Río Petacón entre el poder y la corrupción. Entrega IV

Hidroeléctrica en río Petacón socava ecosistema de Reitoca.

Los peces  en el río Petacón han dismuido a raíz de la construcción de la cortina del proyecto hidroeléctrico 

Empresa Progelsa explotará por 50 años el río pagando cantidades irrisorias a las municipalidades de Lepaterique y Reitoca

Las afectaciones de la hidroeléctrica se suman al impacto negativo del corredor seco y cambio climático 

Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. -Un sofocante calor que se combina entre polvo, ramas secas y faldas rocosas. No hay ruido de pájaros, pero si se escucha el estridente sonido de un motor de una bomba de diez caballos de fuerza que chupa una corriente del río Grande Reitoca, conocido también como río Petacón.

Wilmer Alonzo Herrera extrae varios litros de agua para hacer adobes y venderlos en una ferretería que ha instalado en el casco de Reitoca. Nos comenta que ha sido judicializado por su resistencia ante el proyecto hidroeléctrico que desarrolla la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa) en la zona. Ha sido acusado por los delitos de usurpación y daños agravados.

Para Wilmer, quien ronda los 40 años, el río es su vida y sustento. Recuerda que cuando era niño las aguas se llevaban todo a su paso, sin importar si era época seca o lluviosa. Ahora, dice, lo que queda en el cauce cercano al pueblo son dos mangas con pequeñas corrientes, las que aprovecha para producir una de las materias primas básicas para la construcción de viviendas.

Junto a su esposa Gissela y a su hija Andrea llega todos los días al río a realizar su faena la que viene culminando alrededor del mediodía, después de al menos seis horas ininterrumpidas. 

Mientras nos relata sus vivencias y el impacto negativo generado por el cambio climático y ahora, según él, por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón de la empresa Progelsa, se escucha entre las ligosas rocas el croar de las ranas.

Wilmer Alonzo juega con su hija Andrea a quien baña con las frescas aguas del río Petacón para apaciguar el enérgico calor, una mañana de verano de este 2020 cuando la temperatura rondaba los 35 grados centígrados.

El proyecto hidroeléctrico se ubica en la frontera entre los municipios de Lepaterique y Reitoca, en el departamento de Francisco Morazán, hoy confrontados porque las autoridades hondureñas no han sabido manejar los procesos para el concesionamiento de los proyectos de explotación de los recursos naturales.

La licencia ambiental extendida a favor de Progelsa se efectuó de manera fraudulenta,  en virtud de que no se realizó la consulta con los pobladores o por lo menos con los habitantes de Reitoca. De hecho, el licenciamiento se encuentra en análisis por parte del Ministerio Público que en diciembre de 2018 acusó al exsubsecretario de la desaparecida Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) Marco Jonathan Laínez Ordóñez, por el delito de abuso de autoridad por no haber sometido a consulta el proyecto.

En marzo de 2019 el Juzgado Penal dictó sobreseimiento definitivo a favor de Laínez Ordóñez, quien ha sido acusado por similares hechos en los casos “Agua Zarca”, “Aurora II” e “Hidroluz”, tres proyectos hidroeléctricos cuyas licencias ambientales fueron emitidas sin consultarle a las comunidades.

Aunque Laínez Ordóñez fue sobreseído de manera definitiva, el proyecto se encuentra suspendido desde enero de 2018 por la presión de los pobladores de Reitoca, agrupados en el Comité de Protección Reitoca y en el Consejo Indígena Lenca, esta última instancia mediante la cual luchan para hacer cumplir el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, que exige un proceso de consulta libre, previa e informada para las decisiones adoptadas en sus territorios.

El proyecto hidroeléctrico ha confrontado a los pueblos de Lepaterique y Reitoca, en el departamento de Francisco Morazán. La resistencia al proyecto se centra en Reitoca por encontrarse aguas abajo. La gente de Lepaterique no muestra mucho interés en el tema a excepción de la Corporación Municipal y de un grupo de personas que ha sido contratado para los trabajos previos y durante la construcción de las primeras obras de ingeniería y que hoy se encuentran paralizadas.

Mientras Wilmer Alonzo Herrera exterioriza su rechazo a la explotación del río, por considerar que es su vida, la de su familia y la de sus vecinos, existe un posicionamiento firme por parte de los trabajadores de Progelsa que viven en la comunidad de Mulhuaca, Lepaterique para que se les permita regresar a trabajar al proyecto.

Empresa SERMACO, encargada de las obras civiles, obtuvo permiso de la secretaría de Defensa para usar dinamitas en los cerros del cauce

Efectos en el medio ambiente

En agosto de 2017 los pobladores de Reitoca denunciaron en la Fiscalía Especial del Medio Ambiente que la empresa Progelsa había causado daños al agua porque los peces se estaban muriendo y el color del agua se había tornado oscura y con sedimento. A casi tres años de la denuncia, la Fiscalía no ha respondido a la queja.

La versión de los pobladores, que se evidenció con fotografías de la mortandad de peces, podría tener lógica con la explosión de dinamitas que realizó la empresa Servicios de Mantenimiento y Construcción S.A. de C.V. (SERMACO), ejecutora de las obras civiles del proyecto.  El 26 de mayo de 2017 el secretario de Defensa Fredy Santiago Díaz Zelaya autorizó a SERMACO para la compra local y directa en la Armería y el traslado, almacenaje, manipuleo y uso de material explosivo comercial.

Producto de las explosiones, que se extendieron por al menos dos kilómetros y en un radio de menos de cien metros, las aguas fueron soterradas, provocando sedimento, la razón que explica la muerte masiva de los peces.

El color del agua oscureció, los peces se murieron, y el nivel de las aguas disminuyó sustancialmente. “Fue alarmante, sentimos que el río de un solo bajó”, dijo Orlando Rodas, uno de los líderes del Consejo Indígena Lenca, quien se dedica a la ejecución de proyectos de riego agrícola.

Al iniciar la obra la constructora dinamitó los cerros que están en el cauce del río y la tierra cayó en las aguas, lo que provocó una disminución en el caudal. “Por esa razón es que ahora corre menos agua”, relata Magdaleno Flores, coordinador del Consejo Indígena Lenca.

Para la construcción de la cortina el río fue desviado por un túnel lo que ha provocado disminución del cauce natural. La imagen muestra además parte de las zonas donde la empresa SERMACO utilizó dinamitas.

Las explosiones sirvieron para adecuar las paredes del río y construir la cortina y la sala de máquinas para dos turbinas. Para efectuar estos trabajos SERMACO construyó un túnel para desviar el agua lo que, a juicio del biólogo e investigador, Héctor Portillo, provocó sin duda alguna un impacto negativo en el cauce y en la vida acuática del río.

El túnel, que ha servido para desviar el agua, ha provocado la disminución del caudal del río y con ello la pérdida de las especies acuáticas, especialmente la de los peces.

Históricamente la pesca ha sido una de las actividades de sobrevivencia de la población de Reitoca al igual que la siembra de granos básicos, maíz y frijoles. Sin, embargo, después del incidente de 2017 ya casi no se encuentran peces. “Antes había chacalín, mano carrizo, cacarica, ilama, pega (…) el guapote ya días no lo veo, camarón grande, también había”, manifestó con nostalgia, Andony Ruiz.

Andony, un joven activista social y miembro del Comité de Protección Reitoca y del Consejo Indígena Lenca, echa de menos las manadas de aves que antes se miraban a las orillas del río, entre ellas, golondrinas y zorzales, las que, a su juicio, están desapareciendo.

La percepción de Andony no se aleja de la realidad, pues según el biólogo e investigador, Héctor Portillo, el embalse disminuirá el caudal del río y con ello se afectará el agua para consumo humano y la utilizada para la irrigación. “Va teniendo un efecto negativo en las comunidades cercanas y en la vida acuática, especialmente en los peces”, enfatizó el profesional de la biología al explicar sobre los efectos causados por la represa construida en el río. 

Previó a la etapa de construcción del proyecto, en febrero de 2016, Progelsa contrató a especialistas en zoología y botánica para que realizarán un estudio de caracterización de flora y fauna. En la investigación de campo de la flora se encontró 66 especies diseminadas en bosque de galería, matorral y bosque latifoliado. Entre las variedades se encontró siguapate, macuelizo, cortés, piñuela, indio desnudo, guarumo, berberilla, chaparro, barba de jolote, zarza, guama, chaperno, quebracho, toble, chichicastón, laurel, nance, pochote, sirín, caoba, higo, capulín, uva, cera, guayabillo, manzanita, cagalera, cordoncillo, pimientillo, cafecillo, limoncillo, aceituno, pene de chacho, guácimo, capulín, cinco negritos, escoba, chivo, brujo, mango, flor de mayo, suyate, siguapate y zarza.

La flora en la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón está dividida, según los especialistas en botánica contratados por Progelsa, de la siguiente manera: 38 % de árboles, 38 % de arbustos, 22 % de hierbas y 2 % de gramíneas.

Como parte de la fauna se encontró varias especies de acuáticos, mamíferos, reptiles, aves, entre estas: lagartija espinosa, lagartija, ranita de charco, garrobo y no se descartó la existencia de serpientes venenosas como cascabel, tamagás y coral.

Se encontró además 19 especies de aves, entre ellas: garza tigre, coa, martín pescador, viudita de río, paloma alas blancas, lechucita, guardabarranco, pájaro carpintero, urraca, cerenqueque, sacude colchón, cucarachero, zorzal, saltador grisáceo, saltador cabeza negra, chorcha, chipe rufo, vireo cabeza azul.

En los mamíferos se encontró: ratón orejón alpinista, mapache, nutria o perrito de agua, murciélago frugívoro, murciélago vampiro y ardilla común y la variedad de peces: guapote, bagre de río, bubucha, congo, mojarra, machaca y podrido.

El estudio estableció que en el área del embalse y en los desfiladeros de la orilla del río, se encontraron esporádicamente sitios utilizados para anidar, así como determinadas rocas para percheo, que al hacer el llenado del embalse quedarán inundados.

El informe hizo alusión a la necesidad de aplicar planes de salvamento para la flora que sería afectada con la construcción del proyecto y advirtió que existía la probabilidad que, durante la construcción de la cortina del embalse, se emitieran residuos que afectarían de forma directa e indirecta el desarrollo de las especies herpetofauna, específicamente anfibios, lo que causaría un impacto negativo, por lo que se recomendó la implementación de medidas de mitigación.

Rafael Zelaya, un veterano poblador de Reitoca y protector del medio ambiente, lamenta que el proyecto hidroeléctrico haya causado daños a la flora y fauna, especialmente en las comunidades de Agua Caliente, Reitoca Centro, Paso de Lejas, El Rebalse, Agua Blanca y Santa Cruz.

El área del proyecto se caracteriza por tener bosque húmedo subtropical,  y según la clasificación de Holdrige, este bioclima se caracteriza porque se extiende desde los 700 hasta los 800 metros sobre el nivel del mar. Su cobertura vegetal está constituida principalmente por especies de coníferas y hoja ancha en diferentes etapas de sucesión, siendo el pino la especie que mejor identifica este ecosistema.

Al emitir la resolución sobre la licencia ambiental, la SERNA hizo hincapié en el informe y dictamen técnico de la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) número 642-2011 del 12 de octubre de 2011, mediante el cual se certificó que el proyecto hidroeléctrico se encuentra fuera de cualquier área protegida, integrada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH).

Aunque no se encuentre en de área de influencia de la Reserva Biológica Montaña de Yerba Buena, el Río Reitoca o Petacón se encuentra en la parte baja y drena al embalse “José Cecilio del Valle” en la región sur del país (Moramulca), con una capacidad de embalse de 11 millones de metros cúbicos de agua. Esta represa de uso múltiple abastece de agua a 100 mil familias de los cuatro municipios que se encuentran en la cuenca baja del Río Nacaome: San Antonio de Flores y Pespire en el departamento de Choluteca; Nacaome y San Lorenzo en el departamento de Valle.

La microcuenca del Río Petacón limita al norte con la microcuenca del Río El Limón y el Cerro de Hule y Cerro Verde; al oeste con la Montaña El Cimarrón y la Montaña Cimartagua, y al este con las microcuencas de los ríos Saracarán y El Común el Cerro El Cimarrón.

Leer investigación completa aquí: https://criterio.hn/hidroelectrica-en-rio-petacon-socava-ecosistema-de-reitoca/

Río Petacón entre el poder y la corrupción. Entrega III

Río Petacón: Una hidroeléctrica en suspenso y una población que no para de migrar

La población de Reitoca y Lepaterique sigue migrando en busca de nuevas oportunidades de vida

Progelsa ofreció empleos, pero la defensa del río es más fuerte que esta promesa
 

POR: REDACCIÓN CRITERIO.HN
REDACCION@CRITERIO.HN

TEGUCIGALPA. -LA POBLACIÓN DE REITOCA ESTÁ MIGRANDO. LOS HOMBRES SE VAN PARA ESTADOS UNIDOS, UNOS SE HAN IDO EN LAS CARAVANAS Y OTROS HAN PAGADO “COYOTES” Y LAS MUJERES BUSCAN CRUZAR EL ATLÁNTICO VÍA ÁREA PARA LLEGAR A ESPAÑA.

“La gente cuando no haya nada que hacer lo que hace es emigrar para otros países, de aquí las mujeres están emigrando a España, los varones están emigrando a Estados Unidos y a Canadá”, dijo el coordinador del Consejo Indígena lenca de Reitoca, Magdaleno Flores.
Flores fue estafado en su intento por emigrar a Canadá. Madaleno, quien se dedica a la albañilería junto a sus hijos, contó que junto a varios de sus coterráneos fue timado por una compañía dirigida por un hombre a quien identificó únicamente como “Don Rubén”, quien cobra 65 mil lempiras ($2.600) para llevar a la gente. “Yo fui uno de los que cayeron en ese negocio, me engañaron. Yo pagué 130 mil lempiras para mi hijo y para que se fuera un hermano mío, y resulta que no hubo viaje y me robaron el dinero”, lamentó.

El coordinador del Consejo Indígena Lenca de Reitoca, Magdaleno Flores, dice que el conflicto generado por el Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón de la empresa Progelsa, ha profundizado la migración durante los últimos cuatro años

Magdaleno relató que pese a que ya han pasado cuatro años de la estafa no ha existido castigo para el embaucador quien, dijo, sigue operando en su oficina en las cercanías del hospital San Felipe, en Avenida La Paz de Tegucigalpa.
Comentó que nadie interpuso la denuncia por el miedo a perder la vida y porque en Honduras no existe una correcta aplicación de la justicia que sancione a los delincuentes y criminales.
Los pobladores de Reitoca lamentan que en su municipio no existan fuentes de empleo permanentes. Existe algunos pequeños comercios dedicados a la venta de abarrotería, mercaditos, pulperías, dos pequeños restaurantes y tres hospedajes, que funcionan como hoteles.
La migración ha sido una constante en Honduras a partir de 1998, tras el paso del huracán Mitch, que provocó la pérdida de cultivos, infraestructura y otros daños colaterales a la economía. Sin embargo, el fenómeno registró un repunte desde 2009 a raíz del golpe de Estado y se acrecentó con el fraude electoral de noviembre de 2017. Desde ese entonces se organizan caravanas de personas de todas las edades, incluso familias completas.

Por estar ubicado en el corredor seco, Reitoca es severamente afectado por la falta de lluvias, lo que provoca que los campesinos migren ante la pérdida de sus cosechas.

En los últimos años la construcción inconsulta de la represa hidroeléctrica Río Petacón de la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa), ha suscitado un conflicto entre pobladores de los municipios de Reitoca y Lepaterique. Los primeros que se oponen al proyecto y los segundos que, en su mayoría, son apáticos al mismo, a excepción de las autoridades municipales y de un grupo de pobladores que han sido beneficiados con empleos por parte de la empresa desarrolladora.
La migración en Reitoca siempre ha estado presente, pues se encuentra en una de las zonas con mayor afectación al cambio climático por encontrase en el corredor seco, donde todos los años se registran pérdidas de cosechas y con ello problemas de seguridad alimentaria, y por ende mayor pobreza. En Lepaterique, pese a que su territorio goza de mayor precipitación pluvial, también existen problemas de sequía en época de verano. Esto aunado a la reducción de la explotación del bosque producto de la plaga del gorgojo descortezador, lo que provoca desesperación en la gente que también está migrando.

El Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de 2013 establece que Reitoca tenía una población de 10,649 habitantes, de los cuales se estima que alrededor de 7,500 son de origen lenca. Lepaterique, por su parte, registraba 23,306 habitantes y el 12 % de estos se autoidentifican como lencas. El censo estableció en aquella oportunidad que el 1.31 % de la población de Reitoca había migrado y en Lepaterique esa cifra era del 1 %.

El Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) establece que, en los últimos cinco años, 200 pobladores de Reitoca han sido deportados en su intento por migrar a los Estados Unidos. De los cuales 40 corresponden al año 2016, 32 al 2017, 39 al 2018, 75 al 2019 y en los primeros días de junio de 2020 ya se contabilizan 14.
En Lepaterique la deportación en los últimos cinco años ha sido de 278 personas, de las cuales 58 corresponden a 2016, 51 a 2017, 61 a 2018, 90 a 2019 y 18 en lo que va de 2020.

Jorge Montes, se aferra a su terruño, tiene una glorieta en el centro de Reitoca, donde genera empleo para dos jóvenes: Ericka y Alejandra, ellas perciben un poco de dinero para satisfacer parte de lo básico en sus hogares, pero no lo suficiente para vivir dignamente.

Para la defensora de los migrantes, Miroslava Cerpas, lo que está ocurriendo en el corredor seco hondureño es un desplazamiento forzado a causa de la implantación de industrias extractivas, energéticas y turísticas.
Cerpas recordó que durante 2018 y 2019 la Red de Organizaciones para la Protección de Personas Desplazadas demandó al Estado de Honduras que reconociera el desplazamiento que se origina en las comunidades de los pueblos originarios producto de la explotación por parte de transnacionales de los territorios ancestrales, cuyas “concesiones han sido obtenidas a través de actos de corrupción, con entes del gobierno y a veces agentes municipales”.
Apuntó que la mayoría de los dirigentes comunitarios, que han recibido amenazadas de los desarrolladores de los proyectos, terminan yéndose del país, porque si se quedan, aunque se desplacen a otro departamento son localizados por estos grupos.
La defensora lamentó que el gobierno se niegue a hacer la delimitación de los territorios ancestrales y concluyó que no lo hace porque de esa manera ya no existirá la posibilidad de hacer negociaciones ilícitas que se traducen en actos de corrupción.
En virtud de los conflictos territoriales generados en las comunidades indígenas por la implementación de proyectos turísticos y de explotación de los recursos naturales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recomendó en su informe de 2019 al Estado de Honduras adoptar las medidas necesarias a efecto de demarcar, titular y sanear las tierras y territorios reivindicados por los pueblos indígenas, según corresponda.
Cerpas manifestó que debido a que los pueblos indígenas tienen arraigo cultural es muy difícil que cuando se trasladen a otras comunidades puedan vivir y adaptarse a otras costumbres por lo que al final no tienen acceso a la salud, al trabajo, a la educación y otros derechos y eso al final los obliga a migrar e incluso a irse en las caravanas junto al resto de la población.

Estas dos viviendas son el vivo reflejo de las remesas percibidas por la población de Reitoca, la principal fuente de ingresos de esta población.

Leer investigación completa aquí: https://criterio.hn/una-hidroelectrica-en-suspenso-y-una-poblacion-que-no-para-de-migrar/

A 11 años de golpes, estamos en pie de lucha

Hoy se conmemoran 11 años del golpe de Estado perpetrado por los grupos oscuros de la nación aliados contra la población y el respeto a la voluntad popular, la intensión de hacer una consulta fue el detonante para justificar asesinatos, corrupción y expatriación de personas del territorio nacional.

Las cúpulas criminales representadas en la clase política, empresarial y religiosa se confabularon para causar una herida que aún no sana y que sigue sangrando a pesar del paso de los años.

A 11 años, son los mismos actores que llaman a la unidad de la familia hondureña, a la reconciliación nacional, pero son los mismos actores que han continuado con la corrupción, con el saqueo y con los asesinatos hacia la población que reclama una mejor nación.

El golpe de Estado de 2009 reveló la configuración del crimen organizado como estructura intrínseca de organizaciones políticas y empresariales a quienes la iglesia y las instituciones de justicia “bendicen” para actuar con total libertad, garantizándoles total protección e impunidad.

A 11 años, esa impunidad sigue siendo el principal abono para que esos mismos personajes continúen favoreciéndose con fraudes electorales, con la privatización de las empresas que en un tiempo fueron públicas, con la entrega del territorio que siempre nos ha pertenecido a los y las hondureñas, con la entrega de nuestros bienes comunes y naturales que permite el genocidio de nuestros hermanos y hermanas de los diferentes pueblos originarios.

A 11 años del golpe de Estado seguimos siendo golpeados y golpeadas, pero con los ánimos y la motivación renovada para seguir luchando por recuperar la nación, por devolver la justicia y la Dignidad a un pueblo que ha sido altamente castigado por la impunidad que el mismo sistema corrupto e inservible les da a quienes han afectado a las grandes mayorías.

A 11 años, como organización hemos confirmado que la verdadera soberanía se construye desde las comunidades, desde los territorios a donde hombres y mujeres han decidido apostar la vida por la defensa de sus montañas, de sus ríos, de su nación, nación que ha sido entregada por políticos corruptos, avaros y traidores a la patria.  

A 11 años, queremos reconocer el trabajo de hombres y mujeres que fueron asesinados por luchar en defensa de la soberanía nacional, el respeto a la voluntad popular y que con su sangre derramada por balas disparadas por cobardes han regado la Dignidad que cada día florece en más de un hondureño u hondureña que sueña con heredar una mejor nación a las futuras generaciones.

A 11 años del golpe de Estado reafirmamos que a pesar de todos los golpes recibidos estamos de pie para seguir luchando y apostándole a que estamos en el lado correcto de la historia, ahí donde solo las y los valientes pueden estar, donde los que se esconden tras un saco, una corbata o vehículos blindados y escoltados no pueden estar simple y sencillamente porque no tienen dignidad.

A 11 años del golpe de Estado, estamos en pie de lucha.

Siembras comunes, alternativa alimentaria pos pandemia

La crisis alimentaria que se avizora como efecto de la pandemia y las malas decisiones del gobierno de Honduras solo pueden ser revertidas por las acciones desde los territorios a donde se busca la verdadera soberanía que va acompañada con la seguridad alimentaria que las y los ciudadanos pueden y deben impulsar como parte de los procesos de bienestar común.

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia como parte de su apuesta política decidida en la última asamblea ha iniciado junto a los núcleos comunitarios los procesos por desarrollar un proyecto que no solo nos permita luchar y defender los bienes comunes y naturales, sino que también el cultivar nuestros alimentos de manera colectiva como alternativa de seguridad y soberanía alimentaria desde los territorios.

Es por eso que comunidades como Pajuiles, Arizona, San Juan Pueblo, Colorado, El Sector Florida, entre algunos de los territorios han empezado la plantación de manera colectiva de productos como yuca, frijoles, maíz y plátano, alimentos básicos en la dieta de la población hondureña.

“Nosotros las comunidades organizadas desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, pues los núcleos, estamos trabajando en la siembra de yuca, plátano y maíz, todo esto para hacerle frente a la crisis alimentaria que estamos viviendo las comunidades, esta es una forma de pasar de la Resistencia a la soberanía Digna”. Dijo nuestra compañera y una de las coordinadoras generales Albertina López quien además es integrante del Campamento Digno por el Agua y por la vida de las comunidades de Pajuiles.

Las siembras colectivas se impulsan en las comunidades a donde sus habitantes han logrado conseguir prestadas pequeñas parcelas de tierra pues en Honduras los gobiernos han entregado las mejores tierras en concesión y están en poder de grupos de terratenientes. “El objetivo de esta siembra colectiva es con el propósito de tener alimentación para los próximos meses, debido a que por esta pandemia que esta pasando por el país y por el mundo entero, hay deficiencia, hay escasez de alimentación, y si se consigue está bastante caro en todas partes, por eso hemos tomado la decisión de sembrar, aunque sea pequeñas parcelas porque no contamos con grandes extensiones de tierra para poder tener alimentación próximamente”. Manifestó nuestro compañero Oscar Martínez quien es luchador social y enfrenta un proceso judicial impulsado por la empresa hidroeléctrica hidrocep, Martínez es integrante del Campamento Digno por el Agua y por la Vida de las comunidades de Pajuiles que luchan por la protección del rio Mezapa y la sierra Nombre de Dios.

El contexto en el que se desarrollan estas siembras comunes tienen que ver mucho con el descuido que el gobierno de Honduras representado por Juan Orlando Hernández ha mantenido en estas comunidades a donde nunca llegaron los militares con el apoyo y soporte técnico para iniciar las siembras a pesar que el Estado les entregó más de 4 mil millones de lempiras en el mes de diciembre del año anterior.

“El gobierno no se ha preocupado verdad por asegurar la alimentación de este pueblo que tanto lo necesita y nosotros las comunidades si estamos preparadas para cultivar, ya que esa parte no se ha parado, aquí el país se ha paralizado todo, menos los agricultores que han seguido trabajando, cultivando, asegurando la alimentación de este pueblo, el gobierno central aprobó muchos millones para el ejército, pero nunca pensó en dárselo al pueblo para que el pueblo lo administrara y no el ejército porque ellos no están preparados para sembrar” remarcó nuestra coordinadora general.

Las siembras comunes se desarrollan actualmente en el departamento de Atlántida, aunque la idea es hacer crecer este proyecto a más comunidades en el país. “El objetivo también incentivar a la gente al compañerismo, a la convivencia, al hecho de mantenernos unidos y dispuestos a defender nuestros bienes comunes y hacer conciencia en la gente para que podamos luchar unidos en estos procesos.

Territorios MADJ: Pajuiles y sus alternativas frente al COVID-19

Territorios MADJ es una serie de entregas del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia que recoge las apuestas políticas comunitarias puestas en marcha en sus territorios organizados, las cuales están siendo respuestas, desde los cuidados colectivos frente a la pandemia del COVID-19.

En esta primera entrega se retrata a las comunidades del Sector Pajuiles y sus respuestas comunitarias a la emergencia, las cuales son el resultado de su proceso organizativo que tiene como punto de encuentro, de construcción, pensamiento y decisión el Campamento Digno por el Agua y por la Vida. Su antecedente de luchas y las apuestas actuales están detalladas en la entrega No. 1 de Territorios MADJ. Puede ser descargado aquí.

Territorios MADJ: Pajuiles y sus alternativas frente al COVID-19

i. Contexto de COVID 19 en Honduras

El 10 de febrero de 2020, la Presidencia de la República de Honduras decretó estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por la aparición del COVID 19 en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Debido a ello, el 15 de marzo de 2020, el poder ejecutivo estableció la suspensión de derechos constitucionales en todo el territorio nacional, mediante el decreto PCM 021-2020[1].

El estado de excepción impuesto se ha extendido por más de 60 días y ha tenido impactos específicos en las distintas zonas y poblaciones del país, los cuales no han sido observados ni considerados por el gobierno para una efectiva priorización en la atención del agravamiento de las múltiples crisis derivadas de la pandemia.

Sumado a la suspensión de garantías, la desbordada corrupción en el manejo de fondos destinados a la atención de la crisis, el comportamiento arbitrario de las autoridades nacionales y locales, así como las graves violaciones a derechos humanos registradas configuran un escenario de país en el que el virus es la parte más mínima de la pandemia que enfrenta Honduras.

ii. La situación específica de Pajuiles, territorio organizado en la lucha por la dignidad y la justicia

El Sector Pajuiles ubicado en el municipio de Tela, Atlántida desde 2017 se posicionó como un referente de las luchas organizadas en Honduras frente a la amenaza del extractivismo. Su determinada defensa del río Mezapa y su derecho al agua, amenazado por la empresa hidroeléctrica HIDROCEP, propiedad del empresario hondureño Jason Hawit[2], no ha dado tregua[3] y en tiempos de COVID-19 ha adoptado nuevas dinámicas de soberanía comunitaria.

Como parte de su proceso organizativo y de soberanía territorial, el 22 de marzo de 2017 se instalaron en lo que denominaron el “Campamento Digno por el Agua y por la Vida”[4], espacio político constituido en asamblea permanente de la militancia del Movimiento Amplio en la zona, desde el cual por más de tres años se han realizado acciones sin descanso para garantizar que el río Mezapa y el municipio esté a salvo del extractivismo y las múltiples irregularidades y efectos negativos causado por este.

Frente al COVID-19 el panorama de la zona como el del resto del país, presenta una serie de complejidades profundas exacerbadas por la emergencia. Los impactos del toque de queda en las formas de vida y medios de subsistencia, carencia de empleo, entrega selectiva y politizada de alimentación y de equipo de bioseguridad, son algunas de las situaciones específicas derivadas del contexto actual que enfrentan.

A razón de esto, las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio, con el Campamento Digno como punto de encuentro, decisión y accionar colectivo frente al COVID apostando desde lo comunitario por la soberanía con dignidad han puesto en marcha múltiples y ejemplarizantes prácticas.

iii. El escenario del COVID 19 y situación de los derechos humanos de las comunidades del Sector Pajuiles

Una de las situaciones más crítica del escenario de la pandemia en la zona es la falta de atención médica para las comunidades. El Centro de Salud del Sector ha permanecido desabastecido desde tiempos anteriores al COVID-19. Este hecho fue denunciado en múltiples ocasiones ante la Regional de Salud de Atlántida.

Con la llegada de la empresa HIDROCEP a la zona, el Estado de Honduras precarizó aún más la situación sanitaria, generando un escenario favorable para las promesas del empresario Hawit y socios locales quienes prometieron como beneficio del proyecto hidroeléctrico, la construcción y equipamiento del centro de salud, insumos para las escuelas, entre muchas otras cosas que nunca cumplieron.

La falta de voluntad política y capacidad local y estatal en relación a la situación del centro de salud y el acceso a atención médica precaria en la zona se ha mantenido durante tres años a pesar que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de la decisión de otorgamiento de la medida cautelar de protección en favor de pobladores consumidores de agua del río Mezapa[5] solicitó al Estado brindar atención médica adecuada y abastecer de medicamentos el centro asistencial más cercano a las comunidades del sector.

Ahora el desabastecimiento del centro de salud también implica que no se cuente en absoluto con insumos médicos y de bioseguridad. El centro no ha brindado consultas, los empleados permanecen en el lugar pero no tienen lo necesario para atender a las personas que llegan con diversos padecimientos.

Pero además de la grave situación del derecho a la salud, se han registrado otros hechos preocupantes como la brutal represión policial efectuada por la Policía Nacional el 23 de abril de 2020 en Las Metalias, una de las comunidades beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Estos hechos se originaron cuando personeros de la municipalidad de Tela entregaron de manera selectiva los alimentos dispuestos para la comunidad en el marco de la Operación Honduras Solidaria[6]. Estos al llegar a la zona fueron abordados por el Patronato de las Metalias quienes les comunicaron que ya existía un trabajo previo de identificación de las familias con mayor necesidad a las que serían destinadas los alimentos con prioridad, a pesar de esto, los personeros insistieron que la entrega de alimentos se haría según sus listado, en los que prevalecía la asistencia a familias afines al Partido Nacional, al que pertenece el actual alcalde Darío Munguía Quezada.

Frente al rechazo definitivo por parte del Patronato del comportamiento de los personeros municipales, éstos se retiraron de la zona con los alimentos sin ser entregados. La reacción de la comunidad fue denunciar su retiro y manifestarse frente a la carretera CA-13. Minutos más tarde efectivos de la Policía Nacional se hicieron presentes y sin diálogo alguno comenzó a desalojar a la población lanzándoles bombas lacrimógenas y disparando a bala viva en contra de las personas de la comunidad.

La represión duró alrededor de dos horas[7] y dejó como saldo 2 personas heridas de bala, 2 personas altamente afectadas por el gas lacrimógeno lanzado en espacios cerrados como casas e iglesias, 6 personas detenidas[8] y 1 persona judicializada a la que se le dictaron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. También se documentó como hecho relevante la negativa del personal del hospital de Tela para atender a los heridos.

Este hecho debe leerse desde el antecedente de violencia policial y militar en el Sector Pajuiles. En el marco de la lucha desde el Campamento, entre  2017 y  2019, las comunidades han sido víctimas de 3 brutales represiones policiales y militares, 25 de sus integrantes han sido criminalizados y puestos ante la justicia,[9] han incendiado las instalaciones del Campamento Digno en 2 ocasiones, turbas violentas atacaron de manera directa de dos de sus integrantes, entre estos, al coordinador general, Martín Fernández, y han sufrido múltiples campañas de odio en contra de sus liderazgos y en contra del Movimiento Amplio. En general, se ha presentado al menos once denuncias por agresiones en el marco del conflicto generado por HIDROCEP.

Este antecedente evidencia que Pajuiles desde su resistencia comunitaria permanente ante el extractivismo, su papel beligerante en el marco de las movilización en contra del fraude electoral de 2017 y lucha en el marco de la Plataforma por la Educación y la Salud, es una de las zonas expuestas a un mayor control militar y policial “justificado” por la pandemia, escenario propicio para violaciones a derechos humanos de la población organizada y con militancia política del Movimiento Amplio.

iv. La amenaza del extractivismo en el escenario del COVID- 19

La precariedad y la incapacidad del gobierno local que es también una extensión de la incompetencia del gobierno central para la atención de la emergencia, han representado una oportunidad para la empresa HIDROCEP quien aprovechando la situación y en colusión con actores religiosos de la zona ha aparecido con la promesa de brindar alimentos a la población como un claro mecanismo de compra de voluntades para lograr reactivar la construcción de su proyecto hidroeléctrico que se encuentra paralizado debido a la decisión soberana de rechazo al extractivismo impulsado por las comunidades organizadas[10].

Jason Hawit ha manifestado su disposición de entregar arroz y otros insumos alimenticios para ayudar a las comunidades a mitigar el desabastecimiento. Hecho que está dirigido a profundizar la división de la población provocada por la presencia de la empresa que ha impactado sustancialmente en el rompimiento del tejido social comunitario.

Las comunidades también manifiestan preocupación sobre una posible reactivación de las intenciones de la empresa de construir el proyecto sobre el río Mezapa, desprendido de las medidas adoptadas en el marco de la pandemia mediante acuerdo ministerial relacionado con los procesos de licenciamiento electrónico para las empresas extractivas.

v. Respuesta comunitaria y alternativas puestas en marcha: Puntos de control de bioseguridad y siembras colectivas

La situación de precariedad del contexto de pandemia no ha limitado el accionar de las comunidades organizadas del Sector Pajuiles, quienes vienen construyendo soberanía y dignidad desde hace mucho tiempo atrás y no cesan en su militancia política. Ante la adversidad y la incertidumbre se han organizado en conjunto con las fuerzas vivas de la comunidad, así entre patronatos, juntas de agua, iglesias y núcleos de militantes del Movimiento Amplio en las comunidades de Pajuiles, Planes de Arena Blanca y Las Metalias han puesto en marcha mecanismos de respuesta desde la acción comunitaria.

Uno de estos son los denominados “Controles de Bioseguridad” para evitar que las personas de las comunidades contraigan el Covid-19. Esta acción coordinada no es espontánea y, responde a la acumulación de los procesos políticos en la zona y la amplia capacidad organizativa y operativa que los núcleos del Movimiento Amplio han creado. Al respecto, Albertina López, una de las tres coordinadoras generales del MADJ relata que para que estos puntos de control y medidas de prevención impulsadas en coordinación con las fuerzas vivas de la comunidad funcionen hacen turnos. Las personas se suman para garantizar la compra de insumos médicos y las distribuciones de roles y asignaciones.

Ante la negligencia estatal y municipal, la carencia de insumos se hace notar en la comunidad, Albertina denuncia que[11]

…el técnico de salud ha hecho llegar el cloro, pero las mascarillas y el equipo de bioseguridad debe comprarlo la comunidad. Las personas se suman para la adquisición de insumos de bioseguridad y para sostener los puntos de control o de desinfección… Como MADJ, desde los núcleos se ha coordinado con la doctora Fernández y otras compañeras y compañeros médicos, para que los enfermos de las comunidades que padecen diabetes, asma u otra condición de mayor vulnerabilidad ante el virus puedan adquirir sus medicamentos.

También señala que ante esta ofensiva del empresariado y el capital transnacional, la idea de soberanía comunitaria también implica compartir con otros territorios, el retorno a la figura del intercambio de alimentos y de la solidaridad entre comunidades como acción política. Ella refiere que[12]

… es sabido que en Atlántida se dan algunos cultivos y otros no y lo que pretendemos es hacer intercambio con otros territorios. Por ejemplo con los compañeros y compañeras de San Francisco de Locomapa, de Jilamito, de otras zonas de Tela. También son bienvenidos los intercambios porque la madre tierra es generosa con nosotros y gracias a Dios podemos producir diversidad de cultivos.

En esta ardua tarea de la solidaridad y soberanía todas y todos en las comunidades organizadas del Movimiento Amplio han aportado porque es parte de la apuesta política clara y determinada de la organización como respuesta al contexto actual de pandemia pero también como alternativa a la normalidad del capitalismo devastador. Sumado a ello la resiliencia comunitaria ha hecho posible a los núcleos anteponerse a los obstáculos y adversidades que plantea la pandemia y el extractivismo mediante la ejecución de su propia propuesta alternativa de autogestión de la protección de la salud y soberanía alimentaria.

Esta soberanía alimentaria se ha vuelto una realidad mediante las siembras colectivas en el Sector Pajuiles. La gestión de parcelas de tierra para cultivo, el trabajo compartido de preparación de terreno y siembra son solo algunas tareas que desempeñan con esfuerzo y unidad los núcleos comunitarios del Movimiento Amplio en el sector. Sobre esto Albertina refiere que “La siembra colectiva es un proyecto que ya teníamos los núcleos comunitarios pero que ahorita con la emergencia del Covid-19 se aceleró ya que necesitamos asegurar la alimentación de nuestras comunidades”.

Este proceso de siembra colectiva también se está llevando a cabo en el espacio del Campamento Digno donde se han sembrados 300 plantas de yuca y se prevé la siembra de plátano. El papel de las mujeres ha sido determinante para que todos estos esfuerzos de siembra colectiva sean una realidad, en la actualidad, las compañeras son quienes coordinan y dirigen estos procesos.

Además del Campamento Digno, las siembras colectivas se van a extender a dos terrenos más de 5 tareas de tierra ubicados en la comunidad de Planes de Arena Blanca en los que se proyecta el cultivo de maíz y yuca.

Desde la apuesta política del Movimiento Amplio la mayor y más importante acción desde las comunidades organizadas del Sector Pajuiles en respuesta a la emergencia es el sostenimiento del Campamento Digno como espacio político, aglutinador de pensamiento, propuestas, accionar colectivo y de la solidaridad como práctica militante. No podemos dejar de señalar que práctica política de apoyo mutuo ha permitido la ejecución de esta propuesta alternativa de autogestión comunitaria de protección de la salud y soberanía alimentaria en Pajuiles, asimismo, se sigue trabajando para que esta estos procesos se extienda a la totalidad de las comunidades del sector.

Albertina refiere en intención de conclusión que “Desde el Movimiento Amplio estamos emprendiendo este proceso de cultivos y de soberanía alimentaria; no es un discurso, ya está en marcha. El intercambio en este tiempo es fundamental para la subsistencia de las resistencias. Que nos una la lucha y la solidaridad para sostener nuestras rebeldías.”


NOTAS AL PIE

[1]Para mayor información ver el decreto en https://www.presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/7016-decreto-ejecutivo-numero-pcm-021-2020 (Último acceso el 30/04/2020)          

[2] El proyecto pretende ser construido sobre el Río Mezapa, fuente principal de consumo humano para las comunidades del sector. La construcción se encuentra paralizada debido a la resistencia organizada desde el Campamento Digno por el Agua y por la Vida. Una de las herramientas empleadas es una acción de amparo que ordenó a la empresa parar las obras de construcción y a la municipalidad de Tela vigilar el cumplimiento de dicha ordenanza.

[3] El 24 de marzo de 2017 las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) del Sector Pajuiles realizaron una movilización en el marco del día mundial

[4] Los campamentos dignos del MADJ se decidieron como acción política en asamblea en marzo del año 2017. En esencia, se trata de una asamblea permanente, un ejercicio de soberanía territorial, donde desde la asignación de un espacio público y la permanencia en el mismo se ejercen acciones para garantizar que los agentes externos a la comunidad no continúen causando daños ambientales en la zona en riesgo. Derivado de la naturaleza de los procesos organizativos del MADJ, estos son una construcción dinámica, hasta la fecha, están íntimamente ligados con la defensa y la lucha por la autogestión de los bienes naturales comunitarios (agua, bosque, minerales, etc.) los cuales son pretendidos para la explotación o están siendo explotados por empresas extractivas. Sin embargo, el Campamento como acción política tiene una íntima relación con una apuesta nacional, lo que implica que lo local se inscribe en una visión panorámica de país.

[5] CIDH. Resolución 12/2010, de fecha 28 de febrero de 2018, otorgamiento de Medida Cautelar 772-17 en favor de Pobladores consumidores del río Mezapa, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

[6] Con el objetivo de abastecer con raciones de alimentos de la canasta básica al menos a ochocientas mil (800,000) familias hondureñas, mediante decreto PCM-025-2020, en vigencia desde el 28 de marzo de 2020, el gobierno de Honduras creó la operación “Honduras Solidaria”,  y ordenó a la Secretaría de estado en el Despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización realizar transferencias a las Municipalidades para ejecutar este proyecto en favor de las comunidades más marginalizadas.

[7] Entrevista en vivo momentos posteriores a la represión policial en la zona: https://www.facebook.com/RadioProgresoPaginaOficial/videos/532011107341933/?sfnsn=mo&d=n&vh=e 

[8] Las personas detenidas son Roberto Ferrera, Marcos  Galdámez, Alex Velásquez, Luis Turcios, Prudencio Ortiz (Auxiliar del Patronato de las Metalias), Cristian Eliazar Brizuela.

[9] Para mayor información es posible consultar en: https://wp.radioprogresohn.net/sobreseimiento-definitivo-para-cuatro-dirigentes-comunitarios-de-pajuiles/; y en  https://criterio.hn/2017/09/02/pajuiles-dialogo-la-criminalizacion-la-defensa-del-agua/

[10] El 2 de septiembre de 2018 la población adoptó la decisión dedeclarar el territorio del municipio de Tela como zona productora de agua para el uso y consumo humano y libre de proyectos extractivos tanto minero, hidroeléctrico, geotérmico y monocultivos para usos comerciales y mercantiles. La declaratoria se adoptó mediante cabildo abierto.

[11] Entrevista de fecha 11 de mayo de 2020, para “Destapando la Olla”, programa y espacio radial del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia transmitido los días lunes a través de Radio Progreso,

[12] Ibíd.

Abastecer de alimentos en 24 horas a tribu tolupana ordena juzgado por amparo

El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula admitió el amparo interpuesto este día en favor del Pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa, situado en el departamento de Yoro, quienes son víctima de discriminación en la entrega de alimentos en el marco de la emergencia por el COVID 19.

El amparo promovido por el Consejo Preventivo de Tribu de Locomapa, Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE denunció que el Estado de Honduras, a través de la municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas de poner en marcha el programa “Honduras Solidaria”, entregaron la bolsa solidaria en este territorio a personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de la empresas que operan en la zona extrayendo la riqueza de la tribu, discriminando y dejando al margen de dicho beneficio a las demás, condenándolas a muerte por hambre.

Por tanto, en su resolución de fecha 28 de abril de 2020 el Juzgado admitió el amparo con suspensión del acto reclamado, lo que implica que las autoridades que fueron señaladas en la acción como responsables de la violación de derechos deben restituir de manera inmediata a estas familias su derecho a la alimentación abasteciéndoles en un término de 24 horas.

Es así que la Corporación Municipal de Yoro, por orden del Juzgado y en coordinación con el Consejo Preventivo de Tribu debe dotar de alimentos suficientes y de calidad a todos los miembros de San Francisco Locomapa, respetando y garantizando todos los derechos que poseen los integrantes de la tribu de acuerdo con estándares internacionales y con especial atención a las personas enlistadas, todas integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, a través de su núcleo comunitario de la tribu de San Francisco.

También le ordenó facilitar atención médica integral a todos los miembros de la tribu de San Francisco para atender las afectaciones biológicas – nutricionales derivadas de la violación a su derecho a la alimentación, la cual debe ser conforme a la diversidad cultural y especializada para la atención de la niñez, vejez, mujeres embarazadas y cualquier grupo vulnerable frente a la pandemia COVID 19. Estableciéndole un plazo de cinco días hábiles para que remita informe sobre lo ordenado.

El Juzgado reconoció la gravedad del comportamiento de la Corporación Municipal al manipular la entrega de las bolsas solidarias autorizadas en el marco de la Operación Honduras Solidaria, con la cual beneficiaron exclusivamente a las familias afines al partido nacional, a pesar de la situación de extrema pobreza generalizada que enfrentan las tribus, agravada por el impacto de la pandemia del COVID 19.

Interponen amparo a favor del pueblo Tolupán ante entrega politizada de alimentación

(San Pedro Sula, Honduras, 28 de abril, 2020). Una Acción de Amparo a favor del Pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa, situado en el departamento de Yoro, fue presentado hoy ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula (JLCASPS) por parte del Consejo Preventivo de la Tribu de Locomapa, Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE.

En su escrito, los amparistas denuncian que el Estado de Honduras, a través de la municipalidad de Yoro y otras entidades encargadas de poner en marcha el programa “Honduras Solidaria”, llegaron a las comunidades de Locomapa con la bolsa solidaria, pero únicamente la entregaron a personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de las empresas que operan en la zona extrayendo la riqueza de la tribu. A las demás familias las han discriminado y condenado a muerte por hambre, siendo esta una responsabilidad del Estado de suplir las necesidades básicas de alimentación de la población confinada debido a la emergencia decretada por covid19.

Los amparistas señalan que el Estado hondureño está violentando el derecho a la alimentación, la salud, la integridad personal y poniendo en riesgo la vida de las familias tolupanas de Locomapa, por el hecho de ser disidentes de la política de destrucción de su territorio que promueve el Estado y gobierno de Honduras, en colusión con empresarios mineros, madereros y de otros rubros.

En el amparo se pide una serie de medidas urgentes, orientadas a que en un plazo de 24 horas se dote de alimentos suficientes y de calidad a las familias indígenas que ha sido discriminadas; que la alimentación de calidad se entregue por el tiempo que sea necesario, de acuerdo a la extensión de la emergencia; que se desarrolle un plan integral que fomente la agricultura y vuelva auto sostenible la vida en dignidad de las familias indígenas, igual se solicita atención médica especializada frente a la amenaza del covid-19; piden también se respeten los estándares internacionales en materia de pueblos indígenas y que se haga público un informe de cumplimiento de los derechos a las familias tolupanas.

En el escrito también se solicita requerir al Ministerio Público para que investigue y ejerza acciones penales en contra de los funcionarios que son autores o participes de los delitos de discriminación y violación de sus deberes.  Según la Relatora de Pueblos Indígenas de la ONU, luego de su visita al país en 2015, los indígenas tolupanes son los más martirizados por la defensa de su territorio, solo en los últimos años acumulan más de 100 asesinatos, los cuales se encuentran en impunidad.

Presentan amparo para 15 mil niñas(os) en situación de calle ante riesgo de muerte por COVID-19

(Tegucigalpa, Honduras, 13 de abril, 2020). Una Acción de Amparo a favor de alrededor de 15 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) que sobreviven en condición de calle fue presentado hoy ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por parte de Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, COIPRODEN, Casa Alianza, FUNDAMBIENTE y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

En su escrito, los amparistas denuncian que el Estado de Honduras ha normalizado la violación de todos los derechos de las NNA que sobreviven en calle, ha desobedecido las directrices y recomendaciones que en los últimos 30 años le han hecho organismos como el Comité de Derechos del Niño de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; entre otros y, en consecuencia, hoy de manera adicional, se enfrentan a un altísimo riesgo de contagio y muerte por el covid-19.

Las organizaciones señalan que la Presidencia de la República, el SINAGER y la DINAF, han reincidido en su comportamiento omisivo, escapista y evasivo de sus obligaciones, violando el derecho a la salud, la integridad personal, la dignidad y poniendo en riesgo la vida de los miles de NNA que siguen sobreviviendo en las calles, sin que hasta el momento existan acciones concretas y efectivas que los protejan de manera sostenible.

De manera concreta, los amparistas piden que la SCCSJ ordene 10 medidas cautelares urgentes, orientadas a superar las históricas violaciones de derechos y las que hoy sufren los NNA en condición de calle debido a la amenaza del covid-19, los toques de queda extendidos y el abordaje policiaco, militarista, criminalizador que el Estado asume frente a la inhumana situación de los beneficiarios de la Acción de Amparo.

Algunas de estas medidas son: que se establezcan y pongan a disposición de manera inmediata, en distintas ciudades del país, albergues dignos para los niños y niñas que sobreviven en las calles del territorio nacional y eviten el contagio del virus, aplicación inmediata de pruebas rápidas para descartar o confirmar contagios por COVID-19, constituir un equipo multi y transdisciplinario, entre instituciones del Estado y organizaciones de sociedad civil que consensuen y pongan en marcha, en el menor tiempo posible, una política pública integral para la atención de los NNA que sobreviven en la calle; que se destine un presupuesto suficiente y sostenido para la atención específica de la niñez que sobrevive en calle.

Los amparistas requieren a la SCCSJ que notifique al Ministerio Público de la violación a los derechos fundamentales que han sido objeto los miles de niños y niñas que sobreviven en las calles, a efecto de investigar y deducir la responsabilidad a los funcionarios y funcionarias que por acción u omisión fueron autores o partícipes de esas violaciones. El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), afirmó en 2017 que en nuestro país existen causas estructurales que conllevan a que un 77% de la niñez viva en condiciones de pobreza.

MADJ presenta amparo a favor de la población hondureña y personal sanitario

MADJ presenta amparo a favor de la población hondureña y personal sanitario

San Pedro Sula, 10 de abril de 2020. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia presentó acción de amparo para que se garanticen los derechos a la salud, integridad personal y vida del personal sanitario y de la población hondureña en general. La acción procura proteger a la ciudadanía que acude a los centros médicos y que entra en contacto con el personal y las instalaciones hospitalarias. 

El amparo está dirigido en contra de la Presidencia de la República detentada por Juan Orlando Hernández y la titular de la Secretaría de Salud, quienes en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19 no han cumplido con su obligación de brindar de manera oportuna y suficiente el material de bioseguridad a todo el personal sanitario y tampoco han garantizado procesos de desinfección en los centros hospitalarios.

Este incumplimiento pone en grave riesgo la vida no solo de los médicos, enfermeras y demás personal sanitario, sino también de todas las personas que son atendidas y por ende de la población hondureña en general, debido a la rápida y peligrosa propagación y contagio del virus.  

El amparo señala que esta omisión o incumplimiento de parte de la presidencia y la secretaría es desproporcional en relación a la cantidad de fondos asignados para atender la emergencia. ya que, según cifras de la Secretaría de Finanzas, el presupuesto estimado asciende a L. 3, 804 millones de lempiras, del cual al 03 de abril, la misma secretaría reporta un total ejecutado de L. 2, 195.9 equivalentes a $ 87.8 millones de dólares. 

Es preocupante que respecto de estos fondos no se han establecido mecanismos de control y transparencia para la rendición de cuentas más allá del reporte de la cifra ejecutada en el portal electrónico del gobierno de la República y que. a pesar de que entre las finalidad de su aprobación y ejecución esté la compra de equipo médico, de protección e insumos de bioseguridad, entre otras, las condiciones concretas en los centros hospitalarios no son las requeridas según los estándares internacionales dictados.

Es aún más preocupante que a pesar de todos los recursos disponibles, Honduras tiene una de las tasas de mortalidad más alta en la región latinoamericana de 6.70 %, solo superado por Bolivia con 6.81% de tasa. 

Por eso, para asegurar que ese riesgo se reduzca en el amparo se solicita se adopten de manera inmediata medidas cautelares consistentes en la dotación de insumos de bioseguridad y desinfección de los centros hospitalarios, así como, la presentación de un informe periódico de acceso público sobre la situación del cumplimiento de estas medidas como un mecanismo de rendición de cuentas de la Presidencia de la República y Secretaría de Salud que garantice el control ciudadano de la gestión pública de salud. 

El amparo fue presentado en formato electrónico a través de la cuenta de correo electrónico facilitado por la Sala, por lo que es urgente que esta proceda a hacer la sesión respectiva haciendo uso de los medios virtuales disponibles para dar resolución pronta y asegurar que se reduzca el riesgo de contagio del personal sanitario y por extensión para sus círculos familiares, así como de las personas que reciben atención médica en los centros hospitalarios y de la población hondureña en general. 

¿Retorno a la normalidad o el inicio de la refundación?

¿RETORNO A LA NORMALIDAD O EL INICIO DE LA REFUNDACIÓN?

Las fuerzas hegemónicas de la sociedad y gobierno en todos sus niveles coinciden en el esfuerzo y añoran un retorno inmediato a la normalidad. Se adaptan, mutan y afianzan para conservar su hegemonía a pesar que el CORONAVIRUS nos recordó que refundar la sociedad y la vida no es una apuesta de gente ilusa o poco ilustrada en política.

La domesticación de la humanidad está  normalizada en extremo, lo refleja la poca reflexión seria, colectiva y sostenida para hacer de la crisis actual un momento de ruptura real y contundente con las estructuras que han ejercido tan perversamente el poder y han llenado de orfandad el país y el mundo.

Desde siempre, frente a cada crisis o emergencia, el régimen hondureño a través de sus máximas dirigencias incluyendo al grupo económico y religioso que le respalda, como toda mafia, con la fuerza militar y policial exhibe su poderío y desde las corporaciones mediáticas infunde terror y presenta como virtuosos sus crímenes y su negligencia. Al régimen lo acompaña su estructura de segundo nivel que opera en los distintos departamentos y municipios, exhibiendo privilegios y poder, repartiendo la bolsa de la miseria a la gente que ellos han empobrecido.

Finalmente, JOH conserva su hegemonía a través de los miles de empleados públicos de los tres poderes del Estado quienes acríticos-cómodos o fieles, atienden y ayudan a diluir el reclamo, la indignación y la muerte lenta de miles de personas por múltiples razones y en este contexto también por CORONAVIRUS.

El sector partidario no cachureco, tras la crisis del covid19 entró en desigual competencia en la entrega de las “bolsas de la miseria”, en inocultable afán proselitista; porque todo el sector partidario entiende que para hacer política y captar respaldo popular en esta sociedad de la  no tan “moderna servidumbre”, es inevitable el tráfico con la dignidad de la gente.  El sector partidario, incluso el más comprometido con el “cambio”, también le apuesta a conservar su hegemonía desde la llanura, esperando captar respaldo popular y en su momento, si llegan a asumir el control del gobierno intentar cambios, pero sin certezas de plantearse el cambio radical que el país necesita iniciar.

Los sectores sociales, más allá de las ya conocidas e innombrables organizaciones corruptas y de reconocida afinidad con el régimen de turno,  tienen un conglomerado interesante de organizaciones de distinto perfil, con liderazgos y planteamientos esperanzadores y dignos. Sin embargo, este último sector, hace varias décadas acumula recurrentes, cómodas y notoriamente ineficaces prácticas de organización y lucha social.

En este contexto, no es ofensiva la hipótesis que considera que el movimiento social, también está sometido a la hegemonía de una corriente de organizaciones con extraordinarios planteamientos, pero sin la fuerza y sin la determinación de correr mayores riesgos para pensar en serio la refundación de la sociedad y el Estado hondureño.  Los sectores sociales hegemónicos, aunque nunca dejan de convocar, también mutan para conservar el mismo estado y forma de luchar y con ello contribuyen a una normalidad que solo favorecen a las más perversas e históricas élites de poder del país.

Este enfoque crítico hacía todos los actores políticos y sociales sobre la trágica situación humana en que viven  millones de hondureñas/os, no pretende quitar ni equiparar la infinita y superior responsabilidad que tiene la actual narcodictadura y sus antecesores. Pretende ser un llamado a los actores que somos conscientes de esta realidad pero nos resistimos a la idea del cambio radical que el país y el mundo necesita, simplemente porque también estamos conservando miserables privilegios personales y de nuestras organizaciones.

En el MADJ, desde siempre y ahora en tiempos de terror impuesto por el régimen y el covid19, nos sentimos directa e inocultablemente confrontadas. A 32 años de la histórica quema de la embajada gringa en Tegucigalpa y a 12 años del inicio de la huelga de hambre contra la corrupción y por la dignidad en los bajos del Congreso Nacional, evento que dio vida a nuestra organización; renovamos nuestra más honda reflexión en la más genuina perspectiva de contribuir al inicio de un proceso que nos refunde a nosotras,  a las personas, la sociedad y el Estado hondureño.

Renovamos nuestro fraterno y franco llamado a la articulación y a la unidad no para la sobrevivencia, ni para la contemplación o falsos halagos, entendiendo que el escenario actual y el que nos herede este nos obliga a replantearnos con alta creatividad nuestro repertorio de acciones para la dignificación. Convocamos siempre al encuentro para la más honesta y radical reflexión que nos permita pasar a la propuesta real, organizada y concertada entre todos los actores comprometidos con el proceso de transformación y construcción de un mundo más justo para todas.

7 de abril de 2020

¡Desde la dignidad Siempre!