11 personas han sido asesinadas desde 2013 y la intimidación y amenazas de muerte, son parte de las repercusiones que siguen sufriendo los y las defensores de los recursos naturales en Honduras, reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
18 de enero de 2024.- Ante la situación de alto riesgo y violencia perpetuada por actores empresariales y estatales en contra de la tribu Tolupán San Francisco Locomapa, Yoro – Honduras, en particular las personas defensoras de la tierra, los bienes naturales y territoriales, aglutinados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió ampliar las medidas cautelares de protección, que había otorgado desde 2013, para salvaguardar la vida e integridad de 61 personas más.
En su resolución, la Comisión Interamericana verificó que, como represalia a su labor de defensa del territorio ante la instalación de proyectos extractivos, la tribu Tolupán enfrenta actos de violentos que van desde el asesinato, la intimidación, la quema de casas y cultivos, el desplazamiento forzado, y amenazas de muerte. Desde el año 2013, 11 personas integrantes del Pueblo Tolupán y del MADJ han sido asesinadas. Los casos más recientes son los de Amílcar Vieda y Naún Chacón, ambos defensores de derechos humanos pertenecientes a la Tribu San Francisco de Locomapa. Asimismo, las mujeres y niñas enfrentan violencia por razón de género, entre ellas, acoso y amenazas de violación.
La Comisión también indicó que la situación de riesgo se ha recrudecido desde el año 2021 frente al incremento de las actividades de explotación maderera en la zona y sostuvo que “existen cuestionamientos en torno a la legalidad de los permisos de explotación de los recursos naturales que habrían sido otorgados en el territorio de la Tribu San Francisco Locomapa”. Al respecto, la Comisión recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en otras sentencias para indicar la necesidad de evaluar si es preciso modificar los derechos de los concesionarios para preservar la supervivencia de los pueblos y llamó a continuar el diálogo al respecto en la Mesa Interinstitucional, que integra representantes de las diferentes instituciones del Estado vinculadas a la problemática, como a líderes del pueblo indígena, la cual fue instalada desde 2018 para abordar la situación de la tribu.
No obstante, la Comisión también reconoció que los acuerdos alcanzados en la Mesa Interinstitucional hasta el día de hoy no han sido cumplidos y que, por su parte, el Mecanismo Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos presenta importantes retrasos y a la fecha no ha tomado las medidas adecuadas para la protección de las personas beneficiarias.
Ante este panorama, la CIDH amplió las medidas de protección a favor de 61 personas del pueblo Tolupán y que son integrantes del MADJ. Asimismo, ordenó continuar con la implementación de las medidas ya otorgadas y requirió que estas incorporen el enfoque étnico y de género, según sea necesario. La Comisión, en su escrito, también manifiesta su disposición para realizar una visita in situ a la zona para recabar información y reunirse con las personas beneficiarias y autoridades vinculadas con la implementación de las medidas. Desde el mismo pueblo Tolupán, el MADJ y de CEJIL, instamos a los actores gubernamentales obligados de la implementación de las medidas cautelares otorgadas a las personas defensoras de la tierra y bienes naturales comunes de la tribu San Francisco de Locomapa, para que, basados en los principios pro persona, de eficacia e idoneidad, garanticen integral y eficazmente la seguridad y vida de las mismas.