La independencia no se puede celebrar, si no es nuestra

“Si uno cree en la libertad. Si uno sabe que su pueblo está siendo oprimido. Si uno tiene totalmente el convencimiento de que estamos viviendo en un país colonizado, de que fuimos invadidos, de que nos mataron, de que están destruyendo a nuestro pueblo, que se aplica el genocidio de día a día, destruir al enemigo es salvar la Patria.” Filiberto Ojeda Ríos.

En la mañana del 15 de septiembre de 1821 se reunieron en el palacio de la Capitanía General de Guatemala, Gabino Gaínza, José Cecilio del Valle, Pedro Molina, Mariano de Aycinena, José Santiago Milla, Mariano de Beltranena, Miguel Larreynaga, Mariano Gálvez y José Matías Delgado. Todos hombres, blancos y criollos eran quienes discutían la posibilidad de proclamar la independencia de los pueblos centroamericanos.

El documento llegó a las comunidades más importantes en Honduras en el transcurso de septiembre y octubre de 1821. Gracias, fue la primera comunidad en recibirlas el 22 de septiembre. Para el viernes 28 de septiembre, los pliegos llegaron a las ciudades ahora conocidas como Comayagua y Tegucigalpa. En el transcurso del mes octubre, recibieron también los pliegos: Santa Rosa, Omoa, Trujillo, Juticalpa, Danlí y Santa Bárbara.

Honduras, un país pluricultural fundado por criollos, militares e intelectuales, cuyo  nombre se encuentra más al filo de su realidad, una hondura profunda, cuya historia popular, mal contada, radica en el rechazo y odio del territorio expresada por el invasor Cristobal Colón “gracias a Dios salimos de estas honduras”, un país cuyas heridas de la independencia, el fracaso de la unión centroamericana, la reforma liberal y la tan odiada república bananera aún pesa en nuestra sociedad, nuestra política y nuestra economía.

Un país donde el retorno a la democracia aún no es realidad y en donde hacer golpes de Estado o instalar un Narco Estado es determinado por una larga historia de corrupción, de intervenciones militares y económicas, del empobrecimiento, la violencia y la desigualdad. Luego de 199 años del grito de independencia de los países centroamericanos frente a la Corona Española, en Honduras y en la región aún nos cuestionamos la paradoja de ¿cuál independencia?

No puede existir independencia cuando el interés de sus gobernantes es distinto a la dignificación de su pueblo. Cuando las mujeres, campesinos, indígenas, afro hondureños, estudiantes, diversidades sexuales, obreras y obreros están aislados del poder y del acceso a la justicia. por medio de vallas militares y el crimen organizado.

La independencia no se puede celebrar, si no es nuestra y más si está en manos de banqueros, narcotraficantes, explotadores de recursos naturales, empresarios, militares y políticos que empobrecen y que les vemos marchar con total impunidad en compañía del imperialismo de Estados Unidos, la banca financiera internacional, la Unión Europea y ahora China.

En Honduras hacemos independencia y soberanía de múltiples formas, casi todas con amor y trabajo, cuando las y los estudiantes luchan por la educación pública, laica y de calidad, las y los obreros por la dignificación laboral, las mujeres por la decisión de sus cuerpos y el cese a los feminicidios, campesinos, indígenas y afro hondureños, por la repartición de la tierra, el reconocimiento ancestral y la inclusión de un modelo pluricultural, todas y todos aquellos hondureños en general, que día a día hacen del reto de llevar pan a la casa, una realidad.

Ante esta realidad en la historia inmediata, las y los hondureños durante 11 años nos hemos sostenido en las calles, luchando por una verdadera independencia, la democracia, la autonomía de los pueblos, la adquisición y defensa de derechos, por la educación y la salud gratuita y de calidad, el rechazo a proyectos mineros, energéticos y turísticos de la élite, fraudes electorales, criminalización y asesinatos. En pocas palabras; nosotras y nosotros mediante el trabajo, la resistencia, el amor, la dignidad y la justicia hacemos independencia de forma permanente, sin tutela y por la libertad de los pueblos.

En este 199 aniversario de supuesta independencia llamamos a nuestro pueblo a continuar en lucha organizada, resistiendo al modelo extractivo, neoliberal y criminal que estructuralmente pretende despojarnos de nuestra patria-matria.

¡Hasta la dignidad siempre!

MADJ: ¡Escuadrones de la muerte nunca más!

MADJ: ¡Escuadrones de la muerte nunca más!

La profundización del modelo extractivo en Honduras ha dado como resultado que en el 65% del territorio nacional se ubiquen proyectos extractivos de diversa índole. Un impacto particular de esto enfrenta el departamento de Atlántida con un total de 24 concesiones hidroeléctricas, 100 para exploración y explotación de minería, múltiples complejos turísticos, geotérmicas y otros tipos de proyectos debido a su riqueza natural y diversidad.

Debido a ello, Atlántida ha sido un referente de las luchas en defensa de la riqueza natural de la amenaza que representa el capital transnacional. Diversas comunidades llevan años luchando en contra de empresas como HIDROCEP, INGELSA, MINERALES LA VIRTUD, Minerales LA Victoria, IRON MOUNTAIN, INDURA RESORT, PLAYA ESCONDIDA BEACH CLUB, y muchas de estas han asumido la soberanía como herramienta declarando sus territorios libres de proyectos extractivos.

Pero las luchas sostenidas en el departamento de Atlántida relacionadas con el extractivos no son monotemáticas, sino que se inscriben en apuestas abarcadoras y consignas integrales de cambios estructurales en Honduras. Por eso en los distintos momentos de crisis política, como el golpe de Estado en 2009, el fraude electoral de 2017, la lucha por la defensa de la salud y la educación y aún en este contexto de pandemia y emergencia nacional, las comunidades de este departamento y de sus distintos municipios han sido y son claves con sus acciones de resistencia sobre la carretera CA13, entre muchas otras.

Con esto tiene que ver la violencia y su escalada en la zona. No es extraño que en Atlántida, la narcodictadura y la industria extractiva, que funcionan como redes de poder económico y político integradas también por el crimen organizado, sicariato y redes de abogados a sus órdenes, patrón de funcionamiento que no es desconocido, han cobrado muchas vidas, desde Janeth Kawas, Geovanny Díaz Cárcamo, Wilmer Paredes y Ramón Fiallos, en plena crisis postelectoral, hasta Antonio Bermúdez, líder garífuna de la comunidad de Punta Piedra cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 21 de junio de 2020.

Todos estos son crímenes selectivos, con patrones similares que involucran la participación de cuerpos de seguridad del Estado, DPI, Fuerzas Armadas y Policía Militar. Al igual que en los hechos sucedidos con Alberth Snider Centeno Tomás, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Milton Joel Martínez Álvarez, líderes garífunas y Rafael Juárez Mejía, allegado a estos, quienes permanecen desaparecidos luego de ser sacados de sus casas por supuestos agentes de la DPI.

Estos precedentes y la desaparición forzada de los líderes garífunas, nos hacen afirmar que estos crímenes están vinculados a un comportamiento paramilitar que tiene estrechas relaciones con sectores económicos, políticos y las fuerzas de seguridad del Estado, que operan con total impunidad sin que se afecten sus estructuras y direcciones. Que han tenido en marcha, desde tiempos y casos anteriores a los garífunas desaparecidos, prácticas de terror dirigidas desde el Estado.

Y ahora, indican que la investigación de este caso está a cargo de la DPI y del Ministerio Público. La misma DPI señalada en los diversos testimonios como la responsable a través de sus agentes fuertemente armados de sacar de sus casas y desaparecer a los líderes garífunas, la misma DPI que sacó de su casa y ejecutó a nuestro compañero Geovanny, un militante activo del Campamento Digno en Pajuiles y, sobre todo, la misma DPI vinculada a múltiples ejecuciones de jóvenes, estudiantes, campesinos y las desapariciones.

El mismo Ministerio Público que mantiene criminalizados 17 integrantes del MADJ, que ha arremetido en contra del alcalde de Arizona por apoyar el proceso de declaratoria del municipio como territorio libre de proyectos extractivos, el mismo Ministerio Público que ha sido incapaz de librar requerimiento fiscal en contra de HIDROCEP y de brindar avances en las investigaciones de los asesinatos de nuestros compañeros del MADJ y de muchos liderazgos de las comunidades garífunas.

Nosotras lo sabemos, es todo parte de un mismo guion. Los asesinos y verdugos en apariencia de hacer su trabajo, pero realmente laborando para garantizarse impunidad, todos en una fase avanzada de la alianza entre el crimen organizado, la institucionalidad pública, empresas de seguridad privada, capital o banca internacional y las empresas de capital transnacional.

La mayor gravedad de las desapariciones de los líderes de la OFRANEH es que confirma el resurgimiento de esta modalidad de ataques en contra de los liderazgos, de las organizaciones sociales y populares, en contra de quien estorbe al capital extractivo y a la narcodictadura y ese es un problema que nos incumbe y genera responsabilidad a todos y todas.

Desde el MADJ denunciamos con nombre y apellido lo que sucede con los integrantes de la OFRANEH, una política de terror, desapariciones forzadas y denunciamos también el comportamiento criminal de las instancias estatales aliadas con el poder de las empresas extractivas. Por todo esto:

  1. Nos solidarizamos con el pueblo garífuna y la OFRANEH, sumándonos a la exigencia de la aparición con vida de Alberth Sneider Centeno Tomas, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio García y Gerardo Mizael Rochez Cálix Alberth Sneider Centeno Tomas.
  2. Hacemos un llamado a las comunidades del departamento de Atlántida a estar vigilantes ante la ofensiva del capital transnacional, así como de la violencia militar y policial contra quienes resistimos.
  3. Demandamos que instituciones como la DPI y el Ministerio Público sean depuradas obligatoriamente en vista de su involucramiento en hechos criminales y sus comportamientos irregulares.

Son tiempos de unirnos y hacer reales las alianzas, de articular nuestras luchas, de cuidarnos entre todas y de resistir con arrojo pleno a la dictadura y el capital extractivo, que sepan que aquí hay determinación hasta la dignidad siempre.

San Pedro Sula, Honduras, 28 de julio, 2020

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Soberana desobediencia contra la narcodictadura y el coronavirus

A cuatro meses de confinamiento social y cuarentena sanitaria, Honduras ha superado los 27,000 casos de COVID-19, pero solo se han realizado 68,009 pruebas de un total 9.3 millones de personas y se ha destinado un presupuesto que supera los 4 mil millones de dólares para la gestión de equipo médico, logístico y humano.

La narcodictadura que preside Juan Orlando Hernández Alvarado, junto con los bancos, partidos políticos bajo su control, alcaldías municipales, empresas privadas, cámaras de comercio y asociaciones público-privadas, carentes de ética y respeto a la dignidad humana, han atentado contra la vida de las y los hondureños restringiéndoles y coartando la oportunidad de acceder a un eficiente sistema de salud pública, ya que el existente está colapsado debido a la privatización, tercerización y desenfrenada corrupción a la que ellos mismos lo sometieron.

El 11 de abril, INVEST-H junto al régimen informó haber realizado gestiones para la adquisición de (7) hospitales móviles, 250 mil pruebas PCR y 740 ventiladores, de los cuales los primeros (2) hospitales móviles estarían totalmente instalados a finales del mes de junio. Sin embargo, a dos meses de haberse anunciado estas gestiones se ha destapado, sin que cause asombro, una serie de actos de corrupción en la compra de los equipos médicos referidos. El plan corrupto incluye conexiones con empresas internacionales de maletín, realización de contratos millonarios sin determinar garantías, ni sanciones por su incumplimiento, falsificación de documentos, firmas y facturas, nulo seguimiento de protocolos administrativos en el manejo de fondos del Estado, entre muchos otros.

            Durante la pandemia, han sido múltiples las protestas realizadas por el Colegio Médico, sector transporte, mercaderes, enfermeras/os, personal de hospitales, personas particulares y muchas organizaciones sociales y populares entre ellas el Movimiento Amplio exigiendo rendición de cuentas, alimentación, equipo de bioseguridad y condiciones dignas de trabajo. Sin embargo, el régimen ha sido incapaz de brindar resultados y no le quedado más reacción que la utilización de la fuerza y la irracionalidad, reprimiendo a quienes manifiestan descontento frente a la administración central por el pésimo manejo de la crisis política-sanitaria y el rechazo rotundo al régimen narco dictatorial.

Hasta ahora, el resultado de estos actos de corrupción, según los datos del mismo régimen, ha sido la muerte de 750 hondureños y hondureñas. Estas condiciones hospitalarias precarizadas, ha puesto en riesgo y ha cobrado la vida del personal de salud y de las y los pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, problemas renales y cardiorespiratorios, así como de la población en general.

Ante esta desastrosa realidad, desde el Movimiento Amplio cuestiones, expresamos y proponemos:

  1. Llamamos a la población a poner en marcha todos los mecanismos posibles de resistencia pacífica y desobediencia civil. A no hacer efectivo el pago de agua, luz e internet a las compañías privadas y usureras que han colocado sus intereses privados y personales por encima de las vidas de las y los hondureños.
  2. Animamos a la población a no consumir en aquellas empresas que han despedido y coartado los derechos laborales de las y los trabajadores y limitando con su poder la reapertura de las micro y pequeñas empresas.
  3. Es importante apoyar y consumir el comercio local y barrial por encima de las disposiciones irracionales para “aperturar” la economía de las familias pudientes y usurpadoras de la economía del país, quienes hacen llamados reiterativos a través de cadenas nacionales para que la población consuma en sus farmacias, sus gasolineras, sus supermercados y sus bancos.
  4. Instamos a la población a crear consejos de vigilancia comunitaria integrados por Iglesias, patronatos, consejos indigenas y asociaciones de padres y madres de familia para evitar la brutalidad policial y militar en contra de las y los jóvenes, mujeres y trabajadoras/es.
  5. Proponemos a la población no hacer efectivo el pago de intereses de préstamos bancarios, planes telefónicos, hipotecas, hasta un nuevo arreglo de pago proporcional a la inflación, devaluación y a la crisis que nos azota.
  6. Motivamos a la población a fortalecer la organización familiar, barrial y comunal para resistir la ofensiva de la Narcodictadura, la propagación de la COVID-19 y el cuidado de la sociedad en pleno ejercicio de soberanía, haciendo uso del artículo 3 constitucional.
  7. Es un derecho de la población exigir, sin condiciones, que las y los grandes millonarios cuyos capitales han crecido a expensas del Estado y del capital transnacional paguen la deuda adquirida por narcotraficantes y defraudadores del Estado, porque son la misma cosa.
  8. Finalmente, deploramos el papel de la UE, OEA, SICA y otras instancias internacionales por su cómplice silencio frente a la corrupción, el narcotráfico, la ineptitud y fracaso rotundo del régimen JOH en la gestión de la pandemia. Lamentamos que la lógica de estas instancias este fundada en los negocios y la acumulación de poder a cualquier costo y no en el respeto a la Dignidad Humana.  

Hasta la Dignidad Siempre!

A 11 años de golpes, estamos en pie de lucha

Hoy se conmemoran 11 años del golpe de Estado perpetrado por los grupos oscuros de la nación aliados contra la población y el respeto a la voluntad popular, la intensión de hacer una consulta fue el detonante para justificar asesinatos, corrupción y expatriación de personas del territorio nacional.

Las cúpulas criminales representadas en la clase política, empresarial y religiosa se confabularon para causar una herida que aún no sana y que sigue sangrando a pesar del paso de los años.

A 11 años, son los mismos actores que llaman a la unidad de la familia hondureña, a la reconciliación nacional, pero son los mismos actores que han continuado con la corrupción, con el saqueo y con los asesinatos hacia la población que reclama una mejor nación.

El golpe de Estado de 2009 reveló la configuración del crimen organizado como estructura intrínseca de organizaciones políticas y empresariales a quienes la iglesia y las instituciones de justicia “bendicen” para actuar con total libertad, garantizándoles total protección e impunidad.

A 11 años, esa impunidad sigue siendo el principal abono para que esos mismos personajes continúen favoreciéndose con fraudes electorales, con la privatización de las empresas que en un tiempo fueron públicas, con la entrega del territorio que siempre nos ha pertenecido a los y las hondureñas, con la entrega de nuestros bienes comunes y naturales que permite el genocidio de nuestros hermanos y hermanas de los diferentes pueblos originarios.

A 11 años del golpe de Estado seguimos siendo golpeados y golpeadas, pero con los ánimos y la motivación renovada para seguir luchando por recuperar la nación, por devolver la justicia y la Dignidad a un pueblo que ha sido altamente castigado por la impunidad que el mismo sistema corrupto e inservible les da a quienes han afectado a las grandes mayorías.

A 11 años, como organización hemos confirmado que la verdadera soberanía se construye desde las comunidades, desde los territorios a donde hombres y mujeres han decidido apostar la vida por la defensa de sus montañas, de sus ríos, de su nación, nación que ha sido entregada por políticos corruptos, avaros y traidores a la patria.  

A 11 años, queremos reconocer el trabajo de hombres y mujeres que fueron asesinados por luchar en defensa de la soberanía nacional, el respeto a la voluntad popular y que con su sangre derramada por balas disparadas por cobardes han regado la Dignidad que cada día florece en más de un hondureño u hondureña que sueña con heredar una mejor nación a las futuras generaciones.

A 11 años del golpe de Estado reafirmamos que a pesar de todos los golpes recibidos estamos de pie para seguir luchando y apostándole a que estamos en el lado correcto de la historia, ahí donde solo las y los valientes pueden estar, donde los que se esconden tras un saco, una corbata o vehículos blindados y escoltados no pueden estar simple y sencillamente porque no tienen dignidad.

A 11 años del golpe de Estado, estamos en pie de lucha.

Sala Constitucional profundiza indefensión del pueblo hondureño

SALA CONSTITUCIONAL PROFUNDIZA INDEFENSIÓN DEL PUEBLO HONDUREÑO EN MEDIO DE LA EMERGENCIA

Quienes defendemos derechos humanos, a pesar de la importancia de nuestra labor en este contexto de pandemia, hemos sido víctimas de restricciones indebidas por parte del gobierno a través de los decretos que ordenan la suspensión de garantías y nos han confinado a no poder circular para velar por los derechos humanos de la población hondureña.

Los organismos internacionales de derechos humanos han emitido varios pronunciamientos advirtiendo a los Estados de su obligación de abstenerse de imponer restricciones al trabajo de los defensores de derechos humanos utilizando como pretexto la crisis sanitaria.  Basándonos en tales pronunciamientos entre el 1 y el 5 de mayo interpusimos 11 recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia solicitando ser restituidos en nuestros derechos a movilizarnos y realizar nuestro trabajo libremente.

En tales amparos solicitamos que se nos garanticen nuestros derechos a defender derechos, a la libertad de circulación y de expresión para que podamos libremente hacer nuestro trabajo en el escenario actual, donde la mayor pandemia es la desbordada corrupción y la impunidad con la que el gobierno está condenando a muerte a la población hondureña empobrecida y con un sistema de salud colapsado e incapaz de responder a la emergencia.

Pero para la Sala de lo Constitucional nuestra solicitud no era importante y mucho menos prioritaria, tal y como lo evidencia el tiempo trascurrido hasta el 8 de junio, fecha en la que nos notificó la no admisión de los 11 amparos presentados. A la Sala le tomó 41 días resolver y preparar un escrito en el cual no indicó la motivación de su decisión a pesar de que esto es un requisito legal fundamental en su labor.

Además, fundamentó su decisión basada en que debimos hacer uso de otra vía, en este caso, de la contencioso administrativo, sin considerar que esto implicaría una mayor demora. Esto implicaría que la respuesta del Estado resultaría mucho más inoportuna y extemporánea, además de desconocer que la naturaleza del amparo es justamente procurar protección inmediata ante una violación de derechos de la cual se esté siendo víctima en vista de la ineficacia o tardanza de otros recursos, como ha establecido la propia Corte Suprema.

La Sala omitió su deber de motivar debidamente sus decisiones, violentando nuestros derechos al debido proceso y al uso de un recurso judicial efectivo agravando la situación sostenida de violación de nuestro a derecho a realizar nuestra labor sin ser objeto de restricciones indebidas. Por ello, ayer 9 de junio presentamos los recursos de reposición correspondientes para que la Sala reconsidere su decisión.

Alertamos a todas las organizaciones nacionales de este comportamiento de la Sala de lo Constitucional, que forma parte de un patrón del sistema judicial agravado en este contexto. Incapaz de velar y garantizar derechos de la población, pero eficiente para evacuar procesos de criminalización en contra de quienes defienden derechos humanos en los distintos territorios aún en medio de la emergencia. Es urgente acuerparnos y exigir que podamos desarrollar nuestro trabajo ya que ha quedado claro que la prioridad para el gobierno en este momento es la reapertura de la economía y no la situación del sistema de salud y todos los embates y consecuencias de esto que vive la población hondureña producto de su incapacidad.

Llamamos a la solidaridad de las organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos, para que pongan su atención sobre nuestros recursos de reposición y lo que la Sala resuelva.

Honduras, 10 de junio, 2020

  • Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
  • Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA)
  • Asociación LGTB Arcoiris de Honduras
  • Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEUH)
  • Bufete de Derechos Humanos Estudios para la Dignidad (BED)
  • Red de Abogadas por los Derechos Humanos en Honduras
  • Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
  • Programa Socioeducativo PASO a PASO
  • Comité por la Libre Expresión (C-Libre)

Nuevo proceso de criminalización contra el pueblo tolupán: Comunicado OPT y Consejo Directivo Tribu La Candelaria

¡Exigimos libertad para nuestros hermanos tolupanes criminalizados por defender nuestro territorio ancestral!

Desde la Organización del Pueblo Tolupán (OPT) y el Consejo Directivo de la Tribu La Candelaria, instancias de representación indígena tolupan legítima, desde las montañas del departamento de Yoro, en Honduras, al público nacional e internacional manifestamos que:

El pasado 28 de mayo de 2020, ocho agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y cuatro de la Policía Preventiva detuvieron de manera arbitraria a José Luis Mejía y José Ricardo Bermúdez, ambos integrantes de nuestra tribu indígena La Candelaria, una de las 31 tribus que conforman el pueblo Tolupan en Honduras. 

José Luis y José Ricardo son integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, al igual que sus padres Luis Electerio Mejía y Ricardo Bermúdez, dos reconocidos liderazgos piezas claves en el exitoso proceso de recuperación de tierras por el que desde 2015 la tribu ejerce dominio sobre ellas.

El 28 de mayo los cuerpos de seguridad referidos allanaron ilegalmente propiedad privada, golpearon brutalmente a José Luis y José Ricardo, los capturaron y les impusieron prueba para que el Ministerio Público, basada en ese montaje presentara acusación en su contra, acusándoles de los delitos de portación ilegal de armas comerciales y posesión ilícita de municiones prohibidas. Estando privados de su libertad desde el día de los hechos.

Todo el proceso de allanamiento y detención de nuestros hermanos está plagado de irregularidades, violencia, intimidación y amenazas. Los agentes policiales reiteradas veces afirmaron que podían “matarlos y nadie respondería por ellos”, les apuntaron con sus armas permanentemente, además de golpearlos e infrigirles tratos crueles, lo cual culminó con la injusta e insostenible imputación en su contra.

Desde la OPT y el Consejo de Tribu denunciamos esta injusticia y la señalamos como una acción más de ataque en contra los procesos de dignificación que emprendemos desde  nuestro pueblo. Nuestra tribu y sobre todo el coordinador de la OPT, Luis Electerio, padre de José Luis, ha sido víctima de una persecución y ataques sistemáticos desde hace varios años, debido a ello es beneficiario de medidas de protección otorgadas por el Mecanismo Nacional de Protección de personas defensoras.

Este nuevo episodio de persecución y ataque, se realiza justamente cuando nuestra tribu ha iniciado el proceso de siembra colectiva de 300 manzanas ubicadas en el Sitio El Rodeo, comunidad de El Negrito, Yoro y que pertenecen a las tierras que históricamente fueron recuperadas a la empresa AZUNOSA.

Nuestros hermanos José Luis y José Ricardo estarán enfrentando a la aberrante justicia hondureña en audiencia inicial en su contra programada para este día, 2 de junio la cual fue reprogramada para el jueves 4, en un proceso claramente viciado y utilizado como mecanismo para frenar el avance de nuestras luchas. 

Por ello, desde el Consejo Directivo de Tribu y la Organización del Pueblo Tolupan, exigimos un alto a los ataques reiterados a nuestro proceso de lucha y dignificación de nuestro pueblo. A la instrumentalización de la justicia para atacar a quienes tenemos alto y claro compromiso de no ceder nuestro territorio ancestral a empresarios ajenos a nuestra tribu y no permitir el saqueo. 

Llamamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, movimientos sociales y populares a mostrar acciones de solidaridad y acompañamiento a nuestros compañeros. A las instancias estatales creadas para protegernos, les exigimos que actúen y que cumplan su función con transparencia. 

¡Libertad, justicia y dignidad para nuestro pueblo tolupan!

3 de junio, 2020

Consejo Directivo de Tribu La Candelaria

Organización del Pueblo Tolupán (OPT) 

Territorios MADJ: Pajuiles y sus alternativas frente al COVID-19

Territorios MADJ es una serie de entregas del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia que recoge las apuestas políticas comunitarias puestas en marcha en sus territorios organizados, las cuales están siendo respuestas, desde los cuidados colectivos frente a la pandemia del COVID-19.

En esta primera entrega se retrata a las comunidades del Sector Pajuiles y sus respuestas comunitarias a la emergencia, las cuales son el resultado de su proceso organizativo que tiene como punto de encuentro, de construcción, pensamiento y decisión el Campamento Digno por el Agua y por la Vida. Su antecedente de luchas y las apuestas actuales están detalladas en la entrega No. 1 de Territorios MADJ. Puede ser descargado aquí.

Territorios MADJ: Pajuiles y sus alternativas frente al COVID-19

i. Contexto de COVID 19 en Honduras

El 10 de febrero de 2020, la Presidencia de la República de Honduras decretó estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por la aparición del COVID 19 en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Debido a ello, el 15 de marzo de 2020, el poder ejecutivo estableció la suspensión de derechos constitucionales en todo el territorio nacional, mediante el decreto PCM 021-2020[1].

El estado de excepción impuesto se ha extendido por más de 60 días y ha tenido impactos específicos en las distintas zonas y poblaciones del país, los cuales no han sido observados ni considerados por el gobierno para una efectiva priorización en la atención del agravamiento de las múltiples crisis derivadas de la pandemia.

Sumado a la suspensión de garantías, la desbordada corrupción en el manejo de fondos destinados a la atención de la crisis, el comportamiento arbitrario de las autoridades nacionales y locales, así como las graves violaciones a derechos humanos registradas configuran un escenario de país en el que el virus es la parte más mínima de la pandemia que enfrenta Honduras.

ii. La situación específica de Pajuiles, territorio organizado en la lucha por la dignidad y la justicia

El Sector Pajuiles ubicado en el municipio de Tela, Atlántida desde 2017 se posicionó como un referente de las luchas organizadas en Honduras frente a la amenaza del extractivismo. Su determinada defensa del río Mezapa y su derecho al agua, amenazado por la empresa hidroeléctrica HIDROCEP, propiedad del empresario hondureño Jason Hawit[2], no ha dado tregua[3] y en tiempos de COVID-19 ha adoptado nuevas dinámicas de soberanía comunitaria.

Como parte de su proceso organizativo y de soberanía territorial, el 22 de marzo de 2017 se instalaron en lo que denominaron el “Campamento Digno por el Agua y por la Vida”[4], espacio político constituido en asamblea permanente de la militancia del Movimiento Amplio en la zona, desde el cual por más de tres años se han realizado acciones sin descanso para garantizar que el río Mezapa y el municipio esté a salvo del extractivismo y las múltiples irregularidades y efectos negativos causado por este.

Frente al COVID-19 el panorama de la zona como el del resto del país, presenta una serie de complejidades profundas exacerbadas por la emergencia. Los impactos del toque de queda en las formas de vida y medios de subsistencia, carencia de empleo, entrega selectiva y politizada de alimentación y de equipo de bioseguridad, son algunas de las situaciones específicas derivadas del contexto actual que enfrentan.

A razón de esto, las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio, con el Campamento Digno como punto de encuentro, decisión y accionar colectivo frente al COVID apostando desde lo comunitario por la soberanía con dignidad han puesto en marcha múltiples y ejemplarizantes prácticas.

iii. El escenario del COVID 19 y situación de los derechos humanos de las comunidades del Sector Pajuiles

Una de las situaciones más crítica del escenario de la pandemia en la zona es la falta de atención médica para las comunidades. El Centro de Salud del Sector ha permanecido desabastecido desde tiempos anteriores al COVID-19. Este hecho fue denunciado en múltiples ocasiones ante la Regional de Salud de Atlántida.

Con la llegada de la empresa HIDROCEP a la zona, el Estado de Honduras precarizó aún más la situación sanitaria, generando un escenario favorable para las promesas del empresario Hawit y socios locales quienes prometieron como beneficio del proyecto hidroeléctrico, la construcción y equipamiento del centro de salud, insumos para las escuelas, entre muchas otras cosas que nunca cumplieron.

La falta de voluntad política y capacidad local y estatal en relación a la situación del centro de salud y el acceso a atención médica precaria en la zona se ha mantenido durante tres años a pesar que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de la decisión de otorgamiento de la medida cautelar de protección en favor de pobladores consumidores de agua del río Mezapa[5] solicitó al Estado brindar atención médica adecuada y abastecer de medicamentos el centro asistencial más cercano a las comunidades del sector.

Ahora el desabastecimiento del centro de salud también implica que no se cuente en absoluto con insumos médicos y de bioseguridad. El centro no ha brindado consultas, los empleados permanecen en el lugar pero no tienen lo necesario para atender a las personas que llegan con diversos padecimientos.

Pero además de la grave situación del derecho a la salud, se han registrado otros hechos preocupantes como la brutal represión policial efectuada por la Policía Nacional el 23 de abril de 2020 en Las Metalias, una de las comunidades beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Estos hechos se originaron cuando personeros de la municipalidad de Tela entregaron de manera selectiva los alimentos dispuestos para la comunidad en el marco de la Operación Honduras Solidaria[6]. Estos al llegar a la zona fueron abordados por el Patronato de las Metalias quienes les comunicaron que ya existía un trabajo previo de identificación de las familias con mayor necesidad a las que serían destinadas los alimentos con prioridad, a pesar de esto, los personeros insistieron que la entrega de alimentos se haría según sus listado, en los que prevalecía la asistencia a familias afines al Partido Nacional, al que pertenece el actual alcalde Darío Munguía Quezada.

Frente al rechazo definitivo por parte del Patronato del comportamiento de los personeros municipales, éstos se retiraron de la zona con los alimentos sin ser entregados. La reacción de la comunidad fue denunciar su retiro y manifestarse frente a la carretera CA-13. Minutos más tarde efectivos de la Policía Nacional se hicieron presentes y sin diálogo alguno comenzó a desalojar a la población lanzándoles bombas lacrimógenas y disparando a bala viva en contra de las personas de la comunidad.

La represión duró alrededor de dos horas[7] y dejó como saldo 2 personas heridas de bala, 2 personas altamente afectadas por el gas lacrimógeno lanzado en espacios cerrados como casas e iglesias, 6 personas detenidas[8] y 1 persona judicializada a la que se le dictaron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. También se documentó como hecho relevante la negativa del personal del hospital de Tela para atender a los heridos.

Este hecho debe leerse desde el antecedente de violencia policial y militar en el Sector Pajuiles. En el marco de la lucha desde el Campamento, entre  2017 y  2019, las comunidades han sido víctimas de 3 brutales represiones policiales y militares, 25 de sus integrantes han sido criminalizados y puestos ante la justicia,[9] han incendiado las instalaciones del Campamento Digno en 2 ocasiones, turbas violentas atacaron de manera directa de dos de sus integrantes, entre estos, al coordinador general, Martín Fernández, y han sufrido múltiples campañas de odio en contra de sus liderazgos y en contra del Movimiento Amplio. En general, se ha presentado al menos once denuncias por agresiones en el marco del conflicto generado por HIDROCEP.

Este antecedente evidencia que Pajuiles desde su resistencia comunitaria permanente ante el extractivismo, su papel beligerante en el marco de las movilización en contra del fraude electoral de 2017 y lucha en el marco de la Plataforma por la Educación y la Salud, es una de las zonas expuestas a un mayor control militar y policial “justificado” por la pandemia, escenario propicio para violaciones a derechos humanos de la población organizada y con militancia política del Movimiento Amplio.

iv. La amenaza del extractivismo en el escenario del COVID- 19

La precariedad y la incapacidad del gobierno local que es también una extensión de la incompetencia del gobierno central para la atención de la emergencia, han representado una oportunidad para la empresa HIDROCEP quien aprovechando la situación y en colusión con actores religiosos de la zona ha aparecido con la promesa de brindar alimentos a la población como un claro mecanismo de compra de voluntades para lograr reactivar la construcción de su proyecto hidroeléctrico que se encuentra paralizado debido a la decisión soberana de rechazo al extractivismo impulsado por las comunidades organizadas[10].

Jason Hawit ha manifestado su disposición de entregar arroz y otros insumos alimenticios para ayudar a las comunidades a mitigar el desabastecimiento. Hecho que está dirigido a profundizar la división de la población provocada por la presencia de la empresa que ha impactado sustancialmente en el rompimiento del tejido social comunitario.

Las comunidades también manifiestan preocupación sobre una posible reactivación de las intenciones de la empresa de construir el proyecto sobre el río Mezapa, desprendido de las medidas adoptadas en el marco de la pandemia mediante acuerdo ministerial relacionado con los procesos de licenciamiento electrónico para las empresas extractivas.

v. Respuesta comunitaria y alternativas puestas en marcha: Puntos de control de bioseguridad y siembras colectivas

La situación de precariedad del contexto de pandemia no ha limitado el accionar de las comunidades organizadas del Sector Pajuiles, quienes vienen construyendo soberanía y dignidad desde hace mucho tiempo atrás y no cesan en su militancia política. Ante la adversidad y la incertidumbre se han organizado en conjunto con las fuerzas vivas de la comunidad, así entre patronatos, juntas de agua, iglesias y núcleos de militantes del Movimiento Amplio en las comunidades de Pajuiles, Planes de Arena Blanca y Las Metalias han puesto en marcha mecanismos de respuesta desde la acción comunitaria.

Uno de estos son los denominados “Controles de Bioseguridad” para evitar que las personas de las comunidades contraigan el Covid-19. Esta acción coordinada no es espontánea y, responde a la acumulación de los procesos políticos en la zona y la amplia capacidad organizativa y operativa que los núcleos del Movimiento Amplio han creado. Al respecto, Albertina López, una de las tres coordinadoras generales del MADJ relata que para que estos puntos de control y medidas de prevención impulsadas en coordinación con las fuerzas vivas de la comunidad funcionen hacen turnos. Las personas se suman para garantizar la compra de insumos médicos y las distribuciones de roles y asignaciones.

Ante la negligencia estatal y municipal, la carencia de insumos se hace notar en la comunidad, Albertina denuncia que[11]

…el técnico de salud ha hecho llegar el cloro, pero las mascarillas y el equipo de bioseguridad debe comprarlo la comunidad. Las personas se suman para la adquisición de insumos de bioseguridad y para sostener los puntos de control o de desinfección… Como MADJ, desde los núcleos se ha coordinado con la doctora Fernández y otras compañeras y compañeros médicos, para que los enfermos de las comunidades que padecen diabetes, asma u otra condición de mayor vulnerabilidad ante el virus puedan adquirir sus medicamentos.

También señala que ante esta ofensiva del empresariado y el capital transnacional, la idea de soberanía comunitaria también implica compartir con otros territorios, el retorno a la figura del intercambio de alimentos y de la solidaridad entre comunidades como acción política. Ella refiere que[12]

… es sabido que en Atlántida se dan algunos cultivos y otros no y lo que pretendemos es hacer intercambio con otros territorios. Por ejemplo con los compañeros y compañeras de San Francisco de Locomapa, de Jilamito, de otras zonas de Tela. También son bienvenidos los intercambios porque la madre tierra es generosa con nosotros y gracias a Dios podemos producir diversidad de cultivos.

En esta ardua tarea de la solidaridad y soberanía todas y todos en las comunidades organizadas del Movimiento Amplio han aportado porque es parte de la apuesta política clara y determinada de la organización como respuesta al contexto actual de pandemia pero también como alternativa a la normalidad del capitalismo devastador. Sumado a ello la resiliencia comunitaria ha hecho posible a los núcleos anteponerse a los obstáculos y adversidades que plantea la pandemia y el extractivismo mediante la ejecución de su propia propuesta alternativa de autogestión de la protección de la salud y soberanía alimentaria.

Esta soberanía alimentaria se ha vuelto una realidad mediante las siembras colectivas en el Sector Pajuiles. La gestión de parcelas de tierra para cultivo, el trabajo compartido de preparación de terreno y siembra son solo algunas tareas que desempeñan con esfuerzo y unidad los núcleos comunitarios del Movimiento Amplio en el sector. Sobre esto Albertina refiere que “La siembra colectiva es un proyecto que ya teníamos los núcleos comunitarios pero que ahorita con la emergencia del Covid-19 se aceleró ya que necesitamos asegurar la alimentación de nuestras comunidades”.

Este proceso de siembra colectiva también se está llevando a cabo en el espacio del Campamento Digno donde se han sembrados 300 plantas de yuca y se prevé la siembra de plátano. El papel de las mujeres ha sido determinante para que todos estos esfuerzos de siembra colectiva sean una realidad, en la actualidad, las compañeras son quienes coordinan y dirigen estos procesos.

Además del Campamento Digno, las siembras colectivas se van a extender a dos terrenos más de 5 tareas de tierra ubicados en la comunidad de Planes de Arena Blanca en los que se proyecta el cultivo de maíz y yuca.

Desde la apuesta política del Movimiento Amplio la mayor y más importante acción desde las comunidades organizadas del Sector Pajuiles en respuesta a la emergencia es el sostenimiento del Campamento Digno como espacio político, aglutinador de pensamiento, propuestas, accionar colectivo y de la solidaridad como práctica militante. No podemos dejar de señalar que práctica política de apoyo mutuo ha permitido la ejecución de esta propuesta alternativa de autogestión comunitaria de protección de la salud y soberanía alimentaria en Pajuiles, asimismo, se sigue trabajando para que esta estos procesos se extienda a la totalidad de las comunidades del sector.

Albertina refiere en intención de conclusión que “Desde el Movimiento Amplio estamos emprendiendo este proceso de cultivos y de soberanía alimentaria; no es un discurso, ya está en marcha. El intercambio en este tiempo es fundamental para la subsistencia de las resistencias. Que nos una la lucha y la solidaridad para sostener nuestras rebeldías.”


NOTAS AL PIE

[1]Para mayor información ver el decreto en https://www.presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/7016-decreto-ejecutivo-numero-pcm-021-2020 (Último acceso el 30/04/2020)          

[2] El proyecto pretende ser construido sobre el Río Mezapa, fuente principal de consumo humano para las comunidades del sector. La construcción se encuentra paralizada debido a la resistencia organizada desde el Campamento Digno por el Agua y por la Vida. Una de las herramientas empleadas es una acción de amparo que ordenó a la empresa parar las obras de construcción y a la municipalidad de Tela vigilar el cumplimiento de dicha ordenanza.

[3] El 24 de marzo de 2017 las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) del Sector Pajuiles realizaron una movilización en el marco del día mundial

[4] Los campamentos dignos del MADJ se decidieron como acción política en asamblea en marzo del año 2017. En esencia, se trata de una asamblea permanente, un ejercicio de soberanía territorial, donde desde la asignación de un espacio público y la permanencia en el mismo se ejercen acciones para garantizar que los agentes externos a la comunidad no continúen causando daños ambientales en la zona en riesgo. Derivado de la naturaleza de los procesos organizativos del MADJ, estos son una construcción dinámica, hasta la fecha, están íntimamente ligados con la defensa y la lucha por la autogestión de los bienes naturales comunitarios (agua, bosque, minerales, etc.) los cuales son pretendidos para la explotación o están siendo explotados por empresas extractivas. Sin embargo, el Campamento como acción política tiene una íntima relación con una apuesta nacional, lo que implica que lo local se inscribe en una visión panorámica de país.

[5] CIDH. Resolución 12/2010, de fecha 28 de febrero de 2018, otorgamiento de Medida Cautelar 772-17 en favor de Pobladores consumidores del río Mezapa, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

[6] Con el objetivo de abastecer con raciones de alimentos de la canasta básica al menos a ochocientas mil (800,000) familias hondureñas, mediante decreto PCM-025-2020, en vigencia desde el 28 de marzo de 2020, el gobierno de Honduras creó la operación “Honduras Solidaria”,  y ordenó a la Secretaría de estado en el Despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización realizar transferencias a las Municipalidades para ejecutar este proyecto en favor de las comunidades más marginalizadas.

[7] Entrevista en vivo momentos posteriores a la represión policial en la zona: https://www.facebook.com/RadioProgresoPaginaOficial/videos/532011107341933/?sfnsn=mo&d=n&vh=e 

[8] Las personas detenidas son Roberto Ferrera, Marcos  Galdámez, Alex Velásquez, Luis Turcios, Prudencio Ortiz (Auxiliar del Patronato de las Metalias), Cristian Eliazar Brizuela.

[9] Para mayor información es posible consultar en: https://wp.radioprogresohn.net/sobreseimiento-definitivo-para-cuatro-dirigentes-comunitarios-de-pajuiles/; y en  https://criterio.hn/2017/09/02/pajuiles-dialogo-la-criminalizacion-la-defensa-del-agua/

[10] El 2 de septiembre de 2018 la población adoptó la decisión dedeclarar el territorio del municipio de Tela como zona productora de agua para el uso y consumo humano y libre de proyectos extractivos tanto minero, hidroeléctrico, geotérmico y monocultivos para usos comerciales y mercantiles. La declaratoria se adoptó mediante cabildo abierto.

[11] Entrevista de fecha 11 de mayo de 2020, para “Destapando la Olla”, programa y espacio radial del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia transmitido los días lunes a través de Radio Progreso,

[12] Ibíd.

¿Quién salva al pueblo del COVID-19?

En tiempos de crisis cada sector muestra su verdadero espíritu e interés. Queda claro que el COVID 19  está siendo el escenario perfecto para una nueva fase de saqueos por parte de la narcodictadura, la cual en menos de 20 días se ha garantizado casi 500 millones de dólares bajo la excusa de atender la emergencia, los cuales no podrán ser auditados.

No quedan dudas, el virus es una amenaza real que está impactando en niveles severos a países del mundo con sistemas de salud fortalecidos y capacidades estatales reales. Sin embargo,  en Honduras, la fórmula corrupción – militarización sigue siendo la única respuesta del narco gobierno, evidenciada en las distintas medidas adoptadas e implementadas a partir del 11 de marzo hasta este momento.

La narrativa de prevención con la cual han trasladado a la población medidas como la aprobación de la Ley de Aceleración Económica y Protección Social, la suspensión de labores tanto en el sector público como en el privado, el cierre de fronteras, terminales aéreas y marítimas para tránsito de personas, el toque de queda absoluto, entre otras, se ha desvanecido por completo con hechos como la compra inadecuada de ventiladores mecánicos, las masacres en la colonia San Francisco en Tegucigalpa, los tres femicidios en Choloma, Cortés y el hallazgo de la narcoavioneta “ambulancia” colombiana que transportaba cocaína la cual fue robada antes de la llegada de las autoridades al lugar, y el reiterado desprecio de las grandes empresas por sus trabajadores al suspender contratos y condenarles al hambre, entre otras.

Todo esto sumado a la adopción de las campañas internacionales de quedarse en casa como medida principal para prevenir el contagio y el llamado a aplaudir al personal médico para agradecer su labor, son una muestra clara del clasismo y la grave incapacidad que la narcodictadura tiene para responder a la crisis en un país donde más del 60% de los más de ocho millones de habitantes vive en condiciones de pobreza según las cifras del Banco Mundial y donde el sistema de salud pública enfrenta el segundo desfalco y saqueo millonario en la historia del país.

Las medidas autoritarias adoptadas son una bomba de tiempo que estallará a la brevedad con la llegada del desabastecimiento de alimentos y la profundización de la pobreza que ya vivimos.  Ese es el escenario posterior en el que la narcodictadura empleará los fondos saqueados mediante el clientelismo político y el populismo como herramientas de su campaña electoral.

La población hondureña tiene claro qué puede esperar y no esperar del gobierno en general y particularmente en este contexto, pues ha sido evidente a lo largo de sus mandatos que su compromiso real es con el narcotráfico, las empresas y asociaciones privadas y el capital transnacional extractivo. Por eso lo más urgente y necesario es preguntarnos cómo respondemos a esto desde la solidaridad, la ternura y el cuidado colectivo.

Es urgente preguntarnos y respondernos, ¿qué papel nos toca y debemos asumir las organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales y populares para dejar de ser simples observadores? ¿Es posible que la oposición política y social promueva e instale colectivos populares integrados por médicas y profesionales de la salud para enfrentar al coronavirus y a la peste mayor que es el régimen de la narcodictadura?,

 ¿Podemos conformarnos como colectivos o redes solidarias en cada una de nuestros barrios y colonias para amortiguar el golpe del desabastecimiento de alimentos? ¿Aportar lo que podamos para que  sintamos menos la orfandad y asumir la condición de sujetos colectivos del proceso?

Es horroroso ver al régimen, a otros actores políticos y económicos traficando con la dignidad de nuestro pueblo, haciendo proselitismo con la inseguridad y el miedo de nuestra gente, por eso desde el MADJ nos asumimos con la responsabilidad de pensar y proponer y no conformarnos con el encierro individualista.

Hacemos un llamado a la oposición parlamentaria y funcionarias/os al margen de la dictadura, a que sus cargos irrumpan camino en la implementación de propuestas para enfrentar la crisis de esta emergencia. No podemos ser espectadores. Deben usar sus cargos públicos en su mayor o menor medida, para dar las respuestas que la dictadura se niega a brindar. Son quienes en este momento histórico deben asumir el debate sobre la ruta diaria de la crisis, visualizando los alcances y medidas económicas a futuro.

Llamamos a romper el distanciamiento social, a hablar, actuar y responder a ello en conjunto con cuidado colectivo, con la solidaridad y la ternura que son la verdadera y real esperanza de nuestra sociedad ahora y en todo momento.

Fotografía: Delmer Membreño

 24 de marzo, 2020

¡Desde la dignidad siempre!

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Comunidades denuncian presiones del BID en Arizona para el desarrollo de hidroeléctrica

¡FUERA INGELSA, FUERA BID! ¡ARIZONA ES TERRITORIO LIBRE DE PROYECTOS EXTRACTIVOS!

Nosotras, las comunidades organizadas del municipio de Arizona, Atlántida, Honduras, condenamos la visita de consultores del Banco Interamericano de Desarrollo a nuestro territorio, quien por segunda vez está sirviendo de intermediario de los intereses de empresas extractivas y sus proyectos nocivos para nuestras vidas y nuestros entornos irrespetando nuestra decisión soberana de declararnos libres de extractivismo.

El 20 de noviembre de 2015, a pesar de la pretensión de manipular el cabildo abierto por parte de las autoridades locales en ese momento, decidimos por mayoría declarar nuestro territorio libre de minería e hidroeléctricas frente a la amenaza que constituía el proyecto hidroeléctrico Jilamito propiedad de la empresa INGELSA. Esa decisión la ratificamos el pasado 24 de marzo de 2019. Estamos inamoviblemente claros: ¡Arizona es territorio libre de proyectos extractivos!

Es condenable que a pesar de esa decisión y al mejor estilo de las instituciones nacionales e internacionales coludidas con el capital extractivo y dedicadas a blanquear el rostro de estas empresas criminales, el BID pretenda venir a nuestro territorio a generar influencias y presiones para que el proyecto pueda ser construido sobre nuestra única fuente de agua, nuestro río Jilamito.

Conocemos perfectamente este patrón de comportamiento y dinámica de funcionamiento del gran engranaje trasnacional del extractivismo, en donde desarrollan un papel instancias como el BID. Está clara su intención de pretender legitimar los intereses de INGELSA haciendo uso de maniobras corruptas como solicitar reuniones a nombre de SEMSA y posteriormente a nombre de INGELSA, así como su interés en reunirse siempre con sectores comunitarios coludidos con la empresa, que han traicionado la voluntad soberana producto de la descomposición del tejido social que provocan estas empresas como herramienta para entrar en los territorios que les interesa saquear.

Denunciamos que este día, domingo 15 de marzo de 2020, la consultora Rebecca Reibers de Monkey Forest Consulting sostiene reunión con habitantes de Mezapita a espaldas del conocimiento de toda la comunidad, seleccionando para dicha reunión a personas abierta y reconocidamente afines a la empresa.

Para nosotros SEMSA e INGELSA son lo mismo, sinónimos y prácticas de corrupción, impunidad, ilegalidades, violencia y muerte. No nos interesa su capital, sus supuestos beneficios, su supuesto desarrollo. El desarrollo de nuestras comunidades lo estamos haciendo nosotros mismos mediante el proyecto comunitario que ya está en marcha y con el cual haremos del derecho humano al agua una realidad, con la alegría de no estar engordándole los bolsillos a empresas criminales.

¿De qué “desarrollo sostenible y respetuoso con el clima” habla el BID cuando además de desconocer nuestra voluntad popular expresada en la declaratoria y en la ratificación, pretende seguir impulsando empresas y proyectos con los cuales se pondría en riesgo nuestro esfuerzo de trabajo en el proyecto comunitario de agua que ya está en curso? 

Responsabilizamos al BID y la presencia de sus consultores de cualquier brote de conflictividad en nuestra zona, como parte de la polarización que provocan estas empresas como herramienta para llevarse nuestra riqueza. Reafirmamos que no estamos solas, que somos parte de procesos a lo largo del territorio nacional, de nuestros hermanos y hermanas de Pajuiles, Sector Florida, Guapinol, de las comunidades de la zona Sur, de COPINH, Reitoca, Azacualpa, entre otras. Que los pueblos sabemos hacer justicia y hemos decidido soberanamente vivir libres de extractivismo y así nos mantendremos, luchando por dignidad y justicia para nuestras comunidades y para Honduras.

15 de marzo, 2020. Atlántida, Honduras

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Opinión| De República Bananera a Narcoestado

Por Diego Aguilar:

  1. Una de las acciones prioritarias de la reforma liberal de 1876 fue la inversión de capital extranjero, al igual que la dictadura de Carías, los gobiernos militares, la modernización agraria y el reajuste estructural neoliberal de 1982 hasta el golpe de Estado en 2009 y los gobiernos golpistas posteriores, todos se han caracterizados bajo criterios nacionalistas y fundamentalistas religiosos como única salida a la crisis política y socio económica (migración, combate al narcotráfico y crimen organizado, reducción de la pobreza, entre otros), sin resultados hasta la fecha y con una profundización paulatina.

Si bien es cierto que las y los hondureños comparten una diversidad cultural, también es compartida la desintegración territorial, la supresión de libertad de ejercicio de derechos, la ausencia de un mercado interno consolidado y planificado, así como clases sin sentido plural, intercultural, democrático y popular.

Desde 1824 hasta 1876 se desarrollan en el país alrededor de 150 rebeliones armadas y hasta 1933 gobernaron más de 100 administraciones, después de los gobierno de Marco Aurelio Soto y Luis Bográn entre 1877 y 1886, la facción liberal se dividirá en ortodoxos y disidentes siendo una pugna entre la nueva pequeña burguesía y los herederos coloniales. En este sentido, ¿Quiénes son los herederos de los gobiernos militares entre 1963 y 1980, del reajuste neoliberal de 1990 – 2009 y del Narco Estado 2010 – actualidad?

La narcodictadura militar y del capitalismo, al igual que los gobiernos producto de la ruptura del orden constitucional predecesores,  son una necesidad histórica de las clases dominantes, y en el actual periodo histórico, de las vinculadas al crimen organizado y lavado de activo, para pagar los créditos otorgados producto del colapso económico de la crisis financiera de la bolsa de EEUU en 2008, el saqueo al Estado luego del golpe en 2009 y el detente del avance del MERCOSUR, ALBAPETROLEO y del Socialismo del Siglo XXI mediante gobiernos progresistas en Suramérica.

Carías y Hernández ¿Continuismo al servicio de quién?

En 1932 se celebraron elecciones presidenciales en Honduras, Tiburcio Carías en su tercer intento llegara a la presidencia, siendo este el actor escogido desde inicios de su carrera política por la United Fruit Company donde Hillyer V. Rolston era su vicepresidente.[1]  

En su mandato, más de 900 millas de ferrocarril se construyeron en el Cariato, pero ninguna para función del Estado y de la sociedad, al contrario, se encontraban en manos de los gigantes transnacionales; Standart Fruit Co., United Fruit Co., y Cuyamel Fruit Co y de la Embajada de Estados Unidos[2]. Este hecho histórico se repite y recrudece desde el golpe de Estado en 2009 y en la narcodictadura de Hernández, con concesiones para la producción de energía, de extracción de minerales, de monocultivo de palma africana, complejos turísticos, instalación de Zonas Especiales de Desarrollo o Ciudades Modelo, corredores carreteros, peajes, puertos y aeropuertos, armamento de guerra y tasas de seguridad, todo al servicio del narcotráfico, lavado de activos, bancos financieros, cárceles de máxima seguridad, medios de comunicación e iglesias.

El principio básico de Carias en 1933 en su primera administración al igual que en el periodo post golpe de estado en 2009, era la necesidad de atraer capital extranjero. Posterior a la comisión de la verdad en 2010, para 2011 se lleva a cabo en la ciudad de San Pedro Sula, el Honduras Open for Bussisnes bajo la cancillería de Mario Canahuati Larach, participe del golpe de Estado y empresario de maquilas.

Para el 28 de febrero de 1942 Carías autoriza junto al Congreso Nacional que las empresas desmantelaran toda su infraestructura con el decreto 61[3], el gobierno de Carías profundizo el empobrecimiento y marginación de las/os trabajadoras/es, las/os campesinas/os, indígenas y afrohondureñas/os, principalmente en aquellos departamentos donde se concentraban las empresas bananeras, siendo este hecho, además de vergonzoso, un escalón más a la impunidad de las empresas transnacionales. La administración Hernández por su cuenta y bajo la militarización de las instituciones y la sociedad, ha incrementado los impuestos para la clase trabajadora, campesina e indígena, beneficiando a los grandes consorcios públicos privados entre la banca nacional e internacional y El Estado a través del lavado de activos, despojando de toda responsabilidad a los autores intelectuales y materiales del Golpe de Estado, el desfalco al IHSS, SAG, BANADESA, concentrando el poder económico y político en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Es con Carías que nace la frase “encierro, destierro o entierro” en su período dictatorial de 1933 a 1949, esta premisa que tomara fuerza durante el periodo Cariísta para que en sus primeros 3 años de administración “acuda al llamado de los representantes del pueblo” en el Congreso Nacional, aprobando la convocatoria a una asamblea nacional constituyente aprobada por 52 votos a favor y 2 dos en contra, haciendo el llamado a la misma el 7 de enero de 1936 bajo decreto no. 26.

¿Acaso este hecho histórico no se remonta a nuestros días? la migración, los procesos judiciales y las masacres y/o asesinatos selectivos a trabajadoras/es, campesinas/os, indígenas, afrohondureñas/os, mujeres, estudiantes y luchadoras/es sociales son las políticas de terror de Estado adoptadas por la administración de Hernández Alvarado.

Otro de los componentes de la narco dictadura es la imposición y la fuerza. Los elementos legales, legislativos y constitucionales no son más que un montaje ante la ausencia de democracia y poder para la sociedad hondureña,  con vallas militares en el Congreso Nacional, Poder Judicial y Casa Presidencial, así como en la institucionalidad pública (escuelas, hospitales, ministerios, entre otros), fortaleciendo la impunidad, la narco actividad y el lavado de activos.  

Carias bajo la política de estado de la Reconstrucción Nacional, al igual que en 1936, en 1939 surge nuevamente “la necesidad popular” del capital transnacional de hacer el llamado a través de las comandancias de armas, comités de defensa civil y militantes del partido nacional para el periodo continuista reformando el artículo 202 de la constitución de 1936, y prolongar el mandato del dictador hasta el 1 de enero de 1949. Hernández, que implementa el programa Vida Mejor en 2013 hasta la fecha, reformo el artículo 239 de la constitución de 1982, de la mano del fiscal general Oscar Chinchilla, el presidente de la Corte Rolando Argueta entre otros actores intelectuales del narcoestado, en un proceso inusualmente acelerado fallando a favor el 24 de abril de 2015 a través de la Sala de lo Constitucional, dando luz verdad al proceso de reelección presidencial.

Hernández y la narco dictadura, han reducido que ante la crisis capitalista global en 2008 y post golpe de Estado 2009 – actualidad, son responsabilidad de las administraciones anteriores, sobre todo de la administración Zelaya Rosales, separando las deudas históricas de impunidad, terror de estado y corrupción, producto del bipartidismo, el capital transnacional, las intervenciones militares y económicas de EEUU.

  • Aproximaciones.

Hoy quienes sostienen a las dictaduras pretenden, una vez más, procurar sostener el establishment del lavado de activos, haciendo llamados prematuros a contiendas electorales internas y acelerando el proceso de impunidad con la no renovación de la MACCIH-UFECIC, creando unidades de investigación fiscalizadas por el Ministerio Público a través de la UFERCO y con manifestaciones propias del narcotráfico.

Ejemplo de ello, el 13 de febrero del 2020 en la ciudad de El Progreso, donde dos unidades de las fuerzas armadas, la policía militar y la fuerza nacional anti maras y pandillas; ambas financiadas por la tasa de seguridad, se enfrentaron con armas de grueso calibre en el palacio de justicia, asesinando a 5 miembros de las fuerzas armadas debido a una operación militar para el rescate de Alexander Mendoza alias “El Porky”, quedando en evidencia la disputa entre carteles y la eliminación sistemática de sus actores, como fue el asesinado de Magdaleno Meza el 26 de octubre del 2019 en la cárcel de máxima seguridad de El Pozo, luego de declarar culpable a Juan Antonio Hernández, hermano del presidente, en la corte del distrito sur de Nueva York.

Luego de 11 años de dictadura, dos fraudes electorales 2013 y 2017 y miles de desplazados, encarcelados y asesinado; la esperanza de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, del Frente Nacional de Resistencia Popular, de la conformación del Partido Libertad y Refundación y del Espacio Refundacional, es de carácter obligatorio para aquellos que aún sienten vergüenza por que las y los hondureños padecen hambre, salud, seguridad, vivienda, dignidad y justicia.

El unificar criterios en un programa político amplio, coherente, plural y principalmente que trastoque las estructuras criminales del poder, sin medias tintas y afrontando la historia como los pueblos de Honduras lo han hecho hasta ahora, con resistencia, dignidad, poder y soberanía popular.  


[1] Diego Aguilar es historiador, encargado político de las Áreas de Formación y Educación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

[1] Zuniga Huete, Angel. Un cacicazgo centroamericano. México 1938. Pp 73.

[2] Sagastume Fajardo, Alejandro Salomón. Tiburcio Carias Andino, enclave y dictadura 1933-1949. Tegucigalpa, 1985. Pp. 27

[3] Este incluía “remover, levantar desmantelar, disponer y sacar libremente como ella quisiera, los rieles de las vías principales, ramales, subramales, espuelas, espolones y desvíos, así como todo material rodante y todos los puentes de hierro , a vender instalaciones a otras empresas, y que finalmente el gobierno decretara que la compañía quedaba eximida, relevada y descargada por siempre de cualesquier reclamo, demanda, acciones o derechos que el gobierno tuviera contra ella, y declarara además que la compañía había dado hasta la fecha, debido cumplimiento a todas las obligaciones emanadas de las contrata, Ibidem.

Bibliografía consultada

Díaz Arrivillaga, Efraín.  Robleda Castro, Roberto. Salomón, Leticia. Honduras, Hacia una Política Económica Alternativa. CEDOH, Tegucigalpa 1995.

Sagastume Fajardo, Alejandro Salomón. Tiburcio Carias Andino, Enclave y Dictadura 1933-1949. Tegucigalpa 1985.

Zuniga Huete, Angel. Un Cacicazgo Centroamericano. México 1938.

Brignoli Pérez, Héctor. Historia General de Centro América. De la posguerra a la crisis. Tomo V. Madrid, 1993.