La primera semana del juicio contra Juan Orlando Hernández ha capturado la atención de la sociedad hondureña, de los medios de comunicación y de supuestos analistas expertos en la materia que, pese a la cantidad de reflexiones y noticias que se publican, redundan en describir meramente el desarrollo del juicio o intentan reflexionar sobre las posibilidades de sentencia condenatoria o exculpatoria. En todo caso, para el movimiento popular ninguna de estas reflexiones o publicidad resulta útil u oportuna.
El actual momento histórico nos sitúa en la responsabilidad de reflexionar a fondo sobre el significado de este juicio contra JOH en perspectiva de sistema y del futuro político de país, que va más allá del personaje de un narco-expresidente y abarca una forma de hacer política: a la constelación de dinámicas políticas corruptas, de un sistema electoral que se financia del crimen, de la acumulación de poder en el sistema de justicia, de la empresa privada vinculada con estructuras criminales que instrumentalizan el Estado, entre otras, que han quedado descubiertas en esta primera semana de juicio y sobre lo cual no está existiendo atención mediática ni de la institucionalidad pública que pudiera provocar su transformación.
La evacuación de los testimonios y demás pruebas del juicio muestran la forma en que JOH y sus narcos aliados se hacían del poder político para instrumentalizar el Estado en provecho de su negocio criminal, por esto, cabe preguntarnos si las estructuras y dinámicas que posibilitaron esta forma corrupta de hacer política será transformada por la actual administración pública o, por el contrario, será aprovechada para aprender de los “errores de JOH” e identificar las rendijas que posibilitaron su caída para no permitir que les pase lo mismo.
Desde el movimiento popular y desde el MADJ nos convoca la responsabilidad de reflexionar y allanar el camino hacia otras formas en que debe hacerse política en nuestro país, una que tenga horizonte de dignidad, justicia y transparencia, siempre guiada por el proyecto popular y colectivo de país y no inspirada por la mezquindad del individualismo, sectarismo o por intereses criminales.
Apreciados compañeros y compañeras, hermanos y hermanas del movimiento popular latinoamericano, un saludo combativo y revolucionario para ustedes desde el corazón del movimiento popular hondureño.
Hace unas semanas [24-26 de enero] se desarrolló el encuentro nacional del movimiento popular de Honduras, en la segunda ciudad más importante del país, San Pedro Sula, también conocida como la capital industrial. Desde este espacio hemos reafirmado nuestro compromiso con Honduras y con todas las fuerzas populares del continente, con ustedes y con quienes estamos en la travesía de la dignidad, la justicia social y la construcción del poder popular.
En el marco de los dos años del triunfo de Xiomara Castro, convencidos de arreciar la lucha, reafirmamos la autonomía del campo popular, nos declaramos en movilización permanente y en proceso para construir nuestro el instrumento político para arrancar de tajo los vicios estructurales que impiden un nuevo pacto social y político en el país.
Este momento fortalece nuestras subjetividades revolucionarias y otorga claridad política al campo popular hondureño, que desde el golpe de 2009 había entrado en un horizonte de monotonía. Estamos profundamente convencidos que avanzamos con firmeza hacia el fortalecimiento de la agenda propia del movimiento popular y que acudimos al nacimiento de una expresión popular cargada de novedad, fuerza y creatividad para responder a los desafíos de este momento histórico.
Junto al buen sentir que nos ha dejado el encuentro hacemos expreso nuestro agradecimiento a ustedes por su cálida presencia que a través de la virtualidad se hizo manifiesta y que reafirmó nuestro sentido de pertenencia al inmenso racimo del movimiento popular latinoamericano y de los distintos proyectos de emancipación de la patria grande.
Agradecemos profundamente sus muestras de cercanía, la solidaridad y su compromiso que trasciende las fronteras. En el ajetreado escenario que nos movemos las organizaciones populares- un breve video de saludo y de motivación-es también un acto de subversión, es fuerza que revitaliza los vínculos, es sinónimo de la polifonía que recorre nuestro continente abriéndose paso para que eso que llamamos la Vida siga aconteciendo.
Les abrazamos fervorosamente y reafirmamos el compromiso y deseo de seguir coincidiendo en la tenacidad y en la alegría que nos otorga la lucha único camino para construir otros mundos posibles.
Organizaciones convocantes del Encuentro: ° Plataforma Agraria del Aguan ° Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) ° Bufete Estudios para la Dignidad (BED) ° Plataforma Lenca de la Paz- PALAGUA ° Central Nacional de Trabajadores del campo CNTC-El Progreso
Al cumplirse la mitad del mandato, nosotras organizaciones representativas del movimiento popular de Honduras creemos necesario un reencuentro de su gobierno con los ciudadanos y ciudadanas del país que mantenemos nuestra independencia de pensamiento y somos fieles a nuestras luchas al seguir denunciando la depredación territorial de las industrias extractivas, el no acceso a la tierra, la inmovilidad de la impunidad y demandando una transformación democrática que vaya desde las comunidades al Estado. Justo ahora a las puertas de un juicio histórico en Nueva York, es importante recordar que en el banquillo de los acusados no está sentado únicamente el derrotado narcodictador hondureño, sino todo el modelo de poder que representó y que profundizó el atraso, la depredación, la corrupción, el abuso empresarial y la desesperanza, con un grave impacto sobre el medio ambiente y la vida de nuestras poblaciones. No se debe obviar que el resultado de las elecciones de noviembre de 2021 no sólo hizo posible el juicio a un JOH, sino que significó abrir la esperanza en 1.8 millones de hondureños y hondureñas que creímos en un presente y un futuro de Honduras que podía ser distinto, que podía tener semillas de justicia, de equidad y dignidad. No tenemos ninguna duda de que el fraude electoral de 2017 se hubiera repetido, con todo su saldo de dolor y luto, sino es por la movilización masiva del pueblo, de un movimiento popular que dijo “hasta aquí” y que respaldó un programa de gobierno que se comprometió a dar pasos firmes para cambiar el modelo “neoliberal” que ha profundizado nuestras desigualdades internas y que ha llegado al cinismo de considerar que los hondureños/as somos más rentables fuera, como migrantes, que adentro, como ciudadanos/as con plenos derechos. Dos años después pensamos que el gobierno está en deuda en muchos sentidos, y lo decimos pensando en nuestros compañeros y compañeras que han sido asesinados o siguen en peligro por reclamar el derecho colectivo a la tierra, por defender el derecho al agua, al bosque, por violentar los derechos de los pueblos indígenas, por incumplir las recomendaciones de instancias internacionales al Estado, o por seguir denunciando que la justicia huele a componenda, a negociación, a favor político y finalmente a impunidad.
Seguimos viviendo momentos de mucha tensión en los escenarios regionales, Yoro, Colón, el Valle de Sula, La Paz, para mencionar apenas un par de casos. Nuestros líderes campesinos y comunitarios permanecen amenazados por su labor, sin ningún mecanismo oficial de protección que los apoye y sin que sus demandas de justicia sean atendidas, pero lo que es peor es que se evidencia que al gobierno actual, simplemente no le importa. Hay una brecha que se profundiza entre el gobierno y nuestro pueblo porque no nos estamos sintiendo priorizados nosotros/as, ni nuestras luchas. Por ejemplo, existe un comportamiento errático y difuso de la Secretaría del Ambiente o Energía, la presencia invisible de cambios en instituciones como salud, educación o el trabajo caótico de la Secretaría de Derechos Humanos, por mencionar algunos. Estamos profundamente insatisfechos, por ejemplo, con la actuación sesgada y represiva del Instituto Nacional Agrario (INA), y nos entra la duda de si los desalojos de campesinos que ordena —llamándoles “invasores”— son producto del contubernio personal de su director con las élites de poder o si representa la verdadera respuesta oficial del gobierno a los reclamos del sector campesino. Al movimiento popular autónomo en general se le acusa de intolerante y de atentar contra el “desarrollo”, como lo expresa siempre la élite económica, reafirmamos que estamos en favor de una dinámica económica que priorice la humanidad, los derechos humanos y los límites que la propia naturaleza impone y no arrase con el derecho a la vida digna de nuestro pueblo. Para nosotros/as el verdadero desarrollo pasa por entender que la tierra, los bosques, los minerales y el agua son bienes fundamentalmente públicos, que deben propiciar una mayor igualdad de oportunidades sociales, productivas y culturales para toda la sociedad, no sólo de unos cuantos. Hoy, además de la violencia que nos acecha, lo que tenemos es una situación económica y social muy precaria. Si usted Presidenta Castro o sus funcionarios/as visitaran las comunidades sin hacer llegadas aparatosas de corte nuevamente proselitistas confirmaría los niveles de insalubridad, el abandono de la educación y corroboraría cómo la inseguridad alimentaria afecta a miles de familias y motiva que cada día miles de compatriotas se marchen rumbo al “norte”… también coincidiría en que la respuesta de su gobierno se parece mucho, mejor dicho demasiado, a la de todos los gobiernos que la han precedido y que se limitan a la entrega de bonos, que sirven más para la compra de votos, que para encontrar verdaderas rutas de desarrollo. A dos años sabemos que el país es imposible que supere la profunda crisis en la que se encuentra y que es la nefasta herencia de TODOS los políticos tradicionales, pero también de la incapacidad actual para convertir sus promesas electorales en derechos de la ciudadanía. Hablamos de títulos de propiedad, de programas efectivos, de inversión pública en la economía social, de ampliación y fortalecimiento real de los sistemas de educación y salud, de facilitar el acceso a la vivienda digna, de garantizar justicia para los pueblos indígenas, de promover la igualdad sustantiva para una vida digna y de bienestar para las mujeres… Hablamos de dejar de traficar con los favores que otorga la impunidad del sistema judicial, y permitir que la esperanza de reformar al sector judicial y al Ministerio Público muera, de combatir eficazmente la corrupción, dejando el cálculo de si conviene o no una Comisión Internacional de Naciones Unidas, de dar cuentas claras sobre el cobro y uso de los impuestos que paga nuestra gente, de garantizar la soberanía nacional sobre los ríos y bosques y sobre todo el territorio nacional. En noviembre del próximo año se vuelve a las urnas y desde ahora sentimos la preocupación electoral de los funcionarios públicos; podemos entenderlo, pero no queremos escuchar de nuevo las mismas promesas porque eso significaría que no fueron cumplidas. Libre no es que aspire a gobernar; es que ya gobierna. La mejor manera de que la vieja política no retorne es concretando un buen gobierno. Entonces concretamente …. Presidenta Xiomara, si de verdad usted y su gabinete continúan con la aspiración de transformar Honduras, de refundar desde los cimientos a nuestro país tan golpeado por el modelo neoliberal y por todos los anteriores gobiernos, debe renovar y priorizar su compromiso con el pueblo. Muchos de nosotros le votamos por usted y lo hicimos porque creímos que su administración combatiría la inseguridad, provocaría la desmilitarización, reconocer y sanear los territorios indígenas, porque ordenaría no más explotación minera a cielo abierto, la revisión y derogación de contratos de proyectos energéticos y de infraestructura. Acceso a la tierra para familias campesinas e impulso de la reforma agraria, derogación definitiva de las zede´s y, en resumen, la protección de los derechos humanos de la manera más integral; sin cálculos políticos. Honduras necesita de una política ambiental concreta, radical y determinante. Que se distancie de las lógicas mercantiles neoliberales basadas en la sobreexplotación de los bienes naturales. Señora presidenta, rompa de una vez con este paradigma y garantice un desarrollo que respete los límites de la naturaleza y promueva la calidad de vida para las generaciones presentes y futuras, asuma esta tarea y contribuya de esta forma a una Honduras más resiliente y sostenible, real y concreta, más allá de los grandes foros mundiales en donde se dice que internamente avanzamos, pero que en la práctica no se ven resultados. A dos años de su mandato, nos asalta la imperiosa urgencia de tomar la senda de la refundación, que establezca un renovado pacto de gobernanza que abarque a todos los sectores de la sociedad, especialmente a aquellos que históricamente hemos sido subyugados, lo cual pasa de forma ineludible por la asamblea nacional constituyente. Señora presidenta, así como su gobierno y su partido, han asumido liderazgo en el Congreso Nacional y han demostrado determinación para hacerse de las instituciones que entienden prioridad para su administración, corran los mismos riesgos para abordar, resolver y ponerse de lado de los intereses del campo popular. Demandamos de su bancada decencia y coherencia ética, moral y jurídica en sus actuaciones, porque tener la dirección de las instituciones nos les da un cheque en blanco para hacer y deshacer. Le exhortamos, considere el diálogo con el campo popular, este que se expresa con sinceridad al respaldar las coincidencias que aún tenemos y que asume la responsabilidad de señalar de manera franca las distancias que percibimos, particularmente en acciones como las negociaciones y la preferencia por establecer relaciones con entidades como la embajada estadounidense, sectores empresariales y expresiones antagónicas al campo popular. Señora Presidenta, tiene a su favor dos años más de mandato, pero el tiempo avanza y tenemos un país en donde el 80% vive en pobreza y las opciones siguen siendo el de diariamente buscar cómo sobrevivir o ponerse en la fila de los que migran y siguen siendo la fuerza que sostiene económicamente a Honduras y que hasta ahora lo hacen sin condiciones. Como movimiento popular proclamamos, una vez más, nuestra determinación de seguir luchando frente a la perversa y corrupta élite económica y política de Honduras, reafirmamos nuestro compromiso, por la consolidación del movimiento popular y social hondureño y sepa usted, Señora Presidenta, que finalmente llamamos a todas las organizaciones populares a retomar la ruta autónoma y articulada del campo popular que impulse la verdadera refundación de la patria, en alianza con todos los sectores de la sociedad hondureña.
A Lilian Borjas se le distingue pronto en las movilizaciones populares que reclaman el derecho del campesinado a la tierra y que enfrentan al capitalismo extractivista. No es extraño verla con micrófono en mano dando un discurso, hablando con periodistas, sosteniendo una pancarta o coordinando acciones con sus compañeros y compañeras de lucha.
Su rostro refleja la firmeza de una lideresa que no se rinde, pero también la sensibilidad de una mujer a la que se le humedecen los ojos cuando habla del futuro que sueña para sus hijos y su comunidad. Un futuro que debiera ser actual: “que nadie les persiga por reclamar sus derechos.”
Lilian sabe de lo que habla. Es la Coordinadora de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de El Progreso, departamento de Yoro, integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y del Bloque Popular Campesino e Indigena, ha sido judicializada tres veces, obteniendo el último sobreseimiento en marzo de 2021, luego de ocho años de que fuese acusada en los tribunales de “usurpación de tierras”.
La criminalización de la protesta es usual en nuestro país, utilizada como un arma de las élites de poder que manipulan el Código Penal para reprimir la organización social, con el fin de debilitarla y desorganizarla. Pero no es el único recurso que utilizan.
En el caso de Lilian, su calvario no terminó con el último sobreseimiento legal puesto que en los últimos dos años fue objeto de amenazas a muerte y otras formas de intimidación para que abandone su activismo por el acceso a la tierra y la soberanía alimentaria.
Ella no es la única en esa situación. “Muchos compañeros y compañeras son igualmente amenazados, y lo que hacemos es cuidarnos porque cuando presentamos las denuncias, de nada sirve”, agregó.
“Cuando acudimos a la Secretaria de Derechos Humanos lo que se nos dijo es que el tema de la tierra no era de su jurisdicción”, recordó. “Los mismos de Derechos Humanos nos dan la espalda, nunca nos defienden, entonces ¿en quién podemos confiar?
Paradójicamente, Lilian tiene claro que su labor es una defensoría de los derechos humanos. “Soy una luchadora por los derechos humanos, honrada y orgullosa de ser campesina…pero en estos momentos es como que no existimos. Nuestra situación es grave y eso que ahora pensábamos que íbamos a estar mejor, pero estamos mal”.
Sin embargo, Lilian aclara que no están indefensos. “Asistencia legal tenemos, es de nuestros compañeros del MADJ, no del gobierno. Del gobierno más bien salen las acusaciones. Sin el apoyo legal de algunas organizaciones no sabríamos qué hacer”.
Mujeres al frente
Con 45 años de edad, Lilian es la principal dirigente campesina de la CNTC, de El Progreso – Regional de Yoro, que agrupa unos 34 grupos campesinos, con más de 700 socios.
No es la única mujer en la junta directiva de su organización. Su regional de la CNTC es una de las que tiene mayor presencia de liderazgos femeninos, como fiel reflejo del extraordinario y creciente papel que tienen las mujeres en el movimiento social.
Como en la mayoría de sus compañeros y compañeras, la conciencia social le viene de la casa.
“Estoy en esta lucha desde que tenía 15 años. Comenzó en mi comunidad, cuando vi que mi padre era capturado por un pedazo de tierra por el que estábamos luchando…”
Desde entonces no ha bajado los brazos. Y con sus compañeras se esfuerza a diario por compaginar su activo compromiso gremial con la labor de cultivar el campo y atender las necesidades familiares. Casada y con 3 hijos, el menor de 13 años, afirma que “mis hijos no son un obstáculo en mi lucha; al contrario, me motiva pensar en la vida que deseo para ellos”.
Conviviendo con el riesgo
La constante presencia de Lilian en las movilizaciones y encuentros refleja su convencimiento de la necesidad de fortalecer vínculos con las organizaciones y las políticas que abogan por el respeto a los derechos del campesinado y de las mujeres. Construir y promover visiones comunes se vuelve más urgente en la medida que los riesgos se multiplican.
“La vida de las campesinas y campesinos es una lucha permanente contra la violencia de empresarios, políticos y grupos criminales coludidos con policías y frente a la fuerza de la naturaleza que constantemente destruye nuestros cultivos y viviendas”, manifestó.
“Ahora mismo, remarcó, nuestro principal temor son los grupos criminales que están al servicio de los grandes empresarios o que ellos mismos se han convertido en grandes terratenientes, en lavadores de dinero”.
Efectivamente, el crimen organizado es muy fuerte en Yoro y “sabemos que tiene un listado con nombres de los dirigentes sociales que quieren eliminar”, denunció.
De escenario de fondo, lo que enfrentan en Yoro y tantas otras partes del país “es el despojo de nuestro territorio y el desplazamiento forzado de la gente por la persecución y desalojo de que somos víctimas. Somos hostigados por guardias de seguridad privados y criminales al servicio de empresarios. Cada desalojo implica destrucción de nuestros cultivos y hambre para nuestras familias”.
Lilian fue más allá en su denuncia e indicó que “vemos al Estado confabulado en nuestra contra; el Ministerio Público nos acusa y la misma Corte Suprema de Justicia lleva todo el proceso de desalojo con jueces de jurisdicción nacional, como si fuéramos criminales y no campesinos reclamando justicia”. Ante ese escenario, Lilian Borjas está totalmente convencida de que “sólo unidos en el movimiento popular podemos enfrentar la situación”. En su opinión no hay otra alternativa. Tan claro como que siempre después de una movilización social vendrá otra.
Piden a la Corte realizar visitas a sus comunidades.
Organizaciones de derechos humanos presentarán amicus curiae escrito y oral para pedir que sus saberes sean considerados en la respuesta a la emergencia climática.
En representación de los Pueblos Indígenas Lenca y Tolupán, en Honduras, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), acompañados por Women’s Link Worldwide, presentarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un amicus curiae* sobre los efectos desproporcionados que sufren sus comunidades, especialmente las mujeres indígenas, por la crisis climática. El amicus se enviará en el marco de la Opinión Consultiva solicitada por los Gobiernos de Chile y Colombia sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos.
La construcción del amicus fue participativa e incluyó las voces de representantes de las comunidades indígenas, principalmente mujeres. En las sesiones de trabajo narraron, entre otras cosas, cómo tanto la sequía y las inundaciones han disminuido sus medios de subsistencia, basados en el cultivo de maíz, frijol, sorgo y café. Para ellas, esto trae como consecuencia menor producción, escasez de alimentos y aumento de la pobreza. Además, las mujeres narraron las afectaciones a su salud física y emocional a partir de esta problemática.
Las comunidades comentaron que el agua, antes abundante en sus casas, ahora debe recogerse en el río, lo que altera sus actividades como productoras y aumenta las labores del hogar. Otro de los impactos ha sido el cierre de varios días en escuelas.
Responsabilizan al modelo económico extractivista de la degradación ambiental, que incluye deforestación, incendios forestales, concesión de recursos naturales y proyectos hidroeléctricos de alto impacto. Alegan que el Estado, lejos de atender sus demandas, las criminaliza cuando exigen soluciones, reparación y justicia.
Amicus Oral
Para respetar la tradición de oralidad de las culturas indígenas, el documento que será presentado a la Corte IDH incluye un vídeo documental. En el audiovisual las personas indígenas le piden a las juezas y jueces ser sensibles a los impactos diferenciados de la crisis climática en sus pueblos y establecer responsabilidades claras a los Estados para atenderlas.
También solicitan que la audiencia pública de la Opinión Consultiva se realice en una comunidad indígena y que adicionalmente se realicen visitas a varios pueblos indígenas de la región para constatar de primera mano las afectaciones.
Bertha Zúñiga Cáceres, presidenta del COPINH, reiteró la solicitud a la Corte de escuchar las voces de las comunidades indígenas “como un acto de justicia frente a lo que hemos sufrido las comunidades indígenas, que seguimos siendo víctimas del despojo y el olvido por parte de los Estados”.
Para el MADJ, un Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia que lucha de la mano con comunidades indígenas, “es de suma importancia que se conozca el impacto y las consecuencias que tiene el cambio climático en los Pueblos Indígenas, específicamente en las mujeres. Es por eso que alzamos la voz para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conozca a profundidad la necesidad que las comunidades tienen y para que el Gobierno se responsabilice por garantizar los derechos de las y los compañeros indígenas que luchan a diario por la defensa de su territorio, de sus bienes comunes y sus derechos ancestrales”.
Por su parte, Estefany Molina Martínez, abogada de la dirección legal de Women ‘s Link Worldwide, dijo que en la organización “estamos generando espacios de diálogo con las mujeres para identificar sus necesidades frente al impacto diferenciado que tiene la emergencia climática en sus vidas, así como identificar posibles vías de acceso a la justicia.Las mujeres indìgenas han sido históricamente víctimas de discriminación y de diferentes sistemas de opresión, por lo que tenemos que hablar de la emergencia climática con un enfoque de género interseccional”.
En 2019, el Índice de Riesgo Climático Global clasificó a Honduras como el segundo país del mundo más severamente afectado por eventos climáticos extremos, en el período entre 1998 y 2017. En 2020, los impactos de la pandemia de COVID-19 y dos huracanes, Eta e Iota, intensificaron los desafíos económicos y sociales del país, con impactos significativos en zonas con altas concentraciones de pueblos indígenas y afrodescendientes.
La crisis climática afecta de manera desproporcionada a las personas en situación de pobreza, especialmente mujeres y personas indígenas, que viven en las zonas más vulnerables, y dependen de la agricultura y otros recursos naturales. Después de cada desastre, las mujeres asumen la mayor carga de las responsabilidades de limpieza de los escombros, la atención de personas heridas, el cuido de menores mientras los centros educativos se encuentran cerrados, y la alimentación. Las actividades que les generaban ingresos quedan relegadas.
*Los amicus curiae son escritos realizados por terceros a un caso o a una solicitud de opinión consultiva que está estudiando la Corte Interamericana, que de manera voluntaria ofrecen su opinión sobre algún aspecto relacionado con el caso o la solicitud de opinión consultiva, esto para colaborar con el Tribunal en la resolución de la sentencia o en la resolución de opinión consultiva.
Contacto para prensa:
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
¡Queremos un mundo donde quepan todos los mundos posibles!
El movimiento popular de Honduras, movilizados en Tegucigalpa por la tierra y el territorio; comparecemos frente a la embajada de los Estados Unidos para denunciar su injerencismo, fascismo y autoritarismo, para alzar la voz por Palestina, por los pueblos dignos del mundo y para condenar la complicidad de EE. UU. con el Estado genocida de Israel.
Condenamos la complicidad del régimen de los Estados Unidos y en general de Occidente en los crímenes de guerra del Estado de Israel. exigimos un alto total al apoyo político, económico y militar de EE. UU. hacia Israel y el cese inmediato del genocidio. Es vergonzoso el respaldo del régimen de Estados Unidos a las acciones de Israel bajo la excusa del “derecho a defenderse” mientras dotan de los suministros de munición al régimen sionista para aniquilar niños, mujeres, ancianos y población civil en Gaza.
Son 75 años de masacre al pueblo de Palestina, de la instauración del mayor campo de concentración llamado Gaza, son 75 años de violación de acuerdos de las Naciones Unidas, de promoción y apoyo al Estado de Israel, que, en la práctica, es un estado ilegal, terrorista y genocida. Los gobiernos de los Estados Unidos, desde que se impuso el Estado de Israel, son una vergüenza para la humanidad, la crisis civilizatoria de occidente en su mayoría es su responsabilidad. Repudiamos su política exterior, máquina de producción de guerras, muerte, destrucción, dolor, sufrimiento y su pléyade de dictadores, genocidas, guerreristas y demagogos que asolan nuestro mundo.
Saludamos las posturas dignas de algunos gobiernos latinoamericanos frente al terrorismo de Israel, hoy más que nunca la realidad nos exige volver a la solidaridad y la radicalidad de nuestros principios. Exigimos que lleven sus convicciones a las mayores instancias, sosteniendo que la primera condición para un dialogo de Paz que rectifique este camino del genocidio debe reconocer de manera integral el estado Palestino, castigar la agresión histórica de Israel y la complicidad de occidente, en particular de los Estados Unidos.
Declaramos que los principios de nuestro proyecto político son y serán siempre antiimperialistas, anti-injerencistas, anticapitalistas, radicales en la solidaridad con los pueblos y sus proyectos de emancipación, anclados en la pluriversidad hasta que la dignidad se nos haga costumbre.
La caminata en defensa de la tierra y el territorio convocada por el Bloque Popular Campesino e Indígena duró aproximadamente 12 horas en la capital de Honduras, Tegucigalpa, a donde organizaciones indígenas y campesinas nos dimos cita para seguir ejerciendo nuestro reclamo por el derecho a la tierra y el territorio.
El recorrido tuvo varias estaciones en las cuales plasmamos nuestras exigencias ante tanta indiferencia y parcialización del actual gobierno y sus instituciones. Iniciamos nuestra jornada desarrollando un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia donde presentamos un recurso de inconstitucionalidad contra algunas leyes que fomentan el latifundio y permiten el despojo a los campesinos e indígenas de sus tierras y territorios y que son contrarias a la Constitución.
Seguidamente nos movilizamos a Casa Presidencial a donde la política gubernamental sigue siendo esconderse y no dar soluciones a los problemas del pueblo, allí se esperaba que la Presidenta Xiomara Castro atendiera a las organizaciones que de más de 12 departamentos nos habíamos movilizado para exigir respuestas ante las acciones de la fallida Comisión Nacional de Seguridad Agraria. Nuestra petición no fue escuchada.
Posteriormente nos trasladamos a las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) donde al igual que en Casa Presidencial no se quería recibir el reclamo campesino e indígena que exige respuestas a los más de 40 desalojos perpetrados hasta hoy y la parcialización que esta institución tiene para con los empresarios a nivel nacional, el Bloque Popular Campesino e indígena exigió la renuncia de quienes están al frente del INA, cerramos nuestra visita a instancia con el acuerdo de sostener una reunión entre ambas partes en los próximos días.
Nuestra cuarta estación fueron los Juzgados de Jurisdicción Nacional, lugar a donde la justicia hondureña está incoando los procesos de criminalización contra los campesinos e indígenas de Honduras acusándoles de delitos que figuran en el Código Penal aprobado durante el último año de la narcodictadura de Juan Orlando Hernández (decreto 93-2021), este Código Penal tiene al menos dos recursos de inconstitucionalidad pendientes de resolución en la actual Corte Suprema de Justicia interpuestos por varias de las organizaciones integrantes del Bloque Popular Campesino e Indígena.
Esta movilización también sirvió para desarrollar nuestra jornada de solidaridad con los pueblos del mundo, especialmente los masacrados por la defensa de su territorio, nuestra quinta estación fue frente a la Embajada de los Estados Unidos a donde exigimos un alto al genocidio contra el pueblo Palestino, exigimos un alto a la injerencia norteamericana en los temas internos del país y demandamos el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
Cerramos nuestra movilización en los bajos del Congreso Nacional a donde los territorios recordamos que las comunidades no han olvidado que “fuimos, somos y seguiremos siendo la verdadera resistencia de Honduras, resistimos a la criminalización, resistimos al despojo, resistimos a los asesinatos de nuestros compañeros y compañeras, resistimos a la indiferencia de este y otros Gobiernos, resistimos todo” cerró diciendo la representación de la Central Nacional de Trabajadores del Campo regional El Progreso organización integrante del Bloque Popular Campesino e indígena.
El Estado de Honduras fue denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el incumplimiento de una sentencia firme emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que obliga a la institucionalidad pública a la protección de derechos, especialmente a la vida y a la salud, de más de 15 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) que sobreviven en calle.
La denuncia individual contra el Estado de Honduras fue interpuesta por el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE, en el marco de la conmemoración del día del niño; y la misma tiene como fundamentos los siguientes:
El 13 de abril de 2020 nuestras organizaciones, en conjunto con Casa Alianza y COIPRODEN presentamos ante la CSJ un Recurso de Amparo a favor de más de 15 mil NNA que sobreviven en condiciones de calle entre Tegucigalpa y San Pedro Sula y que en el marco de la crisis generada por la pandemia del COVID 19, los derechos a la vida, salud, vida digna e Integridad personal de este grupo poblacional, tradicionalmente vulnerado, corrían un grave riesgo.
Dos años después, el 19 de enero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la CSJ emitió una sentencia respecto del recurso de Amparo en donde reconoce que el Estado, a través de la Presidencia de la República, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), han vulnerado los derechos a la vida, salud e integridad física, psíquica y moral de más de 15 mil NNA que sobreviven en la calle, y ordena a estas tres Instituciones el cumplimiento de 7 medidas dirigidas a restituir y garantizar el pleno goce y ejercicio de estos derechos.
Entre las principales medidas ordenadas por la CSJ está la construcción multipartita de una política pública específica para garantizar integral y permanentemente los derechos de todos los niños y niñas que sobreviven en la calle; dotar a las instituciones del Estado del presupuesto suficiente y sostenido para la atención específica de la niñez que sobrevive en calle y el establecimiento de manera inmediata, en distintas ciudades del país, hogares dignos para la atención de este grupo poblacional.
A más de un año de la emisión de la sentencia por parte de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, el Estado no ha dado cumplimiento a la misma, permitiendo que se sigan vulnerando los derechos de los NNA que sobreviven en la calle. Y pese a las múltiples acciones realizadas desde nuestros espacios para promover el cumplimiento de dicha sentencia, hasta la fecha, no se ha obtenido respuesta, ni del gobierno anterior, ni del presente.
Ante tal circunstancia, este 10 de septiembre de 2023, el BED, MADJ y FUNDAMBIENTE, acudimos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y presentamos una Denuncia Individual en contra del Estado de Honduras, por violentar obligaciones y derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, específicamente la obligación de garantizar a la población un recurso efectivo ante la violación de derechos humanos y por la violación de los derechos a la vida e integridad personal de los NNA que sobreviven en la calle.
En dicha Denuncia le solicitamos al Comité de Derechos Humanos que como medida provisional instruya al Estado de Honduras para que destine presupuesto suficiente en el Presupuesto General de la República para el 2024, y garantice de manera inmediata hogares dignos a nivel nacional para los NNA que sobreviven en la calle, en los cuales se les garantice las condiciones necesarias para su pleno desarrollo y de esta manera se les proteja de las adversidades a las que se ven expuestos en la calle.
También, solicitamos al Comité que ante la violación de los derechos y disposiciones contenidas en el Pacto, instruya al Estado para que de manera inmediata de cumplimiento con lo establecido en la sentencia en favor de más de 15 mil NNA que sobreviven en la calle, garantizando así su derecho a la vida, salud e integridad física, psíquica y moral; y como medida de no repetición proceda a la creación de un Protocolo de Ejecución de Sentencias, por medio del cual se garantice el inmediato y pleno cumplimiento de las sentencia en las cuales se reconozca la violación de derechos fundamentales.
Lamentamos que el Estado de Honduras permita que se sigan vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en especial condición de vulnerabilidad al sobrevivir diariamente en la calle, también, que se les tenga en una condición de marginación histórica, sin contar con acceso a los servicios básicos que son necesarios para tener una vida digna.
Hacemos un enérgico llamado al Estado, para que las acciones destinadas a la protección de la niñez y adolescencia en el país pasen de tener sentido declarativo y se conviertan en acciones eficaces que garanticen los derechos de los mismos y así, de manera inmediata se ejecute la sentencia y se inicie el proceso para la restitución del goce y disfrute de los derechos de los NNA que sobrevive en la calle.
Jaime Cabrera se presentó voluntariamente ante los juzgados para responder por los delitos que el fiscal del Ministerio Público Beyron Salinas le imputó falsamente para beneficiar a Corporación Dinant en la zona del Aguán en Honduras, el juez que conoció el proceso otorgó medidas cautelares por lo que el proceso de criminalización continúa abierto.
Cabrera es un líder campesino, defensor de la tierra y el territorio, actualmente es el Coordinador de la Plataforma Agraria del Aguán, organización campesina que tiene al menos dos procesos de dialogo con el Gobierno actual para buscar una solución pacífica a la violencia generada en el Aguán por las empresas agroindustriales.
Jaime ha sido falsamente acusado de Usurpación Agravada, Asociación para Delinquir y privación injusta de la libertad, todos estos delitos fabricados y diseñados por el Ministerio Público de Tocoa que ha sido y es el instrumento de las empresas para perseguir y criminalizar campesinos y campesinas en la zona del Aguán.
Por segunda ocasión consecutiva, Jaime se presentó de manera voluntaria ante el juzgado de jurisdicción nacional y este día el juez que conoce la causa determinó otorgarle medidas distintas a la prisión y que pueda defenderse en libertad.
Cabrera deberá presentarse el 15 de agosto a una nueva audiencia donde se espera que la justicia desestime todos los cargos falsamente imputados y que este pueda gozar del derecho a la libertad que fue coartado en los últimos meses por la orden de captura que existía en su contra.
Los campesinos y campesinas en la zona del Aguán y en Honduras, mantienen una ardua lucha por recuperar la tierra contra las empresas que a base de violencia les han despojado de miles de parcelas que fueron destinadas por el Estado de Honduras para la reforma agraria desde hace décadas.
Desde las organizaciones que trabajamos en defensa de los derechos humanos celebramos esta victoria popular y agradecemos la solidaridad nacional e internacional que se ha tenido con esta causa que involucra la criminalización de la lucha social en Honduras.
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
