36 meses de impunidad para Ramón Fiallos

Hoy recordamos la vida, las enseñanzas, el trabajo, el compromiso y el aporte de Ramón Gabriel Fiallos Siria, asesinado por militares durante una violenta represión en el municipio de Arizona en el departamento de Atlántida en una de las tantas manifestaciones en contra del fraude del Partido Nacional en las elecciones de noviembre de 2017.

La lucha en defensa del agua, de la amenaza que representa la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito, propiedad de la empresa Ingelsa lo pusieron como blanco de la violencia que acabó con su vida.

El compa Moncho como se le conocía, fue un hombre que dedicó su vida a luchar por los intereses comunes. Un hombre trabajador, proveedor para su familia, dedicó sus últimos años de vida al Campamento Digno por la Defensa del Río Jilamito, lugar que vigila y protege esta fuente de agua que ha sido destinada para uso y consumo humano.

Al momento de su asesinato militaba activamente en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y participaba en las manifestaciones contra el fraude electoral en las elecciones de noviembre de 2017 que dejaron como presidente impuesto por la Embajada de los Estados Unidos en Honduras a Juan Orlando Hernández.

La noche del 22 de enero de 2018 emprendió el camino desde su comunidad hasta la carretera CA-13 que comunica la ciudad de San Pedro Sula con La Ceiba para unirse a los miles de ciudadanos que exigían el respeto a la voluntad popular en las inmediaciones del puente sobre el río Arizona.

Hasta allí llegó un contingente militar que disolvió con disparos la manifestación, al menos uno de esos disparos impactó a Ramón Fiallos. Herido fue trasladado a un centro asistencial en la comunidad de San Juan Pueblo donde minutos más tarde se confirmó su muerte.

En vida, el compañero Ramón Fiallos también colaboró en procesos de enseñanza popular y de educación básica como maestro de matemáticas. Fue parte de los campesinos organizados que luchó por la recuperación de la tierra en el valle de Lean, fue uno de los fundadores del Campamento Digno por la Defensa del río Jilamito, su compromiso con las luchas se lo inculcó su abuelo durante su infancia.

A 36 meses de su asesinato, el pacto entre las instituciones del Estado hace que el crimen siga en total impunidad, las diligencias investigativas no presentan avances y el Ministerio Público guarda un misterioso pero cómplice e inmóvil silencio que favorece a quienes le quitaron la vida.

Para recordar su legado, las comunidades de Arizona decidieron en el año 2019 nombrar el puente sobre el río Lean con el nombre de Ramón Fiallos como muestra de unidad entre los territorios en lucha.

Las comunidades MADJ recordamos a Ramón Fiallos y su característica frase que perdura en el tiempo. “Lo que se empieza, se termina, sino, no sirve”.

Agua para la vida, no para el comercio.

El agua deja de ser un bien de consumo público y pasa a ser un bien privado cotizado en la bolsa de valores de Wall Street. Esta acción “repentina” ha sido señalada y denunciada por décadas por poblaciones campesinas, indígenas y afros a nivel mundial, pues a finales del siglo XX, múltiples acuerdos con el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre otros muchos más, patrocinaron iniciativas de legislativas para la privatización del agua a través de nuevas Leyes marco del sector de Agua y Acueductos, como fue el caso de Cochabamba en Bolivia o Aguas de San Pedro en Honduras.

Mediante la ley marco, inicio el proceso de privatización del agua potable, esta, impuso al SANAA que tenía hasta el 2007 para trasladar la responsabilidad estatal a las municipalidades, este proceso también se le conoció como la municipalización de las aguas. Así de esta manera las municipalidades tienen según ley, la potestad de entregar los servicios de agua a empresas particulares y privadas del servicio de agua para que asuman la responsabilidad de infraestructura, distribución y facturación del vital líquido, anulando la responsabilidad del Estado para con la población en general y otorgándoselas a manos privadas.

En primer lugar, toda la infraestructura de acueductos que fue construida y constituida con fondos públicos en el período entre 1960 a 1999, fue traspasado bajo concesión y consorcio a empresas de inversión privada, que no invirtieron ni un décimo de dólar en la edificación del sistema de acueductos, casos como San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortes, El Progreso, La Lima entre otros municipios a nivel nacional, sufrieron está lógica de traspasar empresas y recursos públicos a manos privadas.

En segundo lugar, el proceso de privatización tuvo su aceleración justo después del golpe de Estado y aprobación proyectos de generación de energía con recursos renovables, entre ellos las hidroeléctricas, pues para el periodo post golpe de Estado de Honduras se preparó y desarrolló la Licitación pública internacional No. 100-1293-2009 “compra de potencia y su energía asociada generada con recursos renovable”, el 05 de octubre, el gerente general de la ENEE[1] nombro el comité y sub comités de evaluación, el 18 de diciembre de 2009 se aperturo el mercado de ofertas y el 25 de enero del 2010 se remitió un informe final indicado que los proyectos de generación son inviables por su impacto en el medio ambiente.

Y el tercer lugar, es la cotización de valores del agua como recurso y no como servicio, para hacer una analogía, el agua puede cotizarse como un bien material tal cual lo es una empresa como Facebook (comunicaciones), GMC (transporte), Chevron (combustible) o Newmont Goldcorp (minerales/oro).

Pero, ¿cuál es el precio del agua? ¿quién determina su precio y cómo? – existe una realidad absoluta en el mundo, el agua dulce es un recurso limitado y se está agotando, entonces, ¿cómo creamos un mundo donde no hay suficiente recurso vital para todas y todos? – Según el mercado global y la expansión imperialista; colocándole un precio y que este sea accesible para aquellos que puedan pagarlo, en ese sentido, ¿cómo será el nuevo mundo en el periodo post pandemia?

La crisis mundial del agua, es una crisis del modelo civilizatorio y con ello, del sistema capitalista global. Parece impensable, pero ha sucedido y seguirá sucediendo, el agua se privatizará y solo será para aquellos que puedan comprarle, de no ser que exista una defensa férrea como la que existe en Pajuiles, Arizona, Río Blanco, Reitoca, entre otros a nivel nacional y regional, en constituir el agua como un derecho humano y universal, por encima de las perversas intenciones del capitalismo global y las empresas transnacionales.

Hoy el tiempo y los hechos nos vuelven a dar la razón, el bien y recurso más importante y vital del planeta para que exista vida, no puede ser administrado y ser beneficio para unos cuantos, el impulso que nos debe motivar a luchar por el agua, es reconocer lo valiosa que es para el desarrollo de la vida. Es importante e imperante recuperar nuestra relación histórica con el agua, pues la industria global del siglo XXI responsabiliza a los seres humanos por individual, y no a ellos como grandes responsables de semejante catástrofe.

Cambiar el modelo y el sistema, es salvar la vida.

Hasta la dignidad siempre.

Congresistas norteamericanos piden detener financiamiento a empresas hidroeléctricas generadoras de violencia en Honduras

En una carta firmada y remitida por 28 congresistas de los Estados Unidos a la Corporación de Desarrollo Internacional (DFC por sus siglas en ingles), especialmente a su director Adam Boehler, manifestaron su desacuerdo con el apoyo financiero a proyectos hidroeléctricos en Honduras, ante el anuncio realizado por el DFC el pasado 21 de julio de una inyección económica de mil millones de dólares para esta y otras industrias en el país.

La congresista de Minnesota, Ilham Omar fue clave en apoyar la iniciativa de remitir la comunicación impulsada por distintos sectores nacionales e internacionales que luchan por proteger a los pueblos y los bienes naturales de los estragos ocasionados por el extractivismo. Fue así que junto a otros 27 parlamentarios decidieron mostrar su inconformidad ante el financiamiento anunciado el cual consideran “un grave error”.

“Damos la bienvenida a una conversación sobre el papel que DFC pretende desempeñar en la promoción de un desarrollo sostenible que respete los derechos humanos, el medio ambiente y las normas laborales. Su inversión planeada en Honduras es un grave error, y esperamos sinceramente que no sea una señal de lo que vendrá”.

Una de las preocupaciones centrales en la carta es el financiamiento al proyecto hidroeléctrico Jilamito en Honduras, empresa que ha generado violencia en la zona y que pretende instalarse inconsultamente, violentando además las declaratorias de territorios libres de extractivismo adoptadas por las comunidades.

“Según cualquier estándar razonable, los impactos ambientales y en los derechos humanos del proyecto hidroeléctrico Jilamito y el historial tanto de INGELSA como del estado hondureño deberían haber impedido que esta inversión siguiera adelante. Dado que los protocolos existentes en DFC han fallado, ahora consideraremos opciones legislativas para evitar que este proyecto siga adelante”.

La comunicación enviada al DFC continúa detallando la problemática generada por este proyecto extractivo en la zona a donde ha habido muertes como la de Ramón Fiallos, fundador del Campamento Digno para la Defensa de rio Jilamito, integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y múltiples episodios de ataques, agresiones, campañas de odio, entre otras en contra de liderazgos del MADJ.

Además, en la carta se cuestionan los altos niveles de corrupción y como sistemáticamente se han ido debilitando las medidas para combatirla en la administración de Juan Orlando Hernández. “Las medidas anticorrupción han sido activamente frustradas o debilitadas por la administración de Hernández; la DFC no debería invertir dólares de los impuestos estadounidenses hasta que se hayan implementado mecanismos anticorrupción.” 

En la carta los 28 congresistas solicitan mayor información sobre las otras áreas u rubros que apoyará el DFC en Honduras. “Finalmente, instamos a la divulgación completa sobre los otros proyectos que esta inversión de $ 1 mil millones planea apoyar en Honduras”.

La misiva también la recibieron, el Secretario de Estado Mike Pompeo en los Estados Unidos, la representante de la Embajada norteamericana en Honduras, Colleen Hoey y Mauricio Claver-Carone, asistente adjunto del presidente y Director Senior para Asuntos del Hemisferio Occidental, Consejo de Seguridad Nacional.

Lea la carta complete aquí: https://omar.house.gov/media/press-releases/rep-omar-leads-letter-condemn-trump-administration-s-plan-invest-controversial

Río Petacón entre el poder y la corrupción. Entrega I

POR: REDACCIÓN CRITERIO.HN
REDACCION@CRITERIO.HN

Río Petacón

Una joya que el capital transnacional pretende arrebatar a los lencas 

Fondo Noruego se convierte en financista de proyecto hidroeléctrico.

El capital de Progelsa pasó de 30 mil lempiras, cuando se fundó en 2007, a 270,653,100.00 lempiras en marzo de 2017, con la venta de acciones a un holding italiano y un aporte fiduciario de Banhcafé. Sin embargo, sus socios fundadores desaparecieron de la escena.

Empresa radicada en Miami ha sido contratada por la AHER para dividir a las comunidades.

Ley de Secretos es utilizada por las Fuerzas Armadas para proteger a militares que dispararon contra lencas en Río Petacón y el Poder Judicial avala el encubrimiento. 

TEGUCIGALPA.-BAJO EL MISMO ESQUEMA DE OTROS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS Y CON LAS MISMAS CONSECUENCIAS SE HA INSTAURADO EN LOS MUNICIPIOS DE LEPATERIQUE Y REITOCA, EN FRANCISCO MORAZÁN, UNA PLANTA ENERGÉTICA QUE HA VUELTO A PONER EN EVIDENCIA EL ESCENARIO FRAUDULENTO Y CORRUPTO EN HONDURAS.

El proyecto hidroeléctrico Río Petacón fue concebido por el empresario hondureño, Jack Arévalo Fuentes, un hombre que toda su vida ha estado empapado en los negocios de la energía eléctrica y quien se encargó de mover los tinglados del poder económico y político para conseguir una licencia ambiental al margen de la ley y luego consumar un negocio en el que se ha involucrado la banca nacional y el capital transnacional.

A través de la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa) constituida el 31 de enero de 2007 en la ciudad de San Pedro Sula, junto a sus hijos Erika Petrouska Arévalo Canahuati, Jack Arévalo Canahuati, Boris Iván Arévalo Canuhuati y su hermano, Julio Arévalo Fuentes, consiguió que el subsecretario de la desaparecida Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Marco Jonathan Laínez Ordóñez, emitiera la licencia ambiental categoría dos, número 362-2011 a favor del proyecto hidroeléctrico, con una capacidad instalada de 11.00 MW, sin consultarle al pueblo indígena lenca de la zona.

Entre 1986 y 1990, cuando fue gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), durante el gobierno liberal del extinto expresidente José Azcona del Hoyo, Arévalo Fuentes, conoció sobre la capacidad instalada y demanda de energía eléctrica en Honduras y el potencial para generar energía en el territorio hondureño y como siempre ha estado ligado con la política logró convertirse en presidente de la Comisión de Energía y Combustible del Congreso Nacional (1998-2002) durante la administración liberal de Carlos Roberto Flores Facussé y presidía el Poder Legislativo, el extinto dirigente liberal, Rafael Pineda Ponce.

También es fundador de la Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable (AHPPER) y exgerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), cargó que desempeñó por seis meses durante el gobierno de facto de Roberto Michelleti (junio 2009-enero 2010).

Jack Arévalo Fuentes, es hermano del empresario, Henry Arévalo Fuentes, dedicado históricamente a la importación de combustibles y a las actividades aduaneras y navieras.

Su carrera política combinada con la económica lo convirtió en el cerebro del proyecto hidroeléctrico Río Petacón, una obra inconclusa por la oposición del Consejo Indígena Lenca de Reitoca ante la violación al Convenio 169 de la OIT sobre la consulta previa, libre e informada.

Petacón es un proyecto concebido en similares circunstancias con el proyecto de Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) sobre el río Gualcarque en las comunidades lencas del occidente de Honduras y que desencadenó en el asesinato de la ambientalista indígena, Berta Cáceres. La similitud va más allá de la manera inconsulta y la violencia en que ambos proyectos sentaron sus bases, pues su financiamiento nace con capital nacional y culmina con el aporte del capital transnacional.

Los malabares de Arévalo Fuentes                                     El capital de Progelsa pasó de 30 mil lempiras, cuando se fundó en 2007, a 270,653,100.00 lempiras en marzo de 2017, con la venta de acciones a un holding italiano y un aporte fiduciario de Banhcafé. Sin embargo, sus socios fundadores desaparecieron de la escena.

Antes de fundar Progelsa, Arévalo Fuentes, comenzó a visitar las comunidades adyacentes al Río Petacón con la intención de conocer el potencial hidrológico y las propiedades que se encontraban en la zona de influencia para luego comprar las tierras. Una vez realizada esta tarea formalizó legamente la empresa, la que fundó con un capital social de 30 mil lempiras.

En su afán de concentrar más capital y de consumar su negocio, a partir de agosto de 2011, comenzó a traspasar y vender acciones a inversionistas nacionales y extranjeros y a suscribir fideicomisos con la banca nacional. La primera transacción se efectuó con el traspaso y venta de acciones a favor de Investment Corporation S.A., cuyos socios son Oscar Enrique Kafaty Geadah y Nadia Kafaty Geadah, hijos del fallecido empresario de la industria del café, Oscar Kafaty, quienes adquirieron 75 acciones de un total de 300.

En un nuevo acto jurídico, celebrado el 2 de agosto de 2012, Progelsa continuó cediendo y vendiendo acciones a Investment Corporation S.A. En esta oportunidad Investment Corporation S.A., adquirió 150 de 300 acciones y el 8 de julio de 2015 registró un aumento de capital pasando de 30 mil a 23 millones de lempiras y las acciones aumentaron de 300 a 230.000, de las cuales el 50 % (115.000) correspondieron a Investment Corporation S.A. y los 115.000 restantes a los socios de Progelsa.

El 7 de agosto de 2015 se modificó la escritura social de Progelsa y se nombró un nuevo Consejo de Administración, resultando presidente, Danielle Boscolo Meneguolo; vicepresidente, Pietro Barbujani y secretario, Oscar Enrique Kafaty Geadah.

Sigue aumentado el capital

El 17 de marzo de 2016 se registró un aumento de capital de 23,030,000.00 lempiras (230,300 acciones con valor de 100 lempiras cada una) a 41,402,100.00 lempiras (414,021 acciones nominativas, con valor de 100 lempiras cada una). En esta oportunidad ingresó el holding italiano, Sorgent.E s.r.l. que adquirió 351,921 acciones, bajo la representación de Anna Paola Micheletti Banegas, hija del expresidente de facto, Roberto Micheletti.

En esta ocasión la empresa de los Kafaty adquirió 31,052 acciones, Jack Arévalo Fuentes 7,451 acciones, Erika Petrouska Arévalo Canahuati 8,073 acciones, y Jack Arévalo Canahuati 8,073 acciones.

El ejecutor especial de acuerdos de Progelsa es el abogado Mauricio Villeda Zúñiga, hijo del excandidato presidencial por el Partido Liberal y actual diputado del Congreso Nacional, Mauricio Villeda.

Desaparece Progelsa y sale a escena Banhcafé

El 29 de marzo de 2016 se le otorgó poder de riguroso dominio a Danielle Boscolo Meneguolo para la suscripción de contratos para el financiamiento del proyecto con el Banco Atlántida S.A. y el Banco Hondureño del Café S.A., en particular para suscribir contrato de fideicomiso de garantía, contrato de crédito y contrato de administración.

El 06 de septiembre de 2016 se registró un nuevo aumento de capital social de 112,950,000.00 lempiras. De esta manera el capital pasó de 41,402,100.00 lempiras (414,021 acciones nominativas, con valor de 100 lempiras cada una) a 154,352,100.00 lempiras (1,543,521 acciones nominativas, con valor de 100 lempiras cada una). El capital social nuevo se distribuyó de la siguiente manera: Banco Hondureño del Café S.A. como fiduciario (414,020 acciones), Sorgent.E s.r.l. (1 acción) y se incorpora Sorgent.e. Chile SPA, una filial de la firma italiana Sorgent.E s.r.l (1,129,500 acciones).

El aumento de capital continuó el 21 de marzo de 2017 con 112,950,000.00 lempiras. De esta manera el capital pasó de 154,352,100.00 lempiras (1,543,521 acciones nominativas con valor de 100 lempiras cada una) a 270,653,100.00 lempiras (2,706,531 acciones nominativas con valor de 100 lempiras cada una). La distribución del capital social quedó de la siguiente manera: Banco Hondureño del Café S.A. como fiduciario (1,543,520 acciones), Sorgent.E s.r.l. (1 acción), Sorgente Chile SPA (1,163,010 acciones).

En un último acto jurídico registrado en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), el 23 de julio de 2018, se eligió un nuevo Consejo de Administración resultando electa presidenta, Julia Estela Sandoval Handal; vicepresidente, Nicola Maniezzo; vocal, Oscar Enrique Kafaty Geadah y Elly Melisa Vargas Rivas, también como vocal.

En resumen, el proyecto quedó en manos del capital transnacional y de la banca nacional. Algo importante de señalar es que a partir del 2016 los socios fundadores de Progelsa se quedaron sin ninguna acción y el capital quedó distribuido en un 57.03 % a favor de Banhcafé, 42.98 % de Sorgent Chile SPA y 0.000000037 % de Sorgent.E s.r.l. de Italia.

“Creo que esto que estamos viendo alrededor del río Petacón es una de las prácticas que se han venido implementando últimamente a nivel mundial en el sector extractivista con la única finalidad de evadir la responsabilidad y crear una serie de obstáculos y blindajes”, dijo a CRITERIO.HN, Pedro Landa, especialista en derecho ambiental e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de los Jesuitas.

Landa manifestó que lo ocurrido con el Petacón es la mismo que hicieron con el proyecto minero de Guapinol, que era de inversiones Los Pinares y ahora pertenece a un  holding con capital panameño, chino, noruego y de distintas regiones, porque todo está concebido en “la doctrina de las puertas giratorias porque, como en una puerta giratoria, puede entrar una acusación, pero esa acusación sale inmediatamente porque no se puede identificar quién es el socio, quién es el accionista y qué leyes le aplican”.

Como ejemplo, Landa expuso que, si hoy Banhcafe es el socio accionista local del proyecto hidroeléctrico Río Petacón y en el futuro existe una acción judicial en su contra, inmediatamente esta institución bancaria cede o vende sus acciones a otro de sus socios, para que no se le atribuya responsabilidad alguna.

 El investigador considera que mediante un holding se especula con los capitales y se evade la responsabilidad por violaciones a los derechos humanos, que es lo que está ocurriendo con la mayoría de los proyectos extractivistas.

Leer investigación completa: https://criterio.hn/especial-de-investigacion-hidroelectrica-rio-petacon/?fbclid=IwAR13g8wvM_iTfYnoF7h3N5TQSlcMJu0jN9v0hyjC7Tgzih6048ZhFgXC2y0

Pueblo Tolupán en Honduras a punto de morir de hambre

En Honduras los pueblos indígenas habitan en condiciones inhumanas debido al abandono estatal y al saqueo desmesurado de sus bienes naturales, y ahora con la llegada del covid19 su situación empeoró.

Todos los pueblos viven en similares circunstancias de hambre, miseria, analfabetismo, falta de oportunidades, con el denominador común del saqueo y despojo de sus territorios ancestrales por “inversionistas” en complicidad con las instituciones públicas y con la consecuencia fatal de asesinatos de sus integrantes que se oponen a esto.

Las medidas impuestas por el gobierno de Honduras para prevenir la propagación del covid19, ha sido en lo concreto, una especie de sentencia de muerte para los pueblos indígenas ya que la naturaleza clasista y elitista de estas no se ajustan a las realidades socio económicas de estas poblaciones en el país que posee el más del 65% de su población total viviendo en condiciones de pobreza, según las cifras del Banco Mundial.

En las tribus del pueblo Tolupán, el hambre ya empieza hacer mella dice uno de los líderes de la tribu San Francisco Locomapa. “Para nosotros los pueblos originarios como los tolupanes y otros pueblos que existen en el país, es una situación difícil, entender que nosotros como indígenas vivimos a coyol quebrado, coyol comido, y cuando no hay esas oportunidades yo creo que la vida se nos pone más difícil y día a día la vemos peor”, esto en relación a la falta acceso a derechos básicos que tienen en esta tribu según José María Pineda.

Lo mismo ocurre en la tribu Las Vegas de Tepemechín, donde según el presidente del Consejo Directivo de Tribu ya no haya que hacer, pues les manifiestan que han llegado ayudas pero que a ellos no se les entrega nada.

En la tribu las Vegas de Tepemechín los indígenas denuncian que están preocupados porque los alimentos han empezado a escasear. “En nuestra tribu estamos un poco asustados los del Consejo de Tribu, porque las autoridades solo nos prohibieron la salida, por las noticias es que paso informado de lo que está pasando, pero cómo vamos a hacer para sobrevivir cuando ya se nos termine el poquito alimento, porque nosotros vivimos del diario y obedecemos no salir, pero no sabemos qué vamos a comer, estamos confundidos y no sabemos qué hacer.”

La misma situación se vive en la tribu La Candelaria, donde la ayuda del Estado ha llegado, pero solo para los simpatizantes del Partido Nacional, afirma Luis Mejía, presidente del Consejo Directivo de Tribu. “La cuestión como en todas las Tribus ha sido crisis siempre, y con esto del coronavirus es peor, digamos que las comunidades como nosotros, no tenemos un trabajo permanente, de lógica estamos en situación crítica, acá no se sabe que hacer porque como todo se hace política, en mi caso en mi comunidad pueden venir las ayudas que vengan y no soy tomado en cuenta ni los que me rodean, esperamos a ver qué podemos hacer porque si esto sigue así no nos vamos a morir de coronavirus sino que de hambre, está bien difícil en las comunidades por los adultos y los niños y esto me imagino que es crítico en todas las tribus de Yoro”.

Algo que denunciaron las y los indígenas, es que para el modelo extractivo no ha habido cuarentena, los empresarios mineros han continuado sacando los minerales del territorio Tolupán sin ninguna restricción estatal y mucho menos de las autoridades de seguridad. “Aquí por ejemplo la minería no para, la minería está trabajando” dijo un habitante de la tribu San Francisco Locomapa en el departamento de Yoro.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia denunciamos al gobierno de Honduras por el eterno empobrecimiento hacia el pueblo Tolupán, uno de los pueblos originarios al que los funcionarios públicos han permitido saquear en complicidad con empresarios de la madera y mineros, que violentando los derechos de los pueblos indígenas han robado la riqueza natural y dejado en más miseria a su población.

El saqueo extractivo podrá continuar en tiempos de cuarentena en Honduras

En tiempos de cuarentena, el saqueo y entrega del territorio hondureño no se detendrá, pues el Gobierno de Juan Orlando Hernández está garantizando que la emisión de permisos no se suspenda. Contrario a eso, ha puesto a disposición de “los desarrolladores de proyectos” una plataforma virtual para iniciar los trámites de licenciamiento ambientales y operación y así evitar que este rubro se detenga.
En el comunicado dado a conocer por el Gobierno de la Republica de Honduras a través de la Secretaria de Recursos Naturales, MI AMBIENTE, en colaboración con los esfuerzos realizados por el Gobierno Digital de Honduras exponen que, “En aras de promover la inversión en el país y continuar con el proceso de regularización ambiental, los desarrolladores de proyectos podrán presentar sus solicitudes de licencia ambiental en línea, adjuntando la documentación técnica legal correspondiente a través de la página web: miambiente.prohonduras.hn.
También, el Gobierno, para facilitar la entrega del territorio comunica a los desarrolladores de proyectos que tendrán 60 días posteriores a la fecha de declaratoria oficial de finalización de cuarentena para presentar la documentación en físico teniendo ya avanzado el proceso en línea.
Para cumplir con el sometimiento de los empresarios extractivos el gobierno hondureño les permitirá seguir operando con la licencia ambiental vencida y podrán solicitar la renovación de la misma durante los 60 días después de haberse declarado oficialmente el fin de la cuarentena.
En el comunicado también afirman que “los Titulares de Proyectos, Obras o Actividades que a la fecha cuenten con Licencia Ambiental Operativa y en trámite de obtener su licencia ambiental definitiva: podrán continuar con el desarrollo de proyectos con dicha licencia durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional”.
El gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente solicitará a “Los Titulares de Proyectos, Obras o Actividades que estén obligados durante el Estado de Emergencia Nacional a presentar Informes de Cumplimiento de Medidas de Control Ambiental (ICMA´S), pagos por licenciamiento, multas e inspecciones, podrán realizarlos en un periodo de 60 días posteriores a la fecha de declaratoria oficial de finalización de la actual Emergencia.
Con estas medidas el gobierno de Juan Orlando Hernández asegura el sostenimiento de su política de concesionamiento del territorio hondureño, mientras el más del 65% de la población vive en pobreza y busca las formas de enfrentar el virus COVID 19 y al mismo tiempo al peor virus que ha atacado a Honduras, la narcodictadura.

Celebramos a COPINH: 27 años de lucha incansable

El pánico y distracción que ha provocado la pandemia mundial denominada Covid19 no nos quita el ánimo ni la motivación para saludar a compañeros y compañeras de lucha, de tesón y de valentía comprobada en la defensa de la dignidad de los pueblos, de la justicia y de los bienes comunes.

Hoy 27 de marzo arriba a un aniversario más nuestra organización hermana, el COPINH, y desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia les saludamos con toda la solidaridad y los afectos que producen todas las luchas por la dignidad.

Es por eso que hoy, desde cada una de nuestras trincheras, desde cada territorio, desde cada persona organizada en nuestro espacio les enviamos un revolucionario y fraterno abrazo, para decir nuevamente que nos alegramos y celebramos su existencia, su vida y su coherencia. Que desde su fundación ha sido y será un estandarte y motivación para nuestras luchas.

Les agradecemos por ser la inspiración de siempre en el desarrollo de las más justas y necesarias rebeldías contra el racismo, capitalismo, patriarcado, colonialismo y otras estructuras oprobiosas que afectan a nuestros pueblos y por mantener vivo el legado de nuestra querida Bertita.

Les alentamos a seguir construyendo y viviendo la refundación “por adelantado”; en colectividad, en hermandad “juntándonos” todos y todas para llegar a encontrar el bienestar común y reiteramos que su profunda, humana y alegre lucha; seguirá siendo faro para muchos y muchas que aspiramos a que todos y todas vivamos en DIGNIDAD y JUSTICIA.

Desde el MADJ les deseamos que la tarea de buscar dignidad y justicia siga hermanando nuestros pueblos, nuestras organizaciones, nuestros quehaceres y nuestros corazones.

HASTA LA DIGNIDAD SIEMPRE.

Asesinado en un basurero encuentran a líder campesino que había sido raptado en Colón, Honduras.

Marco Tulio Cruz Cruz es el nombre del líder campesino que fue encontrado asesinado este día en el crematorio municipal de Sonaguera en el departamento de Colón, zona del bajo Aguán en Honduras, territorio en permanente lucha social ante el despojo al que históricamente han sido sometidos sus habitantes.


De acuerdo a la denuncia realizada por defensoras de Derechos Humanos en el bajo Aguán “Hombres vestidos de militares y con armas de grueso calibre, sacaron de su vivienda a Marco Tulio Cruz, ante la presencia de su madre, y hermano, el defensor de #DDHH Rigoberto Cruz (a quien golpearon)”, anoche en Sonaguera, Colón.


Durante su vida Marco Tulio luchó junto a sus compañeros y compañeras en procesos de recuperación de tierras, situación que le llevó a enfrentar violentos desalojos por parte de las autoridades hondureñas cuando él era parte de la empresa Asociativa Campesina Unidos Lucharemos. Hace pocos días había sido intervenido quirúrgicamente y se encontraba en proceso de recuperación.


El patrón del crimen en contra de Marco Tulio Cruz Cruz se asemeja mucho al que utilizaron los asesinos del indígena y luchador social Milgen Idan Soto Ávila, quien fue raptado y posteriormente asesinado en las montañas de Yoro, su cuerpo fue encontrado enterrado el viernes 27 de septiembre de 2019.


Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia condenamos el asesinato de los líderes y luchadores sociales de nuestro país, pero además condenamos los patrones de ejecución a los que están siendo sometidas las personas que luchan por los bienes comunes y la defensa del territorio en Honduras.

Carta de solidaridad para nuestros hermanos y hermanas de Guapinol

Nosotros y nosotras:

Habitantes de las comunidades de Pajuiles, organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en defensa de los bienes comunes y naturales a través de los campamentos Dignos por el Agua y por la vida, hacemos de su conocimiento a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

Que tenemos conocimiento de la injusticia que se ha cometido con los defensores del Agua y la vida de las comunidades de Guapinol y el sector San Pedro de Tocoa en el departamento de Colón, al someterlos a un juicio arbitrario por el único ¨delito¨ de defender los bienes comunes y naturales.

Que abrazamos y hacemos nuestra la lucha que valientemente están enfrentando.

A ustedes, a sus familiares y a todos sus compañeros y compañeras de lucha les enviamos nuestras muestras de solidaridad y les decimos que no están solos, que la lucha es justa y necesaria para que algún día las generaciones presentes y futuras tengan en Honduras un mejor lugar para vivir.

Que condenamos estas acciones de criminalización y penalización, impulsadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares  en complicidad con las autoridades hondureñas del Ministerio Publico, Instituto de Conservación Forestal y la Policía Nacional.

Repudiamos la actitud servil de las instituciones de nuestro país, pues creemos firmemente que DEFENDER EL AGUA, NO ES UN DELITO.

Por el derechos humano al agua

PAJUILES Y GUAPINOL RESISTEN.

¡Hasta la dignidad siempre!

Posicionamiento de organizaciones populares y de lucha territorial de Honduras.

Organizaciones de diferentes departamentos y municipios del país, en lucha contra el modelo económico extractivista neoliberal que arrasa con los territorios, ante la grave situación que vive el país, nos posicionamos de la siguiente manera:

Somos organizaciones que participamos de las acciones sociales que se hacen en las comunidades por la lucha territorial, comprometidas social y políticamente con los intereses nacionales, con los intereses del pueblo históricamente explotado y oprimido por la clase económicamente dominante, apostamos por una verdadera articulación de los movimientos sociales, gremiales, políticos afines con la justicia, la libertad y la soberanía nacional.

Rechazamos con todas nuestras fuerzas la imposición de un modelo económico destructivo basado en la privatización y la explotación de los bienes comunes y públicos del país, como la tierra, el agua, los minerales metálicos y no metálicos, las comunicaciones, la energía, el ambiente, la salud, la educación, la justicia, la seguridad, la cultura, nuestras vidas en general.

Declaramos que el régimen que dirige Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional es ilegal e ilegitimo por que ha violentado el mandato popular, por su reelección inicialmente, por el fraude posteriormente y por las constantes violaciones a la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, está denunciado por la MACCIH/UFECIC por el delito de corrupción y extracción de los bienes públicos de las instituciones del Estado sin precedentes en la última década, así como señalado por su vínculo con el narcotráfico, pero protegido por el Ministerio Público.

La dictadura ha sido impuesta y es útil a los intereses del gobierno de Estados Unidos. El régimen garantiza los intereses económicos y militares del imperio norteamericano en la región centroamericana y es la plataforma para un potencial control militar de los países de la región, así como para facilitar el papel de las transnacionales y empresas extractivas.

Es urgente articularnos no solo como un frente de oposición para sacar al dictador. También hay que hacerlo construyendo juntos y juntas un plan alternativo y una estrategia que nos permita luchar por el país que queremos; hay que articular, desarrollar y consolidar el poder popular para derrotar el régimen neoliberal del capital nacional y transnacional que seguirá prolongándose si no nos sumamos de manera conjunta a la tarea de construir la realidad que queremos.

Creemos que es el momento de pensar y construir propuestas de país de avanzar y trabajar por la unidad popular estratégicamente y a largo plazo desde los movimientos sociales, gremiales, partidarios o del campo no gubernamental, la articulación por los intereses nacionales es más importante que cualquier otra iniciativa reivindicativa parcial. En este plan nos unimos, trabajamos y llamamos a todo y todas a la unidad estratégica del movimiento popular para consensuar agendas comunes e impulsar acciones conjuntas.

Organizaciones populares y de lucha territorial.

Honduras, 15 de agosto de 2019.