La pandemia de la impunidad para la corrupción en el covid-19

Hoy se cumplen 145 días de haberse descubierto y denunciado el primer acto de corrupción en Honduras en el marco de la gestión estatal de la emergencia por covid-19, hecho determinante para que la población hondureña esté atenta del destino de los fondos aprobados y manejados a sus anchas por los funcionarios públicos en colusión con ONG´S afines al gobierno.

El primer acto de corrupción denunciado fue la compra sobrevalorada de percoladoras y televisores por parte de COPECO, dirigido y coordinado en ese momento por el señor Gabriel Rubí quien posteriormente fue removido del cargo y contra quien la justicia hondureña ha decidido no actuar hasta el día de hoy.

Pero este fue solo el primer peldaño del largo camino de corrupción que ha marcado la gestión estatal hasta este momento.  Posteriormente ocurrió el supuesto pago y compra de los hospitales móviles adquiridos por Invest-H a través de la gestión del abogado Marco Bográn quien en una reunión sostenida con los diputados y diputadas del Congreso Nacional reconoció haber actuado y accionado sin la autorización del Consejo Directivo de la institución y haber pagado de “buena fe” la totalidad del costo de los insumos que hasta la fecha no han sido entregados a la población a pesar que supuestamente se pagaron desde el mes de marzo cuando recién se había descubierto el primer contagio de covid-19.

Ante estas y otras irregularidades, el Ministerio Publico anunció la apertura de 16 líneas de investigación. “La Fetccop junto con la Agencia Técnica de Investigación (ATIC), están trabajando para dar respuesta a la sociedad, lo que pasa es que cuesta un poco armar un expediente para requerimiento fiscal con suficientes elementos de prueba y así no lo batean en los juzgados”, dijo Héctor Morales, titular de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Publica en Honduras en una intervención ante medios de comunicación que consultaron sobre el avance en estos procesos.

Mientras tanto en el Ministerio Público la narrativa y las acciones para dar respuesta a la población, no cambia. “Los fiscales anticorrupción seguirán el curso de las investigaciones de manera objetiva y apegados al debido proceso, procurando en todo momento encontrar la verdad de los hechos y dar una respuesta clara a la ciudadanía que demanda acciones precisas para desvirtuar o no la supuesta corrupción en el manejo de fondos durante la crisis por el Covid-19”.

La primera denuncia por irregularidades en las compras durante la pandemia se dio el 11 de abril de 2020 y fue por la compra de percoladoras y televisores adquiridos a través de COPECO, también existe una línea de investigación abierta por la compra de mascarillas, mal manejo de donaciones, instalación y abandono de una carpa que costó casi seis millones de lempiras en Villanueva Cortés y el vencimiento de 250 mil pruebas para el covid19. A pesar de que han transcurrido casi 5 meses del inicio de la serie de actos de corrupción, a la fecha ninguno de estos casos ha sido judicializado.

Código penal contiene disposiciones permisivas para diversos delitos.

Las organizaciones sociales aglutinadas en la Coalición Contra la Impunidad (CCI) han enviado una carta solicitando a la presidencia del Congreso Nacional de la República la ampliación de vacatio Legis al menos un año más la para la entrada en vigencia del nuevo código penal prevista para el 10 de mayo de este año.

En la comunicación girada al doctor Mauricio Oliva las organizaciones exponen algunas de las razonas por las que no es el momento para que el nuevo código entre en vigencia debido a que estamos “en un momento en que todas las acciones estatales tienen o tendrían que estar enfocadas en combatir la pandemia del COVID19”. También han señalado la deficiente socialización que esta normativa ha tenido hacia la ciudadanía y los operadores de justicia.

Este nuevo código penal ha recibido fuertes críticas por parte de diferentes sectores de la sociedad sobre todo por la reducción de penas en diferentes delitos que involucran a grupos vulnerables y a funcionarios públicos y esto ha sido uno de los puntos que se le ha hecho saber al presidente del poder legislativo en el escrito presentado por la Coalición Contra la Impunidad. “Contiene disposiciones permisivas con los actos de corrupción, el narcotráfico y la violencia sexual contra las mujeres y niñas”.

Otro de los puntos señalados por la CCI, es que “limita algunos derechos y libertades fundamentales en una sociedad democrática”. Además, refieren que la entrada en vigencia en este momento pondría en mayor riesgo a la ciudadanía debido a que están suspendidas las garantías constitucionales y esto “revestiría de mayor arbitrariedad” la actuación de las autoridades contra la población.

A las organizaciones de la CCI les preocupa que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal vulnere los derechos de las comunidades o personas que han empezado a reclamar ante la falta de alimentos y medicamentos en sus comunidades y que con la nueva ley se penalicen las acciones de protesta social ante el incumplimiento de las instituciones del Estado.  

La Coalición Contra la Impunidad es un espacio de articulación nacional que aglutina al menos 52 organizaciones de la sociedad civil hondureña y trabaja desde su fundación por el respeto a los derechos humanos.

Justicia hondureña absuelve a autor material de triple crimen tolupán

El 3 de marzo de 2020, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Yoro, en el departamento de Yoro, dictó fallo absolutorio en favor de Selin Eleazar Fúnez, señalado como autor material del triple asesinato en contra de los indígenas tolupanes María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina. Hechos ocurridos el 25 de agosto de 2013 en San Francisco Campo, perteneciente a San Francisco Locomapa, Yoro.

El Tribunal absolvió de toda responsabilidad penal al imputado también conocido como Selvin Matute por los habitantes de San Francisco Campo. Manifestó tener duda razonable de la participación del señor Selin Eleazar Fúnez, a pesar de que los testigos protegidos lo reconocieron completamente como partícipe y coautor del hecho junto a Carlos Luque Varela, quien fue condenado en un proceso abreviado en el 12 de febrero de 2018 luego de aceptar su responsabilidad en los tres crímenes y de haber mencionado en reiteradas ocasiones en sus declaraciones que realizó los hechos junto a Selin Fúnez.

En el desarrollo del proceso distintos documentos aportados como prueba fueron contundentes en señalar la participación del imputado y de establecer la relación que existe entre su nombre y el seudónimo “Selvin Matute” asegurando que se trataba de la misma persona.  A pesar de todo lo dilucidado en el juicio el tribunal decidió absolverlo y dejar en impunidad los crímenes sufridos por los 3 tolupanes integrantes del MADJ y sus familiares.

De acuerdo a Ariel Madrid, quien junto a la abogada Heidy Alachán fungieron como equipo de acusación privada en el juicio, y quienes forman parte del equipo legal del MADJ, el proceso continúa abierto debido a que interpondrán recurso de casación ya que en el juicio se logró comprobar mediante pruebas testificales y científicas que el acusado participó junto a otra persona en el crimen.

“Nosotros consideramos que ha habido un mal criterio, una mala aplicación del juzgado al valorar los medios de prueba y al arribar a esta conclusión, porque no corresponde con lo evacuado y con lo probado en el proceso judicial, con lo cual se estableció plenamente con prueba testifical, con prueba científica pericial que ocurrieron las muertes de los ciudadanos indígenas y que indiscutiblemente quienes participaron en la ejecución del asesinato de estos tres líderes tolupanes fue Selin Eleazar Fúnez Bonilla y una segunda persona de nombre Carlos Luque Varela”. Manifestó el abogado Madrid.

Por su parte, la abogada Alachán manifiesta que “es indispensable evaluar este fallo en el marco del papel que el sistema de justicia tiene en el contexto de violencia sistemática en contra de los pueblos indígenas y del modelo de saqueo en general en el país en el cual se inscriben estos crímenes. Ya que como se estableció en el juicio, estos crímenes responden a un problema estructural provocado por el modelo extractivo y su avance significativo como parte del modelo económico mismo del país y la violencia extrema que impacta el tejido comunitario de los pueblos y comunidades derivado de la intromisión de empresas y empresarios en sus formas de vida pacífica. Por supuesto, es imposible dejar de ver el papel que el racismo juega en la concepción de justicia occidental y discriminatoria desde la cual está configurado el poder judicial hondureño.”

La abogada Alachán también afirmó que este fallo es alarmante ya que se trata del primer juicio por 3 de los 10 asesinatos de indígenas tolupanes, integrantes del MADJ, líderes sociales de sus tribus que han ocurrido en el pueblo tolupán a partir del 2013 y por estos asesinatos, la CIDH otorgó medidas cautelares integrantes del MADJ del pueblo tolupán.

Esta cifra altamente preocupante que inició con el triple asesinato del cual participó Selin Eleazar quien ahora ha sido absuelto por la justicia hondureña. Alachán afirma que es grave el mensaje de impunidad garantizada que este precedente establece para el juzgamiento de los otros 7 crímenes y de los ataques y crímenes en contra de liderazgos sociales en el país en el general.

En Honduras es difícil encontrar justicia para los pueblos originarios desde la óptica de quienes luchan en favor de los pueblos indígenas. “Entendemos que ejercer el litigio en procesos de este tipo implican poner en la discusión obligada a tribunal y las demás partes de los derechos de pueblos indígenas, insistir en que implican derecho a la verdad. Que implica incluso defenderlo ante tribunales, juzgados y operadores de justicia, que tienen una tendencia a la discriminación, al racismo, que todavía tiene vestigios de los que fue en la norma un proceso penal inquisitivo y que materialmente se manifiesta en este tipo de casos, en la negación de justicia y verdad para todo un pueblo Tolupán, para toda una etnia, y finalmente para la sociedad hondureña en general, que lamenta una resolución de este tipo, que es en sí mismo la denegación de justicia y que se da incluso en el marco de los cuatro años del vil asesinato de la compañera Berta Cáceres”.

La lectura de sentencia está programada para el próximo 10 de marzo a las 3:00PM en los juzgados de Yoro. Desde el MADJ hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales, a la población hondureña en general a estar expectante, solidaria y vigilante del acontecer en el pueblo tolupán, para recordarle a la justicia hondureña, a las empresas madereras, mineras y demás formas de saqueo que sufre la población tolupana que sin importar el comportamiento cómplice e injusto de la institucionalidad, somos muchos y muchas los que seguiremos exigiendo y trabajando por justicia y dignidad para el pueblo tolupán.