Contexto
El 15 de diciembre de 2022, las Naciones Unidas y el Gobierno de Honduras firmaron un memorándum de entendimiento que contenía los principales pasos para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). Esta se convirtió en una promesa de campaña de la actual administración y hoy a más de la mitad del periodo de gobierno, esa promesa no se ha cumplido. Incluso, es vergonzoso que de los 26 requisitos que se necesitan para instalar la CICIH, el gobierno solo haya cumplido con siete.
De la primera parte del memorándum de entendimiento, consistente en cinco acuerdos, sólo uno se ha cumplido y dos de ellos muestran tenues avances. Mientras que en la segunda etapa existen dos acuerdos, de los cuales ninguno se ha cumplido hasta ahora.
Expertos internacionales han visitado el país cuatro veces para evaluar las condiciones del país y hacer recomendaciones antes de la instalación. La segunda prórroga del memorando expira en junio, hasta el momento no se ve la voluntad política real para cumplir con una de las principales promesas de la presidenta Xiomara Castro en la lucha real contra la corrupción en Honduras.
Antecedentes institucionales
Tras los hechos ocurridos en el juicio contra JOH y la evidente inoperancia de la institucionalidad hondureña, nos preguntamos si la el poder judicial está en capacidad de impartir justicia por sí mismo, sabiendo además que es evidente que el Ministerio Público no es capaz de enjuiciar a los múltiples personajes vinculados a la corrupción. Por otro lado, las autoridades se están esmerando es desbaratar, debilitar o desaparecer la institución que por años ha luchado contra la corrupción en el país, la UFERCO.
Frente a este contexto y en el marco de la celebración de nuestros 16 años de vida, cabe recordar que nuestra organización nace al calor de la huelga de hambre de los fiscales en 2008 y que luego de 38 gloriosos días en resistencia, exigiendo el fin de los múltiples actos de corrupción, se dio vida al Movimiento Amplio para continuar con la lucha contra la corrupción y que durante estos 16 años hemos acompañado procesos de lucha en diferentes territorios del país de la mano de gente digna y determinada que quiere un verdadero cambio para el sistema de justicia, para el país.
La instalación de la CICIH es una demanda de la población que nace el 2015 en el marco del desfalco realizado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); justamente cuando la población decide organizarse, movilizarse y salir a las calles en las “Marchas de las Antorchas” para exigir un combate frontal a la corrupción.
Ante la exigencia de la población llega y se instala la MACIH en abril de 2016, bajo un tratado firmado entre el Gobierno de Honduras y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA). De este tratado también nace la UFECIC, Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y Corrupción, que posteriormente se convertiría en la UFERCO, Unidad Fiscal Especial contra las redes de Corrupción. Los resultados fueron deprimentes. En los 3 años y 8 meses de gestión de la MACCIH no se logró avanzar como se esperaba en la lucha contra la corrupción en el país y desde entonces organizaciones populares como el MADJ luchan por obtener justicia y dignidad para los territorios más vulnerados por estas élites de poder.
El actual gobierno lleva dos años en el poder y aun no se observa un cambio radical o un avance notable para erradicar la corrupción en el país, pese a que se han realizado acciones para eliminar este legado que nos dejó la narcodictadura, como ser la derogación de varios de los decretos implantados por Partido Nacional para favorecer la corrupción. No obstante, aún queda pendiente la abolición de otros acuerdos denominados “pactos de impunidad”, entre ellos el decreto 117-2019, el Código Penal, y el Código Procesal Penal, como tampoco se ha aprobado la Ley de Colaboración Eficaz.
