Mientras mantiene encarcelados,
criminalizados y en impunidad los asesinatos de las y los luchadores sociales
en Honduras, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha declarado emergencia por
la sequía que enfrenta el país producto de la falta de lluvias.
El anuncio lo hace el gobierno en medio de los conflictos ambientales que ha
generado por la venta y entrega de los territorios sin seguir los procesos ya
establecidos e irrespetando los convenios internacionales de los cuales
Honduras es suscriptor.
Recientemente 8 luchadores sociales fueron enviados a prisión después del
juicio donde un juez de jurisdicción nacional determinó imponerles esta medida
por el simple hecho de defender el rio de su comunidad, mientras en otra zona
del país pobladores fueron violentamente reprimidos por la policía al exigir
que se suspendieran los permisos ambientales que la alcaldía de Tegucigalpa y
la Secretaría de Ambiente otorgaron para la construcción de un proyecto
habitacional en una zona protegida y que es considerada zona productora de
agua.
Por otra parte, las y los indígenas del departamento de Yoro, uno de los
lugares más afectados por la sequía, siguen siendo sometidos por el capital
empresarial que intenta acabar con el poco bosque que queda en la tribu San
Francisco Locomapa donde los conflictos derivados por la defensa del bosque y
el territorio ancestral han dejado 9 indígenas criminalizados que enfrentarán
la justicia hondureña el próximo 13 de septiembre, además de 9 indígenas
asesinados de 2013 a la fecha , todos estos crímenes con un alto nivel de
impunidad, mientras en Pajuiles y Jilamito, las y los defensores de los bienes
comunes y naturales continúan cumpliendo desde hace más de un año las medidas
sustitutivas a la prisión impuestas por un juzgado, mismo patrón que se repite
en territorios como Reitoca, la zona sur y occidente del país y otros pueblos
originarios que enfrentan el modelo de despojo y muerte permitido por la
institucionalidad hondureña.
La responsabilidad en gran medida de la sequía que hoy enfrenta el país, es de
instituciones como el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Unidad
Municipal Ambiental (UMA) de cada municipalidad donde se instalan estos
proyectos, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente) y el
mismo gobierno de la Republica que a través de sus políticas ha promovido la
venta y entrega del territorio para su saqueo que posteriormente se convierte
en sequía para los pueblos.
La doble moral y el doble discurso de
Juan Orlando Hernández es cada vez más notoria, por un lado intenta mostrar su
preocupación por los problemas que enfrenta el país pero por otro, continua
siendo actor determinante para que las crisis sean cada vez más profundas y con
más efectos negativos para el pueblo.
Desde el Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia, por más de una década hemos trabajado junto a las
comunidades de diferentes sectores del país para la preservación de sus fuentes
de agua para uso y consumo humano, pero ha sido el Estado con sus entes
represores y corruptos quien ha mercantilizado la riqueza hídrica de los
pueblos, hoy el tiempo y la realidad nos dan la razón.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP, emitió una nota
de prensa con fecha 30 de enero, manifestando su “preocupación por
el accionar de grupos irregulares, que actuando con toda impunidad,
están afectando proyectos de inversión en minería y energía, por
más de $ 2,800 millones, dejando sin trabajo a 7,258 empleos
directos y 26,250 empleos indirectos”.
De “grupos irregulares” tacha el COHEP a las comunidades que se
organizan en legal, legítima y debida resistencia comunitaria con el
objetivo de defender sus bienes naturales y ejercer el derecho
constitucional a una vida con dignidad y bienestar; deberes y
derechos conculcados como norma de acción general en todo lugar
donde el gobierno ha aprobado
concesiones mineras y de energía.
Desde el Movimiento Amplio lamentamos la extrema miopía con la
que el COHEP aborda esta problemática de carácter nacional
que ha sido implementada por una casta de empresarios y funcionarios
que han incurrido en el manejo ilegal, abusivo, corrupto y criminal
de los bienes naturales propios de la colectividad hondureña.
El número de concesiones hidroeléctricas aprobadas actualmente
suponen la producción de más de 6 mil MW, lo cual contrasta con el
hecho que la estructura que administra la energía en Honduras es
incapaz de soportar una carga contractual de esa magnitud. La
necesidad de energía en el presente de Honduras no supera los 4 mil
Mw. ¿No lo sabe el COHEP?
La mayoría de estas concesiones se han otorgado justamente en los
períodos en que termina un gobierno e inicia uno nuevo. Esto nos
permite inferir que la multiplicación abusiva de concesiones
hidroeléctricas no responde a la satisfacción de necesidades
concretas del parque energético nacional técnicamente establecido,
sino más bien consiste en la devolución de favores en el marco de
un clientelismo político que premia a las y los financiadores de
determinados dirigentes políticos. ¿No lo sabe el COHEP?
El costo de producción de cada kilovatio/hora ronda los dos centavos
de dólar; mientras tanto, el Estado paga a los empresarios de la
energía la elevada suma de 18 centavos de dólar por cada
kilovatio/hora, aun (y) cuando no los produzcan (basta con que la
cantidad a producir quede establecida en cada convenio). Es así que
los convenios de compra de energía firmados entre el Estado y los
empresarios de la energía suponen un verdadero asalto a la economía
nacional y a los bolsillos mermados de cada ciudadano y ciudadana que
hace uso de la energía eléctrica. ¿No lo sabe el COHEP?
Las empresas generadoras de energías renovables se hacen de un enorme botín que bien pudieran compartir decentemente con los pueblos que por tiempos inmemoriales han convivido y conservado las fuentes hídricas utilizadas por los hidroempresarios; pero no lo hacen y, si acaso, dejan caer migajas que en nada benefician a las comunidades. GENERA, una hidroeléctrica en el municipio de La Másica en el departamento de Atlántida es un ejemplo patético de lo que señalamos: En 3 años de producción de energía eléctrica en el municipio de La Masica se han hecho con unas utilidades que superan los 400 millones de Lempiras; pero la municipalidad sólo registra el ingreso de casi un millón de Lempiras en tres años en concepto de impuestos; es decir, el 2.5 % de las utilidades netas. En conclusión, el pueblo no resulta beneficiado con la producción de ¨energía limpia¨ o apenas recibe migajas ultrajantes. ¿No lo sabe el COHEP?
Y esta generación de ¨energía limpia¨
basada en la entrega del territorio y la soberanía nacional al mejor
postor y la imposición violenta de estos proyectos, contrasta con la
realidad actual que enfrenta el pueblo hondureño y la misma clase
empresarial que pagamos uno de los precios mas altos por la energía
en centroamérica, racionamientos constantes y la campeante e impune
corrupción de los saqueadores del erario público. ¿No lo sabe el
COHEP?
Con las concesiones mineras sucede lo mismo. Las comunidades y sus
entornos son destruidos y contaminados. El valle de Siria quedó con
un nivel freático más profundo, prácticamente inalcanzable con las
tecnologías artesanales de extracción de agua, debido al bombeo
criminal de las aguas subterráneas. ¿No lo sabe el COHEP?
En Azacualpa, Copán, las presas de aguas residuales de la mina de
San Andrés sufren “accidentes” cada cierto tiempo, por lo que
terminan contaminando las aguas del río Higuito, que es la principal
fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Santa Rosa de
Copán. La dureza química superior a los 4 puntos que presentan
estas aguas debido a la presencia de metales pesados convierten las
mismas en no aptas para consumo humano, pero la población copaneca
esta obligada a consumirlas al no disponer de otras opciones. ¿No lo
sabe el COHEP?
En la concesión minera El Venado, entre Colón y Olancho, la empresa
minera abandonó el yacimiento debiéndole a sus trabajadores los
últimos meses de trabajo; se fue sin cancelar deudas por transporte
de materiales a los dueños de volquetas y otras maquinarias
contratadas por la empresa y la zona quedó contaminada. ¿No lo sabe
el COHEP?
En la concesión minera Buena Vista I, del empresario Lenir Pérez,
en el municipio de Tela, la empresa se jactaba de hacer
Responsabilidad Social Empresarial comprometiéndose a donar a las
comunidades vecinas las ramas de los árboles talados, no los
troncos, para colaborarles en la cocción de sus alimentos. ¿Sabe
algo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) la oligarquía
organizada y defendida por el COHEP?
Si el COHEP avala esta casta de empresarios que despojan las
comunidades de sus bienes naturales, que sobreponen sus intereses
lucrativos por encima del derecho a la vida en paz y con dignidad de
las personas y los pueblos, que confunden RSE con la dotación de
migajas a las comunidades que son verdaderas dueñas de sus
territorios; si el COHEP calla cuando son asesinadas las dirigencias
de las comunidades que se ven profundamente afectadas por las
concesiones mineras y de energía; entonces el COHEP se convierte en
una organización promotora y co-responsable de los actos delictivos
en que han incurrido sus defendidos. Frente al poder de tales
empresarios el pueblo contrapone la voz de Berta Cáceres, asesinada
por defender los ríos Lencas, de Enriqueta Matute y compañeros
indígenas, asesinados por oponerse a la extracción ilegal de
Antimonio en el pueblo Tolupán.
Al COHEP no le interesa el pueblo, su preocupación es el dinero; y
está dispuesto a satisfacer la avaricia de sus protegidos aun a
costa del derramamiento de sangre de los pobres. Desconoce el COHEP
que el pueblo se organiza, no en “grupos irregulares”, sino
constituyendo auténticas organizaciones que dan vida al floreciente
movimiento social popular hondureño.
¡Cuánto bien le haría al COHEP conocer y aplicar Los Principios
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos aprobados por
el sistema de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar!
El COHEP debe saberlo.
San Pedro Sula, Honduras. 5 de febrero de 2019.
Movimiento Amplio
Somos un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente.
