Carta de solidaridad para nuestros hermanos y hermanas de Guapinol

Nosotros y nosotras:

Habitantes de las comunidades de Pajuiles, organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en defensa de los bienes comunes y naturales a través de los campamentos Dignos por el Agua y por la vida, hacemos de su conocimiento a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

Que tenemos conocimiento de la injusticia que se ha cometido con los defensores del Agua y la vida de las comunidades de Guapinol y el sector San Pedro de Tocoa en el departamento de Colón, al someterlos a un juicio arbitrario por el único ¨delito¨ de defender los bienes comunes y naturales.

Que abrazamos y hacemos nuestra la lucha que valientemente están enfrentando.

A ustedes, a sus familiares y a todos sus compañeros y compañeras de lucha les enviamos nuestras muestras de solidaridad y les decimos que no están solos, que la lucha es justa y necesaria para que algún día las generaciones presentes y futuras tengan en Honduras un mejor lugar para vivir.

Que condenamos estas acciones de criminalización y penalización, impulsadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares  en complicidad con las autoridades hondureñas del Ministerio Publico, Instituto de Conservación Forestal y la Policía Nacional.

Repudiamos la actitud servil de las instituciones de nuestro país, pues creemos firmemente que DEFENDER EL AGUA, NO ES UN DELITO.

Por el derechos humano al agua

PAJUILES Y GUAPINOL RESISTEN.

¡Hasta la dignidad siempre!

Posicionamiento de organizaciones populares y de lucha territorial de Honduras.

Organizaciones de diferentes departamentos y municipios del país, en lucha contra el modelo económico extractivista neoliberal que arrasa con los territorios, ante la grave situación que vive el país, nos posicionamos de la siguiente manera:

Somos organizaciones que participamos de las acciones sociales que se hacen en las comunidades por la lucha territorial, comprometidas social y políticamente con los intereses nacionales, con los intereses del pueblo históricamente explotado y oprimido por la clase económicamente dominante, apostamos por una verdadera articulación de los movimientos sociales, gremiales, políticos afines con la justicia, la libertad y la soberanía nacional.

Rechazamos con todas nuestras fuerzas la imposición de un modelo económico destructivo basado en la privatización y la explotación de los bienes comunes y públicos del país, como la tierra, el agua, los minerales metálicos y no metálicos, las comunicaciones, la energía, el ambiente, la salud, la educación, la justicia, la seguridad, la cultura, nuestras vidas en general.

Declaramos que el régimen que dirige Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional es ilegal e ilegitimo por que ha violentado el mandato popular, por su reelección inicialmente, por el fraude posteriormente y por las constantes violaciones a la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, está denunciado por la MACCIH/UFECIC por el delito de corrupción y extracción de los bienes públicos de las instituciones del Estado sin precedentes en la última década, así como señalado por su vínculo con el narcotráfico, pero protegido por el Ministerio Público.

La dictadura ha sido impuesta y es útil a los intereses del gobierno de Estados Unidos. El régimen garantiza los intereses económicos y militares del imperio norteamericano en la región centroamericana y es la plataforma para un potencial control militar de los países de la región, así como para facilitar el papel de las transnacionales y empresas extractivas.

Es urgente articularnos no solo como un frente de oposición para sacar al dictador. También hay que hacerlo construyendo juntos y juntas un plan alternativo y una estrategia que nos permita luchar por el país que queremos; hay que articular, desarrollar y consolidar el poder popular para derrotar el régimen neoliberal del capital nacional y transnacional que seguirá prolongándose si no nos sumamos de manera conjunta a la tarea de construir la realidad que queremos.

Creemos que es el momento de pensar y construir propuestas de país de avanzar y trabajar por la unidad popular estratégicamente y a largo plazo desde los movimientos sociales, gremiales, partidarios o del campo no gubernamental, la articulación por los intereses nacionales es más importante que cualquier otra iniciativa reivindicativa parcial. En este plan nos unimos, trabajamos y llamamos a todo y todas a la unidad estratégica del movimiento popular para consensuar agendas comunes e impulsar acciones conjuntas.

Organizaciones populares y de lucha territorial.

Honduras, 15 de agosto de 2019.

Declaración de la XI Asamblea General 2019 del MADJ “Juan Samael y José Salomón, ¡Presentes!”

José Salomón Matute y Juan Samael Matute, dos indígenas asesinados por la defensa de su territorio, presentes en nuestras luchas.

Reunida en el Centro de Formación Finca Torogoses,  la militancia del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia representada a través de los núcleos comunitarios de Pajuiles, Planes de Arena Blanca, Toloa Adentro, Mezapa Batán, Metalias, El Socorro, Nueva Esperanza, Camagüey, Arizona, El Retiro, Mezapita, Azacualpa, Las Delicias y Coloradito, pertenecientes  al departamento de Atlántida, las Tribus del pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa, Luquigüe, Santa Martha, Mina Onda y El Palmar con sus diferentes aldeas del departamento de Yoro, así como de San Pedro Sula, Cortés y Copán, durante los días 05, 06 y 07 de julio del presente, ante la comunidad organizada y no organizada nacional e internacional declaramos y comunicamos que:

El mundo, y de nuestro interés particular Honduras, sufre hoy los efectos de un modelo desmesurado en crisis. El capitalismo y sus agentes (bancos, transnacionales, conglomerados mediáticos, instituciones internacionales y gobiernos a su servicio) buscan potenciar sus beneficios a costa de una política intervencionista y neocolonialista, a través de guerras, ocupaciones militares, tratados de libre comercio y otras modalidades que también se expresan en el modelo de concesionamiento y privatización de bienes y servicios públicos, de salarios, siendo su expresión más dramática la precarización acelerada de los derechos en general.

Las consecuencias son palpables, estamos ante un modelo económico y la aplicación de medidas que multiplican el desempleo, explotación desmesurada y de manera incompatible con la vida los recursos naturales que, reprime, persigue, criminaliza y asesina con el afán de lograr un control absoluto de los territorios.

Ante ese escenario adverso, desde el MADJ nos revitaliza y llena de fuerza el encontrarnos, pensarnos y comprometernos para refundar a Honduras y por liberarla del yugo de la opresión, la corrupción, la impunidad y la violencia que la ha asediado históricamente. Para ello, hoy más que nunca, Juan Samael y José Salomón Matute quienes representan esta resistencia permanente, autentica, coherente nos guían, y en esta XI Asamblea nos condujeron con su nombre, su aporte, su fuerza, su compromiso y su legado que es nuestra responsabilidad mantenerlos vivos.

Así, reunidas/os en asamblea permanente desde el MADJ, luchamos contra las causas de las crisis sistémica que se expresa en lo económico, financiero, político, alimenticio, social, ambiental y cultural, asumimos hasta las últimas consecuencias nuestro compromiso político por una Honduras que ha decidido dar la avanzada; de la resistencia a la soberanía con dignidad.

Para ello y coherentemente con nuestra determinación por los procesos colectivos, la participación activa de las y los asambleístas de las comunidades de base en general, que brinda vida orgánica a nuestra organización y fortalece sus estructuras, sus criterios y perspectivas, durante estos días de trabajo ha  reafirmado su razón de ser, llegando a acuerdos políticos y organizativos, a través de la discusión, el debate y de pensarnos desde la comunidad, desde los Campamento Dignos, desde las resistencias y desde el país.

Ante los hechos recientes y en curso en Honduras, desde nuestra base comunitaria sostenemos que la dignidad del pueblo hondureño ha estado a la altura para confrontar al régimen dictatorial del Partido Nacional, quien ha transgredido el estado de bienestar y el estado de derecho, entregando el territorio nacional, agrediendo el derecho y autodeterminación de los pueblos.

Por esa razón, no solo asumimos el grito colectivo FUERA JOH, sino que también hemos acordado acuerpar la movilización popular a nivel nacional cuyo motor sea la soberanía y la dignidad del pueblo hondureño. Apostándole además a su fortalecimiento desde el pensamiento y la acción colectiva con el propósito de la dignificación de nuestra patria.

Y sobre todo, asumiéndolo desde nuestra apuesta política y mandato comunitario de pasar de, ¡la resistencia a la soberanía con dignidad!

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

ATAQUES CONTRA FAMILIAS LENCAS SON SISTEMATICOS Y AMPARADOS POR LA IMPUNIDAD QUE PERMITE LA INSTITUCIONALIDAD HONDUREÑA

Compañeros y compañeras del pueblo Lenca observan como quedaron sus cultivos.

Nuevamente es destruida la cosecha de los y las compañeras indígenas Lencas de Río Blanco, familias enteras han quedado sin el sustento diario después que personas afines a la empresa Desarrollos Energéticos S.A, DESA, les destruyeran sus cultivos, todos estos ataques son sistemáticos y a la sombra de la impunidad que permite la institucionalidad hondureña para favorecer a quienes son allegados a la empresa DESA que desde hace siete años viene violentando los derechos de la población indígena que defiende su rio, su territorio y sus costumbres, a continuación un recuento de hechos en los últimos siete años.

Desde al menos 2012 la familia Madrid ha amenazado y perseguido impunemente a los líderes indígenas del COPINH que resisten a la instalación inconsulta del Proyecto Hidroeléctrico «Agua Zarca» (PHAZ) sobre el río Gualcarque, este proyecto es promovido por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) propiedad de la familia Atala-Zablah. En 2016, después del asesinato de Berta Cáceres, fueron recuperados por el pueblo Lenca de Río Blanco los territorios ancestrales de La Vega del Achotal y El Culatón, terrenos ubicados a la orilla del río Gualcarque, los cuales habían sido usurpados por la empresa DESA para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.

Entre 2016 y 2017 los integrantes de la familia Madrid en varias ocasiones entraron armados con rifles y pistolas a los terrenos indígenas recuperados, asimismo, ingresaron ganado que destruyó al menos 20 manzanas de maíz y frijol cultivado en la vega del Achotal. El 09 de abril de 2017 Leonel Madrid incendió 5 manzanas de maíz y 15 manzanas de bosque de pino y roble; este mismo señor en mayo de 2016 ya había incendiado 4 manzanas de café de una familia indígena en Río Blanco.

El 27 de abril de 2017, en idénticas condiciones, se provocó un incendio en la vega del Achiotal, en esa ocasión se destruyeron completamente 8 tareas de maíz y 3 manzanas sin cultivar, esto ocurrió después de múltiples a amenazas a muerte con arma de fuego. Todos estos hechos fueron debidamente denunciados sin que hasta la fecha se haya investigado y sancionado a los responsables.

Bajo este ambiente de absoluta impunidad, ayer nuevamente han sido destruidas con machete 15 manzanas de cultivos de maíz sembradas en la vega El Achotal, al menos 25 familias indígenas han perdido toda su producción; exigimos se investiguen estos hechos y se haga justicia para estas familias indígenas. Además, hacemos un llamado a solidarizarnos con estas 25 familias indígenas y hacer sus aportes a los centros de acopio siguientes: oficinas del ERIC-SJ en El Progreso, Yoro; Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en San Pedro Sula; y, Catrachas y Centro de Derechos de la Mujer (CDM) en Tegucigalpa, o en la cuenta de Banco de Occidente 21 301 029 1959 donde se reciben donaciones en lempiras para la compra de alimentos para la comunidad de Río Blanco.

Asi quedaron las 15 manzanas de cultivos de maíz que fueron destruidos por personas afines a la empresa DESA

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, condenamos estos ataques y nos solidarizamos con el pueblo Lenca.

Libertad inmediata para la y los presos políticos de Guapinol

Compañeros y compañeras de Guapinol durante la audiencia inicial en Tegucigalpa, Honduras.
Foto: Redes sociales.

El Estado de Honduras criminaliza las legítimas luchas de las comunidades en defensa del agua para la vida, por lo que desde el Movimiento Amplio condenamos la injusta y criminal privación de libertad de once defensores y una defensora de los derechos humanos del sector de Guapinol, Tocoa, por mandato expreso de los operadores de justicia del Ministerio Público y juzgados involucrados en la criminalización de los líderes del Aguán. Desenmascaramos la actitud cómplice de los operadores de justicia por la cual caen de rodillas ante los empresarios saqueadores de los bienes naturales de los pueblos y sólo se ponen de pie para denegar justicia al pueblo, torcerla a favor de la oligarquía extractivista y castigar a los humildes que se atreven a defender la vida.

Como si no fuera más que suficiente el asesinato de alrededor de dos centenas de campesinos en la zona del Aguán a los cuales el Estado de Honduras no ha hecho justicia, la crisis causada por la devastación que está provocando la empresa minera Los Pinares en los sectores de Guapinol y Ceibita ya ha producido 3 asesinatos, 20 personas desplazadas (algunas con sus familias) y 18 líderes y lideresas criminalizadas. Se acusa de asociación ilegal a quienes se organizan para defender junto con sus comunidades el derecho humano de acceso al agua, decretado por la ONU mediante Resolución 64/292, el 28 de julio de 2010.

Resulta inadmisible que los operadores de justicia criminalicen de una sola vez a los líderes y lideresas de las comunidades del sector de Guapinol en vez de solventar la presente crisis, que ya la Ley General de Aguas asume como situación normal -a la cual hay que adelantarse-que de suyo se presenta en torno a la gestión de los recursos hídricos. El segundo considerando de la Ley General de Aguas reconoce que “la gestión del agua tiene una profunda influencia en la gobernabilidad y convivencia humana” y, además, “puede estar asociada a crisis internas”, que los funcionarios deben saber manejar, en todo caso gestionar la resolución de conflictos hídricos, aplicando el principio de subsidiariedad.

La decisión de enjuiciar a las líderes y lideresas de las comunidades de Guapinol por supuestos delitos de asociación ilícita resulta tan descabellada como injusta. Organizarse para la gestión hídrica de las comunidades no es ni nunca será un delito sino un derecho inalienable que se debe defender aun con la vida misma si es necesario. La ya citada Ley General de Aguas convoca a los ciudadanos y ciudadanas a organizarse para la gestión de los recursos hídricos, reconociendo en este recurso natural un bien social cuya prioridad esencial consiste en la satisfacción del consumo humano y su saneamiento; los demás usos vendrán por añadidura si los caudales lo permiten. El Artículo 3 considera como principios fundamentales de la gestión hídrica: 1) la protección y conservación del agua como acción prioritaria del Estado, pero como el Estado no lo hace, entonces lo tiene que hacer el pueblo de Tocoa; 2) “El consumo humano tiene relación preferencial y privilegiada sobre los demás usos, que es justamente lo que reclaman nuestros compañeros y compañera de Guapinol ahora criminalizados; 3) el agua es un recursos social y su acceso debe ser equitativo, por lo que no es posible que el Estado inclusive se haya prestado para reducir la zona Núcleo del Área Protegida con tal de satisfacer los intereses de las empresa minera Los Pinares y ahora permite la contaminación de las aguas corrientes de la zona; 4) la participación ciudadana debe hacerse efectiva en todas las etapas o momentos de la gestión hídrica, pero mientras la ley llama a la organización para la participación ciudadana los operadores de justicia más bien califican de asociación ilícita la organización de las comunidades que defienden sus bienes hídricos; y 5) ”La gestión integral del recurso agua se hará con la participación y responsabilidad de todas las instancias”, sin embargo, las autoridades municipales y gubernamentales quieren decidir el destino de las aguas de Tocoa al tenor de las demandas de las empresas saqueadoras de bienes naturales, sin contar con las comunidades y sus organizaciones locales. Le recordamos al Estado de Honduras que si las autoridades están actuando en sentido contrario a lo que manifiestan las leyes, entonces nuestros compañeros y compañera de Guapinol son objeto de denegación de justicia.

¿Basta ya!

¡Alto a la impunidad de los operadores de justicia y los cuerpos represivos del Estado!, que han olvidado que por sobre la obediencia absoluta de quienes puedan sentirse subalternos por diferentes intereses está el deber de cumplir las leyes que emanan de la Constitución de la república.

El Movimiento Amplio exige al Estado hondureño cumplir con la responsabilidad de prevenir las violaciones a los derechos humanos y le recuerda que el Derecho Internacional afirma que “El acceso a agua potable es una condición previa fundamental para el goce de varios otros derechos humanos” (OACNUDH, 2011).

Luchadora social de Guapinol, Honduras, criminalizada por defender el agua de su comunidad. Foto: Redes sociales

Desde el Movimiento Amplio demandamos al Estado de Honduras el cumplimiento del Principio de No Discriminación al derecho al Agua. Le corresponde al Estado aplicar este principio y hacerlo realidad en las comunidades de Guapinol, a quienes se les niega de forma permanente el derecho a decidir colectivamente sobre la gestión de sus bienes hídricos por la única razón de ser pobres y carecer del poder económico que ostenta la empresa Los Pinares, violentando el Artículo 2, párrafo segundo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Estado tiene el deber de proteger a las personas y comunidades sometidas a vulneraciones provenientes de la empresa Los Pinares y, en vez de estar criminalizando a quienes defienden la vida, debe establecer las medidas y políticas pertinentes de prevención y protección para que la empresa minera no violente los derechos humanos de los particulares.

Le advertimos a los operadores de justicia que ahora criminalizan los líderes y lideresas de Guapinol que si el Estado no observa cabalmente sus procederes legales en materia de derechos humanos, medio ambiente y gestión hídrica, le será atribuible la responsabilidad internacional por dichas violaciones, para lo cual remitimos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Sentencia de 01 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, Párrafo 170.

Demandamos también la correcta aplicación del Principio de Precautoriedad Ambiental. Es urgente que el Estado de Honduras corrija su miopía política que sólo le permite juzgar la realidad desde los intereses de los accionistas de la empresa Los Pinares y comience a interpretar las correctas y justas acciones de los líderes criminalizados de Guapinol desde el universal Principio de Precautoriedad Ambiental, consagrado como principio de derecho internacional en el artículo 15 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente, de 1992, de la cual Honduras es parte: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución (…). Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

Y le recordamos a los operadores de justicia que han criminalizado injustamente y sin ninguna razón a los compañeros de Guapinol que el Principio de Precautoriedad Ambiental ya fue incorporado al derecho positivo de Honduras, estableciendo el Artículo 3 de la Ley del Reglamento del SINEIA que, ante la existencia de amenaza de un daño al medio ambiente o a la salud humana, se tomen medidas preventivas antes de continuar con la actividad sospechosa, aun en ausencia de certeza científica. Es decir, se debe detener la actividad que produce el potencial daño al medio ambiente o a las vidas humanas hasta que se recobre la certeza científica de la ausencia de riesgo y se tomen las medidas preventivas pertinentes.

 Las comunidades del sector de Guapinol han alertado insistentemente sobre los cuadros de daños ambientales y humanos provocados por la explotación minera y se han hecho proyecciones muy bien fundadas sobre la magnitud de los peligros potenciales de continuar con la explotación minera, sobre todo en la devastación de los bienes hídricos del municipio de Tocoa. Pero el Estado de Honduras ha permanecido sordo a las denuncias y clamores de los pueblos de Tocoa, violentando de esta manera la aplicación correcta de las leyes ambientales. No es justo, pues, que se castigue con prisión a quienes defienden la vida.

Es importante que el Ministerio Público realice investigaciones diligentes y apegadas a la verdad y a la justicia antes de ponerse a criminalizar a las personas pobres de las comunidades que defienden los bienes naturales del sector de Guapinol. No hacerlo en escenarios como el creado por la concesión minera otorgada a la empresa Los Pinares, no solamente los responsables del delito no responden por sus actos, sino que también se envía un mensaje de impunidad al resto de los empresarios oligarcas y transnacionales extractivas. El Estado de Honduras debe demostrar que defiende justamente a la población hondureña y limpiar su imagen, expuesta hasta ahora como un socio más de las empresas violadoras de los derechos humanos, permitiendo su impunidad. 

Desde el Movimiento Amplio llamamos a todas las comunidades de Honduras y de manera especial a los más de 25 sectores y comunidades que a nivel nacional estamos en actitud de resistencia social defendiendo la soberanía ambiental de nuestros pueblos a declararnos en Alerta Permanente y Solidaria dando seguimiento a los acontecimientos que se suceden con los compañeros y compañeras de Guapinol. No podemos permitir que en una actitud descarada y en flagrante violación a los derechos de las personas y los pueblos emerja desde el funcionariado cortesano de la narcodictadura la prohibición y el castigo consecuente a quienes se atrevan a defender la vida con todas sus implicaciones. En Guapinol se juega la libertad y la vida del pueblo hondureño. Solidaridad permanente con Guapinol.

¡De las resistencias comunitarias a la reconstrucción de la soberanía nacional!

Desde las comunidades en resistencia,

26 de febrero de 2019.

MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA

El COHEP oculta la verdadera realidad sobre las minas y la energía en Honduras

¿No lo sabe el COHEP?

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP, emitió una nota de prensa con fecha 30 de enero, manifestando su “preocupación por el accionar de grupos irregulares, que actuando con toda impunidad, están afectando proyectos de inversión en minería y energía, por más de $ 2,800 millones, dejando sin trabajo a 7,258 empleos directos y 26,250 empleos indirectos”.

De “grupos irregulares” tacha el COHEP a las comunidades que se organizan en legal, legítima y debida resistencia comunitaria con el objetivo de defender sus bienes naturales y ejercer el derecho constitucional a una vida con dignidad y bienestar; deberes y derechos conculcados como norma de acción general en todo lugar donde el gobierno ha aprobado concesiones mineras y de energía.

Desde el Movimiento Amplio lamentamos la extrema miopía con la que el COHEP aborda esta problemática de carácter nacional que ha sido implementada por una casta de empresarios y funcionarios que han incurrido en el manejo ilegal, abusivo, corrupto y criminal de los bienes naturales propios de la colectividad hondureña.

El número de concesiones hidroeléctricas aprobadas actualmente suponen la producción de más de 6 mil MW, lo cual contrasta con el hecho que la estructura que administra la energía en Honduras es incapaz de soportar una carga contractual de esa magnitud. La necesidad de energía en el presente de Honduras no supera los 4 mil Mw. ¿No lo sabe el COHEP?

La mayoría de estas concesiones se han otorgado justamente en los períodos en que termina un gobierno e inicia uno nuevo. Esto nos permite inferir que la multiplicación abusiva de concesiones hidroeléctricas no responde a la satisfacción de necesidades concretas del parque energético nacional técnicamente establecido, sino más bien consiste en la devolución de favores en el marco de un clientelismo político que premia a las y los financiadores de determinados dirigentes políticos. ¿No lo sabe el COHEP?

El costo de producción de cada kilovatio/hora ronda los dos centavos de dólar; mientras tanto, el Estado paga a los empresarios de la energía la elevada suma de 18 centavos de dólar por cada kilovatio/hora, aun (y) cuando no los produzcan (basta con que la cantidad a producir quede establecida en cada convenio). Es así que los convenios de compra de energía firmados entre el Estado y los empresarios de la energía suponen un verdadero asalto a la economía nacional y a los bolsillos mermados de cada ciudadano y ciudadana que hace uso de la energía eléctrica. ¿No lo sabe el COHEP?

Las empresas generadoras de energías renovables se hacen de un enorme botín que bien pudieran compartir decentemente con los pueblos que por tiempos inmemoriales han convivido y conservado las fuentes hídricas utilizadas por los hidroempresarios; pero no lo hacen y, si acaso, dejan caer migajas que en nada benefician a las comunidades. GENERA, una hidroeléctrica en el municipio de La Másica en el departamento de Atlántida es un ejemplo patético de lo que señalamos: En 3 años de producción de energía eléctrica en el municipio de La Masica se han hecho con unas utilidades que superan los 400 millones de Lempiras; pero la municipalidad sólo registra el ingreso de casi un millón de Lempiras en tres años en concepto de impuestos; es decir, el 2.5 % de las utilidades netas. En conclusión, el pueblo no resulta beneficiado con la producción de ¨energía limpia¨ o apenas recibe migajas ultrajantes. ¿No lo sabe el COHEP?

Y esta generación de ¨energía limpia¨ basada en la entrega del territorio y la soberanía nacional al mejor postor y la imposición violenta de estos proyectos, contrasta con la realidad actual que enfrenta el pueblo hondureño y la misma clase empresarial que pagamos uno de los precios mas altos por la energía en centroamérica, racionamientos constantes y la campeante e impune corrupción de los saqueadores del erario público. ¿No lo sabe el COHEP?

Con las concesiones mineras sucede lo mismo. Las comunidades y sus entornos son destruidos y contaminados. El valle de Siria quedó con un nivel freático más profundo, prácticamente inalcanzable con las tecnologías artesanales de extracción de agua, debido al bombeo criminal de las aguas subterráneas. ¿No lo sabe el COHEP?

En Azacualpa, Copán, las presas de aguas residuales de la mina de San Andrés sufren “accidentes” cada cierto tiempo, por lo que terminan contaminando las aguas del río Higuito, que es la principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Santa Rosa de Copán. La dureza química superior a los 4 puntos que presentan estas aguas debido a la presencia de metales pesados convierten las mismas en no aptas para consumo humano, pero la población copaneca esta obligada a consumirlas al no disponer de otras opciones. ¿No lo sabe el COHEP?

En la concesión minera El Venado, entre Colón y Olancho, la empresa minera abandonó el yacimiento debiéndole a sus trabajadores los últimos meses de trabajo; se fue sin cancelar deudas por transporte de materiales a los dueños de volquetas y otras maquinarias contratadas por la empresa y la zona quedó contaminada. ¿No lo sabe el COHEP?

En la concesión minera Buena Vista I, del empresario Lenir Pérez, en el municipio de Tela, la empresa se jactaba de hacer Responsabilidad Social Empresarial comprometiéndose a donar a las comunidades vecinas las ramas de los árboles talados, no los troncos, para colaborarles en la cocción de sus alimentos. ¿Sabe algo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) la oligarquía organizada y defendida por el COHEP?

Si el COHEP avala esta casta de empresarios que despojan las comunidades de sus bienes naturales, que sobreponen sus intereses lucrativos por encima del derecho a la vida en paz y con dignidad de las personas y los pueblos, que confunden RSE con la dotación de migajas a las comunidades que son verdaderas dueñas de sus territorios; si el COHEP calla cuando son asesinadas las dirigencias de las comunidades que se ven profundamente afectadas por las concesiones mineras y de energía; entonces el COHEP se convierte en una organización promotora y co-responsable de los actos delictivos en que han incurrido sus defendidos. Frente al poder de tales empresarios el pueblo contrapone la voz de Berta Cáceres, asesinada por defender los ríos Lencas, de Enriqueta Matute y compañeros indígenas, asesinados por oponerse a la extracción ilegal de Antimonio en el pueblo Tolupán.

Al COHEP no le interesa el pueblo, su preocupación es el dinero; y está dispuesto a satisfacer la avaricia de sus protegidos aun a costa del derramamiento de sangre de los pobres. Desconoce el COHEP que el pueblo se organiza, no en “grupos irregulares”, sino constituyendo auténticas organizaciones que dan vida al floreciente movimiento social popular hondureño.

¡Cuánto bien le haría al COHEP conocer y aplicar Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos aprobados por el sistema de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar! El COHEP debe saberlo.

San Pedro Sula, Honduras. 5 de febrero de 2019.

ACUERDO DE DUELO

A las comunidades organizadas y en lucha permanente, a la familia Matute y al pueblo Tolupán en general:

Compañeros y compañeras:

Desde el resto de comunidades organizadas, la Conducción Política Nacional, Coordinación Nacional y equipo de trabajo operativo, ante la triste noticia del asesinato de nuestros compañeros y hermanos indígenas José Salomón Matute y Juan Samael Matute Ávila, militantes históricos y activos de nuestra organización, referentes de la digna resistencia en territorio tolupán, específicamente en la tribu San Francisco Locomapa del pueblo Tolupán en Yoro, Honduras, queremos expresarles:

  1. Que escribimos con dolor estas líneas y repudiamos el vil asesinato de nuestros compañeros quienes en vida desempeñaron un papel fundamental en la defensa de los bienes comunes naturales  y derechos de su tribu.
  2. Reconocemos el valor y la dignidad que nuestros compañeros mantuvieron en vida, quienes a pesar de las amenazas,  hostigamiento y el riesgo que corrían sus vidas, siempre estuvieron en primera fila cuando se trató de luchar por la liberación y respeto a su pueblo.
  3. Nuestros queridos compañeros han partido y tras ellos, dejan una estela de trabajo, dignidad y entrega a las luchas sociales que deben ser nuestra bandera para continuar en lucha permanente.
  4. Reafirmamos que reencarnamos la lucha que en vida, nuestros compañeros asumieron y declaramos públicamente nuestro compromiso incansable por buscar castigo y justicia para los criminales que perpetraron este repudiable crimen.

Ante este dolor actual y de forma permanente, somos también tolupanes todas las que integramos esta organización, porque nuestra decisión política más importante es la unidad y la solidaridad. Extendemos nuestro más sentido pésame a los familiares de nuestros compañeros, especialmente a Ramón Matute, pilar fundamental del MADJ y de la lucha tolupana, sentimos el dolor por la pérdida irreparable, por las vidas valientes y entregadas a sus ideas que han sido arrebatadas por la violencia y el odio. Así mismo,  exhortamos a convertir el dolor en fuerza, la rabia en dignidad y la resignación en motivación para seguir luchando, con el compromiso y la seguridad de que los ideales de nuestros compañeros nunca morirán. Porque los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, y su legado permanecerá vivo a través de cada una de nosotras.

San Pedro Sula 25 de Febrero de 2019.