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Pronunciamiento: No financien más la violencia y el despojo hacia nuestras comunidades

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Las comunidades y territorios en resistencia al modelo extractivo en Honduras organizados en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en relación a la visita que desarrolla en nuestro país el señor Scott Nathan, Director Ejecutivo de la Corporación Financiera Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (DFC por sus siglas en inglés) nos pronunciamos de la siguiente manera:

  1. Informarle que las y los habitantes de Arizona, Atlántida tenemos 1880 días (al día de hoy 08-07-2022) de permanecer en Campamento Digno por la Defensa del Rio Jilamito, lugar desde el cual las comunidades nos hemos unido para rechazar la construcción del proyecto hidroeléctrico Jilamito que la DFC ha financiado y que ha venido a poner en mayor riesgo el acceso al agua para casi 30 mil habitantes de este sector.
  2. Informar que, hemos hecho uso de las formas legales y legitimas de participación ciudadana y a través de cabildos abiertos desarrollados desde el año 2015 las comunidades determinamos que el río Jilamito es para uso y consumo humano, decisiones que ratificamos en el año 2018 y 2019.
  3. Lamentar la postura y decisión de la Embajada Americana en Honduras y del señor Nathan de excluir o no tomar en cuenta a las comunidades afectadas por los proyectos hidroeléctricos que ha venido financiando y que hasta la fecha sigue generando conflicto y criminalización hacia luchadores, luchadoras sociales y sus comunidades en Honduras.
  4. Notificar que como organización que aglutina comunidades y territorios en resistencia al modelo extractivo, especialmente de Arizona, Atlántida, hemos recurrido a su institución mediante cartas firmadas por congresistas norteamericanos y organizaciones hondureñas, para pedir que la DFC detenga el financiamiento en específico del Proyecto Hidroeléctrico sobre el río Jilamito que pretende imponer la empresa Ingelsa.
  5. Denunciar los vicios de corrupción con los que fueron adjudicadas las concesiones para generación de energía y en especial la concesión del rio Jilamito para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Jilamito y que hasta la fecha los funcionarios hondureños no han investigado ni mucho menos han deducido las responsabilidades por estos actos, pero, además, por las violaciones a derechos humanos que este proyecto ha generado en la zona donde pretende construirse con ayuda de la DFC.
  6. Proponemos, financiar el proyecto alternativo de agua potable que las comunidades estamos impulsando como medida de mitigación a la sequía generada por otros proyectos hidroeléctricos en el municipio y la devastación generada por los fenómenos naturales de 2020, nuestro proyecto alternativo de agua potable está en fase de estudios topográficos, beneficiará a 16 comunidades y tendrá su principal fuente de abastecimiento en el rio Jilamito.

No financien más la violencia, el despojo, la criminalización, el hostigamiento e inmigración porque eso es lo que ha significado el proyecto hidroeléctrico Jilamito para nuestras comunidades.

Dado en Atlántida, Honduras a los ocho (8) días del mes de julio de 2022.

Ministerio Público pretendió encarcelar y desalojar a 17 campesinos de Tocoa utilizando reformas inconstitucionales al Código penal

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17 compañeros y compañeras, campesinos y campesinas del bajo Aguán enfrentaron el 6 de junio de 2022 a la “justicia” hondureña que nuevamente los criminaliza por reivindicar el derecho a la tierra y la lucha por recuperarla de las manos de los empresarios avaros que bajo violencia se han apoderado de miles de parcelas en esa región de Honduras.

En esta ocasión y nuevamente el papel servil del Ministerio Público ha quedado evidenciado, pues pretendió encarcelar y desalojar a nuestros compañeros y compañeras utilizando las inconstitucionales reformas al código procesal penal y código penal, en primera instancia la fiscalía solicitó al juzgado se aplicara el delito de USURPACIÓN AGRAVADA para enviar a la cárcel a los campesinos y campesinas, pero el juez desestimó esa petición.

Posteriormente, el mismo Ministerio Público solicitó el desalojo preventivo contra la empresa asociativa campesina Los Laureles a la que pertenecen nuestros compañeros y compañeras, pero nuevamente el Juzgado desestimó esta petición, convirtiéndose en un hecho histórico para las luchas por la reivindicación del derecho a la tierra en Honduras, pues la practica siempre fue desalojar y encarcelar a los campesinos para después llamarlos a juicio.

Además, la fiscalía solicitó se emitieran ordenes de captura contra los campesinos y campesinas, pero también el juzgado de letras rechazó la petición.

Este proceso de criminalización se desarrolla en medio de la firma de los acuerdos entre el sector campesino del Aguán y el Estado de Honduras y tienen como propósito buscar soluciones pacíficas a la problemática generada por el despojo de las tierras, pero la institucionalidad hondureña sigue persiguiendo a una de las partes para proteger a la otra.

Al final de la audiencia junto a los campesinos y campesinas celebramos las victorias obtenidas en el proceso.

Las y los compañeros continuarán defendiéndose en libertad a pesar de la oposición del Ministerio Público.

El juzgado denegó al Ministerio Público la imposición de las medidas de desalojo preventivo y la prohibición de que comparezcan a la zona.

Se reivindicó el derecho a la movilización popular a las afueras del Juzgado en un ejercicio de democracia participativa por la comunidad campesina del Aguán.

La próxima audiencia se celebrará el 20 de junio de 2022 a las 9:00 am en el juzgado de letras de Tocoa, Colón.

En noviembre de 2021 el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (Copinh), la Plataforma Agraria del Aguán, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y Fundambiente presentamos una acción de inconstitucionalidad contra las reformas al código penal y al código procesal penal y específicamente contra la reforma que agrava las penas y hace más expeditos los procedimientos contra los defensores y luchadores sociales, hasta la fecha no hemos tenido respuesta de la Corte Suprema de Justicia.

Manifiesto: Día Mundial del Agua. Asamblea Permanente del Poder Popular

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“Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la auto
destrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”
Berta Isabel Cáceres.
A partir de 1992 la conferencia de Río de Janeiro de la ONU, realizó la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde afirmó que las y los seres humanos,
constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas al desarrollo sostenible. Para el
28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones
Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando
que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos
los derechos humanos.
El agua es un recurso vital para el desarrollo de la vida en el planeta, y principalmente de
la vida humana. Sin ella, cualquier propuesta económica de desarrollo sería inviable para
los pueblos y las naciones. Por ello es inadmisible que para el año 2020, el agua hizo su
aparición en la bolsa de valores de Nueva York (Wall Street) cotizándose en 486$ dólares
1,233,000 litros de agua, denominado bajo Índice del Agua Nasqad Veles California, por el
grupo financiero CME.
Según la ONU, para el año 2040, la mayor parte de los países a nivel mundial, no tendrán
agua para cumplir la demanda anual de sus sociedades. Al menos un 10% de la población
mundial, vive a menos de 10km de una fuente de agua dulce, por lo que este limitado
recurso se encuentra concentrado en los centros de las ciudades y campos industriales y
ausente en las periferias y zonas rurales.
Según estudios, solo el 8% del total de acceso al agua, es consumida por las familias,
mientras que un 70% por la agricultura y un 22% por la industria y el comercio. En casi todo
el mundo, el agua es tratada, valorada y comercializada como un recurso que nunca fuese
a agotarse y por ello es enormemente desperdiciada por grandes industrias y mercados. La
imposición del agua como mercancía en nuestras leyes desde el capital transnacional
obliga a crear una nueva ley general de aguas para privatizar, así como una la ley marco
del sector de agua potable, para privatizar las redes de agua en las comunidades.
El rechazo por la privatización del agua, es una demanda global por la colectivización del
recurso para restringir y anular que los organismos internacionales de desarrollo, entre
ellos, la banca financiera y empresas transnacionales convierta el agua en una
mercancía de consumo cuyo beneficios se concentran en capitales privados y condenando
a los pueblos a una crisis sostenida para obstaculizar la mejoría de su calidad de vida y el
desarrollo integral de la sociedad y los pueblos.
La Asamblea Permanente del Poder Popular (APePP) conformada por una diversidad de
organizaciones del movimiento social de base a nivel nacional, hemos enfrentado la oleada
y avance del capital transnacional para la privatización del agua, sosteniendo luchas de
resistencia por el libre acceso al agua desde nuestros territorios a nivel nacional.
Reconocemos el compromiso de miles de personas comprometidas, que dedican su vida y
esfuerzo en defender el vital recurso para el sostenimiento de la vida, cuya posición política
radica en garantizar el agua como nuestro derecho humano para los pueblos y no para el
capital.
Acudimos a la memoria viva y presente de nuestros pueblos y territorios, desde donde
hemos decidido resistir de manera colectiva y propositiva ante el modelo de despojo,
basado en la acumulación por desposesión, contaminando nuestras fuentes de agua
mediante la imposición de centrales hidroeléctricas, presas de lixiviación por la minería a
cielo abierto, complejos habitacionales en parques de reserva nacional, parques
industriales, y el monocultivo de la palma africana, entre otros rubros de la economía. El
modelo económico actual, limita y restringe nuestro derecho humano al agua.
La imposición de la mercantilización de nuestras aguas, a generado dentro de nuestras
comunidades diversas violencias en distintos niveles, desde lo institucional, lo familiar y lo
social. El modelo ha impuesto mecanismos para criminalizar, judicializar y desplazar a
luchadoras y luchadores en cada uno de los territorios en disputa.
Desde la Asamblea Permanente del Poder Popular, nos sumamos a las exigencias
colectivas por el pleno derecho al agua para su consumo humano y no para el capital, desde
esta plataforma nos sumamos a exigir:

  1. El retorno de las aguas de los municipios del Valle de Sula, a manos públicas y no
    en alianzas públicas privadas.
  2. Exigimos que se detenga la privatización y destrucción de la montaña de El
    Merendón, retornando a las cotas iniciales (100 y 200) debido a que El Merendon
    es zona de recarga hídrica, de los acuíferos donde se alimentan las mayorías de las
    familias del valle de sula y del municipio de San Pedro Sula.
  3. Aguas de San Pedro, Aguas de La Lima y Aguas de Choloma no han cumplido con
    las demandas y disposiciones de su contratación para brindar el servicio de aguas
    en la ciudad. Estos consorcios han faltado a sus compromisos con las autoridades
    municipales, contribuyentes locales y a las familias del municipio, limitando un
    servicio óptimo, de calidad y en el debido cumplimiento de su contrato.
  4. Denunciamos que la construcción de represas como mecanismo de protección a
    desastres naturales para el Valle de Sula, es una salida falsa y con pocas garantías,
    beneficiando únicamente a la banca, empresas constructoras y contribuyentes de
    dichos proyectos. Pues está demostrado que las represas que desembocan al valle
    de sula, en lugar de retener aguas en momentos de mayor riesgo para la población,
    se deben aperturar las cortinas de las represas, estos hechos se han repetido en
    1998 con el huracán Mitch y recientemente en 2020 con los huracanes Eta e Iota.
  5. Exigimos a las Alcaldías de los municipios del Valle de Sula, así como a las y los
    diputados electos a designar a la montaña de El Merendón como una zona de
    producción de agua a perpetuidad.
  6. Exigimos una revisión de las tarifas de aguas para la población, pero principalmente
    para las empresas. Condenamos el pago por consumo desigual entre empresas,
    empresarios y familias, pues aquellas que consumen más el bien común, son
    aquellos que lo realizan de forma industrial y comercial, pagando menos en relación
    con el consumo de las familias.
  7. Evaluación del incumplimiento de los contratos de agua de San Pedro, así como la
    finalización de esta concesión para permitir el acceso a la municipalización de las
    aguas.
  8. Desde Choloma, donde hay presencia de proyectos habitacionales e hidroeléctricos
    que niegan el acceso gratuito al agua como derecho fundamental y concentra el
    abastecimiento en sectores no públicos, provocando una distribución desigual del
    agua, además de pasar por un asunto de clase social donde las comunidades más
    pobres escasean de agua, se les niega este derecho humano asociado
    estrechamente con la vida. En el caso particular de CASTAÑOS DE CHOLOMA,
    quienes son miembros.as de esta Asamblea, han sido lacerados por la empresa
    privada INTERMAC, quién además de no pagar seguro a daños provocados por los
    huracanes ETA e IOTA, han intentando desalojar a las familias víctimas de estafa
    de contrato para comprar una vivienda, dicha empresa está actualmente tomando
    represalias contra la comunidad negando el acceso al agua en la residencial. Se ha
    concesionado el MERENDÓN en la zona de Choloma para beneficio mercantil y
    narco, este que ha sido evidenciado con los cargos que la corte de New York ha
    interpuesto contra personas involucradas en actividades de narcotráfico que habían
    estado vinculadas con la élite política de Honduras.
  9. Desde San Pedro Sula, muchas empresas de producción industrial, con
    otorgamiento de licencias ambientales avaladas por las corporaciones municipales
    sin los pertinentes estudios técnicos del manejo hidro ecológico del agua que
    garantice la no afectación ambiental para la vida humana y los otros seres, se han
    usado las fuentes de agua con las que cuenta el municipio como por ejemplo; el
    ACUÍFERO DE SUNSERI para la extracción del recurso con fin mercantil, lo que
    genera una forma de privatización del bien común.
  10. Las compañeras y compañeros de TACAMICHE, integrantes de esta Asamblea
    Popular, se estarán viendo afectados posteriormente con el acceso al agua, debido
    a que se podría centralizar la fuente de agua hacia los pozos de una empresa
    mercantil azucarera y esto afectaría directamente a las comunidades cercanas.
  11. Hoy no celebramos, nos manifestamos porque nos mueve la justicia del libre acceso
    al agua, para que sea beneficio para todas y todos, y no para un pequeño grupo
    empresarial, quienes son dueños del capital y limitan a la mejoría de calidad de vida
    de los pueblos.

En histórica sentencia CSJ reconoce la violación de derechos a la niñez en calle por parte del Estado de Honduras

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(Tegucigalpa, Honduras, 23 de febrero, 2022). La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reconoció, mediante Sentencia de Amparo, la violación de derechos humanos, especialmente en tiempos de pandemia – COVID 19, a más de 15 mil niñas, niños y adolescentes que sobreviven en condición de calle, sin embargo, a pesar del fallo, la sentencia adolece de un mandato explícito a la institucionalidad pública que obligue a un cambio de esta realidad.

La sentencia, que otorga de manera parcial la Acción de Amparo, reconoce que el Estado de Honduras a través de la Presidencia de la República, la Dirección de la Niñez y Adolescencia (DINAF) y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) omitieron adoptar medidas reales y constatables de protección integral y resguardo para la niñez y adolescentes sobreviviendo en calle en el marco del estado de emergencia y suspensión de derechos decretado por el gobierno en el marco de la pandemia, por lo que demanda de estas instancias que “materialicen de manera constante y permanente” acciones que atiendan de manera eficaz los derechos de este grupo vulnerable.

Víctor Fernández, director del Bufete Estudios para la Dignidad, una de las cinco organizaciones que en abril de 2020 presentaron la Acción de Amparo, señaló que la importancia de este fallo radica en tres elementos: “porque es la primera vez que se reconoce judicialmente que el Estado de Honduras violenta los derechos de los más de 15 mil niños/as y adolescentes que sobreviven en calle, segundo porque se demuestra que el Estado de Honduras ha normalizado e institucionalizado la violación a los derechos de este sector pese a que están obligados a respetar y garantizarlos y tercero por la intervención realizada  por el Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo demandando que se revierta esta conducta vergonzosa en contra de la niñez”.

Sin embargo, pese al reconocimiento judicial, señala Fernández, la sentencia carece de un mandato expreso al Poder Ejecutivo a partir del cual definir una ruta de cambio que permita establecer una política de atención integral de la niñez que sobrevive en calle. Por esta razón, agrega Fernández, se ha presentado un nuevo escrito ante la Sala de lo Constitucional con el fin de clarificar dos aspectos centrales: a) las formas que por acción u omisión han incurrido las autoridades y que vulneran los derechos de la niñez en calle y, b) que se establezcan las conductas a cumplir por las autoridades para salvaguardar los derechos de la niñez en calle.

Ante la dimensión de la sentencia, los amparistas también exhortaron a la comunidad internacional a revisar el fallo emitido la CSJ  con el fin de verificar cómo todo el andamiaje legal internacional suscrito por el Estado de Honduras ha sido incumplido y de la posibilidad que se abre, a partir del fallo, de exigir el respeto y la aplicación de los mismos por parte de la institucionalidad pública.

El Bufete Estudios para la Dignidad, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), COIPRODEN, Casa Alianza y FUNDAMBIENTE presentaron desde abril de 2020 una Acción de Amparo para que se garantizara el goce de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, la integridad personal y a la dignidad humana violentados por el Estado de Honduras al omitir su obligación de protección a los niños y niñas sobreviviendo en calle en el marco de la urgencia de la pandemia covid-19.  20 meses después la CSJ se pronunció otorgando un amparo parcial, pero sigue sin instruir acciones concretas que deban ser cumplidas por el Poder Ejecutivo para respetar y garantizar los derechos de estos más de 15 mil niños, niñas y adolescentes que sobreviven en la calle.   

Celebramos los cuatro años del Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el territorio Tolupán.

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“La resistencia es no solo la habilidad de soportar, sino de convertirlo en gloria” William Barday.

Hoy cumplimos junto al pueblo Tolupán 4 años de instalación del Campamento Digno por la Defensa del Bosque y el territorio Tolupán, este espacio de lucha y resistencia pacífica, propositiva y unida, ha sido el fiel guardián que ha sostenido la Tribu San Francisco Locomapa en su intensión de proteger los bienes comunes y naturales.

El pueblo Tolupán que enfrenta una lucha milenaria ante el despojo, el saqueo y la discriminación, ha encontrado en el Campamento un espacio de debate, conocimiento, crecimiento colectivo, resistencia organizada y creación de proyectos para beneficio comunitario.

El Campamento digno se instaló en un primer intento en el año 2017, pero producto de la crisis política provocada por el fraude electoral suspendió las actividades, reinstalándose el 17 de febrero de 2018 en uno de los sitios más simbólicos y representativos para la Tribu San Francisco Locomapa, en este sitio fueron asesinados tres luchadores sociales en el año 2013 cuando de manera violenta se pretendía cortar madera e imponer la industria minera en las comunidades indígenas.

Desde el Campamento Digno se han librado duras batallas, ha habido momentos de alegría, momentos de tristeza, pero esto no ha hecho desmayar en la lucha a nuestros hermanos indígenas. Ramón Matute, Secretario del Consejo Preventivo nos cuenta que ha significado el Campamento para ellos y ellas. “El campamento ha sido importantísimo porque hemos logrado trascender a nivel nacional como internacional por la lucha de la Tribu en defensa del bosque, nuestro título ancestral, por defender todas estas injusticias a las que hemos sido sometidos por parte de los gobiernos, hemos logrado que la lucha sea visibilizada a través del Consejo Preventivo y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia”.

Sobre el proceso de lucha librada desde el Campamento Digno desde 2018 a la fecha nuestro compañero la resume de la siguiente manera. “Estamos cumpliendo 4 años de la reinstalación del Campamento Digno aquí en la comunidad de Locomapa, la verdad que ha sido muy difícil estos cuatro años, hemos perdido seres queridos durante el proceso, hemos sufrido represión de parte de la policía, de las autoridades, hemos recibido represión de parte de hermanos indígenas de la zona, ha sido bien difícil estos cuatro años, pero a pesar que ha habido momentos difíciles esta lucha no ha podido parar, esta lucha sigue, estamos aquí vivos”.

“Hay cosas buenas y cosas malas, en el Campamento hemos sido amenazados, ahí me mandaron a amenazar a mí que me iban a dar donde más me doliera y al día siguiente asesinaron a mi papá y a mi hermano, también recordamos al compañero Milgen que estuvo al pie de la bandera, de frente en el campamento, también fue amenazado el compañero José María”.

Entre las cosas buenas que destacan están: La celebración por la libertad de los nueve indígenas criminalizados por la empresa Inmare, se logró ganar una clínica médica mediante una acción de amparo que además dio la oportunidad de reivindicar derechos como la alimentación.

También en el campamento se han celebrado encuentros con organizaciones nacionales e internacionales.

Ahora tenemos contacto con las autoridades que antes no los teníamos, ha sido productiva la lucha de la Tribu San Francisco Locomapa.

Actualmente se trabaja en la reconstrucción de la radio comunitaria que fue dañada por un grupo de personas afines a la empresa Inmare del empresario Wilder Dominguez.

Una de las grandes apuestas actuales y a futuro desde el Campamento Digno por la Defensa del bosque y el territorio Tolupán es seguir exigiendo justicia y dignidad para el pueblo Tolupán y poner un alto a la impunidad que ha sido uno de los factores más importantes para alimentar las injusticias contra este pueblo originario.

En libertad indígena Tolupán criminalizado durante 4 años por militar hondureño.

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Cuatro años tuvo que esperar nuestro compañero Carlos Hernán Rivera Murillo, un indígena Tolupán habitante de la Tribu San Francisco Locomapa e integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia para que los juzgados de Yoro reconocieran que no había cometido delito contra el militar en condición de retiro Oscar Filander Armijo Ucles quien lo acusó de robo en el año 2018.

“El 31 de octubre de 2018 el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en contra de Carlos Hernán Rivera Murillo, por el delito de robo (de café) en perjuicio del terrateniente Oscar Filander Armijo Ucles”, manifestó la abogada Koritza Ortez, coordinadora del Área legal del MADJ.

“En audiencia inicial llevada a cabo el 22 de abril de 2019, el Juzgado de Yoro resolvió decretar auto de formal procesamiento y continuar con la imposición de medidas no privativas de la libertad consistentes en obligar a Carlos Hernán a firmar el libro correspondiente 2 veces al mes ante el Juzgado de Letras de Yoro, prohibición de salir del país, prohibición de concurrir al lugar de los supuestos hechos, es decir a su propia tierra, y prohibición de acercarse a la vivienda o lugar de trabajo del militar que lo acusaba. En dicha audiencia el MP no pudo acreditar que Hernán fuera responsable del delito que se le imputaba y la resolución se realizó sin la debida motivación por lo cual fue objeto de apelación, que se declaró con lugar mandando la Corte de Apelaciones a dictar nueva sentencia, continuó diciendo la abogada Ortez.

Durante este tiempo nuestro compañero no pudo trabajar, ni cosechar en la parcela de tierra a pesar de ser de su propiedad.

“El 31 de enero de 2020 el Juzgado de Letras de Yoro, emite resolución confirmando el auto de formal procesamiento. Ante esta acción se presenta en fecha 05 de febrero de 2020 un recurso de apelación, celebrándose el 10 de enero de 2022 la audiencia respectiva ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, resolviendo declarar con lugar el recurso planteado por la defensa y dictando sobreseimiento definitivo en favor de Hernán Rivera” cerró diciendo la actual coordinadora del Área legal del MADJ que organización que representó en todo al proceso al compañero indígena .

Este es uno solo de los problemas que ha generado el desconocimiento del título ancestral por parte del Estado de Honduras, el otorgamiento por parte del Instituto Nacional Agrario de títulos de propiedad supletorios ha puesto en mayor riesgo a las y los indígenas del pueblo Tolupán y todos los pueblos originarios de Honduras

El general en condición de retiro desde la década de los ochentas ha venido ocupando grandes extensiones de terrenos que les pertenecen a las y los indígenas, producto de esto y de sus acciones violentas varias familias han tenido que abandonar la Tribu y denunciarlo ante la justicia hondureña, gran parte de la ocupación de las parcelas las hizo valiéndose de su investidura como militar.

Por uno de estos casos el militar ya fue condenado por un juzgado en Yoro, pero no ha ido a prisión debido que su defensa legal presentó un recurso de casación que aún no ha sido resuelto, mientras la familia afectada continúa en el exilio.

Pronunciamiento Publico: Asamblea Permanente del Poder Popular.

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Desde la Asamblea Permanente del Poder Popular, espacio político que aglutina organizaciones de base, feministas, campesinas, indígenas, estudiantiles y diversidades, ante los hechos suscitados el día de ayer 09 de febrero del 2022 en las comunidades de Tierras del Padre, Azacualpa y Guapinol nos pronunciamos de la siguiente manera:

1.         Condenamos el actuar de las fuerzas armadas y policiales, en conjunto con el Poder Judicial que respondiendo a los intereses de la oligarquía y los grupos de poder económico han concentrado sus capitales en dichas comunidades para la explotación, desplazando a decenas de familias, contaminando su entorno y medio ambiente, así como generando condiciones de violencia y empobrecimiento, instrumentalizando el derecho penal y procesal para criminalizar a las personas y los pueblos.

2.         Reconocemos que estas acciones judiciales, constituyen una arremetida del capital transnacional y de la construcción institucional de la narcodictadura durante 12 años, que han proporcionado las condiciones de corrupción e impunidad del modelo de desarrollo extractivista en el país, consolidando las relaciones constitutivas propias del capitalismo y de la colonialidad. 

3.         Queda evidenciado que la narcodictadura nos dejó un Estado con profundas relaciones con el crimen organizado, corrupción y empresas transnacionales. Como pueblos sabemos que esta alianza entre poderes y suprapoderes busca imponer los intereses de los patrones y los capitales por sobre la vida misma, generando un contexto de violencia y zozobra que no nos permite vivir bien en nuestras comunidades, barrios y territorios. Ellos son los responsables de una distribución injusta de la riqueza y la violencia contra nuestros bienes comunes.

4.         Saludamos la presencia de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque en la comunidad indígena lenca de Tierras del Padre durante el intento de desalojo suscitado ayer. Con cautela, confiamos en la posibilidad de facilitar canales de comunicación interinstitucionales para que hechos como los de ayer no se repitan, lo cual constituye parte de la responsabilidad de estas instituciones.

5.         Exigimos que se creen las condiciones para la justicia y reparación de los pueblos que han sido sistemáticamente violentados en los últimos doce años.  

6.         Recordamos la promesa del Poder Ejecutivo para la exigencia, de libertad para los presos políticos de Guapinol, amnistía para los presos políticos y no más concesiones de proyectos mineros a cielo abierto, de generación de energía y la no renovación de proyectos. El cumplimiento de estas promesas es vital para abrir una nueva etapa en la reconstrucción del país y en las luchas territoriales. Sabemos que estas decisiones no solo recaen en el Poder Ejecutivo, sin embargo, exigimos que como mínimo se paralicen todos los proyectos extractivos en curso, cuya existencia ha significado la violencia contra los pueblos originarios y poblaciones campesinas.

7.         Demandamos el reconocimiento estatal, principalmente del Poder Judicial, de los títulos ancestrales de la comunidad de Tierras del Padre y de los pueblos originarios en general, así como los fallos judiciales enfocados a la no exhumación y traslado del cementerio en Azacualpa. A estos poderes y a las empresas les recordamos la firma de tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre otras.

8.         Reclamamos que se investigue y deduzcan responsabilidades a los empresarios Lenir Pérez y Mario Facussé, así como a las empresas, Minerales de Occidente (MINOSA) e Inversiones Los Pinares S.A. De igual manera, exigimos que se investigue a las autoridades municipales de La Unión (Copán), Tocoa (Colón) y Santa Ana (Francisco Morazán) y deducir responsabilidades en los crímenes cometidos ayer contra las comunidades de Azacualpa, Guapinol y Tierras del Padre.

9.         Exhortamos al movimiento social y popular a convocarnos de manera inmediata, activa y permanente a acciones en todo el territorio nacional para continuar exigiendo un alto a la represión y el respeto a la dignidad de los pueblos.

10.       Incentivamos a las organizaciones políticas y sociales a generar espacios de articulación para la defensa territorial y soberana del país, encaminada a la refundación de las estructuras políticas y la construcción de un nuevo Estado enfocado en el buen vivir y vivir bien de las personas.

Asamblea Permanente del Poder Popular Honduras,
 10 de febrero del 2022

Por el respeto a los derechos del pueblo Tolupán seguimos en pie de lucha.

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El Consejo Preventivo de la Tribu San Francisco de Locomapa (CPT), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el Bufete Estudios para la Dignidad y Fundambiente hemos sostenido una reunión con las nuevas autoridades de la Municipalidad de Yoro para encontrar puntos de encuentro que permitan respetar y reivindicar los derechos del pueblo Tolupán que habita el municipio de Yoro.

Entre algunos de los puntos planteados en esta reunión por parte de nuestros compañeros y compañeras del CPT están: El respeto a la sentencia del Recurso de Amparo que reconoce el derecho a la Salud y Alimentación de la Tribu San Francisco de Locomapa, la clínica médica Tolupana que debe tener nombrado un médico permanente, estar ubicada, abierta y abastecida dentro de la Tribu y poner un alto a la explotación indiscriminada de los bosques y de los bienes comunes y naturales que son los generadores de todas las muertes y violencias hacia las y los indígenas.

“Nosotros no queremos que nos regalen nada, solo que se cumpla la ley”, le dijo nuestro compañero José María Pineda coordinador del Consejo Preventivo de Tribu a la alcaldesa Martha Puentes a quien además le mencionó que estas peticiones se hacen sin comprometer los bienes de la Tribu.

Este primer encuentro finalizó con la promesa de las autoridades municipales de sostener una segunda reunión donde la corporación municipal deberá dar respuesta a las peticiones de la Tribu, cumplir con el derecho a la salud es garantizar la vida del pueblo Tolupán. 

La Clínica Médica Tolupana fue ganada mediante acción legal interpuesta ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula que ordenó a la Municipalidad de Yoro tutelar el derecho a la salud y alimentación del pueblo Tolupán, esta acción legal pasó consulta a la Sala de los Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero esta instancia no se ha pronunciado y su silencio pone en riesgo la vida de las y los indígenas.

Por la dignificación del sistema de justicia en Honduras

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Después de los acontecimientos suscitados este nueve de febrero cuando la estructura corrupta que mantiene secuestrado el sistema de justicia hondureño atacó violentamente los territorios indígenas de Azacualpa, Copán, la comunidad Lenca de las Tierras del Padre en Francisco Morazán y logró condenar injustamente a seis de los ocho luchadores sociales del rio Guapinol, nosotros y nosotras, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia nos pronunciamos de la siguiente manera.

  1. Condenamos el violento desalojo contra los y las habitantes de las comunidades Lencas que habitan la zona denominada Tierras del Padre en Francisco Morazán.
  2. Repudiamos la invasión a la comunidad de Azacualpa, La Unión Copán, por parte de algunos integrantes de la municipalidad de la zona, incluido su alcalde que junto a empleados de la empresa minera Aura Minerals violentaron una orden judicial que ordena detener las exhumaciones y todo lo que conlleve a dañar al cementerio histórico de la comunidad.
  3. Deploramos la nefasta resolución del poder Judicial contra los luchadores sociales del rio Guapinol, sin más fundamento que seguir beneficiando a la clase empresarial extractivista y su proyecto que a todas luces es nocivo para las comunidades aun cuando desde su origen está plasmado en ilegalidades.

Ante lo expuesto:

Denunciamos: El actuar servil de los operadores de justicia de Honduras que se han envalentonado contra las comunidades y los luchadores y luchadoras sociales en todo el territorio nacional y sincronizadamente ha optado por asestar golpes bajos contra las luchas por la vida y el territorio.

Con estas acciones, no solo han violentado el derecho legítimo de las comunidades y las leyes hondureñas, sino que también han desconocido los convenios internacionales que Honduras ha suscrito y adoptado como parte de su normativa legal.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia enviamos nuestro respaldo y solidaridad a las luchas de estas comunidades y convocamos a todo el pueblo y organizaciones populares en general a continuar la resistencia y protesta permanente contra las élites corruptas que, en su agonía y desesperación por la pérdida del poder oscuro y criminal tras doce años de narcodictadura, recurren a la violencia acompañados de actores estatales igualmente corruptos y criminales.

Instamos al pueblo a seguir en lucha para liberar el Poder Judicial que actualmente está secuestrado por esta élite corrupta y minoritaria que pretende seguir manteniendo privilegios a costa del pueblo y las grandes mayorías.

Llamamos a no desmayar y a no retroceder por la liberación de la patria-matria. Honduras: te luchamos o te perdemos.

¡Hasta la Dignidad siempre!

San Pedro Sula 09 de febrero de 2022.

Indígenas Tolupanes demandan permanencia de clínica dentro de la Tribu.

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La Tribu San Francisco de Locomapa de Yoro nuevamente es sometida al despojo, la discriminación y condenada a no tener acceso a salud de calidad, la Secretaría de Salud y la negligencia de las autoridades salientes de la municipalidad de Yoro han puesto en riesgo el funcionamiento de la clínica que fue ganada mediante sentencia judicial en el año 2021.

Las y los indígenas lograron obtener este centro asistencial después de una acción legal interpuesta por organizaciones de Derechos Humanos como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el Bufete Estudios para la Dignidad, Fundambiente y el Consejo Preventivo de Tribu, estructura indígena de la Tribu encargada de velar por el bienestar colectivo de la comunidad.

Hoy la clínica está siendo atacada y pretende ser removida de la Tribu indígena para ubicarla en una comunidad habitada por personas ajenas a la Tribu (ladinas) sin el consentimiento de las y los indígenas que presentaron la acción legal que fue resuelta por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula que ordenó a la Municipalidad anterior que: “Defina un Plan de Acción Permanente para que todos los integrantes de la Tribu San Francisco de Locomapa sean satisfechos en su derecho a la Alimentación, debiendo integrarse como Parte de este Plan al Presidente del Consejo Preventivo de Tribu, e incorporar, en el desarrollo del mismo, los estándares internacionales sobre Derecho de las Personas y de los Pueblos Indígenas”.

Además, la resolución dicta que se “Presente un informe que describa la cantidad de familias que integran la Tribu Tolupán San Francisco de Locomapa, y el tipo y cantidad de alimentos proporcionados a cada uno”.

En la segunda cláusula de la resolución el juez ordena “Que, de manera inmediata, la Municipalidad de Yoro, Departamento de Yoro, facilite asistencia medica integral a todos los miembros de la Tribu de San Francisco de Locomapa, para atender las afectaciones biológicas-nutricionales derivadas de la violación a su derecho a la alimentación. La atención medica debe ser conforme al respeto a la diversidad cultural y especializada para la atención de la niñez, la vejez, mujeres embarazadas y cualquier grupo vulnerable frente a la pandemia COVID-19; y se deberá acreditar el tipo de asistencia Médica brindada a cada persona”.

También el juez resolvió delegar la tarea de vigilancia al cumplimiento de esta a instancias como el Ministerio Público.  “Que el Ministerio Público vigile el estricto cumplimiento de la Autoridad Recurrida a este amparo, velando por que esta asuma la Responsabilidad durante la emergencia sanitaria y que mantenga la obligación de respetar y garantizar los derechos invocados en este Amparo al Pueblo Indígena Tolupán, procediendo conforme a Derecho en caso de incumplimiento en el presente fallo.

La reubicación del doctor que atendía la Cínica Medica Tolupana se hizo sin consensuar con las y los integrantes del Consejo Preventivo de Tribu que fue una de las instancias que presentó la acción legal y que además en su resolución el juez ordenó que cualquier diligencia en relación al centro asistencial debía coordinarse con esta estructura tribal. 

La clínica funcionó desde el 30 de marzo del año 2021 hasta el mes de enero de 2022 en la comunidad de San Francisco Campo donde se atendían un promedio de 70 pacientes al día que presentaban enfermedades como la epilepsia, el asma y la hipertensión en los adultos, en niños las infecciones respiratorias agudas y diarreicas que podría generarlos el agua que ingieren, especialmente los que habitan en las comunidades más postergadas de la Tribu.

Ahora las y los indígenas deberán caminar entre seis y siete horas para llegar a la clínica a donde la Secretaría de Salud nombró el medico que antes atendía en la Tribu, creando un perjuicio de salud y económico para las y los habitantes de las comunidades tribales.

La exigencia para las nuevas autoridades municipales y del gobierno central es que la clínica siga funcionando en la Tribu y así garantizar el derecho a la salud de la población indígena de la zona de Locomapa.