Libertad inmediata para la y los presos políticos de Guapinol

Compañeros y compañeras de Guapinol durante la audiencia inicial en Tegucigalpa, Honduras.
Foto: Redes sociales.

El Estado de Honduras criminaliza las legítimas luchas de las comunidades en defensa del agua para la vida, por lo que desde el Movimiento Amplio condenamos la injusta y criminal privación de libertad de once defensores y una defensora de los derechos humanos del sector de Guapinol, Tocoa, por mandato expreso de los operadores de justicia del Ministerio Público y juzgados involucrados en la criminalización de los líderes del Aguán. Desenmascaramos la actitud cómplice de los operadores de justicia por la cual caen de rodillas ante los empresarios saqueadores de los bienes naturales de los pueblos y sólo se ponen de pie para denegar justicia al pueblo, torcerla a favor de la oligarquía extractivista y castigar a los humildes que se atreven a defender la vida.

Como si no fuera más que suficiente el asesinato de alrededor de dos centenas de campesinos en la zona del Aguán a los cuales el Estado de Honduras no ha hecho justicia, la crisis causada por la devastación que está provocando la empresa minera Los Pinares en los sectores de Guapinol y Ceibita ya ha producido 3 asesinatos, 20 personas desplazadas (algunas con sus familias) y 18 líderes y lideresas criminalizadas. Se acusa de asociación ilegal a quienes se organizan para defender junto con sus comunidades el derecho humano de acceso al agua, decretado por la ONU mediante Resolución 64/292, el 28 de julio de 2010.

Resulta inadmisible que los operadores de justicia criminalicen de una sola vez a los líderes y lideresas de las comunidades del sector de Guapinol en vez de solventar la presente crisis, que ya la Ley General de Aguas asume como situación normal -a la cual hay que adelantarse-que de suyo se presenta en torno a la gestión de los recursos hídricos. El segundo considerando de la Ley General de Aguas reconoce que “la gestión del agua tiene una profunda influencia en la gobernabilidad y convivencia humana” y, además, “puede estar asociada a crisis internas”, que los funcionarios deben saber manejar, en todo caso gestionar la resolución de conflictos hídricos, aplicando el principio de subsidiariedad.

La decisión de enjuiciar a las líderes y lideresas de las comunidades de Guapinol por supuestos delitos de asociación ilícita resulta tan descabellada como injusta. Organizarse para la gestión hídrica de las comunidades no es ni nunca será un delito sino un derecho inalienable que se debe defender aun con la vida misma si es necesario. La ya citada Ley General de Aguas convoca a los ciudadanos y ciudadanas a organizarse para la gestión de los recursos hídricos, reconociendo en este recurso natural un bien social cuya prioridad esencial consiste en la satisfacción del consumo humano y su saneamiento; los demás usos vendrán por añadidura si los caudales lo permiten. El Artículo 3 considera como principios fundamentales de la gestión hídrica: 1) la protección y conservación del agua como acción prioritaria del Estado, pero como el Estado no lo hace, entonces lo tiene que hacer el pueblo de Tocoa; 2) “El consumo humano tiene relación preferencial y privilegiada sobre los demás usos, que es justamente lo que reclaman nuestros compañeros y compañera de Guapinol ahora criminalizados; 3) el agua es un recursos social y su acceso debe ser equitativo, por lo que no es posible que el Estado inclusive se haya prestado para reducir la zona Núcleo del Área Protegida con tal de satisfacer los intereses de las empresa minera Los Pinares y ahora permite la contaminación de las aguas corrientes de la zona; 4) la participación ciudadana debe hacerse efectiva en todas las etapas o momentos de la gestión hídrica, pero mientras la ley llama a la organización para la participación ciudadana los operadores de justicia más bien califican de asociación ilícita la organización de las comunidades que defienden sus bienes hídricos; y 5) ”La gestión integral del recurso agua se hará con la participación y responsabilidad de todas las instancias”, sin embargo, las autoridades municipales y gubernamentales quieren decidir el destino de las aguas de Tocoa al tenor de las demandas de las empresas saqueadoras de bienes naturales, sin contar con las comunidades y sus organizaciones locales. Le recordamos al Estado de Honduras que si las autoridades están actuando en sentido contrario a lo que manifiestan las leyes, entonces nuestros compañeros y compañera de Guapinol son objeto de denegación de justicia.

¿Basta ya!

¡Alto a la impunidad de los operadores de justicia y los cuerpos represivos del Estado!, que han olvidado que por sobre la obediencia absoluta de quienes puedan sentirse subalternos por diferentes intereses está el deber de cumplir las leyes que emanan de la Constitución de la república.

El Movimiento Amplio exige al Estado hondureño cumplir con la responsabilidad de prevenir las violaciones a los derechos humanos y le recuerda que el Derecho Internacional afirma que “El acceso a agua potable es una condición previa fundamental para el goce de varios otros derechos humanos” (OACNUDH, 2011).

Luchadora social de Guapinol, Honduras, criminalizada por defender el agua de su comunidad. Foto: Redes sociales

Desde el Movimiento Amplio demandamos al Estado de Honduras el cumplimiento del Principio de No Discriminación al derecho al Agua. Le corresponde al Estado aplicar este principio y hacerlo realidad en las comunidades de Guapinol, a quienes se les niega de forma permanente el derecho a decidir colectivamente sobre la gestión de sus bienes hídricos por la única razón de ser pobres y carecer del poder económico que ostenta la empresa Los Pinares, violentando el Artículo 2, párrafo segundo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Estado tiene el deber de proteger a las personas y comunidades sometidas a vulneraciones provenientes de la empresa Los Pinares y, en vez de estar criminalizando a quienes defienden la vida, debe establecer las medidas y políticas pertinentes de prevención y protección para que la empresa minera no violente los derechos humanos de los particulares.

Le advertimos a los operadores de justicia que ahora criminalizan los líderes y lideresas de Guapinol que si el Estado no observa cabalmente sus procederes legales en materia de derechos humanos, medio ambiente y gestión hídrica, le será atribuible la responsabilidad internacional por dichas violaciones, para lo cual remitimos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Sentencia de 01 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, Párrafo 170.

Demandamos también la correcta aplicación del Principio de Precautoriedad Ambiental. Es urgente que el Estado de Honduras corrija su miopía política que sólo le permite juzgar la realidad desde los intereses de los accionistas de la empresa Los Pinares y comience a interpretar las correctas y justas acciones de los líderes criminalizados de Guapinol desde el universal Principio de Precautoriedad Ambiental, consagrado como principio de derecho internacional en el artículo 15 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente, de 1992, de la cual Honduras es parte: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución (…). Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

Y le recordamos a los operadores de justicia que han criminalizado injustamente y sin ninguna razón a los compañeros de Guapinol que el Principio de Precautoriedad Ambiental ya fue incorporado al derecho positivo de Honduras, estableciendo el Artículo 3 de la Ley del Reglamento del SINEIA que, ante la existencia de amenaza de un daño al medio ambiente o a la salud humana, se tomen medidas preventivas antes de continuar con la actividad sospechosa, aun en ausencia de certeza científica. Es decir, se debe detener la actividad que produce el potencial daño al medio ambiente o a las vidas humanas hasta que se recobre la certeza científica de la ausencia de riesgo y se tomen las medidas preventivas pertinentes.

 Las comunidades del sector de Guapinol han alertado insistentemente sobre los cuadros de daños ambientales y humanos provocados por la explotación minera y se han hecho proyecciones muy bien fundadas sobre la magnitud de los peligros potenciales de continuar con la explotación minera, sobre todo en la devastación de los bienes hídricos del municipio de Tocoa. Pero el Estado de Honduras ha permanecido sordo a las denuncias y clamores de los pueblos de Tocoa, violentando de esta manera la aplicación correcta de las leyes ambientales. No es justo, pues, que se castigue con prisión a quienes defienden la vida.

Es importante que el Ministerio Público realice investigaciones diligentes y apegadas a la verdad y a la justicia antes de ponerse a criminalizar a las personas pobres de las comunidades que defienden los bienes naturales del sector de Guapinol. No hacerlo en escenarios como el creado por la concesión minera otorgada a la empresa Los Pinares, no solamente los responsables del delito no responden por sus actos, sino que también se envía un mensaje de impunidad al resto de los empresarios oligarcas y transnacionales extractivas. El Estado de Honduras debe demostrar que defiende justamente a la población hondureña y limpiar su imagen, expuesta hasta ahora como un socio más de las empresas violadoras de los derechos humanos, permitiendo su impunidad. 

Desde el Movimiento Amplio llamamos a todas las comunidades de Honduras y de manera especial a los más de 25 sectores y comunidades que a nivel nacional estamos en actitud de resistencia social defendiendo la soberanía ambiental de nuestros pueblos a declararnos en Alerta Permanente y Solidaria dando seguimiento a los acontecimientos que se suceden con los compañeros y compañeras de Guapinol. No podemos permitir que en una actitud descarada y en flagrante violación a los derechos de las personas y los pueblos emerja desde el funcionariado cortesano de la narcodictadura la prohibición y el castigo consecuente a quienes se atrevan a defender la vida con todas sus implicaciones. En Guapinol se juega la libertad y la vida del pueblo hondureño. Solidaridad permanente con Guapinol.

¡De las resistencias comunitarias a la reconstrucción de la soberanía nacional!

Desde las comunidades en resistencia,

26 de febrero de 2019.

MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA

Deplorables los abusos de ONU en el lanzamiento de Spotlight

Deplorables los abusos de las Naciones Unidas en el lanzamiento de Spotlight

El movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia demanda a la oficina del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras poner fin a la política de humillación y confrontación pasiva de las mujeres víctimas de violencia estructural en todos los escenarios donde esta juega a favor de quienes han usurpado el poder al amparo de la embajada de los Estados Unidos de América y no hacen justicia a la mujer y a la población hondureña en general.

A pesar de que comprendemos los protocolos diplomáticos y el marco de relacionamiento entre las Naciones Unidas y los Estados, es evidentemente, deshonesta y pretensiosa la actitud de las Naciones Unidas de sentar en un mismo espacio a víctimas y victimarios pasivos o activos y exigir que las víctimas permanezcan calladas y sumisas ante los responsables de los asesinatos y de evitarlos presentan supuestos avances de vanguardia, pero que en la práctica concreta con sus políticas públicas y ausencias de las mismas facilitan el terreno para la continuidad de los femicidios en el país y garantizan impunidad.

La Iniciativa Spotlight lanzada el pasado 13 de febrero por la ONU adquirió desde su génesis un carácter falaz desde el momento que permitió a Juan Orlando Hernández presentara el mismo como un resultado de las supuestas bondades del gobierno hacia las mujeres cuando el mismo titular del CONADEH ha manifestado que el 92% de los femicidios recientes no se han judicializado y, mientras tanto, en lo que va del 2019, se ha asesinado en promedio una mujer cada 24 horas. Esta infamia produce dolor profundo en quienes padecemos la violencia contra la mujer desde el pueblo y, muy en particular, en aquellas personas que la sufren desde el seno de su propia familia.

Por esta razón, no sólo nos solidarizamos con Olivia Zúniga sino que aplaudimos su acto de resistencia feroz desenmascarando a quienes con la falta de diligencia y secretividad en las investigaciones, impiden que los asesinos de mujeres y, concretamente, los asesinos intelectuales de Berta Cáceres sean llevados a la justicia.

¿Por qué la ONU no aprovechó el espacio Spotlight para interpelar públicamente a Juan Orlando Hernández sobre el continuo asesinato de mujeres? Su opiáceo discurso presidencial más bien dio vía libre a los depredadores de la mujer hondureña y, en la práctica, justifica que mientras el Estado construya la Ciudad Mujer, se puede seguir violando mujeres; mientras el Estado mantenga una línea de crédito para mujeres, se las puede seguir matando; mientras el Estado financie y participe en foros y talleres para mujeres se puede continuar violentando mujeres.

 ¿Por qué no se preguntó por los casos emblemáticos de Berta Cáceres y sus asesinos intelectuales, por Soad Nicolle y sus reclamos tan urgentes en materia de educación de la juventud hondureña, por Enriqueta Matute y su lucha contra los madereros y mineros que roban los bienes naturales de los pueblos, por Margarita Murillo y la urgencia de que las mujeres sean sujetos de reforma agraria? ¿Por qué el Estado de Honduras no ha castigado sus asesinos materiales, empresas financiadoras del crimen e intelectuales igualmente asesinos que los que aprietan gatillos o desenfundan machetes y cuchillos?

En estas circunstancias, “resaltar que Honduras es pionera en el lanzamiento de Spotlight en América Latina”, como lo señala la ONU en su comunicado del 14 de febrero, hace ver a Spotlight [foco en español] como la nueva máscara protectora de asesinos de mujeres desde las más altas esferas del Estado de Honduras y, ¿por qué no?, desde instancias como la oficina del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras. Convirtiendo este programa en un “foco” que solo ilumina la violencia contra las mujeres que quieren se vea, invisibilizando aquellas violencias incómodas para el gobierno, como lo son los asesinatos en el marco de la oposición al extractivismo u otras violencias, que por ser anti sistémicas se confinan al olvido.

Nos solidarizamos con nuestra compañera de lucha Olivia Marcela Zúniga Cáceres por los atropellos recibidos de parte de la guardia de la ONU y condenamos el papel servil de las instancias internacionales cómplices de la dictadura hondureña que ha forjado su estancia en el poder a punta de asesinatos y violaciones a los derechos humanos.

Exigimos junto a Olivia Marcela, justicia, justicia para quienes han planificado, ordenado y han sido cómplices de asesinatos hacia la mujer hondureña a lo largo de la historia y, ratificamos que seguiremos desde nuestras trincheras apostándole a una política de igualdad y equidad de género.

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia


¿Por qué no se preguntó por los casos emblemáticos de Berta Cáceres y sus asesinos intelectuales, por Soad Nicolle y sus reclamos tan urgentes en materia de educación de la juventud hondureña, por Enriqueta Matute y su lucha contra los madereros y mineros que roban los bienes naturales de los pueblos, por Margarita Murillo y la urgencia de que las mujeres sean sujetos de reforma agraria?

El COHEP oculta la verdadera realidad sobre las minas y la energía en Honduras

¿No lo sabe el COHEP?

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP, emitió una nota de prensa con fecha 30 de enero, manifestando su “preocupación por el accionar de grupos irregulares, que actuando con toda impunidad, están afectando proyectos de inversión en minería y energía, por más de $ 2,800 millones, dejando sin trabajo a 7,258 empleos directos y 26,250 empleos indirectos”.

De “grupos irregulares” tacha el COHEP a las comunidades que se organizan en legal, legítima y debida resistencia comunitaria con el objetivo de defender sus bienes naturales y ejercer el derecho constitucional a una vida con dignidad y bienestar; deberes y derechos conculcados como norma de acción general en todo lugar donde el gobierno ha aprobado concesiones mineras y de energía.

Desde el Movimiento Amplio lamentamos la extrema miopía con la que el COHEP aborda esta problemática de carácter nacional que ha sido implementada por una casta de empresarios y funcionarios que han incurrido en el manejo ilegal, abusivo, corrupto y criminal de los bienes naturales propios de la colectividad hondureña.

El número de concesiones hidroeléctricas aprobadas actualmente suponen la producción de más de 6 mil MW, lo cual contrasta con el hecho que la estructura que administra la energía en Honduras es incapaz de soportar una carga contractual de esa magnitud. La necesidad de energía en el presente de Honduras no supera los 4 mil Mw. ¿No lo sabe el COHEP?

La mayoría de estas concesiones se han otorgado justamente en los períodos en que termina un gobierno e inicia uno nuevo. Esto nos permite inferir que la multiplicación abusiva de concesiones hidroeléctricas no responde a la satisfacción de necesidades concretas del parque energético nacional técnicamente establecido, sino más bien consiste en la devolución de favores en el marco de un clientelismo político que premia a las y los financiadores de determinados dirigentes políticos. ¿No lo sabe el COHEP?

El costo de producción de cada kilovatio/hora ronda los dos centavos de dólar; mientras tanto, el Estado paga a los empresarios de la energía la elevada suma de 18 centavos de dólar por cada kilovatio/hora, aun (y) cuando no los produzcan (basta con que la cantidad a producir quede establecida en cada convenio). Es así que los convenios de compra de energía firmados entre el Estado y los empresarios de la energía suponen un verdadero asalto a la economía nacional y a los bolsillos mermados de cada ciudadano y ciudadana que hace uso de la energía eléctrica. ¿No lo sabe el COHEP?

Las empresas generadoras de energías renovables se hacen de un enorme botín que bien pudieran compartir decentemente con los pueblos que por tiempos inmemoriales han convivido y conservado las fuentes hídricas utilizadas por los hidroempresarios; pero no lo hacen y, si acaso, dejan caer migajas que en nada benefician a las comunidades. GENERA, una hidroeléctrica en el municipio de La Másica en el departamento de Atlántida es un ejemplo patético de lo que señalamos: En 3 años de producción de energía eléctrica en el municipio de La Masica se han hecho con unas utilidades que superan los 400 millones de Lempiras; pero la municipalidad sólo registra el ingreso de casi un millón de Lempiras en tres años en concepto de impuestos; es decir, el 2.5 % de las utilidades netas. En conclusión, el pueblo no resulta beneficiado con la producción de ¨energía limpia¨ o apenas recibe migajas ultrajantes. ¿No lo sabe el COHEP?

Y esta generación de ¨energía limpia¨ basada en la entrega del territorio y la soberanía nacional al mejor postor y la imposición violenta de estos proyectos, contrasta con la realidad actual que enfrenta el pueblo hondureño y la misma clase empresarial que pagamos uno de los precios mas altos por la energía en centroamérica, racionamientos constantes y la campeante e impune corrupción de los saqueadores del erario público. ¿No lo sabe el COHEP?

Con las concesiones mineras sucede lo mismo. Las comunidades y sus entornos son destruidos y contaminados. El valle de Siria quedó con un nivel freático más profundo, prácticamente inalcanzable con las tecnologías artesanales de extracción de agua, debido al bombeo criminal de las aguas subterráneas. ¿No lo sabe el COHEP?

En Azacualpa, Copán, las presas de aguas residuales de la mina de San Andrés sufren “accidentes” cada cierto tiempo, por lo que terminan contaminando las aguas del río Higuito, que es la principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Santa Rosa de Copán. La dureza química superior a los 4 puntos que presentan estas aguas debido a la presencia de metales pesados convierten las mismas en no aptas para consumo humano, pero la población copaneca esta obligada a consumirlas al no disponer de otras opciones. ¿No lo sabe el COHEP?

En la concesión minera El Venado, entre Colón y Olancho, la empresa minera abandonó el yacimiento debiéndole a sus trabajadores los últimos meses de trabajo; se fue sin cancelar deudas por transporte de materiales a los dueños de volquetas y otras maquinarias contratadas por la empresa y la zona quedó contaminada. ¿No lo sabe el COHEP?

En la concesión minera Buena Vista I, del empresario Lenir Pérez, en el municipio de Tela, la empresa se jactaba de hacer Responsabilidad Social Empresarial comprometiéndose a donar a las comunidades vecinas las ramas de los árboles talados, no los troncos, para colaborarles en la cocción de sus alimentos. ¿Sabe algo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) la oligarquía organizada y defendida por el COHEP?

Si el COHEP avala esta casta de empresarios que despojan las comunidades de sus bienes naturales, que sobreponen sus intereses lucrativos por encima del derecho a la vida en paz y con dignidad de las personas y los pueblos, que confunden RSE con la dotación de migajas a las comunidades que son verdaderas dueñas de sus territorios; si el COHEP calla cuando son asesinadas las dirigencias de las comunidades que se ven profundamente afectadas por las concesiones mineras y de energía; entonces el COHEP se convierte en una organización promotora y co-responsable de los actos delictivos en que han incurrido sus defendidos. Frente al poder de tales empresarios el pueblo contrapone la voz de Berta Cáceres, asesinada por defender los ríos Lencas, de Enriqueta Matute y compañeros indígenas, asesinados por oponerse a la extracción ilegal de Antimonio en el pueblo Tolupán.

Al COHEP no le interesa el pueblo, su preocupación es el dinero; y está dispuesto a satisfacer la avaricia de sus protegidos aun a costa del derramamiento de sangre de los pobres. Desconoce el COHEP que el pueblo se organiza, no en “grupos irregulares”, sino constituyendo auténticas organizaciones que dan vida al floreciente movimiento social popular hondureño.

¡Cuánto bien le haría al COHEP conocer y aplicar Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos aprobados por el sistema de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar! El COHEP debe saberlo.

San Pedro Sula, Honduras. 5 de febrero de 2019.

Brumadinho: Tragedia anunciada que enluta América Latina

Desde el Movimiento Amplio de Honduras expresamos nuestra consternación, repudio e indignación ante la irresponsable y criminal tragedia  que ha acabado con la vida de 84 personas y cerca de 300 personas en el municipio de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, República de Brasil. Expresamos nuestra solidaridad al hermano pueblo del Brasil y de manera muy especial a la comunidad doliente de Brumadinho, donde una presa de desperdicios mineros reventó provocando un desastre catastrófico humano y ambiental.

No es la naturaleza que condena a Brumadinho a someterse a esta situación difícil, sino la falta de sentido humano muy propio de los proyectistas de concesiones extractivas que despojan a los pueblos de sus bienes naturales y los condenan a la muerte y a la miseria.

Nos abruma saber que varios centenares de gentes humildes han zozobrado a causa de la avaricia desmedida de empresarios mineros miopes y funcionarios corruptos que aprueban este tipo de proyectos sin antes asegurar la vida de las personas de los pueblos adyacentes potencialmente impactados por estas concesiones.

Repudiamos las acciones de aquellos Estados y corporaciones empresariales incapaces de ver en este tipo de calamidades el profundo dolor humano que provocan y el daño ambiental terrible que finalmente se vuelca contra el ser humano y la comunidad viviente. Si tan solo escucharan las voces, los reclamos y las argumentaciones de las comunidades y sus organizaciones estas tragedias pudieran evitarse.

Indigna saber que ésta no es la primera tragedia minera que ocurre en el Estado de Minas Gerais; similares deslaves han tenido lugar en Itabirito (1986), Sebastião das Águas Claras (junio 22 de 2001), Miraí (enero 10 de 2007), Herculano (septiembre 10 de 2014) y en Mariana (noviembre 5 de 2015). Y las autoridades se empecinan en continuar otorgando concesiones con estudios de impacto ambiental superficiales, que se realizan únicamente para cumplir con las leyes, mas no para medir los impactos potenciales que comprometen la vida y el bienestar de las personas. El Principio de Precautoriedad como principio de derecho internacional ambiental refrendado en la Cumbre de Río de Janeiro es opacado cuando hay intereses económicos desmedidos de por medio. Ahora le ha correspondido a Brumadinho aportar los muertos y desaparecidos. ¿Cuántas más de estas tragedias tendrán que vivir las poblaciones de América Latina para que los Estados y las oligarquías empresariales extractivistas se tomen en serio la seguridad de las personas y los pueblos?

Recordamos también la tragedia del proyecto hidroeléctrico HIDROITUANGO ocurrida en Colombia en mayo del año pasado. ¿Nadie desde las esferas de poder político y económico de los Estados latinoamericanos es capaz de entender estos eventos y hacer una lectura lógica, científica y jurídica de los mismos en clave de preservación de la vida y respeto a los derechos humanos de las personas y los pueblos?

Brumadinho no es una tragedia extractivista aislada. Desastres por fallas en represas hidroeléctricas y mineras se están convirtiendo en eventos frecuentes, lo que nos permite inferir que seguirán ocurriendo muchos más mientras la lógica de muerte del capitalismo extractivista domine nuestros pueblos. El capitalismo extractivista es la punta de lanza de la colonización postmoderna a que se destina a América Latina. Frente a esta lógica extractivista devastadora y deshumanizante no podemos dejarnos avasallar por dinámicas extractivistas ajenas al ser propio de nuestro continente.

El Movimiento Amplio de Honduras, además de solidarizarse con el pueblo del Brasil, invita a convertir en resistencia social la rabia que provoca la ocurrencia de estos acontecimientos. Cada comunidad, región, país y toda América Latina debemos cerrar filas contra la minería a cielo abierto y en general contra todo proyecto o concesión extractivista que amenace la existencia y el bienestar humano de todo ciudadano y ciudadana. Chico Méndez en Brasil, Bertha Cáceres en Honduras, Máxima Acuña en Perú marcan el camino a seguir en la Patria Grande defendiendo la dignidad de nuestros pueblos y el respeto a la autodeterminación y usufructo de nuestros territorios y bienes naturales.

San Pedro Sula, Honduras. 30 de enero de 2019.

¿Qué son las declaratorias de territorios libres de proyectos extractivos? Una mirada desde el MADJ

Las declaratorias de territorios libres de minerías e hidroeléctricas en Honduras:
Una mirada desde la construcción y práctica del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Por Heidy Alachán.

Una mirada regional de las declaratorias

Los efectos de la consolidación del modelo extractivo aqueja, de manera cada vez más dramática a diversos países del mundo, y de forma particular, como un detonador aún mayor de las desigualdades sociales, a los países del continente americano.

Ante esa realidad, los pueblos y comunidades de la región, han pensado, elaborado, construido y llevado a la práctica distintas estrategias de reacción y prevención que les permitan salvaguardar sus riquezas naturales y entornos sociales de la pretensión depredadora y de despojo de las empresas extractivas.

En ese proceso han jugado un papel trascendente los movimientos sociales y la organización popular y comunitaria para la gestación de herramientas de defensa frente a las amenazas, asumiendo, posiblemente, de manera instintiva su derecho a la libre determinación, contenido en los artículos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)  que los faculta a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y a llevar adelante su desarrollo económico, social y cultural sin injerencias del exterior.

Unas de las estrategias puestas en marcha en la región, son las declaratorias de territorios libres. Estás han tomado múltiples formas, procedimientos, efectos, alcances e incluso maneras de nombrarlas, entre los distintos países que las emplean.

En esencia, y según lo planteado por la red Amigos de la Tierra Internacional[1] (2018), “declarar un territorio libre, es una práctica de autonomía. Es una práctica política para ejercer los Derechos Humanos sobre todo los colectivos… que nos protegen como comunidad […]” (pág. 4)

Desde esta mirada planteada por Amigos de la Tierra Internacional a siete años de los primeros antecedentes de su uso y aparición, en las declaratorias convergen múltiples derechos; a decidir desde los territorios, las actividades y políticas que pueden existir en el mismo, a contar con información en forma oportuna, a contar con el tiempo necesario para analizar y comprender esa información siguiendo, en el caso de existir, formas tradicionales, a la participación ciudadana entendida como un proceso que promueve, permite y respeta que las comunidades y sus organizaciones formen parte fundamental del análisis y comprensión de cualquier elemento que facilite tomar una decisión final sobre una actividad o política que afecte sus territorios y el derecho a la autonomía y autodeterminación.

Registros indican que las declaratorias de territorios libres aparecieron en 2011 como una estrategia producto de acuerdo político de las organizaciones de distintos países que integran el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4).

Sin embargo, más allá del M4 en la región se registran importantes avances en la configuración y empleo de las declaratorias de territorios libres. Honduras, al cual nos referimos posteriormente en detalle, se le atribuye como pionero del “movimiento generalizado de las declaratorias en Centro América”, con su primer antecedente en 2013, Guatemala por su parte las ha puesto sobre la marcha desde la modalidad de consultas ciudadanas y Nueva Trinidad, El Salvador, forman parte de la lista a nivel regional.

En México, Chicomuselo y Escuintla, Chiapas, Xochitepec y Miacatlán del Estado de Morelos, Tapachula, Motozintla, Huixtla, Huehuetán y San Cristóbal de las Casas, y la Región Montaña de Guerrero, con ejercicios que oscilan a partir del año 2014, continúa el recuento. La Red Mexicana de  Afectados por la Minería (REMA) calcula que alrededor de dos mil comunidades han sido blindadas contra la minería bajo el lema de territorios libres de minería (Declaración de Territorios Libres, pág. 7).

De esa mirada regional y de otras aristas que deben ser objeto de una profundización posterior se puede apreciar y afirmar que la figura de las declaratorias vive un proceso de consolidación como práctica de autodeterminación de los pueblos y comunidades y que, su pretensión de prevención se extiende  hacia cada vez más formas y modalidades de la actividad extractiva, mucho más allá de la actividad minera e hidroeléctrica.

Las declaratorias en Honduras: la construcción y práctica del movimiento amplio por la dignidad y la Justicia

En Honduras, el acelerado avance de la consolidación del modelo extractivo incrementado a partir del golpe de Estado en el año 2009[2],  posicionó como uno de los principales flagelos de la sociedad hondureña los conflictos sociales y ambientales generados por la política de privatización y concesionamiento, que ha provocado el acelerado despojo, especialmente de bienes naturales y territoriales a las comunidades rurales y minorías étnicas.

Si bien, los organismos internacionales han desarrollado estándares específicos relacionados a estos conflictos, vinculados a poblaciones indígenas y afrodescendientes, en Honduras, comunidades no indígenas y que no se reivindican como campesinas, son protagonistas de ejercicios de soberanía sobre sus bienes naturales comunes. Una práctica que desde el año 2013 se ha vuelto común son las “Declaratorias de territorios libres de minería e hidroeléctricas” o las “Declaratorias de territorios libres de proyectos extractivos”, nombre que reciben más recientemente. (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina , 2018).

Las declaratorias en Honduras, tienen su antecedente normativo en la figura contenida en la Ley Forestal de Aguas y Vida Silvestre (2007). Según lo establecido en dicha ley el Poder Ejecutivo o el Congreso Nacional, a través del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) de oficio o a petición de las corporaciones municipales o de las comunidades en cabildos abiertos, tiene la facultad de declarar áreas protegidas y áreas abastecedoras de agua para poblaciones, cuyo efecto concreto es que en ningún caso se otorgará permisos o licencias para el aprovechamiento de los recursos en estas zonas.  Di­chas declaraciones están sujetas a los estudios técnicos y científicos que demuestren su factibilidad y el acuerdo debe ser aprobado por el Congreso Nacional (Art. 65).

Sin embargo, como queda establecido, el alcance de dichas declaratorias según está regulado en la Ley Forestal le atribuye un papel trascendental al Congreso Nacional a quien compete el acuerdo de declaratoria. Este punto es de vital relevancia ya que, motivó de manera sustancial la resignificación de la figura desde los movimientos sociales y populares de Honduras, particularmente del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia[3] , en adelante MADJ, quien reivindica dicha práctica como una resolución o mandato popular directo.

Ese proceso de re significación de la figura de las declaratorias desarrollado desde el MADJ implicó su construcción desde los principios y derechos contenidos en el artículo 2 de la Constitución de la República de Honduras, los artículos 71, 102, 103 y 105 de la Ley General del Ambiente y el artículo 67 de la Ley de Minería. Como fundamentos torales se centró en el principio de soberanía popular y el derecho a la participación ciudadana, los cuales se interrelacionan con múltiples derechos como el de libre determinación, derecho a la consulta y el consentimiento previo libre e informado, entre otros. La estructura jurídica creada, recoge la tendencia internacional orientada a respetar la consulta y consentimiento contenido en el Convenio 169 de la OIT y el carácter vinculante de su resultado como garantía de su facultad de los pueblos y comunidades de decidir sobre el manejo de los bienes naturales comunitarios y su entorno inmediato.

Visto desde la jerarquía normativa, el principio de soberanía popular contenido en el artículo 2 constitucional es el asidero habilitante de la construcción y ejercicio de las declaratorias. Este establece que, la soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación.

Al respecto y retomando lo planteado por Marshall Barberán (2010), los actos de soberanía popular nunca pueden ser llevados a cabo por el pueblo en su totalidad, siempre será un sector del pueblo o algunos individuos aislados los que los llevarán a cabo como agentes del pueblo. En este sentido, es posible concluir, que el pueblo es capaz de buscar y crear sus propias formas de manifestarse y que dichas formas no están o deben de manera necesaria, estar establecidas institucionalmente.  “En palabras de Sieyès:… “No importa la forma en que la nación quiera; basta que quiera. Todas las formas son buenas”. (La soberanía popular como fundamento de orden estatal y como principio constitucional, pág. 259)

Ese ejercicio de soberanía, se perfecciona con los derechos contenidos en las leyes secundarias referidas. Derecho a participar directamente en las acciones de defensa y preservación del ambiente y del uso racional de los recursos naturales del país (art.102), a ser informadas sobre el estado del ambiente y de todas las operaciones y acciones que se estén tomando en este campo, por las instituciones gubernamentales y las municipalidades (art.103), a participar en la prevención, mitigación y atención de los desastres naturales (art. 105) (Ley General del Ambiente, 1993) y a la consulta ciudadana previa a la resolución de otorgamiento de permisos de explotación, cuyo resultado es vinculante para el otorgamiento de las concesiones de explotación, tal y como lo establece el artículo 67 de la Ley General de Minería (2013).

Es decir que, habiendo sido informadas, consultadas y participado directamente, las comunidades, como expresión del pueblo en quien recae la soberanía, tienen el derecho de decidir sobre el curso y manejo de sus bienes naturales comunes y sobre todo lo relacionado a su vida en comunidad y estas decisiones deben ser acatadas por los poderes constituidos, entiéndase autoridades locales y nacionales.

En Honduras, la Ley de Municipalidades regula el derecho a la participación ciudadana comunitaria, el cual puede ser ejercido mediante dos mecanismos de consulta:  el cabildo abierto, figura jurídica consignada en el artículo 33 B y  definida en el artículo 19, de su reglamento como un instrumento de comunicación directa necesario para una eficaz administración que responda a los anhelos de la población y sea expresión permanente de la voluntad popular y; el plebiscito, consignado en el artículo 18.

Sin embargo, en la práctica concreta y en lo relacionado a los proyectos extractivos, estos mecanismos de consulta, particularmente el cabildo abierto cuyo empleo es más habitual que el plebiscito, se han utilizado para consultar a las comunidades en relación al otorgamiento de permisos de construcción a un proyecto extractivo en concreto. Es decir, a través de un SÍ o un NO, decidir la construcción de proyecto sin haber, en muchos casos, tenido participación en la decisión sobre el otorgamiento de la concesión y otros procedimientos administrativos previos.

Debido a ello, la figura de las declaratorias, resignificada desde el MADJ constituyó una práctica que desafía el empleo y alcance clásico de las consultas realizadas a través de los cabildos, ya que, plantea, la convocatoria a este, para decidir no sobre un proyecto, sino sobre la decisión de declarar su territorio libre de proyectos extractivos, lo que implica que, ese resultado, producto de la soberanía popular, garantizará que en lo sucesivo de manera permanente, no podrán ser concesionados sus bienes naturales, ni otorgados permisos administrativos para actividades extractivas en sus zonas. Declarándolos de manera implícita para consumo humano exclusivamente.

Desde esa construcción, las declaratorias han constituido un sistema jurídico en sí mismo que desafía la concepción clásica del derecho positivo en tanto no están reguladas como tales en una norma, pero han convocado, hasta la fecha, a más de diez municipios y comunidades hondureñas. Varias de estas con procesos de organización política en el MADJ.

Si bien, desde el lente de la práctica de los procesos donde el MADJ ha tenido participación directa, de las comunidades organizadas han sido piezas claves en la consecución de las declaratorias, el alcance y plenos efectos de estas siguen planteando retos sustanciales que motivan y deben seguir obligando la reflexión y la confección de estrategias que aseguren la prevalencia de las decisiones soberanas de los pueblos y comunidades, por encima del poder avasallador del capital extractivo y de los contubernios entre poderes constituidos y élites empresariales, legitimados por la flagrante corrupción que impera en Honduras.

Sin embargo y a pesar de este señalamiento con tinte desesperanzador, comunidades como Pajuiles y el Sector Florida en Tela, Jilamito en Arizona, San Juan Pueblo en la Másica, San Francisco y otras más en el departamento de Atlántida, organizadas en el MADJ, nos siguen dando lecciones valiosas que aportan para la reflexión, la discusión teórica, pero que sobre todo, vuelven cada vez más latente y cercana la condición de dignidad como única forma de vida.


[1] Amigos de la Tierra Internacional es la red ambiental más grande del mundo, uniendo a 75 grupos de miembros nacionales en todos los continentes. Con más de 2 millones de miembros y simpatizantes de todo el mundo, Apuesta por el combate al modelo actual de globalización económica y empresarial y busca proveer soluciones que ayuden a crear sociedades ambientalmente sostenibles y socialmente justas.

[2] En el marco del golpe de Estado de 2009 se configuró una política estatal que permite el concesionamiento a terceros de derechos sobre bienes naturales comunes. Empezó un proceso de reestructuración de la normativa legal para facilitar la explotación de los bienes naturales ejemplo de ello fue la Ley General de Agua en 2009, la Ley de Minería y su reglamento en 2013, entre otras.

[3] El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia es una organización política y social de Honduras, fundada el 24 de mayo de 2008, producto de la huelga de hambre de los fiscales que  duró 38 días. Desde su fundación está dedicada a la lucha contra la corrupción, impunidad, defensa de derechos humanos en general, derechos de los pueblos indígenas y de los bienes naturales, con presencia en distintas zonas del territorio nacional.


Trabajos consultados
  • Amigos de la Tierra Internacional (2018). Declaración de Territorios Libres.
  • Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. (13 de Septiembre de 2007). Decreto No.156-2007. Honduras.
  • Ley General de Minería. (2 de Abril de 2013). Honduras.
  • Ley General del Ambiente. (1993). Decreto No. 104-93 93. Honduras.
  • Marsahll Barberán, P. (2010). La soberanía popular como fundamento de orden estatal y como principio constitucional. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 259.
  • Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina . (9 de Abril de 2018). Obtenido de https://www.ocmal.org/se-generaliza-el-movimiento-por-zonas-libres-de-mineria/
  • Pacto de Derechos Civiles y Políticos. (1966). Obtenido de https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
  • Pacto Internacionales de Derechos Sociales, Económicos y Cultarales. (1966). Obtenido de https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
  •  Recomendación general Nº 21 relativa al derecho a la ibre determinación, 48º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 245 (1996),.

Venezuela, una herida provocada por los intereses imperialistas

La región latinoamericana y caribeña enfrenta la mayor de las crisis de soberanía y autodeterminación.

El intento imperialista de concretar una invasión, a través de una especie de golpe de Estado a la República Bolivariana de Venezuela, forma parte de la crisis social que lentamente se ha venido gestando en la patria de Bolívar desde hace varios años, alimentada por fuerzas e intereses extra regionales, muy concretamente por los Estados Unidos de América y en la cual ha sido transversal el discurso de la crisis migratoria y de derechos humanos a fin de asegurar sus intereses intervencionistas.

Desde las Honduras de Centroamérica, después de haber vivido el golpe de Estado de 2009, promovido por el Departamento de Estado, y desde la implantación de la narco dictadura en 2017, impuesta por la embajada norteamericana, podemos desenmascarar con mucha autoridad soberana y moral el descaro de los Estados Unidos al acusar al gobierno de Venezuela de mantenerse en el poder recurriendo a  tácticas anti democráticas que justamente son las mismas que han utilizado ellos para mantener una narco dictadura en Honduras dedicada a complacer los deseos imperiales en todo momento.

Un lamentable y servil papel ha sido en esta crisis el jugado por el Grupo de Lima, el sistema regional de derechos humanos y de manera particular, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro y más recientemente el de la Organización de las Naciones Unidas, quien siguiendo los antojos convocó a reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la situación de Venezuela.

Desde estas instancias se promueve el enfrentamiento entre la población venezolana y la comunidad internacional, se intenta desconocer el rol patriótico, latinoamericanista y solidario que Venezuela ha jugado a lo largo del siglo XXI; se desconocen los esfuerzos realizados para construir una identidad latinoamericana inclusiva, desde el reforzamiento de los sectores sociales más vulnerables de nuestras naciones.

Sin embargo, a pesar de las presiones y el chantaje de Estados Unidos, estas instancias fueron los escenarios de las dos derrotas consecutivas del gobierno de Donald Trump en foros internacionales. Primero fracasó en la Organización de Estados Americanos (OEA) al tratar de imponer el reconocimiento del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó (quien no tiene sede de Gobierno ni gabinete, ni mucho menos participo en el proceso electoral), y ahora en su presentación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Ante ese escenario, los pueblos del continente estamos llamados a cerrar filas contra las invasiones del imperio estadounidense que solamente dejan destrucción en las naciones invadidas y provocan heridas profundas en las colectividades sociales que tardan mucho en sanarse.

La crisis de Ucrania dejó más de cien mil ucranianos asesinados y 800 mil personas refugiadas y desplazadas. La invasión de Libia supuso el asesinato de 5,000 (cinco mil) libios más otras 650 mil personas desplazadas y refugiadas. La crisis de Siria, la más vil de las invasiones norteamericanas en el siglo XXI, reporta el saldo de 511 mil personas asesinadas y más de 6 millones de desplazados y refugiados.

Y qué decir de la invasión a Irak con un saldo de más de un millón de ciudadanos y ciudadanas asesinadas. Debemos evitar que estas tragedias se repitan en América Latina y por lo pronto en el pueblo de Venezuela. Ningún sector social o político venezolano tiene garantía de salir ileso de una posible invasión imperialista, a excepción de los venezolanos que desde ya viven en Miami y otras tierras lejanas de la patria.

Ese recorrido mínimo y necesario, permite leer con mayor claridad lo que hay detrás de la hipócrita preocupación de Estados Unidos por la situación de los derechos humanos de la población venezolana.

Sin lugar a dudas, todas las acciones y estrategias puestas en marcha por Estados Unidos en contra del gobierno venezolano, pasando desde las sanciones impuestas, hasta el chantaje expresado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, dejan clara la vuelta a la época de la guerra fría, donde mecanismos y estructuras económicas y políticas se disponen a los intereses imperialistas.

En ese escenario, defender a la república de Venezuela de los intentos de golpes de Estado y pretensiones intervencionistas es un imperativo ético.

Desde nuestra realidad inmediata en Honduras, también pasa por poner freno a los gobiernos lacayos como el nuestro, que ponen en vergüenza una y otra vez a través de discursos como el manifestado por la representante de país ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Detrás de la crisis generada en Venezuela, están las acciones criminales orientadas a doblegar a los gobiernos y sociedades que no ceden a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Pero sobre todo, está en juego la estabilidad de los pueblos de América Latina.

Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia nos solidarizamos con el  digno y valiente pueblo venezolano con quienes compartimos y respaldamos su lucha anti imperialista, destacamos su labor y tenacidad por la defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.

Honduras, 29 de enero de 2019

A 1 año de dictadura: insurrección permanente

A un año de auto imponerse la narco dictadura, desde el Movimiento Amplio reivindicamos con mayor poderío el “FUERA JOH”, pero reiteramos que lo queremos fuera y preso, por ser uno de los principales dirigentes de una clase     política-económica criminal y corrupta que han asaltado a todos los poderes e instituciones constitucionales del Estado para adueñarse de los bienes y recursos que deben ser públicos y de beneficio colectivo. JOH y sus funcionarios -socios en lugar de construir y garantizar una gobernabilidad justa, equitativa, inclusiva y transparente- se han encargado de entronizar el crimen, el abuso, el narcotráfico, la impunidad y la corrupción como práctica de una dictadura cruel e injusta.

No perdonamos que el descontento social que siguió al fraude electoral haya sido sofocado a sangre y fuego. Son al menos 38 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado. Mártires de la democracia -entre los cuales se cuentan nuestros compañeros Ramón Fiallos, Wilmer Paredes y Geovany Cárcamo- que no merecieron la muerte como castigo por amar y defender la patria y exigir respeto de la voluntad ciudadana de todos y todas. El Movimiento Amplio no los olvidará jamás.

Como Movimiento Amplio condenamos el cinismo imperial y abominable de los Estados Unidos de América, que a finales de 2017 facultó a la narco dictadura hondureña para burlar la voluntad ciudadana y mantenerse en el poder de la manera más grotesca y criminal, y que ha continuado durante todo el 2018 y ahora en 2019, solapando y a la vez alentando el manejo abusivo de JOH y su pandilla de criminales.

Estados Unidos se ha encargado de dar vida a una narco dictadura en Honduras, como lo hace en otros países latinoamericanos, para crearse al mismo tiempo la justificación de la lucha anti drogas y así mantener en ocupación militar permanente a los pueblos con democracias endebles como el nuestro. Igualmente deploramos la doble moral del Secretario General de la OEA y de la Unión Europea, que posterior al proceso electoral de 2017 generaron conclusiones objetivas y justas en un primer momento, pero siniestras y complacientes con el imperio norteamericano tan pronto como se pronunciara el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Deploramos la actitud apátrida y criminal de las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional Civil, porque, en lugar de hacer prevalecer lo que manda la Constitución, se degradaron a ser meros “elementos” asesinos de su mismo pueblo y empresas de seguridad privada para los grandes carteles del narcotráfico. No hay perdón para el soldado que dispara contra su mismo pueblo. No descansaremos hasta verlos sometidos a la justicia de una Honduras liderada por gobernantes justos y honestos. No pararemos de denunciar criminales y exigir justicia.

Desde el Movimiento Amplio nos declaramos en sublevación permanente e indefinida hasta que la democracia sea paz para el pueblo y justicia para todas y todos. Llamamos a la población a luchar, a no desmayar en el reclamo diario y permanente de la justicia que nunca llega, pero que terminará por imponerse. Esta sublevación permanente e indefinida se vive desde ya en los territorios donde las comunidades defienden soberanamente sus bienes naturales y exigen que las instituciones del Estado funcionen correctamente; desde escuelas y centros de salud hasta aquellas encargadas de velar por la paz social y la aplicación de justicia.

Saludamos especialmente a los jóvenes y mujeres por el papel rebeldemente justo que han jugado en la historia más reciente de Honduras, particularmente desde el golpe de Estado en 2009 y el fraude electoral de 2017. Se les invita a no desmayar, a no acomodarse y ajustarse a las miserias que provee la narco dictadura que nos somete, sino a continuar recuperando y reconstruyendo la patria que anhelamos, esa patria-amor cargada de solidaridad y entrega que nada tiene que ver con patriotismos fascistas importados e inculcados en nuestros pueblos. Igualmente saludamos a los pueblos originarios y afrodescendientes y en general a todas las comunidades campesinas que defienden lo suyo y no se dejan someter ante quienes intentan despojarlos de sus bienes naturales.

La narco dictadura debe y tiene que tener final. Estamos llamados y llamadas a construir este final y a deducirle responsabilidades por el enorme daño que le ha hecho al país. Llamamos a construir la unidad nacional sin barricadas entre los mismos movimientos sociales, sin intereses mezquinos entre líderes y lideresas; a dejar el acomodo y el cálculo, a formarnos, y generar un nuevo pensamiento y formas de hacer las cosas que esté a la altura del país y de las demandas de cambio real de la población; a luchar por nuestra independencia orgánica e ideológica, a proponer más y reaccionar menos, a comprender que nuestro trabajo inmediato es derrocar y encarcelar a la banda de políticos y empresarios criminales que actualmente están en las estructuras de poder. Pero debemos estar claros que nuestra responsabilidad mayor es elaborar, construir y dirigir un nuevo horizonte para Honduras basado en dignidad y justicia.   


“Lo que se empieza se termina; si no, no sirve” Ramón Fiallos

Arizona, Atlántida. 25 de enero de 2019

MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA

ACUERDO DE DUELO

A las comunidades organizadas y en lucha permanente, a la familia Matute y al pueblo Tolupán en general:

Compañeros y compañeras:

Desde el resto de comunidades organizadas, la Conducción Política Nacional, Coordinación Nacional y equipo de trabajo operativo, ante la triste noticia del asesinato de nuestros compañeros y hermanos indígenas José Salomón Matute y Juan Samael Matute Ávila, militantes históricos y activos de nuestra organización, referentes de la digna resistencia en territorio tolupán, específicamente en la tribu San Francisco Locomapa del pueblo Tolupán en Yoro, Honduras, queremos expresarles:

  1. Que escribimos con dolor estas líneas y repudiamos el vil asesinato de nuestros compañeros quienes en vida desempeñaron un papel fundamental en la defensa de los bienes comunes naturales  y derechos de su tribu.
  2. Reconocemos el valor y la dignidad que nuestros compañeros mantuvieron en vida, quienes a pesar de las amenazas,  hostigamiento y el riesgo que corrían sus vidas, siempre estuvieron en primera fila cuando se trató de luchar por la liberación y respeto a su pueblo.
  3. Nuestros queridos compañeros han partido y tras ellos, dejan una estela de trabajo, dignidad y entrega a las luchas sociales que deben ser nuestra bandera para continuar en lucha permanente.
  4. Reafirmamos que reencarnamos la lucha que en vida, nuestros compañeros asumieron y declaramos públicamente nuestro compromiso incansable por buscar castigo y justicia para los criminales que perpetraron este repudiable crimen.

Ante este dolor actual y de forma permanente, somos también tolupanes todas las que integramos esta organización, porque nuestra decisión política más importante es la unidad y la solidaridad. Extendemos nuestro más sentido pésame a los familiares de nuestros compañeros, especialmente a Ramón Matute, pilar fundamental del MADJ y de la lucha tolupana, sentimos el dolor por la pérdida irreparable, por las vidas valientes y entregadas a sus ideas que han sido arrebatadas por la violencia y el odio. Así mismo,  exhortamos a convertir el dolor en fuerza, la rabia en dignidad y la resignación en motivación para seguir luchando, con el compromiso y la seguridad de que los ideales de nuestros compañeros nunca morirán. Porque los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, y su legado permanecerá vivo a través de cada una de nosotras.

San Pedro Sula 25 de Febrero de 2019.

25 de enero: organizadas y en resistencia contra la dictadura

Hoy, 25 de enero de 2019, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, hablamos sobre las mujeres, desde las mujeres. Traemos con nosotras, en cada una de nuestras luchas, la conquista de 1955, liderada por las mujeres sufragistas y reconocemos que estamos acá porque nos precedieron ellas.

Desde nuestra organización mixta y amplia, con diez años de existencia y con una apuesta política llevada a la práctica por distintos sectores sociales que la integramos, nos reconocemos como un espacio diverso donde convergemos mujeres con distintas realidades. Sabemos, vivimos y reivindicamos la eterna militancia, ardua y dura, de muchas mujeres que han hecho y hacemos posibles las victorias y resistencias de los movimientos sociales y espacios organizados en Honduras.

Desde nuestra coordinación general integrada por Albertina López y María Dolores Euseda, apostamos a seguir construyendo espacios de inteligencia colectiva y de una práctica transversal y popular, que funcione como caja de resonancia de todas las luchas.

Y hoy, a pesar de todo lo conquistado, sabemos que no es suficiente, que una verdadera participación política de las mujeres y el acceso real a cargos de elección popular siguen siendo cosas por exigir y construir, que en el contexto de país que vivimos no nos queda más que rechazar enérgicamente la precarización total de nuestras vidas.

Denunciamos, una vez más, la narco dictadura que ha convertido a Honduras en territorio de muerte, desolación y despojo para los pueblos. El papel nefasto de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional, entre otros sectores políticos que con su infinito cinismo han hundido al país en la actual crisis económica, política y social, producto de la corrupción y la impunidad y que son también los autores del fraude electoral de noviembre de 2017.

Denunciamos la violencia en nuestra contra, el alarmante incremento de femicidios, la saña con la que estos se ejecutan y el 95% de impunidad alrededor de estos crímenes. No queremos más niñas ni adolescentes, ni mujeres adultas, acosadas, abusadas, violadas, asesinadas. No queremos más compañeras revictimizadas por los medios de (in)comunicación y por la (in) justicia hondureña.

Sabemos y reiteramos la grave amenaza que constituye el modelo extractivo como expresión más perversa del capitalismo y por eso constituye un eje transversal de nuestras luchas y resistencias. Denunciamos la política de concesionamiento y el despojo de nuestros bienes naturales por parte de empresas del rubro extractivo, avaladas por la corrupción institucional.

Pero sobre todas estas cosas, somos conscientes de la urgente necesidad de luchar organizadamente, de pensar en colectivo, de revisar y replantear nuestras formas de disputar el poder desde lo comunitario hasta el poder formal. De asumir la responsabilidad de ser un actor decisivo para el proceso de transformación del país y que el movimiento social y popular asuma también ese rol en el contexto nacional, de ser un ente propio, autónomo, el cual tenga como principio y como fin, la dignidad y la justicia para todos y todas. Un ente que piense y diseñe estrategias integrales, que de contenido real a consignas y pretensiones de otros sectores que solo son realizables con verdadera organización y formación política.

En medio de todo eso, nos celebramos, por supuesto. Y reiteramos que nuestro compromiso y anhelos de dignidad y justicia nos abrigan, nos dan fuerza, y nos potencian en las calles y en los hogares, en los barrios y en los lugares de trabajo. Nos abriga la fuerza, determinación y claridad de Berta Cáceres, María Enriqueta Matute, Margarita Murillo y todas las mujeres comprometidas con un proyecto integral de país, de mundo, determinadas a la lucha en contra del capital y el modelo económico que constituyen las bases de nuestras opresiones.

Declaramos que, seguiremos disputando y conquistando, construyendo el puente que nos conduzca desde las resistencias a la soberanía digna y que, mantendremos encendida la chispa de las mujeres que desencadenó el fuego de la lucha por la libertad contra la dictadura cariísta, para resistir y vencer a la dictadura actual, con dignidad y justicia.

25 de enero de 2019

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia


4 masacres en 10 días: El fracaso de la política de seguridad en Honduras

La política de seguridad implementada en el gobierno de Juan Orlando Hernández sigue dejando más desaciertos que aciertos a pesar del enorme gasto del presupuesto nacional que se ejecuta en temas de seguridad nacional.

Cifras trascendidas en las últimas horas, precisan 14 Personas asesinadas en al menos 4 masacres ejecutadas en los primeros once días del año, que reflejan el fracaso de la política de seguridad basado en la militarización de la sociedad donde las estadísticas maquilladas son la justificación perfecta para la creación de más cuerpos policiales y militares.

El 1 de enero, tres personas fueron asesinadas en Puerto Cortes, seguidamente otras tres personas fueron ultimadas en Yoro el 2 de enero, posteriormente tres personas fueron atacadas a balazos en la carretera que comunica San Pedro Sula con La Ceiba a la altura de la aldea la Mulera en Tela y para terminar de contabilizar las masacres suscitadas en el país, el 10 de enero cinco personas fueron ultimadas en la capital de la república. A todos estos crímenes les amenaza como único destino posible la impunidad al igual que al 95% de los hechos violentos que ocurren en Honduras.

La Secretaria de Seguridad en su afán de maquillar el fracaso de su gestión ha querido llamar “homicidios múltiples” a las masacres o hechos violentos donde son asesinadas más de dos personas. Estos hechos, son en concreto, el reflejo del fracaso de la política de seguridad adoptada por el gobierno donde se ataca la consecuencia y no los orígenes del problema. Reafirmando la urgencia de la configuración de una verdadera política criminal en Honduras que busque soluciones reales a los conflictos sociales que están en permanente escalada en el país y que se aleje de la instrumentalización actual del derecho penal por los grupos de poder en el escenario nacional y de la utilización de la fuerza pública con finalidad de control social.

Desde el 2014, año en que inició el primer mandato Juan Orlando Hernández,  el presupuesto para defensa y seguridad nacional ha tenido una tendencia a la alza, su incremento anual ronda el cuatro por ciento del presupuesto nacional sin que los resultados sean proporcionales a la inversión, dejando en un luto permanente a la sociedad hondureña.