercicios que oscilan a partir del año 2014, continúa el recuento. La Red Mexicana de  Afectados por la Minería (REMA) calcula que alrededor de dos mil comunidades han sido blindadas contra la minería bajo el lema de territorios libres de minería (Declaración de Territorios Libres, pág. 7).

De esa mirada regional y de otras aristas que deben ser objeto de una profundización posterior se puede apreciar y afirmar que la figura de las declaratorias vive un proceso de consolidación como práctica de autodeterminación de los pueblos y comunidades y que, su pretensión de prevención se extiende  hacia cada vez más formas y modalidades de la actividad extractiva, mucho más allá de la actividad minera e hidroeléctrica.

Las declaratorias en Honduras: la construcción y práctica del movimiento amplio por la dignidad y la Justicia

En Honduras, el acelerado avance de la consolidación del modelo extractivo incrementado a partir del golpe de Estado en el año 2009[2],  posicionó como uno de los principales flagelos de la sociedad hondureña los conflictos sociales y ambientales generados por la política de privatización y concesionamiento, que ha provocado el acelerado despojo, especialmente de bienes naturales y territoriales a las comunidades rurales y minorías étnicas.

Si bien, los organismos internacionales han desarrollado estándares específicos relacionados a estos conflictos, vinculados a poblaciones indígenas y afrodescendientes, en Honduras, comunidades no indígenas y que no se reivindican como campesinas, son protagonistas de ejercicios de soberanía sobre sus bienes naturales comunes. Una práctica que desde el año 2013 se ha vuelto común son las “Declaratorias de territorios libres de minería e hidroeléctricas” o las “Declaratorias de territorios libres de proyectos extractivos”, nombre que reciben más recientemente. (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina , 2018).

Las declaratorias en Honduras, tienen su antecedente normativo en la figura contenida en la Ley Forestal de Aguas y Vida Silvestre (2007). Según lo establecido en dicha ley el Poder Ejecutivo o el Congreso Nacional, a través del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) de oficio o a petición de las corporaciones municipales o de las comunidades en cabildos abiertos, tiene la facultad de declarar áreas protegidas y áreas abastecedoras de agua para poblaciones, cuyo efecto concreto es que en ningún caso se otorgará permisos o licencias para el aprovechamiento de los recursos en estas zonas.  Di­chas declaraciones están sujetas a los estudios técnicos y científicos que demuestren su factibilidad y el acuerdo debe ser aprobado por el Congreso Nacional (Art. 65).

Sin embargo, como queda establecido, el alcance de dichas declaratorias según está regulado en la Ley Forestal le atribuye un papel trascendental al Congreso Nacional a quien compete el acuerdo de declaratoria. Este punto es de vital relevancia ya que, motivó de manera sustancial la resignificación de la figura desde los movimientos sociales y populares de Honduras, particularmente del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia[3] , en adelante MADJ, quien reivindica dicha práctica como una resolución o mandato popular directo.

Ese proceso de re significación de la figura de las declaratorias desarrollado desde el MADJ implicó su construcción desde los principios y derechos contenidos en el artículo 2 de la Constitución de la República de Honduras, los artículos 71, 102, 103 y 105 de la Ley General del Ambiente y el artículo 67 de la Ley de Minería. Como fundamentos torales se centró en el principio de soberanía popular y el derecho a la participación ciudadana, los cuales se interrelacionan con múltiples derechos como el de libre determinación, derecho a la consulta y el consentimiento previo libre e informado, entre otros. La estructura jurídica creada, recoge la tendencia internacional orientada a respetar la consulta y consentimiento contenido en el Convenio 169 de la OIT y el carácter vinculante de su resultado como garantía de su facultad de los pueblos y comunidades de decidir sobre el manejo de los bienes naturales comunitarios y su entorno inmediato.

Visto desde la jerarquía normativa, el principio de soberanía popular contenido en el artículo 2 constitucional es el asidero habilitante de la construcción y ejercicio de las declaratorias. Este establece que, la soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación.

Al respecto y retomando lo planteado por Marshall Barberán (2010), los actos de soberanía popular nunca pueden ser llevados a cabo por el pueblo en su totalidad, siempre será un sector del pueblo o algunos individuos aislados los que los llevarán a cabo como agentes del pueblo. En este sentido, es posible concluir, que el pueblo es capaz de buscar y crear sus propias formas de manifestarse y que dichas formas no están o deben de manera necesaria, estar establecidas institucionalmente.  “En palabras de Sieyès:… “No importa la forma en que la nación quiera; basta que quiera. Todas las formas son buenas”. (La soberanía popular como fundamento de orden estatal y como principio constitucional, pág. 259)

Ese ejercicio de soberanía, se perfecciona con los derechos contenidos en las leyes secundarias referidas. Derecho a participar directamente en las acciones de defensa y preservación del ambiente y del uso racional de los recursos naturales del país (art.102), a ser informadas sobre el estado del ambiente y de todas las operaciones y acciones que se estén tomando en este campo, por las instituciones gubernamentales y las municipalidades (art.103), a participar en la prevención, mitigación y atención de los desastres naturales (art. 105) (Ley General del Ambiente, 1993) y a la consulta ciudadana previa a la resolución de otorgamiento de permisos de explotación, cuyo resultado es vinculante para el otorgamiento de las concesiones de explotación, tal y como lo establece el artículo 67 de la Ley General de Minería (2013).

Es decir que, habiendo sido informadas, consultadas y participado directamente, las comunidades, como expresión del pueblo en quien recae la soberanía, tienen el derecho de decidir sobre el curso y manejo de sus bienes naturales comunes y sobre todo lo relacionado a su vida en comunidad y estas decisiones deben ser acatadas por los poderes constituidos, entiéndase autoridades locales y nacionales.

En Honduras, la Ley de Municipalidades regula el derecho a la participación ciudadana comunitaria, el cual puede ser ejercido mediante dos mecanismos de consulta:  el cabildo abierto, figura jurídica consignada en el artículo 33 B y  definida en el artículo 19, de su reglamento como un instrumento de comunicación directa necesario para una eficaz administración que responda a los anhelos de la población y sea expresión permanente de la voluntad popular y; el plebiscito, consignado en el artículo 18.

Sin embargo, en la práctica concreta y en lo relacionado a los proyectos extractivos, estos mecanismos de consulta, particularmente el cabildo abierto cuyo empleo es más habitual que el plebiscito, se han utilizado para consultar a las comunidades en relación al otorgamiento de permisos de construcción a un proyecto extractivo en concreto. Es decir, a través de un SÍ o un NO, decidir la construcción de proyecto sin haber, en muchos casos, tenido participación en la decisión sobre el otorgamiento de la concesión y otros procedimientos administrativos previos.

Debido a ello, la figura de las declaratorias, resignificada desde el MADJ constituyó una práctica que desafía el empleo y alcance clásico de las consultas realizadas a través de los cabildos, ya que, plantea, la convocatoria a este, para decidir no sobre un proyecto, sino sobre la decisión de declarar su territorio libre de proyectos extractivos, lo que implica que, ese resultado, producto de la soberanía popular, garantizará que en lo sucesivo de manera permanente, no podrán ser concesionados sus bienes naturales, ni otorgados permisos administrativos para actividades extractivas en sus zonas. Declarándolos de manera implícita para consumo humano exclusivamente.

Desde esa construcción, las declaratorias han constituido un sistema jurídico en sí mismo que desafía la concepción clásica del derecho positivo en tanto no están reguladas como tales en una norma, pero han convocado, hasta la fecha, a más de diez municipios y comunidades hondureñas. Varias de estas con procesos de organización política en el MADJ.

Si bien, desde el lente de la práctica de los procesos donde el MADJ ha tenido participación directa, de las comunidades organizadas han sido piezas claves en la consecución de las declaratorias, el alcance y plenos efectos de estas siguen planteando retos sustanciales que motivan y deben seguir obligando la reflexión y la confección de estrategias que aseguren la prevalencia de las decisiones soberanas de los pueblos y comunidades, por encima del poder avasallador del capital extractivo y de los contubernios entre poderes constituidos y élites empresariales, legitimados por la flagrante corrupción que impera en Honduras.

Sin embargo y a pesar de este señalamiento con tinte desesperanzador, comunidades como Pajuiles y el Sector Florida en Tela, Jilamito en Arizona, San Juan Pueblo en la Másica, San Francisco y otras más en el departamento de Atlántida, organizadas en el MADJ, nos siguen dando lecciones valiosas que aportan para la reflexión, la discusión teórica, pero que sobre todo, vuelven cada vez más latente y cercana la condición de dignidad como única forma de vida.


[1] Amigos de la Tierra Internacional es la red ambiental más grande del mundo, uniendo a 75 grupos de miembros nacionales en todos los continentes. Con más de 2 millones de miembros y simpatizantes de todo el mundo, Apuesta por el combate al modelo actual de globalización económica y empresarial y busca proveer soluciones que ayuden a crear sociedades ambientalmente sostenibles y socialmente justas.

[2] En el marco del golpe de Estado de 2009 se configuró una política estatal que permite el concesionamiento a terceros de derechos sobre bienes naturales comunes. Empezó un proceso de reestructuración de la normativa legal para facilitar la explotación de los bienes naturales ejemplo de ello fue la Ley General de Agua en 2009, la Ley de Minería y su reglamento en 2013, entre otras.

[3] El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia es una organización política y social de Honduras, fundada el 24 de mayo de 2008, producto de la huelga de hambre de los fiscales que  duró 38 días. Desde su fundación está dedicada a la lucha contra la corrupción, impunidad, defensa de derechos humanos en general, derechos de los pueblos indígenas y de los bienes naturales, con presencia en distintas zonas del territorio nacional.


Trabajos consultados
  • Amigos de la Tierra Internacional (2018). Declaración de Territorios Libres.
  • Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. (13 de Septiembre de 2007). Decreto No.156-2007. Honduras.
  • Ley General de Minería. (2 de Abril de 2013). Honduras.
  • Ley General del Ambiente. (1993). Decreto No. 104-93 93. Honduras.
  • Marsahll Barberán, P. (2010). La soberanía popular como fundamento de orden estatal y como principio constitucional. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 259.
  • Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina . (9 de Abril de 2018). Obtenido de https://www.ocmal.org/se-generaliza-el-movimiento-por-zonas-libres-de-mineria/
  • Pacto de Derechos Civiles y Políticos. (1966). Obtenido de https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
  • Pacto Internacionales de Derechos Sociales, Económicos y Cultarales. (1966). Obtenido de https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
  •  Recomendación general Nº 21 relativa al derecho a la ibre determinación, 48º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 245 (1996),.

Venezuela, una herida provocada por los intereses imperialistas

La región latinoamericana y caribeña enfrenta la mayor de las crisis de soberanía y autodeterminación.

El intento imperialista de concretar una invasión, a través de una especie de golpe de Estado a la República Bolivariana de Venezuela, forma parte de la crisis social que lentamente se ha venido gestando en la patria de Bolívar desde hace varios años, alimentada por fuerzas e intereses extra regionales, muy concretamente por los Estados Unidos de América y en la cual ha sido transversal el discurso de la crisis migratoria y de derechos humanos a fin de asegurar sus intereses intervencionistas.

Desde las Honduras de Centroamérica, después de haber vivido el golpe de Estado de 2009, promovido por el Departamento de Estado, y desde la implantación de la narco dictadura en 2017, impuesta por la embajada norteamericana, podemos desenmascarar con mucha autoridad soberana y moral el descaro de los Estados Unidos al acusar al gobierno de Venezuela de mantenerse en el poder recurriendo a  tácticas anti democráticas que justamente son las mismas que han utilizado ellos para mantener una narco dictadura en Honduras dedicada a complacer los deseos imperiales en todo momento.

Un lamentable y servil papel ha sido en esta crisis el jugado por el Grupo de Lima, el sistema regional de derechos humanos y de manera particular, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro y más recientemente el de la Organización de las Naciones Unidas, quien siguiendo los antojos convocó a reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la situación de Venezuela.

Desde estas instancias se promueve el enfrentamiento entre la población venezolana y la comunidad internacional, se intenta desconocer el rol patriótico, latinoamericanista y solidario que Venezuela ha jugado a lo largo del siglo XXI; se desconocen los esfuerzos realizados para construir una identidad latinoamericana inclusiva, desde el reforzamiento de los sectores sociales más vulnerables de nuestras naciones.

Sin embargo, a pesar de las presiones y el chantaje de Estados Unidos, estas instancias fueron los escenarios de las dos derrotas consecutivas del gobierno de Donald Trump en foros internacionales. Primero fracasó en la Organización de Estados Americanos (OEA) al tratar de imponer el reconocimiento del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó (quien no tiene sede de Gobierno ni gabinete, ni mucho menos participo en el proceso electoral), y ahora en su presentación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Ante ese escenario, los pueblos del continente estamos llamados a cerrar filas contra las invasiones del imperio estadounidense que solamente dejan destrucción en las naciones invadidas y provocan heridas profundas en las colectividades sociales que tardan mucho en sanarse.

La crisis de Ucrania dejó más de cien mil ucranianos asesinados y 800 mil personas refugiadas y desplazadas. La invasión de Libia supuso el asesinato de 5,000 (cinco mil) libios más otras 650 mil personas desplazadas y refugiadas. La crisis de Siria, la más vil de las invasiones norteamericanas en el siglo XXI, reporta el saldo de 511 mil personas asesinadas y más de 6 millones de desplazados y refugiados.

Y qué decir de la invasión a Irak con un saldo de más de un millón de ciudadanos y ciudadanas asesinadas. Debemos evitar que estas tragedias se repitan en América Latina y por lo pronto en el pueblo de Venezuela. Ningún sector social o político venezolano tiene garantía de salir ileso de una posible invasión imperialista, a excepción de los venezolanos que desde ya viven en Miami y otras tierras lejanas de la patria.

Ese recorrido mínimo y necesario, permite leer con mayor claridad lo que hay detrás de la hipócrita preocupación de Estados Unidos por la situación de los derechos humanos de la población venezolana.

Sin lugar a dudas, todas las acciones y estrategias puestas en marcha por Estados Unidos en contra del gobierno venezolano, pasando desde las sanciones impuestas, hasta el chantaje expresado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, dejan clara la vuelta a la época de la guerra fría, donde mecanismos y estructuras económicas y políticas se disponen a los intereses imperialistas.

En ese escenario, defender a la república de Venezuela de los intentos de golpes de Estado y pretensiones intervencionistas es un imperativo ético.

Desde nuestra realidad inmediata en Honduras, también pasa por poner freno a los gobiernos lacayos como el nuestro, que ponen en vergüenza una y otra vez a través de discursos como el manifestado por la representante de país ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Detrás de la crisis generada en Venezuela, están las acciones criminales orientadas a doblegar a los gobiernos y sociedades que no ceden a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Pero sobre todo, está en juego la estabilidad de los pueblos de América Latina.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia nos solidarizamos con el  digno y valiente pueblo venezolano con quienes compartimos y respaldamos su lucha anti imperialista, destacamos su labor y tenacidad por la defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.

Honduras, 29 de enero de 2019

25 de enero: organizadas y en resistencia contra la dictadura

Hoy, 25 de enero de 2019, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, hablamos sobre las mujeres, desde las mujeres. Traemos con nosotras, en cada una de nuestras luchas, la conquista de 1955, liderada por las mujeres sufragistas y reconocemos que estamos acá porque nos precedieron ellas.

Desde nuestra organización mixta y amplia, con diez años de existencia y con una apuesta política llevada a la práctica por distintos sectores sociales que la integramos, nos reconocemos como un espacio diverso donde convergemos mujeres con distintas realidades. Sabemos, vivimos y reivindicamos la eterna militancia, ardua y dura, de muchas mujeres que han hecho y hacemos posibles las victorias y resistencias de los movimientos sociales y espacios organizados en Honduras.

Desde nuestra coordinación general integrada por Albertina López y María Dolores Euseda, apostamos a seguir construyendo espacios de inteligencia colectiva y de una práctica transversal y popular, que funcione como caja de resonancia de todas las luchas.

Y hoy, a pesar de todo lo conquistado, sabemos que no es suficiente, que una verdadera participación política de las mujeres y el acceso real a cargos de elección popular siguen siendo cosas por exigir y construir, que en el contexto de país que vivimos no nos queda más que rechazar enérgicamente la precarización total de nuestras vidas.

Denunciamos, una vez más, la narco dictadura que ha convertido a Honduras en territorio de muerte, desolación y despojo para los pueblos. El papel nefasto de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional, entre otros sectores políticos que con su infinito cinismo han hundido al país en la actual crisis económica, política y social, producto de la corrupción y la impunidad y que son también los autores del fraude electoral de noviembre de 2017.

Denunciamos la violencia en nuestra contra, el alarmante incremento de femicidios, la saña con la que estos se ejecutan y el 95% de impunidad alrededor de estos crímenes. No queremos más niñas ni adolescentes, ni mujeres adultas, acosadas, abusadas, violadas, asesinadas. No queremos más compañeras revictimizadas por los medios de (in)comunicación y por la (in) justicia hondureña.

Sabemos y reiteramos la grave amenaza que constituye el modelo extractivo como expresión más perversa del capitalismo y por eso constituye un eje transversal de nuestras luchas y resistencias. Denunciamos la política de concesionamiento y el despojo de nuestros bienes naturales por parte de empresas del rubro extractivo, avaladas por la corrupción institucional.

Pero sobre todas estas cosas, somos conscientes de la urgente necesidad de luchar organizadamente, de pensar en colectivo, de revisar y replantear nuestras formas de disputar el poder desde lo comunitario hasta el poder formal. De asumir la responsabilidad de ser un actor decisivo para el proceso de transformación del país y que el movimiento social y popular asuma también ese rol en el contexto nacional, de ser un ente propio, autónomo, el cual tenga como principio y como fin, la dignidad y la justicia para todos y todas. Un ente que piense y diseñe estrategias integrales, que de contenido real a consignas y pretensiones de otros sectores que solo son realizables con verdadera organización y formación política.

En medio de todo eso, nos celebramos, por supuesto. Y reiteramos que nuestro compromiso y anhelos de dignidad y justicia nos abrigan, nos dan fuerza, y nos potencian en las calles y en los hogares, en los barrios y en los lugares de trabajo. Nos abriga la fuerza, determinación y claridad de Berta Cáceres, María Enriqueta Matute, Margarita Murillo y todas las mujeres comprometidas con un proyecto integral de país, de mundo, determinadas a la lucha en contra del capital y el modelo económico que constituyen las bases de nuestras opresiones.

Declaramos que, seguiremos disputando y conquistando, construyendo el puente que nos conduzca desde las resistencias a la soberanía digna y que, mantendremos encendida la chispa de las mujeres que desencadenó el fuego de la lucha por la libertad contra la dictadura cariísta, para resistir y vencer a la dictadura actual, con dignidad y justicia.

25 de enero de 2019

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia


Comunicado de COPINH, familia, Gustavo Castro y equipos legales ante fallo en el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres

Comunicado de la Familia de Berta, el COPINH, Gustavo Castro y los equipos legales de la causa ante el fallo que juzga a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Elvin Heriberto Rápalo, Edilson Duarte, Oscar Haroldo Torres y Emerson Duarte

El veredicto que acaba de emitirse NO satisface nuestras exigencias de justicia como víctimas en el asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato a Gustavo Castro.

Este fallo que se ha pronunciado en la Sala I del Tribunal de Sentencia que condena al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente la empresa DESA no significa que se ha alcanzado justicia.

Las estructuras y las personas que dieron el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres siguen gozando de la libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes como este de manera impune.

Desde el inicio de este proceso, hace casi tres años ya, ha sido claro que el asesinato de Berta Cáceres fue planificado por los directivos de la empresa DESA para luego ser ejecutado por sicarios vinculados a la Fuerzas Armadas de Honduras. Sin embargo, la verdad sobre el crimen y todos sus responsables ha sido limitada a quienes ahora se han juzgado debido a los obstáculos decididos que el Estado de Honduras ha interpuesto a través de su Ministerio Público y sus tribunales para negar la verdad como parte de una justicia real.

Lo que ha quedado todavía más claro de este proceso judicial del cual hemos sido expulsados, debido a que no nos hemos callado ante todas las arbitrariedades que a diario fueron sucediendo en los tribunales, es que la familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa DESA, están detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres.

Nuestra participación como víctimas es parte fundamental en el proceso de justicia y el Estado, al excluirnos de manera sistemática,  perpetúa la impunidad que inunda este país y que tanto daño hace.

Durante el juicio fuimos testigos, así como los observadores internacionales, los miembros del cuerpo diplomático y la prensa, de las comunicaciones telefónicas que evidencian esta participación. Esto también dejó claro que los hechos criminales cometidos por la empresa DESA bajo la dirección de esta familia van más allá del asesinato y comprenden una serie de crímenes realizados en contra de Berta Cáceres, del COPINH, del pueblo Lenca e incluso de la administración pública y del Estado de Honduras.

Preguntamos al Estado y sus instituciones ¿Qué intereses están en juego y motivan que con sus comportamientos protejan a los máximos responsables cuyos nombres no son un secreto? ¿Por qué existiendo evidencia de su participación no han sido procesados al día de hoy después de casi 3 años del vil crimen? ¿Qué esperan para cumplir con su responsabilidad??

Exigimos que sean traídos ante la justicia a todos los responsables por el asesinato de Berta Cáceres y no únicamente quienes pagados por DESA ejecutaron el crimen.

Con el capítulo que se cierra hoy, las condenas al eslabón más bajo de la estructura criminal con las que el Estado hondureño pretende silenciar la demanda de justicia, no termina la lucha por justicia para Berta Cáceres y el pueblo Lenca, por el contrario, se profundizan nuestros esfuerzos.

Estas condenas, son el primer escalón en la búsqueda de justicia y la familia, Gustavo Castro, el COPINH y los equipos legales hemos estado acompañados de quienes creen en Berta Cáceres, en su palabra y acción y sabemos que van a seguir estando coherentemente del lado de la verdad y la justicia en las batallas venideras que con total determinación haremos.

La impunidad que hasta hoy muestran y disfrutan los autores intelectuales de este crimen, hace parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene al modelo extractivista que saquea nuestros pueblos, ante el cual las víctimas juntos a las demás personas, comunidades y organizaciones nos comprometemos a seguirles enfrentando, como lo hizo Berta Cáceres, hasta que la Dignidad, la Verdad y la Justicia, prevalezcan en esta causa y en todas las luchas que ahora mismo se están librando en distintos territorios de Honduras y el mundo

¡La justicia hondureña está en deuda con nosotras y nosotros, con todo el pueblo hondureño!

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los 29 días del mes de noviembre del año 2018.