Sobreseimiento para seis campesinos en el norte de Honduras

Después de seis años de haberse iniciado un proceso legal en contra de seis campesinos en el norte de Honduras, los juzgados de El Progreso, ciudad perteneciente al departamento de Yoro resolvieron decretar sobreseimiento provisional a favor de estos quienes eran acusados del delito de usurpación.
El equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia ejerció la defensa de estos en el proceso. “La audiencia que tuvimos fue una audiencia inicial de seis compañeros que fueron detenidos desde diciembre del año pasado y la audiencia se venía posponiendo por diferentes causas, pero ya se logró evacuar, esto es una ganancia tomando en cuenta que en este mismo expediente se le ha seguido proceso a otros compañeros y compañeras campesinas que están en proceso de juicio”, dijo el abogado Adonay Reyes, integrante del equipo legal del MADJ.


En Honduras existe una estrategia para criminalizar y encarcelar a quienes luchan por la defensa de sus derechos. “Desgraciadamente la criminalización a los campesinos así como a los defensores de derechos humanos y otras personas que andan peleando su derechos a veces no solo es a través del delito de usurpación, sino que los acusan de daños, tentativa de homicidio, lesiones y cualquier hecho que se pueda dar aun cuando no existan ni siquiera indicios racionales el Ministerio Público de quienes hayan sido los partícipes de tales hechos, presentan esos requerimientos porque el dueño de la tierra dice que fue fulano, fue sutano sin tener más indicios que ese¨.


Este patrón de persecución e intimidación es el mismo que se utiliza a nivel nacional. “Ese es una forma que desagraciadamente están utilizando los terratenientes y lo malo es que les sigue el juego el Ministerio Público para estar criminalizando a la gente y de esa manera intimidarlos para que no sigan peleando su derecho¨.


Los integrantes de la CNTC, campesinos, gozaban desde el mes de diciembre de medidas sustitutivas a la prisión preventiva. “El problema es que mientras exista la orden de captura y no se de una contraorden siempre siguen siendo hostigados por la policía a pesar de que ellos andan el documento que les acredita que tienen medidas sustitutivas”.
Los delitos por los cuales los acusan es por el delito de usurpación y la acusación data desde 2013 por lo que algunos de ellos ya tienen programado un juicio oral y público. La fiscalía tiene 72 horas para apelar la resolución.


Esto es parte del trabajo de articulación con las organizaciones de base que ha impulsado el MADJ durante este año con el objetivo de buscar justicia y dignidad en medio de tanta injusticia en el país, además, es el tercer caso donde campesinos y campesinas representados por el área legal de MADJ logran obtener un sobreseimiento a su favor, los otros casos fueron evacuados en San Pedro Sula, Cortés y El Progreso, Yoro.

Absueltos 13 campesinos y campesinas acusados de usurpación en el norte de Honduras.

Luego de cinco años enfrentando un proceso ilegal e injusto, 13 campesinos y campesinas del grupo Brisas del Recodo del municipio de Potrerillos, Cortés al norte de Honduras organizados en la Central de Trabajadores del Campo (CNTC), fueron absueltos de responsabilidad penal en el proceso que se les seguía en el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula acusados por el delito de usurpación.

Cabe mencionar que a lo largo del proceso y durante cinco años, los campesinos y campesinas habían estado sometidos a las medidas sustitutivas a la prisión, obligándoles a presentarse a firmar una vez al mes a los juzgados de San Pedro Sula como garantía que no abandonarían el proceso.

La resolución emitida por la jueza del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula se sustenta en tres argumentos centrales que dieron lugar a la absolución de los compañeros y compañeras. El primero, es que no existe una individualización de responsabilidad para los imputados, a lo que el abogado defensor, Pedro Mejía, manifestó Los medios de prueba propuestos por las partes acusadoras no probaron la posesión o permanencia de los imputados en dicho predios, a lo que se debe sumar que el señor Saúl Pineda (acusador) en su testimonio afirmó no haber reconocido a nadie al momento de asistir a los predios objeto del delito, ni reconocer ninguno de los imputados”.   


En el segundo argumento de la resolución emitido por la jueza, se demostró que no había certeza de la posesión del bien inmueble por el cual habían sido denunciados los compañeros y compañeras, ya que el bien inmueble aparece a nombre de tres personas y además, existen informes por parte de la municipalidad que en dicha zona existen terrenos de su propiedad sin poder determinarla. Y finalmente, que dicho propiedad al momento en que se cometió el supuesto delito no era pertenencia del denunciante en virtud de que la donación realizada en su favor no se había perfeccionado”.

Y en el tercer argumento, la jueza reconoció el derecho legítimo de las personas a optar a un predio de tierra para satisfacer las necesidades básicas como la alimentación, vivienda y trabajo, esto en virtud que nuestros compañeros y compañeras iniciaron los trámites necesarios en las instituciones del Estado para aclarar y legalizar los predios en los que pretendían trabajar. “La jueza explica que los campesinos acusados no actuaron de forma dolosa, es decir, no actuaron con la intención de causar un mal, sino que ellos al ocupar dichos predios y presentar la solicitud de expropiación lo hicieron en virtud de la creencia del ejercicio legítimo de un derecho”.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia celebramos está gran victoria de nuestros compañeros y compañeras de la Central de Trabadores del Campo y llamamos a seguir articulándonos para vencer el modelo de despojo que pretende desterrar y encarcelar a quienes exigen el respeto a sus derechos.