Editorial: En defensa de Bolivia, en defensa de nuestra América

EDITORIAL: EN DEFENSA DE BOLIVIA, EN DEFENSA DE NUESTRA AMÉRICA

“Evo, que la sangre negra originaria riegue la victoria. Que ya sabes de sobra que nadie te mata porque ya diste la vida. Que les hablaste por primera vez a los ojos de los pobres, de los campesinos, de los indígenas y que eso es imperdonable para quienes quieren seguir teniendo indiecitos regando el jardín. Que el empoderamiento ya se hizo carne, hueso, humanidad, movimiento, marcha indeclinable, humildad organizada, mujeres fuertes, niños fuertes, hombres fuertes. Que acá no te rendiste un carajo. Porque los ríos cantan, porque la tierra tiembla. Y porque los invisibles dijeron por primera vez en su larga y pobre vida: estamos, somos y tenemos el derecho de vivir en paz.”

Revista Sudestada

“La biblia volverá al palacio de gobierno, nunca más volverá la pachamama”. Fue la premisa con la que el golpista Luis Fernando Camacho se dirigió al pueblo Boliviano cuya población indígena supera el 60%. El fundamentalismo religioso de Camacho y Mesa es profundamente fóbico y de odio ante la administración y el poder indígena.  

Las indígenas han demostrado a lo largo de 13 años de gestión, las capacidades políticas, económicas, filosóficas y sociales ancestrales puestas en práctica desde la administración pública, la soberanía con dignidad y la independencia. Claramente, el golpe de Estado no es solo en contra del Estado, es en contra de la Plurinacionalidad. 

Hoy la Neocolonia capitalista y principalmente racista y aporofobica ataca la dignidad conquistada desde la pluralidad construida en Bolivia y para el mundo, llamando a destruir el Estado Plurinacional y retornar a la República, conservadora y desigual, quemando el WHIPALA como acción política de la oposición, sentando un precedente más en la memoria histórica de despojo y empobrecimiento para los pueblos originarios y afros. 

Se trata de una afrenta para América ante el proceso descolonizador impulsado desde el sur y a la autodeterminación de los pueblos en un momento en que las derechas perdieron control en México y Argentina, y varios otros pueblos del continente resisten y construyen la esperanza para derrotar al nefasto neoliberalismo.

En Honduras conocemos perfectamente el guion empleado en Bolivia, de golpes de Estado orquestados e impulsados por Estados Unidos y su intervencionismo en la región. Conocemos también el papel de la OEA y su efectividad selectiva que le permitió presentar en tan solo 10 días un informe en Bolivia y tardó 4 meses en Honduras a pesar de la gravedad de la crisis que generó el fraude. Esa misma OEA que convocó a tratamiento de emergencia el caso de Venezuela pero ahora observa pacientemente los hechos desatados en Bolivia.

Es claro, los pueblos libres de América Latina siguen en amenaza cada vez más violenta como mecanismo para controlar la avalancha de lucha por la liberación que recorre la región. La derecha tiene claro que los gobiernos populares son conquista de los propios pueblos movilizados en lucha y resistencia que tuvieron una etapa de constitución en el Estado, por ello, las reacciones no solo se dirigen a los gobiernos constituidos sino  fundamentalmente a desarticular los movimientos sociales y esto se debe a que entendió que la política se disputa en las calles. 

Desde el MADJ, deploramos la complicidad de gobiernos y organizaciones que bajo la indigna bandera de la neutralidad han promovido y hoy respaldan el golpismo boliviano. Nos solidarizamos con el pueblo digno que comprende lo oprobioso de este acto, que desde la claridad resisten en defensa de la república plurinacional que han construido. Llamamos a la unidad de los pueblos y gobiernos dignos del continente. 

Ahora más que nunca es urgente la capacidad de vernos desde el proyecto de la América Latina, de hermanarnos con los otros pueblos y de defender la dignidad y la justicia de nuestro continente. Es urgente que los movimientos sociales y políticos del mundo nos declaremos en movilización permanente para exigir la preservación de la vida de los pueblos originarios bolivianos víctimas del racismo y de los pueblos de nuestra América y en eso nuestro compromiso permanente.

Más allá de errores políticos, hoy hubo un golpe al Estado Plurinacional, que durante siglos la colonia capitalista ha constituidos por la exclusión, desigualdad y discriminación hacia los pueblos indígenas. El golpe es racista y fundamentalista y no hay posturas neutras o medias, “Ahora, como en tantas ocasiones en la historia de América Latina, es cuestión de en qué lugar se posiciona cada quien: con la derecha asesina y su golpismo de muerte y destrucción, o con el pueblo.”

¡Fuera golpistas de Bolivia, de Honduras y de nuestra América!

Honduras. 11 de noviembre de 2019

¡DESDE LA DIGNIDAD SIEMPRE!

Editorial: Las tarántulas nunca se han ido

LAS TARÁNTULAS NUNCA SE HAN IDO

“Las viejas horas vuelven, encienden los caminos de la sangre,

y me enseñan tus huesos inundados de espanto. “

Rebeca Becerra/Las viejas horas

Los asesinatos de cuatro estudiantes, dos militantes activos del Partido Libre y el secuestro y tortura de un dirigente magisterial en una misma semana, evidencian de manera contundente que en Honduras las tarántulas nunca se han ido y continúan atacando.

Cifras del Observatorio de Violencia de la UNAH afirman que al menos 1,522 estudiantes de todos los grados educativos han sido asesinados en Honduras entre enero de 2010 y marzo de 2018. Del total 226 eran universitarios, 121 de la UNAH, quienes han sido clave en la movilización social en el país. Un alto porcentaje de las víctimas han aparecido en sacos o bolsas plásticas, amarrados con sogas o envueltas en sábanas y señales de violencia sexual.  Estos crímenes observan el mismo patrón y el 96 por ciento continúa en impunidad.

Este mismo mecanismo es el utilizado en contra de liderazgos sociales de pueblos y comunidades en el país que defienden sus territorios de la amenaza del extractivismo y que al mismo tiempo rechazan rotundamente a la narcodictadura. Durante el 2019 tres líderes tolupanes y 16 garífunas, 6 de estas mujeres, han sido asesinados en Honduras.

Sumado a esto, los asesinatos realizados en las cárceles de máxima seguridad, La Tolva y El Pozo, demostraron que en el centro penitenciario no existe tal inversión en máxima seguridad y que la integridad de las/os internos está en manos de la criminalidad organizada de la cual forman parte las autoridades penitenciarias.

La filtración de vídeo cumple la conocida función de la actividad de las tarántulas; generar miedo y terror al mejor estilo de las narco producciones y de películas de las épocas oscuras para los países del continente. Es claro, se trata de la puesta en marcha de una maquinaria de la muerte y de terror cuyo objetivo, al igual que en tiempos pasados sigue siendo “limpiar” a la sociedad hondureña de los enemigos internos que pongan en precario los intereses de la narcodictadura descubierta y acorralada.

Su respuesta violenta está siendo proporcional a lo amenazados que se encuentran y a la urgencia de profundizar y justificar la militarización que les asegure brindar continuidad a su narcoactividad y eliminar toda evidencia que les involucre. Pero su estrategia no sirve más con la población hondureña que sabe sobradamente por su memoria histórica que estos crímenes no son aislados, sino que forman parte de la actividad de escuadrones de la muerte que hace años dejaron de ser clandestinos. 

Frente a esto, desde el MADJ llamamos nuevamente a la resistencia organizada como única manera de reducir riesgos latentes. Una organización que nos permita también la auto defensa, solidaridad y el cuidado entre compañeras, compañeros y compañeres. Cuidado y solidaridad de organización a organización que nos permita romper con el acostumbrado sálvese quien pueda y con los reiterados y extemporáneos lamentos, desde el MADJ insistimos que organización es humanidad, prevención y deber de pensar la seguridad desde lo comunitario y apostando la caída de las redes criminales que gobiernan al país y nos asesina, a eso nos comprometemos permanente con quiénes reivindicamos la dignidad y la justicia popular.

4 de noviembre del 2019

¡HASTA LA DIGNIDAD, SIEMPRE!

Editorial: El COHEP en el país de la narcodictura

EL COHEP EN EL PAÍS DE LA NARCODICTADURA

El viernes 18 de octubre el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), presentó al pueblo hondureño su posición oficial ante la crisis en la cual nos ha sumido la narcodictadura. Lo planteado evidencia lo lejos que está el COHEP de asumir con valor y dignidad el verdadero papel que le corresponde en este momento de desenmascarar a aquellos empresarios y empresas que habiéndose coludido con la narcodictadura gobernante se dedicaron a “blanquear” miles de miles de millones de Lempiras durante las dos décadas transcurridas del presente siglo.

Demuestra también su intención de continuar protegiendo el sector narcoempresarial de banqueros, industriales,  y cualquier otro tipo de empresarios vinculados a la estructura criminal que gobierna Honduras.

¿Qué propone el COHEP y cómo podría esto realizarse en la práctica del país? El COHEP propone alternancia y legalidad, pero, ¿de qué alternancia hablan los empresarios si ellos mismos fueron parte legitimadora de la narcodictadura cuando en las últimas elecciones se impuso el fraude electoral para favorecer el continuismo del dictador? Propone Independencia de poderes, pretendiendo ignorar el control absoluto del ejecutivo sobre los otros dos restantes y lo hace porque seguramente la eliminación de la independencia de poderes le ha traído muchos beneficios a costa de impactar negativamente a la clase trabajadora en el país.

Propone profesionalismo de las Fuerzas Armadas y Policía, pero ¿a qué profesionalismo de estos entes criminales se refiere el COHEP? No puede llamarse profesionales a un ente militar señalado por la ONU en asesinatos en contra de la ciudadanía. No puede ser un acto profesional apagar los radares para que las narco avionetas no pudieran ser identificadas, no pueden serlo aquellos que se benefician del impuesto de guerra que las maras cobran a los pequeños y medianos empresarios. No pueden llamarse profesionales sino asesinos los policías y militares coludidos desde las altas esferas con narcotraficantes y empresarios corruptos.

El COHEP propone la adopción de medidas económicas, ignorando que lo que población hondureña exige no es más que políticas económicas claras con justicia social. No queremos que se continúe asaltando los bienes naturales de los pueblos. No nos parece dinámica aquella economía en la que el obrero y obrera recibe salarios de hambre y se ve forzado a trabajar hasta 18 horas diarias para sobrevivir.

Lo mismo sucede con su propuesta de medidas sociales desaparecidas por los continuos asaltos de funcionarios corruptos pertenecientes a la corte narcodictatorial desde instituciones como el PANI, cuyos fondos debieron destinarse a la niñez desprotegida de Honduras; desde la SAG, con el robo de más de 280 millones de Lempiras destinados inicialmente a fortalecer iniciativas productivas de la mujer y juventud rurales y desde BANADESA, donde fueron asaltados los fondos con que se iba a producir el pan de las familias campesinas agricultoras.

Más irrisorio aún es la propuesta de establecimiento de leyes y seguridad ya que la población hondureña sabe sobradamente que las leyes de la narcodictadura no han servido nada más que para favorecer el despojo de las comunidades de sus bienes naturales y encubrir a los empresarios ladrones y funcionarios corruptos que se han enriquecido ilícitamente.

Con la formulación de estas ilusas recomendaciones probablemente el COHEP pretendió ahorrarse neuronas como si de dinero se tratase. Con este documento la organización nacional de los empresarios se ha lucido como una institución más del establishment narcodictatorial; servil al narcodictador como lo son las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Legislativo, Poder Judicial y todo cuanto poder corrupto existe en nuestra Honduras.

Frente al COHEP y todas las fuerzas criminales de la narcodictadura el pueblo continúa exigiendo el fin del cartel gobernante, el castigo de su séquito de asesinos y la convocatoria inmediata a una nueva constituyente.

28 de octubre de 2019

¡DESDE LA DIGNIDAD SIEMPRE!

Editorial: De coaliciones de oposición y movimientos sociales

DE COALICIONES DE OPOSICIÓN Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Frente a la condena de Juan Antonio Hernández, la confirmación de los vínculos de Juan Orlando con el narcotráfico, de la condición de Honduras como narco Estado y la claridad adquirida por la población hondureña en relación al Partido Nacional como estructura criminal culpable de la grave crisis política, económica y social que mantiene en convulsión al país aparece como una de las alternativas inmediatas la recién anunciada Coalición de Unidad de Oposición.

Al respecto, coincidimos que la coyuntura requiere de la unidad honesta de las fuerzas políticas y sociales del país, que tenga como una de las principales finalidades articuladoras la remoción de JOH del poder ejecutivo. Sin embargo, esa Coalición obligatoriamente debe asumir como finalidad la consolidación de un programa popular de transformación radical del Estado que vaya más allá del planteo en la esfera meramente electoral.

Debe regirse bajo los principios de unidad de acción, pluralidad de pensamiento y coherencia política, renunciando a la concepción exclusivamente político partidaria del espacio para dar paso a una plataforma de carácter nacional que reivindique nuestra responsabilidad histórica no solo de lograr la salida del usurpador sino también de construir la propuesta alternativa del país que deseamos.

Para transformar el país se necesita mucho más que propuestas declarativas, se necesitan contenidos concretos y en ese sentido, es momento de saldar la deuda histórica entre movimientos sociales y partidos políticos entendiendo que la definición de una ruta estratégica en la actual coyuntura debe ser construida con el pueblo y desde el pueblo, escenario en el que las organizaciones de base y el movimiento social y popular jugamos un papel fundamental. Los partidos políticos no pueden seguir viéndonos como una masa de votantes carentes de criterio respecto de la esfera electoral ya que estaríamos repitiendo los errores del pasado. 

La Coalición de Unidad debe tener la suficiente apertura en lo concreto y garantía de romper con las prácticas de la política partidaria tradicional en pro de la unidad que nos demanda el momento histórico. La inclusión de los movimientos sociales y populares en la Coalición de Unidad de Oposición que pasa porque más allá de la apertura aparente, estos asumamos nuestro lugar y responsabilidad, debe partir por asegurar la participación equitativa y plural en la toma de decisiones al interior de este espacio. que trascienda lo coyuntural.

El llamado a la unidad debe ser un llamado a la erradicación del Narco-Estado y la construcción de uno nuevo y no ser un proceso político partidario de un cambio de gobierno por otro, en ese sentido, reiteramos que ante la insostenibilidad política y económica del país, la infuncionalidad del sistema de justicia y una red criminal en el poder, la coyuntura nos demanda responsabilidad y coherencia para que la articulación no sea solo para instrumentalizar la protesta y movilización sino para organizarnos e integrarnos en torno a una agenda política común.

El encuentro de los partidos políticos y movimientos sociales no solo debe ser en la calles sino paralelamente también en un espacio de trabajo permanente de la agenda de lucha y el programa de acción que le de contenido y dirección política al espacio, sólo así la la articulación se vuelve transformadora y constructora de procesos. 

Por nuestra parte, coherentes con el compromiso mostrado y sostenido por pueblos, comunidades y otros actores sociales que hemos permanecido en resistencia en contra de la narcodictadura como instancias autónomas de los partidos políticos, llamamos a que la Coalición y la unidad sea completada respecto a los actores y del fondo de la ruta que se trace en pro de la dignidad y la justicia de Honduras y en eso disponemos nuestra fuerza, compromiso y trabajo.

21 de octubre de 2019

¡DESDE LA DIGNIDAD SIEMPRE!

Narcodictadura al descubierto y la urgencia de movilización

Fotografía: Martín Cálix

Editorial: Narcodictadura al descubierto y la urgencia de movilización

El 2 de octubre inició el juicio en contra de Juan Antonio Hernández, conocido como “Tony Hernández”, diputado por el Partido Nacional y hermano del presidente de Honduras ilegalmente reelecto, Juan Orlando Hernández. Tony es juzgado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York en los Estados Unidos de América acusado por cuatro delitos: narcotráfico, tráfico de armas, conspiración para introducir droga a los Estados Unidos y falso testimonio.

Un documento presentado por la Fiscalía del Distrito Sur reveló que 15 personas del Partido Nacional tienen relación con el juicio y con las actividades que son objeto de juzgamiento, entre estos  Juan Orlando Hernández, confirmando lo que la población hondureña sabía con certeza desde hace varios años: el Partido Nacional es una estructura criminal  indiscutiblemente vinculada con el narcotráfico. 

Queda completamente claro que es una institución de delincuentes, putrefacta y corroída,  a la que no le ha bastado su propia autodestrucción, sino que  ha salpicado todas las estructuras del Estado. Se han asociado para saquear y  malversar los bienes públicos asegurando un ambiente que les garantizara impunidad. Han asesinado directa e indirectamente a miles de personas con sus robos millonarios, saqueos y desfalcos.

Si a todos los señalados les quedara un poco de ética y vergüenza depondrían de sus cargos inmediatamente, pero no ha sucedido, ni sucederá y frente a esto hay responsabilidades compartidas. El acostumbrado servilismo perverso de los medios corporativos de comunicación que han pretendido ingenuamente ocultar, tergiversar y negar las declaraciones de las más grandes cadenas internacionales y la actitud cobarde de los “grandes líderes” del país y los partidos políticos que a cambio de negociaciones de cuotas de poder en instancias y de complacer al imperio guardan silencio y terminan siendo piezas claves para que la narco dictadura se sostenga.

Es urgente la ineludible obligación de sacudirnos de una vez por todas este régimen. Desde el MADJ reafirmamos que la única forma y la más urgente es la organización y movilización popular, en todos los departamentos y municipios del país. Organización zonal, barrial y comunitaria,  a través de una articulación nacional genuina y comprometida con la refundación del país, que exija la salida inmediata de Juan Orlando Hernández, la renuncia del Fiscal General y Adjunto a la cabeza del  Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, de los diputados y diputadas involucrados. Que exija una depuración, enjuiciamiento y castigo a todos los corruptos, criminales y cómplices del narco partido nacional, merecedores de todo el desprecio y repudio de la población hondureña.

Debemos iniciar la búsqueda de nuevos liderazgos salidos de nuestras entrañas, probados en la lucha y fieles al pueblo que trasciendan a comentarios cómodos desde redes sociales y al postergamiento de las acciones urgentes. No debemos ni podemos esperar justicia de parte de Estados Unidos. Esta no llegará a no ser que le reditúe dividendos a sus empresas o a cambio de hipotecar la sangre de nuestros jóvenes en guerras asesinas contra países hermanos del continente. 

Insistimos en encontrarnos, en unificar todos los sectores, en vernos de manera inmediata con las organizaciones populares de base e inmediatamente después con otros y todos los espacios que tengan como prioridad y compromiso político rescatar al país de la dirección de un gobierno y partido de narcotraficantes criminales y en esa tarea, seguimos poniendo nuestro compromiso, empeño y disposición.  ¡Encontrémonos en las calles, en la propuesta, en la discusión y en el trabajo por la Honduras que soñamos!

7 de octubre de 2019

¡DESDE LA DIGNIDAD SIEMPRE!

¡ATLÁNTIDA CON VIDA Y DIGNIDAD!: Nace estructura departamental

3 de octubre de 2019. Parque Central de La Ceiba, Atlántida. Honduras.

¡ATLÁNTIDA CON VIDA Y DIGNIDAD!: Nace estructura departamental

Este 3 de octubre de 2019, la Ceiba fue el escenario del nacimiento y lanzamiento oficial de la estructura departamental “Atlántida con vida y dignidad”, después de casi dos meses de gestiones, conformaciones de alianzas y acercamientos entre diversos actores y sectores en torno a un objetivo común: trabajar en función de asegurar calidad de vida a la población del departamento y fortalecer la capacidad de participación y decisión de esta en el rumbo de sus bienes naturales y demás aspectos de su vida social y política en general.

Es un espacio abierto a todos los sectores, organizaciones y población en general que aún no se han incorporado y tienen interés de hacerlo”.

Martín Fernández, MADJ.

Atlántida con vida y dignidad es producto de tres reuniones previas en las que se procuró el encuentro de distintos espacios y también de la ciudadanía común. Dentro de estas se discutieron las principales problemáticas comunes que enfrentan los distintos municipios, destacando la falta de agua, la quema y deforestación de la montaña, las iniciativas en torno a mineras e hidroeléctricas, entre otros, en los cuales la sociedad en general del departamento no ha estado teniendo participación.

Después de escucharse y escuchar a las poblaciones, se pensó en la necesidad de articular trabajo en todo el departamento con representaciones genuinas de cada municipio, en crear y lanzar un espacio que pudiera aglutinar todas las fuerzas e impulsar un proceso en torno a temas fundamentales para la vida departamental.

Fue así que, el día de ayer el Parque Las Banderas fue el punto donde se convocaron distintas organizaciones impulsadoras de esta iniciativa como ser el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, la Pastoral de la Iglesia Católica de Jutiapa de La Ceiba, Nuestra Señora del Pilar de Arizona, FUPNAPIB, Madre Tierra de La Ceiba, Asociación de Juntas de Agua de Jutiapa (AJAJUTIA) y otras que se sumaron en el curso de las diversas reuniones previas como ser diversas  juntas de agua, patronatos sectoriales, entre estos los del Florida, Pajuiles y Jilamito, la Junta de Agua de San Juan Pueblo y ciudadanía interesada e involucrada en la vida del departamento. Del Parque Las Banderas la movilización se dirigió hasta el parque central donde se llevó a cabo el lanzamiento oficial del espacio.

El lanzamiento llevado a cabo el día de ayer fue un acto político para evidenciar que tanto las organizaciones, estructuras y población que conformamos el espacio existimos y debemos ser tomados en cuenta dentro del departamento. Tenemos una alta y honesta preocupación por los temas y problemáticas principales.

Martín Fernández, MADJ.

A criterio de Martín Fernández, integrante de la Coordinación General del MADJ el lanzamiento llevado a cabo el día de ayer “fue un acto político para evidenciar que tanto las organizaciones, estructuras y población que conformamos el espacio existimos y debemos ser tomados en cuenta dentro del departamento. Tenemos una alta y honesta preocupación por los temas y problemáticas principales.”

Atlántida con vida y dignidad va más allá al referir que dentro de sus objetivos principales está proponer acciones concretas que aseguren un rumbo adecuado del departamento, esto implica increpar a autoridades locales y nacionales e instituciones como el Instituto de Conservación Forestal (ICF), MiAmbiente, entre otras, a fin de que estas respondan a las demandas de la población y de notificarles el proyecto de vida que desean para el departamento.

Es un espacio abierto a todos los sectores, organizaciones y población en general que aún nose han incorporado y tienen interés de hacerlo”, explicó Martín Fernández.

Es claro, Atlántida camina con paso firme hacia su dignificación.

¿Quiénes son los asesinos del pueblo tolupán?

Lugar donde descansan los restos de José Salomón Matute y Juan Samael Matute asesinados el reciente 25 de febrero de 2019.

¿QUIÉNES SON LOS ASESINOS  DEL PUEBLO TOLUPAN?

Nueve cobardes asesinatos suscitados entre 2013 y febrero de 2019 parecían ser un saldo alarmante, repudiable e insuperable del histórico conflicto generado por empresarios y la institucionalidad hondureña en el pueblo indígena tolupán.

Pero las muertes violentas de Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute, Luis de los Reyes Marcía, Eracimo Vieda Ponce, Santos Matute, Fermín Romero, Juan Samael Matute y José Salomón Matute no provocaron nunca que el Estado de Honduras actuara pronta y oportunamente para evitar la continuación del baño de sangre que ha dejado una nueva víctima: su nombre Milgen Idán Soto Ávila de 29 años.

Milgen Idán Soto Ávila de 29 años, sostiene una fotografía de su primo Samael Matute asesinado en febrero de 2019 por su lucha en defensa del territorio y bosque ancestral.

Milgen fue inicialmente reportado como desaparecido y 4 días después su cuerpo fue encontrado enterrado en el mismo sitio donde la empresa INMARE realizaba el corte de madera. Milgen era integrante del MADJ, había asumido la dirigencia de las acciones de lucha en el Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el Territorio Tolupán desde que el empresario Wilder Domínguez criminalizó a sus compañeros y compañeras de lucha. Fue amenazado por algunos integrantes del Consejo Directivo de Tribu y fue denunciado por el empresario Domínguez.

Al momento del asesinato, Milgen tenía 23 días de permanencia continua en el Campamento Digno donde impartía conocimiento y conciencia a los demás integrantes de la tribu y exigía justicia y un alto a la impunidad en los  crímenes de sus dos familiares José Salomón Matute y Juan Samael Matute.

A apenas siete meses de ese doble asesinato de los familiares de Milgen, también militantes del MADJ ejecutados el pasado febrero, la violencia sistemática derivada del modelo de saqueo le arrancó a la  tribu de San Francisco de Locomapa un eslabón fundamental de su lucha en defensa de sus bosques ancestrales.  

Frente a la agonía sin tregua que viven nuestros hermanos y hermanas tolupanas, resta volver a preguntarnos, ¿cuántos asesinatos más espera el Ministerio Público de Yoro para detener las muertes violentas de indígenas en San Francisco Locomapa? Esta relación que existe entre Ministerio Público y empresas privadas y corruptas se traduce en el acumulado histórico de impunidad en los territorios indígenas, la aquiescencia del aparato de justicia es la responsable de fondo de la persecución, criminalización y asesinatos sistemáticos. 

¿Cuándo el Ministerio Público brindará resultados y cuándo estos trascenderán de la pretensión de desvincular los asesinatos de las luchas que las víctimas sostenían en defensa de su territorio y bosques? Es claro, los asesinos materiales deben ser castigados, pero la finalidad última no es ni debe ser la de castigar doblemente a quienes son el resultado del rompimiento del tejido social en las tribus y comunidades provocado por el capital empresarial que se beneficia de provocar enfrentamientos entre sus habitantes y para ello juegan con el hambre y las necesidades más elementales de quienes reciben el olvido y la indiferencia sistemática del Estado.

Es momento de señalar la responsabilidad y sobre todo el consentimiento expreso de la alarmante situación que vive el pueblo tolupán por parte de Instituciones como el Instituto de Conservación Forestal, MiAmbiente, la Fiscalía de Etnias y la FETREXI, quienes la conocen sobradamente y aún frente a ello continúan otorgando permisos ilegales para el saqueo de los bosques, transando con los intereses de las tribus y criminalizando a quienes defienden su territorio mientras muestran una demencia voluntaria frente a los asesinatos y otros crímenes.

La población hondureña lo sabe, sus finalidades técnicas y sobre todo políticas en la práctica es la de ser puente entre la propuesta y capital transnacional y nacional para el saqueo y la sociedad hondureña.  Son instituciones ubicadas clara y tajantemente a favor del sector privado y por ende de la impunidad. Estas instituciones dirigidas por los sectores más conservadores del poder en Honduras, han asesinado, asesinan y seguirán asesinando porque tienen a su disposición todo el engranaje estatal. Es obligatorio cuestionar, ¿cómo puede haber justicia si el aparato que la aplica está claramente involucrado en el ejercicio de las empresas privadas? 

Invitamos a la población hondureña organizada y no organizada a identificar los actores intelectuales de la dictadura, de la violencia, de la desigualdad, del empobrecimiento, de quienes despojan y asesinan. Y a superar la clásica pregunta que busca ubicar a los autores materiales y a transformarla en ¿quién o quiénes ordenaron y consintieron sus asesinatos? 

Las empresas, pero también la institucionalidad hondureña mediocre, corrupta y cómplice deben rendir cuentas, deben ser investigadas y judicializadas puesto que es su actuar corrupto e impune es el que asesina al pueblo tolupan y a los demás pueblos indígenas en el país y en esa tarea de búsqueda de justicia, cese a la impunidad y dignificación ratificamos nuestro más profundo compromiso.

30 de septiembre de 2019

¡Desde la dignidad siempre!

Unidad y autonomía desde las organizaciones de base

Unidad y autonomía  desde las organizaciones de base que defienden la soberanía de territorios

Reivindicar soberanía en tiempos de feroz capitalismo neoliberal extractivista es  un asunto que puede conducir a un altísimo porcentaje de liderazgos y organizaciones políticas y sociales a notables incoherencias.

Y es que el discurso de soberanía se desmorona cuando el quehacer del movimiento social depende o se sustenta en la agenda de una institucionalidad y de la cooperación internacional promotora de manera sutil o abiertamente de un “extractivismo humanizado”. O cuando el quehacer político partidario convive en armonía con los promotores del modelo de saqueo y sus decisiones.

En la Honduras post golpe, la concesión y pérdida de soberanía sobre el territorio y los bienes estratégicos de la nación avanzó aceleradamente por la ferocidad y desbordada corrupción del régimen y también por la complicidad, comodidad, falta de vergüenza y de bravura de muchos actores de la oposición política y social.

Sin embargo, sin ninguna duda, actualmente los actores más afianzados en la praxis de soberanías locales son las múltiples organizaciones y comunidades que desde la legitimidad, visiones y herramientas propias, corriendo los mayores riesgos y en notoria desventaja han confrontado y siguen confrontando a las empresas y funcionarios que han osado penetrar sus territorios y pretenden ocuparlos sorpresivamente. En ese mismo sentido otros actores son el estudiantado consciente de secundaria y de las universidades públicas.

A partir de la modesta experiencia de la huelga de hambre de la dignidad de 2008, las luchas de las comunidades de Pajuiles, Jilamito, Sector Florida, Arizona, San Francisco, San Juan Pueblo, del Pueblo Tolupán, entre otras; desde el Movimiento Amplio venimos insistiendo y promoviendo un encuentro fraterno, cara a cara con el resto de comunidades y organizaciones de base que también ejercen soberanía en plena coherencia y resistencia al capitalismo, neoliberal y extractivista.

Insistimos e insistiremos en que debemos encontrarnos en una primera fase de articulación, en la que desde nosotros, en unidad y con autonomía definamos una agenda común con perspectiva nacional. Para ello, llamamos abiertamente a las comunidades y organizaciones de base a construir esta articulación coherente con nuestra capacidad mostrada en la defensa real y concreta del territorio, mostrando que nuestra práctica de resistencia tiene incluida el modelo de sociedad y de Estado que nosotros queremos y soñamos; respetuoso de la vida en todas sus expresiones.

Posterior a ello, vayamos a una segunda fase de encuentro con los demás espacios; los del movimiento de derechos humanos, otras organizaciones del movimiento social y actores político partidarios que acuñan un discurso por la defensa de la vida y la dignidad nacional.

A nuestros cercanos aliados que muestran dudas y cierta suspicacia a esta iniciativa, les llamamos a respetar y respaldar este impostergable encuentro para la unidad, a superar ciertas sensibilidades y temores  y a esperar el encuentro esa segunda y ojalá pronta fase de ampliación de la articulación  nacional.

Rescatamos y reiteramos que, indistintamente de los avances en la articulación unitaria del movimiento popular y social hondureño, las organizaciones y comunidades en resistencia real al capitalismo extractivista, desde nuestra legitimidad, con sabiduría popular y haciendo uso de las armas que nos facilita nuestro modelo de resistencia pacífica, seguiremos dando batalla a toda incursión en el territorio  de los agentes del extractivismo.

Septiembre de 2019

¡Desde la Dignidad Siempre!

198 años, una tarea pendiente

A 198 años la independencia de Honduras continúa siendo una tarea pendiente. En 2019 el escenario del 15 de septiembre evidencia la profundidad de los retos que esta implica y la urgencia de seguir haciendo la patria que soñamos desde la construcción de soberanía como principal apuesta política.

El saldo de esa tarea urgente en el presente inmediato son, entre muchos otros, siete luchadores(as) sociales de la comunidad de Guapinol encarcelados, nueve indígenas tolupanes criminalizados frente a la posibilidad de ser enviados a prisión, una infinidad de irregularidades en la búsqueda de justicia por el asesinato de Berta Cáceres y de justicia para el pueblo lenca y el incremento desbordado de las concesiones de territorio a la actividad extractiva.

El montaje de una gobernanza político-jurídico que trastoca los principios del Estado de Derecho, y que deja sin garantías a las comunidades y pobladores que luchan por la defensa de sus bienes comunes es sin duda el retrato más exacto y concreto de la paradoja de la abundancia o maldición de los recursos naturales como uno de los problemas torales en el país.  

Es claro, en tiempos actuales la real independencia implica no solo la liberación del yugo de otro Estado, sino y sobre todo, de un sistema económico depredador causante de muerte, desigualdad, exclusión, persecución a luchadores y luchadoras sociales y requiere obligatoriamente la autonomía frente al capital mercenario transnacional.

En esa tarea desde el MADJ continuamos insistiendo en la urgencia imperativa de pasar de las resistencias a la soberanía con dignidad y para ello es necesario redoblar trabajo para crear y afianzar alianzas con y entre el movimiento popular/social hondureño a fin de articular, elaborar y echar a andar respuestas radicales a la ofensiva puesta en marcha por la dictadura.

Y esa radicalidad, tal y como lo hemos señalado en momentos anteriores implica obligatoriamente trabajo diario e imperturbable, organización diaria de la lucha y de la gente. Radicalidad en el análisis, sin los acostumbrados derrotismos o triunfalismos. Radicalidad en el compromiso. Menos turismo político y social. Implica superar la superficialidad de mucha gente, de tantos espacios y la impotencia solitaria de multitudes.

Esa radicalidad debe llevarnos a pensar y poner en marcha un proceso de real independencia que integre a todas las comunidades que estén haciendo de Honduras un lugar más libre, construyendo desde la terca rebeldía y esperanza otras formas de vivir. Un proceso que obligatoriamente discuta, cuestione y enfrente los modelos económicos que benefician a unos pocos a costa de la vida de esa mayoría que despierta todos los días arando un mundo más justo.

Debe obligatoriamente discutir el extractivismo, el militarismo, la violencia generalizada, la violencia de género, que discuta los métodos de participación social y sobre todo que profundice la democracia.

La tarea es urgente, no hay tiempo. La lucha por la  independencia está ocurriendo, sino la libramos nosotros/as la siguen ganando ellos. Tenemos que articular la lucha, el amor a la patria, la solidaridad, el compromiso y la radicalidad con claridad, determinación e inteligencia.

A 198 años desde el MADJ reafirmamos que  “…aquí, por todas partes, están los brazos que van a construir ese país nuevo, los pies que van a recorrerlo, los cerebros que van a pensarlo, y los labios del pueblo que lo van a cantar sin descanso[1].”

Fotografía: Delmer Membreño


[1] William Ospina, Segunda Oración por la Paz.

Conflicto tolupán: Corrupción y saqueo de su territorio

Conflicto tolupán: Corrupción y saqueo de su territorio

9 índígenas tolupanes e integrantes del MADJ criminalizados por defender su territorio ancestral

Nueve indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio han sido enjuiciados por defender sus bosques y territorio ancestral en la tribu de San Francisco, Yoro, Honduras. Este día se sustancia audiencia inicial en el Juzgado de Letras del departamento de Yoro en contra de Alisson Pineda, Wendy Pineda, José Pineda, Ángela Murillo, Celso Cabrera, Óscar Cabrera, Óscar Vieda, Sergio Ávila y Ramón Matute, acusados del delito de obstaculización de un plan de manejo forestal.

Con este nuevo proceso de criminalización sumarían tres los enfrentados por el pueblo tolupán a partir del año 2010, a pesar de que la misma justicia hondureña emitió resoluciones reconociendo su inocencia y la legalidad de sus acciones de defensa del bosque enmarcados en los derechos contenidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referente a los pueblos indígenas. Pero, para entender qué hay detrás del permanente asedio en contra del pueblo tolupán es necesario revisar su origen.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de la tribu desde el año 2013[1] y el Estado de Honduras es el encargado de garantizar su implementación a través del Mecanismo Nacional de Protección, sin embargo, a pesar de gozar de supuesta protección son nuevamente víctimas de uso indebido del derecho penal y de la indiferencia y desidia de la institucionalidad hondureña encargada de protegerles.

¿Cuál es el origen del conflicto?

 La Tribu Indígena de San Francisco Locomapa, se encuentra asentada en el municipio de Yoro, departamento de Yoro. Forma parte de las 26 tribus indígenas tolupanes asentadas en dicho departamento y de las 31 tribus ancestrales tolupanes existentes en Honduras. El pueblo tolupán tiene 5,000 años de existencia, tiempo en el cual han desarrollado sus propias instituciones políticas, formas de organización y producción, prácticas religiosas, costumbres, idioma, cosmovisión de la vida, del entorno y sus semejantes.

Desde 1864, el territorio donde se encuentra asentada la tribu de San Francisco de Locomapa cuenta con un título ancestral que reconoce a la tribu como propietaria en comunidad de siete caballerías de territorio, en los cuales han habitado después de su desplazamiento forzado del Valle de Sula. La región donde se encuentra ubicada la tribu cuenta con una gran riqueza de bienes naturales, destacando entre ellas las extensas plantaciones de árbol de pino, las cuales han sido históricamente pretendidas para su corte, aprovechamiento y comercialización por parte de personas ajenas a la tribu, de igual forma, la abundante agua de sus ríos y los minerales de sus montañas.

Diversas circunstancias de conflictividad social se han suscitado a raíz del otorgamiento de planes de manejo forestales y planes operativos anuales de explotación de madera aprobados por el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (en delante ICF) a terratenientes ladinos en territorio de la tribu. Ante eso, los líderes indígenas de la tribu de San Francisco Locomapa han ejercido diversas acciones de ejercicio de autonomía y soberanía indígena que implican control territorial, siendo amenazados, perseguidos y asesinados por su actividad de resistencia al despojo ilegal de sus bienes naturales comunes. A partir de 2013 y sobre todo en los últimos dos años el saldo del conflicto ha sido fatal.

La tribu también denunció la ilegalidad y el actuar de algunos empresarios en la zona, mediante manifestaciones pacíficas y actos asamblearios en rechazo a las acciones de explotación de sus bosques de pino. A esto se le ha sumado la explotación ilegal e ilegítima de su riqueza mineral y la pretensión de concesionar las aguas de sus ríos a empresas mercantiles para la generación de energía eléctrica.

El 16 de diciembre de 2009 el ingeniero Rene Roberto Cabrera en su condición de Subdirector de Desarrollo Forestal ICF de Yoro, autorizó el Plan Operativo Anual N°. ICF-Y-309-2009, que contemplaba el corte de 7,394 árboles de pino que representaban un volumen de 5,304.0295 metros cúbicos (M³) de madera sobre un área de 201.54 hectáreas de territorio de la tribu que serían procesadas por la empresa mercantil Velomato propiedad del empresario Kenton Gerardo Landa Uclés. Dicho proceso de aprobación y autorización del plan operativo anual se realizó sin consulta previa, libre, informada y de buena fe al pueblo indígena de San Francisco Locomapa, por lo que se les privó de decidir sobre esta acción administrativa que afectó directamente a la tribu generando grandes conflictos sociales a lo interno y el aprovechamiento arbitrario de sus bosques por terceros ajenos a la comunidad.

Desde el 11 de febrero de 2010, y por varios días, las comunidades indígenas de San Francisco Locomapa desarrollaron manifestaciones públicas y pacíficas, además de ejercicios de control territorial indígena en rechazo a las acciones de despojo y explotación de sus bienes forestales.

La criminalización como herramienta en favor de los intereses de los empresarios madereros: Dos procesos anteriores

Primera proceso en 2010

En vista de las acciones de la tribu, el 15 de marzo de 2010, el empresario Kenton Gerardo Landa Ucléscomprador de la madera en territorio indígena de la Tribu de San Francisco Locomapa, interpuso denuncia en contra de los ciudadanos indígenas José María Pineda, Tomás Matute Zavala, Melvin Mercedes Castro Matute, Armando Fúnez Medina, Carlos Roberto Martínez, Bernardo Martínez, Celso Alberto Cabrera Matute y Juan Matute acusándolos del delito de Obstaculización de la Ejecución de un Plan de Manejo Forestal y Plan Operativo Anual Aprobado por el ICF. 

Al día siguiente, 16 de marzo se presentó requerimiento fiscal ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Yoro, en contra de los ocho líderes indígenas denunciados, en la respectiva audiencia de declaración de imputados se les interpusieron medidas como ser presentarse a firmar cada 15 días al juzgado y prohibir concurrir a lugares donde se distribuyan bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas.

El procedimiento judicial se vio cargado de vicios de ilegalidad por lo que la defensa privada, condición en que se actuó desde el equipo legal del Movimiento Amplio solicitó la nulidad de las actuaciones desarrolladas y se llevó a cabo nuevamente la audiencia inicial en la cual la autoridad competente ratificó su decisión de dictar auto de formal procesamiento en contra de los 8 indígenas e imponerles medidas sustitutivas a la prisión.  Dicha resolución fue apelada por la defensa privada y finalmente la Corte resolvió revocando el auto de prisión y decretando sobreseimiento definitivo a favor de los 8 líderes indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio.

Segundo proceso en 2012

El antecedente que constituyó el proceso judicial en contra de los 8 líderes indígenas provocó el incremento de la conflictividad entre la comunidad y los empresarios, siendo así que, el 03 de enero de 2012, el empresario Kenton Landa Uclés interpuso una nueva denuncia en contra e en contra de los líderes indígenas del MADJ José María Pineda Cardona, Celso Alberto Cabrera Matute y Oscar Amado Cabrera Matute por el delito de obstaculización de la ejecución de plan de manejo o plan operativo aprobados por el ICF, en perjuicio de la misma Industria Velomato, quienes fueron detenidos el mismo día. 

La acción surgió en respuesta a los actos de manifestación pacífica que la tribu realizó en el predio que ocupa dicha empresa en la zona, como resultado de la aprobación ilegal de un nuevo plan operativo anual y un plan de manejo forestal el cual autorizó el corte 5,666 árboles de pino que representaría 2,515.18 M³ de madera sobre territorio comunal indígena, procedimiento realizado en una nueva ocasión por el ingeniero René Roberto Cabrera en su condición de Subdirector de Desarrollo Forestal ICF.

Nuevamente, el abogado Víctor Fernández, parte del equipo legal del Movimiento Amplio y quien actuó como defensor privado en el proceso judicial, presentó recurso apelando la resolución de audiencia inicial en la cual se dictó auto de formal procesamiento en contra de los líderes indígenas y se les ratificaron medidas cautelares, siendo el comportamiento de la instancia judicial similar al del proceso arbitrario instado anteriormente contra los 8 líderes tolupanes. El desenlace de este segundo proceso, fue la revocación de dicha resolución por parte de la Corte quien determinó dictar sobreseimiento definitivo en favor de los 3 indígenas acusados injustamente.

Finalmente, el Estado hondureño admitió, a través de ambos fallos de La Corte, que “la protesta indígena no puede ser considerada una acción “ilegal”, ya que los mismos están legitimados, por el Convenio 169 de la OIT, el cual les ampara para reclamar su derecho de ser consultados “antes” de emprender o autorizarse cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.

Baño de sangre indígena: El saldo de la corrupción en el otorgamiento de planes de manejo forestal y planes operativos Anuales

Además de la criminalización y el asedio permanente, el saldo sufrido por el pueblo tolupán en general y de la tribu de San Francisco de Locomapa e integrantes del MADJ, en particular, es una amplia lista de asesinatos, incrementados a partir del año 2013.  

2013: Triple asesinato

El 25 de agosto de 2013, mientras realizaban dicho acto de control territorial fueron asesinados los indígenas Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez y María Enriqueta Matute[2], de los cuales se supone responsables a los señores Selin Eliazar Fúnez Bonilla y Carlos Roberto Luque Varela, de quienes se refieren en tribu de San Francisco como quienes cuidan los intereses de los explotadores de la riqueza natural de la tribu. Armando Fúnez Medina era uno de acusados en procesos judiciales  y María Enriqueta Matute inicialmente fue detenida cuando se presentó la acusación. Los autores materiales de estos asesinatos, están plenamente identificados y ubicados, pero aún no han sido capturados y sometidos a un proceso penal.

2015: Asesinato de Luis Reyes Marcia 

El 5 de abril de 2015 fue asesinado en horas de la madrugada, el indígena Luis de Reyes Marcía, esposo de Vilma Consuelo Soto quien goza de medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz del ambiente de inseguridad que hay en la zona y las amenazas concretas, debido a la instalación de proyectos extractivos rechazados por la mayoría de ciudadanos indígenas de la tribu San Francisco Locomapa. El 22 de febrero de 2015 Reyes Marcía, junto con su familia, habían retornado a la tribu luego de permanecer 6 meses fuera debido a las constantes amenazas a su integridad física sobrevenidas por oponerse a la tala del bosque y a los proyectos mineros.

2015: Asesinato de Erasio Vieda Ponce

El 18 de julio de 2015, en la comunidad de Las Brisas de Locomapa, fue asesinado el indígena Erasio Vieda Ponce era de los principales líderes en este sector, firme militante de la lucha contra del despojo y la explotación de los bosques.

2019: Doble asesinato de Salomón y Samael Matute

El 25 de febrero de 2019, luego de fuertes amenazas y constantes agresiones físicas y verbales  en horas de la mañana Juan Samael y José Salomón Matute fueron asesinados por personas vinculadas al ex general del ejército Finlander Armijo Uclés, involucrado históricamente en acciones de diversa naturaleza en contra de la población tolupana, particularmente en contra de la organizada en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y quien fue condenado por delitos en contra de la población tolupana[3].

José Salomón Matute y Juan Samael Matute se constituyeron como referentes de la defensa de bienes naturales en la tribu y en el país en general. En 2015 formaron parte del grupo de indígenas tolupanes que se sumaron a la huelga de hambre en la capital del país en exigencia de la instalación de una comisión internacional para el combate a la corrupción y la impunidad en Honduras, sumado a la denuncia de los conflictos de sus tribus provocados por el despojo y la indiferencia del Estado[4].

Más de 40 denuncias y procesos judiciales promovidos por la tribu vinculados al conflicto en total abandono institucional

 El 5 de noviembre de 2016, integrantes de la tribu denunciaron a funcionarios y funcionarias públicas del Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), agentes del Ministerio Público y operadores de justicia, quienes fueron parte en los procesos de judicialización anteriores.

Existe un acumulado de más de 40 denuncias y procesos judiciales vinculados al conflicto provocado por el saqueo, así como a amenazas, ataques y diversas formas de hostigamiento en contra de la tribu y particularmente de personas que ahora están siendo criminalizadas que, a pesar de que es constatable la grave situación, continúan con procesos investigativos sin ningún avance.

La resistencia permanente del pueblo tolupán: El Campamento Digno en Defensa del Territorio Ancestral

A pesar del alarmante y adverso escenario, la tribu no ha bajado los brazos en ningún momento. Desde el Consejo Preventivo de Tribu y los núcleos del Movimiento Amplio el 02 de octubre de 2017 se instalaron en asamblea permanente a través de un acto de control territorial indígena denominado “El Campamento Digno Tolupan por la Defensa del Bosque y el territorio Tolupán” mediante el cual se pretende frenar cualquier ingreso al territorio de la tribu de maquinaria para corte y traslado de madera.

El 16 de febrero de 2018 se reinstaló el Campamento Digno Tolupan tras el inicio de la explotación inconsulta de madera de pino y el ingreso arbitrario al territorio tribal de varios camiones propiedad de la empresa INMARE S. de R.L, desde entonces, el Campamento Digno ha sufrido constantes ataque por parte de los trabajadores de la referida empresa maderera, integrantes del Consejo Directivo de Tribu y el presidente de la FETRIXY, Noé Adalberto Rodríguez. Además, se tiene conocimiento que Selin Eleazar Fúnez Bonilla, uno de los autores individuales directos del triple asesinato del 25 de agosto de 2013, está brindando seguridad en el sitio de explotación de madera en la comunidad de San Blas.

Una larguísima lista de ataques corresponde a los sufridos por el Campamento desde su instalación hasta la fecha. A pesar de eso, se mantiene firme en su convicción de proteger el territorio ancestral.



[1] CIDH, Resolución 12/2013. Medida Cautelar No. 416-13, Asunto 18 miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y sus familias. Honduras. 19 de diciembre de 2013. Párr. 14.

[2] “Por defender sus tierras mataron a tres tolupanes”, Diario La Prensa, 28 de agosto de 2013. Honduras. Recuperado de: https://www.laprensa.hn/lasultimas24/381509-97/por-defender-sus-tierras-mataron-a-tres-tolupanes. Último acceso 24 de junio de 2019.

[3] “General Finlander Armijo enfrenta cargos por agredir a indígenas tolupanes en Yoro”, Pasos de Animal Grande, Tegucigalpa, Honduras. 10 de enero de 2019. Disponible en: http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/contexto/item/2377-general-finlander-armijo-enfrenta-cargos-por-agredir-a-indigenas-tolupanes-en-yoro/2377-general-finlander-armijo-enfrenta-cargos-por-agredir-a-indigenas-tolupanes-en-yoro Último acceso: 27 de febrero de 2019.

[4] “Etnia tolupán se suma a huelga de hambre en Honduras”, Criterio.hn, Tegucigalpa Honduras, 30 de junio de 2015. Accesible en: https://criterio.hn/2015/06/30/etnia-tolupan-se-suman-a-huelga-de-hambre-en-honduras/ Último acceso: 27 de febrero de 2019.